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Patricia Bullrich se reunió con Sturzenegger para definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada: «Tiene el aporte de todos, creemos que va a salir»

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La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizaron este jueves una reunión a puertas cerradas en la cámara alta para ultimar los detalles de la Ley de Propiedad Privada.

El objetivo central del encuentro, celebrado entre las 16 y las 17.40, fue que el proyecto avance de una vez en la sesión prevista para el 6 de agosto tras los numerosos traspiés que sufrió por la resistencia de los bloques aliados. Uno de los puntos que más ruido generó fue el capítulo que modificaba la Ley de Tierras rurales, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

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Sin embargo, según pudo saber este medio, finalmente el Gobierno definió no realizar cambios y avanzar con el dictamen que había acordado previamente en comisiones con sus aliados. “Entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley”, planteó una fuente al tanto de la reunión a TN. “No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso”, coincidió otra figura del oficialismo.

A su vez, antes de retirarse de la cámara alta, Bullrich se mostró optimista y confió en que el oficialismo logrará avanzar con el proyecto. “Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, planteó.

Federico Sturzenegger se retiró del Senado tras la reunión con Patricia Bullrich. (Foto: TN / Fernando Fraquelli)

Además, la senadora porteña enfatizó que el proyecto mantiene la premisa de que un Estado extranjero “no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina” y enfatizó que “la soberanía está absolutamente resguardada”.

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Sin embargo, descartó que el texto final incorpore alguna limitación a la compra de tierras por parte de extranjeros, ya que según la Constitución tienen los mismos derechos y responsabilidades que un nacional. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, subrayó.

Los senadores libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde conversan en el recinto con los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri. (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
Los senadores libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde conversan en el recinto con los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri. (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Una semana atrás, la falta de consenso había obligado a la exministra de Seguridad a pedir un cuarto intermedio en la sesión donde se iba a discutir el proyecto y abrir una nueva instancia de negociación.

En ese contexto, con los reclamos de los legisladores en carpeta, Bullrich y Sturzenegger se propusieron definir un texto final -tras al menos 15 versiones y tres postergaciones- que permita evitar la intrusión de nuevos cambios o demoras en el recinto

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistió al Senado para definir modificaciones al proyecto de su autoría. (Fotos: Archivo/ Luciano Ingaramo/Comunicación Institucional Senado)
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistió al Senado para definir modificaciones al proyecto de su autoría. (Fotos: Archivo/ Luciano Ingaramo/Comunicación Institucional Senado)

De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, que presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

La discusión alrededor de la Ley de Tierras

La Ley de Tierras Rurales vigente establece que ningún inversor extranjero, ya sea persona física o sociedad de capital extranjero, puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. A eso se suma que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo, y que un mismo titular extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente territorial.

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En ese contexto, el proyecto del Gobierno elimina esas restricciones y solo mantiene un límite específico para los Estados extranjeros —y organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios que dependan de ellos—, a los que en principio se les prohíbe adquirir tierras. Se puede hacer excepciones en caso de que el Poder Ejecutivo determine que la operación no implica un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.

Leé también: Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Parte de la discusión gira alrededor del rol de las provincias. En el dictamen que finalmente se aprobó en el Senado, el proyecto les dio la facultad a los gobernadores para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

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Sin embargo, en la previa todavía había objeciones en cuanto a si se fija algún límite y si esa facultad se delega totalmente a las provincias o si el Estado nacional mantiene el control sobre áreas consideradas estratégicas.

Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, propiedad privada

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Nueva ley de Inocencia Fiscal: la oposición se endurece para evitar que incluya a funcionarios públicos

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo impulsará en el Congreso a partir de agosto con el objetivo de formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal. Desde la oposición comenzaron a analizar el primer borrador del proyecto y denunciaron que busca premiar a los evasores. Sin embargo, la principal crítica es que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, especialmente tras el escandaloso episodio de Manuel Adorni.

Si bien el Gobierno aprobó la versión vigente del régimen de Inocencia Fiscal apenas en diciembre pasado, ahora buscará hacerle modificaciones porque no cumplió con las expectativas. Expertos tributaristas y asociaciones de contadores señalaron que la ley original expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Por eso, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que apuntan a ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

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Según Caputo, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó el ministro de Economía. No obstante, Caputo no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias mientras era investigado por enriquecimiento ilícito

Entre otros puntos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Otro aspecto clave es la definición de “discrepancia significativa”, un punto central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios.

La posibilidad de que los funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco del régimen de Inocencia Fiscal se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición.

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“La nueva ley de “Inocencia fiscal” beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi (Unión por la Patria) en sus redes sociales.

El tuit de Guillermo Michel

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción.

Valdés también recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.

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Agustín Rossi también se expresó

Por otro lado, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también cuestionó la inclusión de funcionarios públicos. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La “Inocencia Fiscal 2” sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.

Su compañero de bloque, Esteba Paulón, también presentó un proyecto para excluir a los funcionarios de los beneficios del régimen. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, sintetizó.

La advertencia de Esteban Paulón

En diciembre, cuando se aprobó la primera versión de la Inocencia Fiscal, el oficialismo llegó a los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz. Un esquema de alianzas que ha logrado sostener a los largo del año en la mayoría de las votaciones importantes.

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Caputo,Inocencia Fiscal,Dólares del colchón

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Faltan goles y sobra ruido en política y economía

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Después del ilusionante índice de inflación por debajo del 2% por primera vez en 13 meses, otros indicadores económicos, sociales y políticos llamaron al Gobierno a morigerar euforias y a profundizar el trabajo para obtener resultados positivos en los próximos dos meses, que serán cruciales.

En eso está centrada tanto la tarea del ala de gestión política, que lleva adelante Diego Santilli, bajo la atenta y permanente supervisión de Karina Milei, como la del equipo económico, que conduce Luis Caputo.

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Reformas económicas y acuerdos políticos que le den viabilidad, junto con un blindaje financiero, encabezan las prioridades de un Gobierno que ha quedado en medio de una polución auditiva, potenciada por el final no deseado del Mundial.

Lo que se ha dado en llamar la “ola anti-argentina”, con las críticas que precedieron y, sobre todo sucedieron, a la fallida actuación del seleccionado nacional contra el de España, desacomodó al oficialismo, que tuvo comportamientos ambivalentes al respecto. Aunque pretendió capitalizarla para su meneada y algo gastada batalla cultural, pero sin lograr apropiarse de la reacción.

Muy probablemente, Milei le agregue combustible a esa cuestión (y lejos esté eso de incomodarlo) con su agenda internacional de los próximos días. Empezará hoy con el viaje a Brasil para apoyar al candidato presidencial opositor, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha condenado por intento de golpe de Estado, y a quien el mandatario argentino intentó visitar, pero le fue impedido por disposición de la justicia brasileña.

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El coro anti-argentino, también, dejó en offside a los opositores ubicados en el cuadrante progresista, dado el enrolamiento en ese espectro de las caras más conocidas o más representativas que potenciaron las críticas contra los argentinos, así como por el tenor de las acusaciones por tópicos caros a este sector, como el racismo o la discriminación, que forman parte neural de lo que se conoce como cultura woke, a la que combate virulentamente Milei. Demasiado ruido y confusión que trascendió al futbol y la política, para estallar en la agenda pública y ser motivo de conversación en casi cualquier mesa argentina.

El episodio demostró que la polarización nunca descansa y siempre vuelve recargada. Aunque en este caso el origen externo de las acusaciones, como siempre ocurre, logró cohesionar en el rechazo y la indignación a buena parte de los argentinos, aún a quienes se encuentran en veredas opuestas y fuera de esta actitud defensiva no tienen nada en común.

Por eso, varios analistas políticos y de opinión pública, como Andrés Malamud, Luis Costa, Luis Tonelli y Shila Vilker consideran que, el menos en lo inmediato, el efecto político interno ha sido relativo y no capitalizado por ningún sector, más allá de las imputaciones que se arrojen de un polo a otro.

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Los opositores acusan al Gobierno de haber propiciado ese clima contra los argentinos con su discurso agresivo y divisivo, con su política económica ultraliberal, su “insensibilidad social”, sobre todo, con las minorías, y con sus alineamientos incondicionales con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu. A eso le agregan una “falta de nacionalismo”, que ahora Milei y los suyos buscaría reivindicar en su provecho ante los ataques externos.

El oficialismo, en tanto, enrostra a los opositores su identificación ideológica con las voces que descalifican a los argentinos. “Los kukas y los zurdos son parte de la internacional woke que quiere el fracaso de la Argentina por cuestiones ideológicas”, les tiran. El empate se mantiene.

Malestar potenciado

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De todas maneras, la derrota futbolística y la consecuente ola anti-argentina opera para el Gobierno como una combinación de factores que potencia un malestar o incomodidades sociales e individuales existentes y excede lo esperado para el día después del Mundial. Un acontecimiento que durante 39 días concentró la atención social, hasta el último día, con la presencia del seleccionado argentino en la final y no terminó de la manera soñada, en demasiados aspectos.

El bajón anímico resultante llega, además, en un contexto, donde los resultados negativos o los efectos indeseados de la política económica no le dan respiro a algunas señales positivas, que no logran consolidarse y que, por el contrario, alternan avances con frecuentes retrocesos.

El humor social y la opinión respecto del Gobierno parece reflejar la dinámica en forma de serrucho de la economía, un poco para abajo y otro poco para arriba. Los últimos números del Indec que mostraron una nueva baja en el consumo de 2,7% y una caída tanto de la recaudación como de la actividad económica interanual, con muchas disparidades sectoriales, conocidos luego de una nueva desaceleración de la inflación, se espejan con la valoración de la gestión oficial.

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“La recuperación le dura poco al Gobierno”, afirma Vilker sobre la base de los números de la última encuesta de su consultora Trespuntozero. Según ese trabajo, la evaluación positiva de la gestión de Milei cayó respecto de la anterior medición 3,8 puntos (de 39 a 35,2) y la consideración negativa aumentó tres puntos (de 60,3 a 63,3).

La última encuesta de Poliarquía, en tanto, muestra una variación un poco menor, algo más favorable para el Gobierno. Pero, en cualquier caso, se advierte que el piso de opinión positiva que tiene la gestión de Milei no logra superar los 40 puntos, aunque no desciende a los peores niveles que ha llegado a tener.

Lo notable de las últimas evidencias, que la encuesta de Trespuntozero ratifica, es que a los factores económicos parecen haberse sumado razones políticas para hacer subir la desaprobación, aun entre quienes siguen apoyando al Gobierno.

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“Se advierte un cierto desencanto basado en razones políticas. Se empezó a poner en cuestión lo que lo llevó a Milei al poder, como la prédica anti-casta y la diferenciación con los demás actores políticos que ya habían estado en el poder. No solo por los escándalos de supuestos hechos de corrupción, como el AdorniGate. Además, crece una percepción de que el Gobierno es insensible con quienes han hecho esfuerzos en estos dos años y medio y siguen haciéndolo con pocos resultados positivos para ellos”, señala Vilker.

La confluencia de factores políticos y económicos parece potenciada por la evolución de la dinámica económica en los grandes centros urbanos.

“La recaudación volvió a caer este mes. Y está en niveles pandémicos”, afirma en referencia a la parálisis de la actividad que se produjo durante la pandemia del Covid-19 un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de ver los números que presentó hace unos días el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.

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La misma calificación o en términos muy similares es utilizada por varios intendentes de los municipios más poblados del Gran Buenos Aires y por algunos gobernadores de las provincias más habitadas.

La temprana discusión del presupuesto para el año próximo con gobernadores dialoguistas y el empeño por avanzar en la muy demorada cesión de obras concesionables a las provincias y en la distribución de fondos o préstamos discrecionales del Tesoro expone la preocupación por tratar de mejorar un escenario muy complejo. En eso está enfrascado el jefe de Gabinete Santilli, por el impacto que tiene sobre la gestión y el avance de iniciativas cruciales para el Gobierno, que no admiten mucho más retraso.

Milei urge por la aprobación de proyectos de desregulación y de apertura, como la ley de Tierras, tanto como con la reforma político-electoral, que no han logrado avanzar hacia su sanción en el Congreso, menos por la dispersa resistencia de los opositores que por la falta de apoyo de los gobernadores y líderes territoriales dialoguistas con representación parlamentaria.

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Las objeciones suelen ser menos por cuestiones de principios respecto de los efectos de esas iniciativas que por la falta de satisfacción de otros reclamos o necesidades de sus provincias, casi todas de índole económica.

La aprobación de esos proyectos en el bimestre en curso resulta crucial para el Gobierno. En el plano electoral, por ejemplo, pretende ir despejando lo antes posible el camino hacia los comicios presidenciales de 2027 en varias dimensiones.

Por un lado, la eliminación de las PASO, la posible aprobación del sistema de listas colectoras y la inclusión en la boleta única papel de un casillero para votar lista completa, junto con la eliminación del financiamiento público de las campañas, son los objetivos primordiales del proyecto que impulsa el oficialismo para fortalecer sus chances y complicar los armados de la fragmentada oposición.

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Por otro lado, en manos de Santilli y de los primos Menem, laderos de Karina Milei, está la concreción de acuerdos electorales provinciales y municipales con los caciques locales, que no solo despejarían o darían cierta previsibilidad para los comicios del año próximo, sino que también sirvan para otorgar sustentabilidad a la gestión y emitan señales positivas para los actores económicos. La política es una de las mayores incógnitas de los mercados.

En este último plano, la reciente mejora en la calificación de la Argentina por parte de las calificadoras internacionales de riesgo crediticio han hecho un aporte central al blindaje financiero que buscan Milei y Caputo para afrontar con más tranquilidad el año electoral y, al mism, tiempo, alimentar una reactivación económica por ahora demasiado irregular en busca de sus efectos positivos en la dimensión electoral.

Son los goles que demandan tanto la política como la economía, mientras sobran los ruidos.

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Claudio Jacquelin,Conforme a

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Le concedieron el arresto domiciliario a Facundo Leal, extitular de ARSAT, en la causa por tenencia de estupefacientes

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El juez federal Sebastián Ramos le concedió el arresto domiciliario a Facundo Leal, extitular de ARSAT, quien se encontraba con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en el marco de la investigación conocida como la “banda de los mendocinos”.

La medida se dictó para que el imputado pueda someterse a un tratamiento interdisciplinario por consumo de drogas.

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La decisión de Ramos se dio luego del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que opinó que debía concederse el pedido formulado por el defensor Marcelo Rochetti.

Según los reportes médicos adjuntados al expediente, Leal presenta una dependencia de sustancias que hace inconveniente su permanencia en una unidad carcelaria. El Cuerpo Médico Forense recomendó un abordaje interdisciplinario por adicciones y consideró que el arresto domiciliario resulta suficiente para resguardar el proceso penal sin afectar el derecho a la salud.

Detuvieron al extitular de ARSAT y del ORSNA tras hallar millones de dólares y drogas en allanamientos. (Foto: Clarín)

El Servicio Penitenciario Federal informó, por su parte, que el imputado padece ansiedad e insomnio, recibe medicación psicofarmacológica y no pudo ser incorporado al Centro de Rehabilitación para Drogadependientes por normativas que excluyen a personas medicadas o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico.

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Leal cumplirá la prisión domiciliaria en su departamento de Palermo, donde fue allanado y se encontraron las sustancias que dieron origen a la causa.

Como condiciones, se le impuso el uso permanente de tobillera electrónica y se designó a su pareja, Julieta Griffa Berro, como garante. La mujer deberá supervisar el cumplimiento de la prohibición de abandonar el domicilio, salvo por razones médicas autorizadas o de urgencia, y garantizar que Leal comparezca ante cualquier citación judicial.

La investigación por tenencia de estupefacientes surgió a partir de los operativos realizados en el marco de la causa ARSAT. En el departamento, además de cocaína, se incautó ketamina, drogas sintéticas y cerca de 650.000 dólares en efectivo.

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Leal presidió Arsat desde 2022,durante la gestión del Frente de Todos, hasta 2025, con un paso de año y medio durante la administración de La Libertad Avanza. Luego, en junio del año pasado, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tras la llegada de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte —hoy ocupada por Mariano Plencovich—. Durante los cinco años que estuvo en la función pública, Leal multiplicó por 13 su patrimonio, un incremento del 1270%.

Los allanamientos a las propiedades del exfuncionario en CABA y en Mendoza se desataron a partir de una denuncia del propio Gobierno por un robo de equipamiento tecnológico ubicado en un depósito de ARSAT.

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ARSAT, Justicia, tenencia de drogas

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