POLITICA
Crece la presión para que Kicillof defina las vacantes en la Corte bonaerense y aparecen nuevos nombres

A los reclamos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, para que el gobernador Axel Kicillof empiece a definir y resolver la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal de Justicia, se le sumó en las últimas horas el pedido del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA). La Corte hoy funciona con tres de sus siete miembros originales y la expectativa en el sistema político y judicial bonaerense es que el mandatario habilite la negociación antes de que termine su mandato.
El Colegio de Abogados emitió un duro documento en el que les reclama tanto al Ejecutivo bonaerense como al Nacional la necesidad de completar los tribunales máximos de Justicia. En el mismo se plantea que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”. Además, remarcan que “lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, se ha instalado, en cambio, como un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. Para el Colegio, la situación, es un “debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial, con impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.
El Colegio tiene nueva conducción desde junio de este año y está presidido por Rafael Gentili, titular del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. En la Vicepresidencia aparece Victoria Lorence, del Colegio de Lomas de Zamora. Cercana a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En la actualidad, la Corte bonaerense está integrada por Sergio Torres en carácter de presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra. Además del Procurador General, Julio Conte Grand. Hay cuatro lugares vacantes que estarán atados a la negociación política. Desde el Col.Pro.BA esperan que esa instancia se dé con base en la cuestión jurídica. “Es imprescindible que el proceso de selección incluya a juristas de reconocida trayectoria ética y profesional, teniendo especialmente en consideración la especialización de los aspirantes, la diversidad de género y la representación federal”, refleja el comunicado, que también hace hincapié en las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En lo que respecta a las vacantes bonaerenses, la cobertura está atada a una negociación política e incluso atravesada por la interna del peronismo. Los distintos sectores políticos advierten que Kicillof podría usar esa situación para una negociación macro. “Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando se le consultó sobre cuándo se iba a definir esa instancia.
Un esquema posible de reparto sería que de las cuatro vacantes, tres sean para el peronismo —uno para el kirchnerismo, otro para el Frente Renovador de Sergio Massa y un tercer escaño para el sector de Kicillof- y la restante para la oposición. Marisa Herrera es una abogada referenciada en el kirchnerismo, egresada con diploma de honor y especialista en Derecho de Familia. Podría ser uno de los nombres que entren en la negociación. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, es otra alternativa. Mantiene relación activa con los integrantes de la Corte e intervino en la celeridad para elevar y aprobar para cargos judiciales al Senado. El Frente Renovador tiene para promover al diputado nacional, Ramiro Gutiérrez. Un leal a Sergio Massa; mientras que cercano a Kicillof es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Semanas atrás, Teruel fue designado como representante del Ejecutivo para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Pero los intendentes que forman parte del MDF también miran con apetencias propias una silla en ese ámbito.

Otro nombre que se baraja es el de la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, María Fernández Vázquez, que tiene recorrido en distintos estamentos judiciales. Además de ser la decana de Derecho en la UNLZ, también forma parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, representando a los abogados.
En lo que respecta a la oposición, hay, primero, una disputa sectorial: habría lugar para tres sectores. El PRO, la Libertad Avanza y la UCR también quieren estar en la mesa de negociación por la Corte. Los libertarios corren con cierta ventaja. Quedó evidenciado cuando, semanas atrás, se quedaron con los dos lugares que le correspondían a la oposición como representantes del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo, que salieron del Senado bonaerense.
Ahora, desde LLA, lo que sigue —admiten— es avanzar con la negociación por las vacantes en el máximo tribunal de justicia bonaerense. Para ello tienen un nombre: el del Camarista, Sergio Pilarche de Pilar. Mientras que hasta hace un tiempo por la Unión Cívica Radical, el nombre se repetía: el de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; quien fuera concejal por el distrito de General Pueyrredón y representante del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2018 y 2022.
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POLITICA
La UTA alcanzó un acuerdo salarial para un trimestre y se diluye la amenaza de un paro de colectivos en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron este miércoles una actualización salarial para el trimestre julio, agosto y septiembre que beneficiará a los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para el personal de conducción, el acuerdo fijó un salario básico de $1.645.721,36 desde el 1° de julio, de $1.676.990,06 a partir del 1° de agosto y de $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías.
El acuerdo incluyó una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado. También incluye una actualización de viáticos por día efectivamente trabajado: $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre.

Según un comunicado de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, ambas partes se reunirán durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas. Además, se comprometieron a mantener la paz social en el sector.
De esta forma, se destrabó un conflicto que se prolongaba y que amenazaba con derivar en medidas de fuerza, ya que la UTA, que lidera Roberto Fernández, hasta el momento sólo había llegado a un acuerdo con las cámaras del sector de larga distancia para mejorar los viáticos del personal.
Las paritarias que cerró la UTA se suman a otros acuerdos salariales alcanzados en las últimas semanas y que se mantienen dentro de la pauta fijada por el Gobierno.

Por un lado, la Asociación Bancaria acordó con las cámaras un aumento de 2,9% para junio que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.
Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.
La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Mientras, en estos días se reanudarán las negociaciones de empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para acordar un aumento que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron hace dos semanas la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, comenzó las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.
La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.
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POLITICA
Temblores en la omertá judicial y futbolística

Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.
Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.
También figuras muy al tanto sobre esos movimientos de las autoridades norteamericanas anticipaban, a comienzos de junio, lo siguiente: “Durante el mundial no va a pasar nada. Nadie quiere que se atribuyan los resultados deportivos a los problemas judiciales. Pero cuando termine el campeonato sí habrá novedades”. Dicho y hecho. Algo olfateaba Toviggino cuando desistió de concurrir a los partidos.
El paso que dieron en La Florida los organismos de investigación norteamericanos agrava la escena en torno de la AFA y sus jerarcas. ¿Qué cruces de llamados o mensajes cobijan los teléfonos de Faroni? ¿Y los de Tapia, si se confirma que fueron retenidos? Desde ayer al mediodía, cuando trascendieron estas novedades, comenzaron a correr escalofríos por la espalda de financistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales argentinos. Nadie quiere quedar registrado en esos aparatos. ¿Surgirán los nombres de estudios jurídicos o contables de los Estados Unidos? ¿Se conocerán movimientos inmobiliarios en ese país? ¿Cómo entraron y salieron los caudales que circularon alrededor de la AFA a través de los contratos celebrados con Faroni? ¿Están sólo ligados a actividades deportivas? Todo es posible. Sobre todo, entre gente muy descuidada. Sólo un grupo de “buenos muchachos” que fascinarían a Scorsese comete la torpeza de hacer pasar sus fechorías por cuentas y sociedades que están sometidas a la jurisdicción norteamericana. Por lo tanto, cabe imaginar que no han hecho desaparecer información comprometida. Temor y temblor.
La noticia de una intervención directa del FBI y de la Justicia de los Estados Unidos, sobre la que Francisco Olivera vino informando semana a semana en los últimos meses, cambia por completo la perspectiva del sistema judicial argentino frente al problema. Comienza a haber una competencia entre los tribunales de los dos países. En la Justicia local ha habido infinidad de movimientos procesales sospechosos. Por eso se especula con que existe un intento de proveer impunidad a Tapia, Toviggino y los personajes con los que contrataron acuerdos multimillonarios.
La jugada más llamativa es el intento de radicar las causas en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay. En esa pretensión están empecinados los presuntos testaferros de Toviggino. El monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte. Ambos figuran como propietarios de la mansión de la localidad de Villa Rosa, en la que se encontraron bienes por una suma equivalente a 20 millones de dólares durante un temprano allanamiento ordenado por el juez federal porteño Daniel Rafecas. Pantano sería un cadete de Toviggino.
La investigación está hoy a cargo de la jueza federal en lo Penal Económico Verónica Straccia. Conviene recordar que la Cámara de ese fuero, el 26 de junio pasado, en un pronunciamiento de Roberto Hornos y de Carolina Robiglio, procesó a Tapia y Toviggino. Pero la Cámara de Casación Penal dispuso, con la firma de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que se debata si el expediente debe estar en manos de Straccia o ser remitido a González Charvay, el preferido de quienes figuran como “dueños” del opulento caserón. El tercer juez que intervino, Alejandro Slokar, opinó que la Cámara no debía participar de esa discusión. Un detalle muy curioso es que el juez Borinsky había afirmado lo mismo que Slokar cuando se trataba de enviar el expediente desde lo de Charvay al fuero penal económico. Borinsky sostuvo en ese momento que la Cámara de Casación no debe inmiscuirse en discusiones sobre la jurisdicción en la que deben radicarse las causas. Ahora cambió de parecer y propuso, junto con Barroetaveña, que el próximo 12 de agosto se celebre una audiencia para definir adonde debe ir el expediente. Otra curiosidad: Barroetaveña aceptó intervenir en el caso a pesar de haber sido, hasta que estalló el escándalo, presidente del Tribunal de Ética de la AFA.
Si se quiere hilar más fino, se puede razonar de esta manera: es muy sugerente que Borinsky haya abierto la puerta para dar la razón a los supuestos testaferros de Toviggino en un momento crucial de su carrera. Sobre todo, cuando esa decisión va en contra de lo que sostuvo en un pronunciamiento anterior. Él aspira a que Javier Milei lo postule para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo: se podría suponer que la conducta de Borinsky se inscribe en un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la AFA.
¿Hay razones para imaginar ese entendimiento? Muchas. La más notoria es que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue delegado de la AFA ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Ocurrió en diciembre de 2017, apenas habían asumido sus cargos Tapia y Toviggino. Para hacerse cargo de esas responsabilidades Mahiques necesitó una autorización del Consejo de la Magistratura, en el que actuaba como representante del Poder Ejecutivo, con una subordinación informal a Daniel Angelici. Gobierno Macri.
La integración de Mahiques al elenco de la AFA explica que haya provisto abogados a sus directivos. Entre otros, a su alter ego, Ignacio Jakim, quien se encuentra ahora sometido a investigación por presuntas irregularidades en operaciones con dólares mientras el mercado cambiario estaba intervenido. Hoy entre los principales abogados de las autoridades de la AFA está Marcelo Rochetti, también alter ego, pero de Cristian Ritondo. Como Mahiques, Ritondo es un militante del Pro incorporado al oficialismo de Milei. Rochetti ya patrocinó a otras celebridades del deporte. Por ejemplo, al “Rafa” Di Zeo, prócer de la barra brava de Boca. La proximidad de Mahiques a la cuestionada dirigencia del fútbol explicaría también las versiones que aseguran que su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, colega de Borinsky y de Barroetaveña, celebró su última fiesta de cumpleaños en la mansión de Pantano, conocida en Villa Rosa como “lo de Toviggino”.
Sobran las evidencias de cómo los jerarcas de la AFA han cooptado a funcionarios judiciales. Algunos de esos indicios estarían en poder del secretario ejecutivo de la Asociación, Juan Pablo Beacon, ahora enemistado con quien fue su jefe, Toviggino. Beacon atesoraría en su tormentoso pendrive los pedidos de entradas de partidos de fútbol y hasta de pases de estacionamientos de algunos camaristas de Casación que hoy intervienen en el caso. De los jueces y hasta de los concuñados. Pasión de multitudes.
Este paisaje de complicidades puede entrar en crisis si los magistrados norteamericanos deciden avanzar con sus investigaciones a una velocidad mayor que la de sus colegas criollos. Contubernios de la omertá futbolístico-judicial podrían quedar desbaratados en los tribunales de Florida. Habrá que ver si se confirma la incautación de los teléfonos de Tapia, que fuentes muy confiables dan por hecha. Basta con que se indague a Faroni, que es un nudo importantísimo en la trama que une fútbol y política. Este representante teatral pertenece al corazón del sistema de Sergio Massa, que lo convirtió en diputado, igual que a su hermana. El propio Massa se cansó de repetir ante gente que ahora se hace eco, que “Toviggino es mío”. En este contexto conviene hacer una aclaración: ninguno de los autos de alta gama estacionados en la cochera de la mansión del cadete Pantano pertenecería a Massa. Se le atribuyen a alguien todavía más cercano a Toviggino: el exgobernador y actual senador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Otra figura que, por razones diversas, camina debajo de una lupa instalada desde Washington. Se pueden consultar en la web los informes de Douglas Farah, un investigador cercanísimo al Departamento de Estado. Cruzar los dedos: no vaya a ser que a través de Faroni el FBI llegue a Toviggino y por esa vía alcance a Zamora, al que hace tiempo están mirando.
Las investigaciones sobre los negocios del fútbol en los Estados Unidos tal vez obliguen al Gobierno a evaluar de nuevo la relación con las autoridades de la AFA. Milei sostuvo al comienzo un durísimo enfrentamiento. Sobre todo cuando se conocieron los audios de Diego Spagnuolo hablando de coimas que cobraría su hermana Karina en los contratos del área de Discapacidad. Esos audios se divulgaron a través de la plataforma Carnaval, atribuida a Zamora y Toviggino. Los encuentros de Milei con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hicieron fantasear en ese momento con alguna gestión para provocar la intervención de la AFA. Sin embargo, la designación en el Ministerio de Justicia de Mahiques, que se dirige a Toviggino con el cariñoso apelativo de “Tovi”, parece haber inducido a una pacificación. Mahiques es un subordinado completo a la señorita Milei, que fue la afectada por esas publicaciones de Carnaval.
Las tribulaciones de Tapia y Toviggino, que alcanzan a su amigo Mahiques, son uno de los factores que influyen en el ordenamiento judicial que realiza el Poder Ejecutivo con una ola de designaciones. Una de las colinas a ocupar es la mencionada Cámara Federal en lo Penal Económico, donde Mahiques quiere ver a dos de sus amigos: Alejandro Cattania y Juan Pedro Galván Greenway. El otro frente es el de la Cámara Federal en lo Penal Criminal. El ministro impulsó a otros dos allegados: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Además, resolvió provocar una vacante al no enviar al Senado el pliego de Martín Irurzun para que pueda seguir ejerciendo la magistratura después de haber cumplido los 75 años. Un criterio distinto del que el Poder Ejecutivo siguió con el padre del ministro.
Irurzun recurrió a la Justicia con un argumento que abre un dilema interesante. No reclamó porque no se envíe su postulación para mantenerse en el cargo. El camarista pidió que se considere la inconstitucionalidad del artículo que cancela el ejercicio del cargo más allá de los 75 años. Sostiene que el artículo 110 de la Constitución Nacional garantiza a los jueces que puedan seguir en su función mientras dure su buena conducta. El planteo de Irurzun debe ser resuelto por la Corte. Como no existe unanimidad entre los tres miembros del tribunal, hay que llamar a conjueces, que son camaristas federales. La pregunta es elemental: ¿los que evalúen la pretensión de Irurzun se perjudicarán a sí mismos fijando un límite de edad a su función? Como se advierte, Irurzun plantea una gran encrucijada, no sólo jurídica, sino “laboral”.
Las novedades que están llegando desde la Justicia de La Florida se inscriben en el mapa más amplio de relaciones entre el oficialismo argentino y el gobierno de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos atraviesa una crisis inquietante, derivada de su malhadada intervención en contra de Irán. Contra lo que había prometido con su consigna “America First”, se involucró en una guerra interminable. El campo de batalla no está solo en Medio Oriente. Se extiende a la política doméstica, como demuestran muchas posiciones del vicepresidente J. D. Vance, acusando a sectores israelíes de haber boicoteado el Memorandum de Entendimiento con Irán que él había negociado en junio pasado. Publicistas influyentes como Tucker Carlson asumieron la misma postura crítica a lo que denuncian como una subordinación de la política exterior de su país a los dictados de Benjamin Netanyahu. En un contrapunto con los anteriores aparecen el secretario de Estado, Marco Rubio. Y hacía sentir su voz el senador Lindsey Graham, que falleció la semana pasada, debilitando las tesis más ácidas contra Irán en el Congreso.
Esta fisura fortalece lo que se viene anticipando: que Trump saldrá derrotado en las elecciones para cubrir la Cámara de Representantes. Esta declinación del poder del presidente de los Estados Unidos afecta a Milei de dos maneras. Por un lado, hace más impensable un nuevo auxilio financiero desde la Secretaría del Tesoro. Esta es la razón por la cual se conjetura que el ministro Luis Caputo podría comenzar a tomar deuda en el mercado internacional. Es una posibilidad que debe ser analizada a la luz de la mejora en la calificación de los bonos argentinos por parte de algunas consultoras como Moody’s, y de la consecuente caída del índice de riesgo país. También habría que tener en cuenta el derrumbe de la recaudación, derivado del mediocre nivel de actividad económica. Ayer se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica de junio, que registró una suba del 0,2% interanual y una caída de 0,5% respecto al mes anterior. Son índices que plantean un problema: para alcanzar un crecimiento del 3% anual, la economía debería expandirse en el segundo semestre de manera espectacular. El estancamiento ya está poniendo en peligro las metas fiscales del Gobierno.
El otro aspecto de la peripecia republicana que se proyecta sobre Milei tiene que ver con la imagen del presidente argentino. Muchos observadores sospechan que su adhesión automática a Trump y a la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente convierten también a Milei en antipático. ¿La decisión de no concurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos tuvo que ver con esa contaminación? El Presidente evitó exponerse en dos escenas multitudinarias: los festejos del 4 de Julio y la ceremonia de clausura del mundial de fútbol. Frente a este panorama hay un interrogante muy difícil de desentrañar: ¿Qué parte del malestar que ha despertado la Argentina en relación con el resultado futbolístico está inspirado, aunque sea de manera subliminal, por las posiciones internacionales que encarna ese Milei asociado a Trump? Es un misterio.
Carlos Pagni,Conforme a
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Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Después de la polémica tras la final del Mundial y de las crítcas contra los argentinos, volvieron a tomar fuerza en el oficialismo proyectos que involucran a extranjeros sin residencia.
En ese contexto, La Libertad Avanza retomó la discusión migratoria que había impulsado en 2025 y presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar la atención en los hospitales públicos y la educación en las universidades de la Provincia.
“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires“, manifestó este martes el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, y agregó: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.
Un proyecto similar ya había sido presentado en marzo por la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, para establecer contraprestaciones para no residentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
La postura de la Casa Rosada ante una posible reforma migratoria
Si bien ambas iniciativas cuentan con el aval del oficialismo, en Casa Rosada no se enviará -de momento- una medida equivalente en el plano nacional. Sin embargo, la posibilidad no se descarta a futuro.
“Puede ser que se impulse. En el fondo tenés que cambiar la Ley migratoria. Difícilmente eso tenga los votos, pero imagino que el gobierno podría intentarlo”, aseguró a TN una fuente gubernamental.
Según pudo saber este medio, el asesor presidencial Santiago Caputo, se mostró interesado y avanzó con posibles acercamientos a la propuesta. “Sería esperable que algún diputado nacional de La Libertad Avanza presente un proyecto en esa línea”, especularon en Balcarce 50. Por otro lado, desde otro sector del Gobierno ratificaron que aún no se tomó una decisión al respecto, pero que consideran que se trata de una discusión que debe dirimirse en cada distrito.
En mayo del año pasado, la administración de Milei ya había avanzado con una reforma migratoria vía el decreto 366/2025, donde entre otros puntos habilitó a las universidades nacionales a cobrar a estudiantes extranjeros sin residencia permanente y estableció la exigencia de un seguro de salud o el pago del servicio para garantizar la atención.
Sin embargo, en el Ministerio de Capital Humano aclararon a este medio que, pese a estar habilitados, hasta ahora ningún rector decidió avanzar con el cobro a sus alumnos no residentes. En ese sentido, insisten que por la autonomía de las casas de estudio no pueden hacer nada más al respecto, salvo que se avance con un proyecto de Ley.
Por su parte, en el Ministerio de Salud brindaron una respuesta similar y aclararon que es requisito modificar la Ley de Migraciones vigente para que los hospitales nacionales puedan cobrar su atención. “Diferente es en las provincias, porque la salud es jurisdiccional. Por eso muchas ya le están cobrando”, explicaron.
En ese debate, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, había señalado meses atrás que en 2026 del total de más de 70 mil ingresantes a la universidad solo el 2,5% eran extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria, cifra que trepaba al 6,1% en la Facultad de Medicina. Un argumento similar presentó dos años atrás el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuando sostuvo que solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros en la provincia de Buenos Aires.
Qué dicen los proyectos que presentó LLA en CABA y PBA
Por un lado, el proyecto bonaerense presentado por Agustín Romo propone crear un régimen de arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente que abarca dos frentes: las prestaciones de salud en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal.
El texto establece que estas personas deberán solventar el costo de la atención sanitaria por sí mismas, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En el caso de las universidades, deberán fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen, dejando en manos de cada institución la definición de montos y modalidades de pago.
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Sin embargo, la iniciativa garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada en casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida. El cobro, en esos casos, se tramita después de estabilizar al paciente. También prevé excepciones puntuales —como víctimas de trata o acciones de prevención y control de enfermedades por razones de salud pública— y establece un orden de cobro que prioriza a aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros con convenios, y solo en ausencia de estos recae sobre el paciente. Los fondos recaudados se destinan a un Fondo Provincial de Salud administrado por el S.A.M.O.
El proyecto porteño, en cambio, tiene un alcance más acotado: modifica cuatro artículos de la Ley N.º 153 (Ley Básica de Salud de la Ciudad) y se limita al sistema de salud, sin tocar el ámbito universitario. En vez de crear un arancel directo, introduce un mecanismo de “recupero” de los gastos que genera la atención habitual o programada a extranjeros sin residencia permanente, exigiendo la presentación de un seguro de salud o la aplicación de un sistema de compensación económica instrumentado por la propia Ciudad. Al igual que en PBA, la atención de urgencias y emergencias queda garantizada de manera plena y no puede condicionarse al pago.
La Libertad Avanza, Extranjeros, aranceles
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