POLITICA
Crece la presión para que Kicillof defina las vacantes en la Corte bonaerense y aparecen nuevos nombres
A los reclamos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, para que el gobernador Axel Kicillof empiece a definir y resolver la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal de Justicia, se le sumó en las últimas horas el pedido del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA). La Corte hoy funciona con tres de sus siete miembros originales y la expectativa en el sistema político y judicial bonaerense es que el mandatario habilite la negociación antes de que termine su mandato.
El Colegio de Abogados emitió un duro documento en el que les reclama tanto al Ejecutivo bonaerense como al Nacional la necesidad de completar los tribunales máximos de Justicia. En el mismo se plantea que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”. Además, remarcan que “lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, se ha instalado, en cambio, como un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. Para el Colegio, la situación, es un “debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial, con impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.
El Colegio tiene nueva conducción desde junio de este año y está presidido por Rafael Gentili, titular del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. En la Vicepresidencia aparece Victoria Lorence, del Colegio de Lomas de Zamora. Cercana a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la actualidad, la Corte bonaerense está integrada por Sergio Torres en carácter de presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra. Además del Procurador General, Julio Conte Grand. Hay cuatro lugares vacantes que estarán atados a la negociación política. Desde el Col.Pro.BA esperan que esa instancia se dé con base en la cuestión jurídica. “Es imprescindible que el proceso de selección incluya a juristas de reconocida trayectoria ética y profesional, teniendo especialmente en consideración la especialización de los aspirantes, la diversidad de género y la representación federal”, refleja el comunicado, que también hace hincapié en las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En lo que respecta a las vacantes bonaerenses, la cobertura está atada a una negociación política e incluso atravesada por la interna del peronismo. Los distintos sectores políticos advierten que Kicillof podría usar esa situación para una negociación macro. “Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando se le consultó sobre cuándo se iba a definir esa instancia.
Un esquema posible de reparto sería que de las cuatro vacantes, tres sean para el peronismo —uno para el kirchnerismo, otro para el Frente Renovador de Sergio Massa y un tercer escaño para el sector de Kicillof- y la restante para la oposición. Marisa Herrera es una abogada referenciada en el kirchnerismo, egresada con diploma de honor y especialista en Derecho de Familia. Podría ser uno de los nombres que entren en la negociación. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, es otra alternativa. Mantiene relación activa con los integrantes de la Corte e intervino en la celeridad para elevar y aprobar para cargos judiciales al Senado. El Frente Renovador tiene para promover al diputado nacional, Ramiro Gutiérrez. Un leal a Sergio Massa; mientras que cercano a Kicillof es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Semanas atrás, Teruel fue designado como representante del Ejecutivo para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Pero los intendentes que forman parte del MDF también miran con apetencias propias una silla en ese ámbito.
Otro nombre que se baraja es el de la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, María Fernández Vázquez, que tiene recorrido en distintos estamentos judiciales. Además de ser la decana de Derecho en la UNLZ, también forma parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, representando a los abogados.
En lo que respecta a la oposición, hay, primero, una disputa sectorial: habría lugar para tres sectores. El PRO, la Libertad Avanza y la UCR también quieren estar en la mesa de negociación por la Corte. Los libertarios corren con cierta ventaja. Quedó evidenciado cuando, semanas atrás, se quedaron con los dos lugares que le correspondían a la oposición como representantes del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo, que salieron del Senado bonaerense.
Ahora, desde LLA, lo que sigue —admiten— es avanzar con la negociación por las vacantes en el máximo tribunal de justicia bonaerense. Para ello tienen un nombre: el del Camarista, Sergio Pilarche de Pilar. Mientras que hasta hace un tiempo por la Unión Cívica Radical, el nombre se repetía: el de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; quien fuera concejal por el distrito de General Pueyrredón y representante del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2018 y 2022.
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POLITICA
El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV
El Gobierno confirmó que el próximo 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, señalaron que el resto de los días habrá jornadas en las jurisdicciones particulares que el sumo pontífice visitará en el país.
La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para la organización de la visita papal. También participaron de la cumbre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, fecha en la que está prevista la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.
Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita.
En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país. La medida busca facilitar el traslado de quienes colaboren con la organización del operativo religioso.
Respecto del financiamiento, se estableció que cada jurisdicción será responsable de la partida presupuestaria correspondiente a sus propios eventos, por lo que los gastos no recaerán exclusivamente en las arcas nacionales sino que se distribuirán entre Nación, CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad.
Por su parte, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, habló sobre que están necesitando 20 mil voluntarios para que “puedan ayudarnos en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”. Y añadió: “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse. Tienen que hacerlo a través de acreditaciones.episcopado.org”.
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POLITICA
La fiscalía investiga la versión de Adorni sobre la compraventa de bitcoins con la que justificó su patrimonio
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga la versión que dio ayer Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, sobre la compraventa de bitcoins con la que pretende justificar su crecimiento patrimonial y conseguir que se cierre la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Esta mañana, como primera medida, Pollicita le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de chequear, paso a paso, las operaciones con criptomonedas que dijo haber hecho Adorni. Busca constatar la veracidad de las compras y ventas informadas, y averiguar si hay rastros de que, como él dice, era el dueño de las billeteras virtuales al momento de esas transacciones.
Aunque el relato incluye aspectos poco verosímiles, para la fiscalía eso no basta para pedir de inmediato la indagatoria de Adorni y es preciso chequear en detalle su versión sobre cómo se enriqueció.
Este lunes, el exfuncionario presentó un escrito de “justificación de bienes” en el que sostuvo que no hizo su dinero durante su paso por la función pública, sino antes, pese a que fue estando en el Gobierno que, sin vender ninguno de sus bienes, se compró un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa de fin de semana en el country Indio Cuá, reformó integralmente ese inmueble, viajó con su familia y realizó gastos que no se condecían con sus ingresos declarados ni parecen estar justificados por la actividad profesional de su mujer, Bettina Angeletti, que se presentaba como coaching ontológica.
Para explicar este nuevo patrimonio, Adorni recurrió a supuestas inversiones secretas. Declaró que entre 2014 y 2017 destinó a comprar bitcoins unos US$200.000 que había ahorrado con su mujer y que nunca había declarado. Dijo que, como resultado de esas operaciones -según él, hechas con desconocidos y en lugares públicos-, pasó a tener US$591.544, dinero que atesoró en su casa, en efectivo, durante seis años en los que él y su mujer “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran” y guardarlos para sus hijos. Y alegó que, ya con él como funcionario, decidieron que gastarían la mayor parte de ese dinero para estar más seguros.
El problema central de este relato es que Adorni sostiene que todo se hizo en mercados informales, fuera de cualquier entidad financiera, con desconocidos, sin intermediarios y en negro. Como prueba de que esos bitcoins que dice haber comprado y vendido efectivamente fueron suyos, ofreció un acta de un escribano público que constató que Adorni tiene las claves para acceder a esas billeteras virtuales. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero como el acta es de septiembre de este año, lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.
Según la defensa, esta explicación, el acta y los registros de las operaciones son suficientes para explicar el nuevo patrimonio de Adorni y, en todo caso, deberá el fiscal demostrar que el acusado miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ que se le impuso a Adorni no importa una inversión de la carga de la prueba” y rige el principio “in dubio pro reo”, que impone que, en caso de duda, hay que estar a favor del acusado.
Pollicita dio inicio ahora a una instancia de revisión de lo presentado por Adorni con especialistas en delitos económicos y expertos en criptomonedas. El proceso prevé que, si la fiscalía entiende que el exfuncionario no dio una explicación suficiente del nuevo patrimonio que exhibió como funcionario, le pida al juez —en este caso, Ariel Lijo— que lo cite a declarar en indagatoria como acusado de enriquecimiento ilícito.
presentó un escrito,Conforme a
POLITICA
Karina Milei encabeza un nuevo encuentro con la Conferencia Episcopal por la visita del papa León XIV
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezan este martes una nueva reunión con autoridades de la Iglesia para avanzar en los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
El encuentro, programado para las 17 en el Ministerio de Seguridad, cuenta con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.
Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.
Entre las incógnitas todavía a resolver en el encuentro de este martes, el Gobierno debe definir si habrá asueto o feriado en los distritos que recorrerá el Papa.
El canciller Pablo Quirno señaló este lunes en diálogo con TN que el Gobierno evalúa esa posibilidad, aunque acotada a las localidades donde el sumo pontífice tenga actividades: “Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibrio entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”. En la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el funcionario se había expresado de manera similar: “Es algo que sigue en análisis, en función de localidades, conveniencia y oportunidad. Todavía no está definido lo que pueda llegar a ser”.
En esa oportunidad, el propio Quirno, Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, presentaron la agenda completa de la visita. Tal como adelantó la ministra de Seguridad, el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.
El Gobierno buscó además despegar la visita de la coyuntura política, en particular la parada del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —un hogar para personas con discapacidad— que coincide con el debate por los recortes al sector en el Presupuesto 2027.
“Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia”, aseguró Quirno. El funcionario remarcó también que no existen “diferencias fundamentales” entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, pese a las críticas que la CEA había dirigido al Gobierno por ese mismo ajuste presupuestario.
Desde la Conferencia Episcopal, Colombo había celebrado la confirmación de la gira papal como “un punto de llegada y de partida” para la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que la visita sea “un encuentro de hermanos”.
La reunión de hoy en el Ministerio de Seguridad se enmarca en ese esquema de coordinación conjunta entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios que participarán del operativo, de cara a los cuatro eventos masivos y los once encuentros cerrados previstos en la agenda del Papa.
La agenda de León XIV en la Argentina
La agenda confirmada por el Vaticano comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue a Aeroparque procedente de Montevideo y sea recibido con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei.
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