POLITICA
La justicia laboral dictó un fallo favorable a una pyme que sufrió un bloqueo sindical y despidió 35 empleados
La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes, atravesó un extenso y virulento conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 e incluyó medidas de fuerza, bloqueos contra sus instalaciones y hasta amenazas mafiosas con un paquete de balas que le dejaron a su dueña en su casa.
Ahora, la justicia laboral acaba de revocar un fallo que en enero del año pasado le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.
La resolución del juez Julio Armando Grisolía, a cargo Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictada el 17 de este mes, se convirtió en otro capítulo de una verdadera pesadilla que sufrió esta pyme familiar que fabrica baterías para vehículos desde que, en junio de 2024, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según argumentó la empresa, era imposible de pagar.
Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector estaba desde hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.
Como informó Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.
Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.
La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio de 2024, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.
Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. La protesta llevó a que muchos clientes cancelaran sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos estuvo cortado y no podía cumplir con las obligaciones con sus proveedores.
El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI que incluyeron desde pintadas en el frente de una de sus casas hasta las bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.
Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías. El 20 de enero de 2025, finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos por haber participado de una huelga.
Aun así, el conflicto se tiñó nuevamente de violencia: en enero de 2025 apareció ante la casa de la dueña de la pyme un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia FADEMI”. Fue un claro mensaje intimidatorio que se complementó con otro hecho grave, ya que en esos días a los empleados les llegó por WhatsApp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de FADEMI, como si hubieran sido degollados.
Tras la inmediata denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay y la sorpresa llegó cuando los responsables de haber dejado el paquete con balas fueron identificados rápidamente porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: se descubrió que eran dos empleados de la pyme que viven en Larroque y habían participado de las protestas en la empresa.
En el video se ve cómo uno de ellos se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los empleados va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del sindicato instalada ante la entrada de FADEMI.
Ambos, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses en prisión, luego quedaron libres porque les morigeraron la prisión preventiva, pero, de todas formas, quedaron imputados en la causa por coacciones agravadas y la primera audiencia del juicio oral será en octubre próximo.
El abogado de FADEMI es Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde vienen logrando fallos judiciales clave en favor de las pymes que son bloqueadas y condenas contra los responsables de esas protestas.
POLITICA
“Apreciaciones desde el Obelisco”: el cruce entre el gobernador de Neuquén y Prat Gay por Vaca Muerta
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respondió a las declaraciones de Alfonso Prat Gay sobre el impacto de Vaca Muerta en la economía provincial y sostuvo que sus apreciaciones no reflejan la situación local. El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el mensaje del mandatario neuquino.
Figueroa publicó su respuesta luego de que el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri afirmara, en una entrevista con Ahora Play, que la actividad vinculada al petróleo y el gas todavía no genera un derrame amplio en la provincia.
“No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, escribió el gobernador neuquino. En el mismo mensaje, le reprochó a Prat Gay no haber recorrido el territorio provincial y le propuso realizar una visita conjunta.
“Cómo estás, Alfonso Prat Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco. Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea”, expresó Figueroa en sus redes sociales.
El gobernador agregó: “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia”, y señaló que Neuquén logró resultados que, según su planteo, otras administraciones del país no consiguieron “cuando tuvieron su oportunidad”.
El economista relató que realizó una recorrida por pequeñas y medianas empresas y otros sectores de la economía neuquina, aunque aclaró que no llegó a Añelo, la localidad cercana a la formación de Vaca Muerta.
“Porque no derrama ni en Neuquén”, afirmó Prat Gay durante la entrevista. “Me tomé el trabajo de hacer una recorrida. No llegué hasta Añelo para ver Vaca Muerta propiamente dicha, pero hice una recorrida entre pymes, distintos sectores y demás”.
El exfuncionario sostuvo que su impresión fue diferente de la que esperaba antes de viajar. “Me llevé una imagen distinta de la que yo pensaba”, dijo. Según describió, no percibió un clima económico de expansión generalizada pese al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.
Prat Gay remarcó que Neuquén fue “la única provincia en la que aumentó el empleo desde que asumió Milei”, pero contrastó ese dato con las conversaciones que mantuvo durante su visita. “El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión y la fiebre del oro negro y todo eso”, señaló.
También diferenció la situación de las operadoras petroleras de la de otras actividades. “Sí, les está yendo muy bien a las operadoras. Pero de ahí para abajo, las pymes, bueno, ni hay que hablar; el comercio, la construcción un poco mejor”, enumeró.
Como respaldo de su respuesta, Figueroa adjuntó un análisis de la Fundación Mediterránea sobre la economía neuquina. El texto presentó a la provincia como “el caso más claro” de un crecimiento que alcanza a distintas actividades.
“Neuquén: derrame amplio”, indicó el informe difundido por el gobernador. El documento sostuvo que no solo mejoran los sectores de petróleo y gas, sino que “el resto de los bienes transables crecen incluso más”.
El análisis agregó que “los demás sectores de la economía provincial también avanzan”. Figueroa utilizó esa evaluación para rebatir la idea de que la expansión vinculada a Vaca Muerta queda concentrada en las empresas operadoras.
Prat Gay, por su parte, reconoció el alcance limitado de su experiencia durante la recorrida. “Por supuesto, es una muestra muy pequeña”, aclaró. Sin embargo, explicó que tomó a Neuquén como referencia para evaluar los efectos de uno de los sectores que el Gobierno nacional identifica entre los beneficiados por su programa económico.
“Voy a la provincia donde claramente está concentrada toda la acción de ese sector y la verdad que todavía no derrama”, concluyó el exministro.
POLITICA
Corrupción en la Legislatura bonaerense: diez exsenadores declaran como testigos en la causa que investiga más casos “Chocolate”
Entre el lunes y el miércoles próximos, diez exsenadores bonaerenses deben declarar como testigos ante el fiscal de La Plata Juan Menucci, en la causa que se conoce como “Chocolates del Senado” o “Chocolate II”, iniciada como consecuencia de la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau.
Las cámaras de seguridad de los cajeros del Banco Provincia revelaron, en 2024, que una pareja hacía lo mismo que el puntero peronista: extracciones compulsivas con tarjetas de débito ajenas. En este caso, los plásticos no pertenecían a la Cámara de Diputados bonaerense, sino a la de Senadores, y los recaudadores respondían al radicalismo.
Distintos videos incorporados a la “causa Chocolate 1” y documentos bancarios revelaron que el hombre canoso que se cruzaba de madrugada en los cajeros con Rigau era Hugo Muguerza —un militante radical de La Plata que formó parte del primer gobierno municipal de Julio Garro— y que la mujer que lo acompañaba era Josefina Ortellado.
Esta pareja operaba con al menos 39 tarjetas de empleados fantasma de la Cámara de Senadores bonaerense. Los titulares de esos plásticos eran militantes del radicalismo de la capital bonaerense, amigos y familiares de sangre y políticos. Estos “tarjeteros”, junto a los “chocolates” Muguerza y Ortellado, están imputados en la causa que conduce el fiscal Menucci.
Del lunes al miércoles de la próxima semana, diez exsenadores fueron citados a declarar como testigos. Se trata de exlegisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica con mandato cumplido que no renovaron sus cargos.
La lista incluye a Yamila Araceli Alonso (Juntos por el Cambio); Nidia Moirano (JxC); Erica Revilla (UCR); Agustín Maspoli (JxC); Elisa Carca (Coalición Cívica); Marcelo Daletto (JxC; actual director del Banco Provincia); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); Owen Fernández Farquharson (JxC); Lorena Mandagarán (JxC) y David Hirtz (UCR).
POLITICA
Los docentes universitarios convocaron a un paro para la próxima semana: podría durar entre 48 y 72 horas
Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre para exigirle al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
La medida de fuerza, resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), será parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
Pero habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.
La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinarla con CONADU Histórica, y estará acompañada por acciones para visibilizar el conflicto en los días previos a la movilización.
La disputa salarial y la intimación judicial
Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.
Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.
Por su parte, la Casa Rosada anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modificará la cautelar original, que quedó firme.
Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.
El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.
La Marcha Federal del 15 de octubre
La convocatoria sindical apunta a sostener el reclamo hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria deberá exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva. “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.
Chevalier añadió: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.
La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial para las universidades nacionales.
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