El gobierno de Javier Milei avanzará con un procedimiento sancionatorio contra los sindicatos que convocaron al paro docente de este jueves en la provincia de Buenos Aires, después de constatar 205 registros de escuelas cerradas y otros 82 casos en los que no se permitió el ingreso de los inspectores enviados por el Ministerio de Capital Humano.

La decisión de la cartera que conduce Sandra Pettovello se apoya en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial y estableció que durante las huelgas debe garantizarse al menos el 75% de la actividad habitual. Para el Ejecutivo, los resultados del operativo mostraron incumplimientos de esa reglamentación, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.

La norma establece condiciones para organizar los servicios durante los conflictos laborales. Su aplicación fue cuestionada judicialmente, aunque una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo permitió restablecer provisoriamente las disposiciones que habían quedado suspendidas por una medida cautelar.

El procedimiento alcanza a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellos SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, y a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Capital Humano confirmó que inició el proceso sancionatorio contra las cinco organizaciones, aunque todavía no informó cuáles serán las penalidades.

Qué detectó el Gobierno durante el paro docente bonaerense

El operativo de fiscalización permitió relevar 274 escuelas de la provincia de Buenos Aires, de las cuales 141 recibieron más de una visita. En total, los inspectores labraron 417 actas, con 205 registros de establecimientos cerrados (49,1%), 82 casos en los que no pudieron ingresar (19,7%) y 130 inspecciones en las que lograron verificar el funcionamiento total o parcial de las instituciones (31,2%).

En las escuelas donde se permitió el ingreso de los fiscalizadores, el ausentismo del personal alcanzó el 72,1%, con 1810 trabajadores ausentes sobre un total de 2512. Además, de las 959 aulas relevadas, apenas 137 estaban funcionando, lo que representó el 14,3% del total.

Los datos corresponden al relevamiento realizado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

A diferencia de otras inspecciones, Capital Humano decidió no informar previamente qué instituciones serían visitadas. El objetivo fue constatar directamente el funcionamiento de las escuelas durante la medida de fuerza y reunir documentación que permita establecer las responsabilidades de las organizaciones sindicales.

Con los resultados de las inspecciones, el Ministerio confirmó que se labraron las actuaciones correspondientes y se inició el procedimiento sancionatorio contra los gremios convocantes. La cartera considera que los incumplimientos detectados durante la jornada habilitan la intervención administrativa prevista en la normativa.

La protesta de los docentes bonaerenses coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, aunque el procedimiento que impulsa el Gobierno nacional se limita a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, administradas por la gestión de Axel Kicillof. Las actuaciones no alcanzarán al conflicto universitario, que forma parte de otro reclamo educativo.

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La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta a Victoria Villarruel y a los senadores para pedir el tratamiento urgente del proyecto de prevención de la ludopatía.

La entidad religiosa advirtió sobre “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”.

En el documento, los obispos remarcaron que el problema genera daños visibles e insistieron en la necesidad de sancionar la normativa. Al respecto, la conducción eclesiástica advirtió a las autoridades que “frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.

Para respaldar el reclamo, la institución citó relevamientos de Unicef Argentina y de la Cruz Roja Argentina sobre adicciones digitales. Además, la misiva recordó palabras del papa León XIV contra la codicia corporativa.

El proyecto parlamentario, promovido por Maximiliano Ferraro, prohíbe la publicidad de apuestas y sanciona a los influencers que las promocionen. La iniciativa también exige verificación biométrica, restringe el uso de tarjetas de crédito y crea un registro de autoexclusión.

En contraposición, el Gobierno presentó una propuesta propia que permite el patrocinio comercial a empresas autorizadas. El texto oficial encomienda el control de edad a las plataformas privadas y establece penas de prisión para operadores ilegales.

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