La economía volvió a mostrar señales de debilidad. Por segundo mes consecutivo, la actividad registró una caída, lo que profundizó el clima de incertidumbre sobre la recuperación. Aunque los analistas anticipan un leve repunte en la segunda mitad del año, el ritmo sigue siendo lento y heterogéneo entre los distintos sectores.

En este escenario, el Gobierno apuesta a la construcción como motor de reactivación, principalmente a través de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que podría impulsar obras de infraestructura y dinamizar el empleo en ese rubro.

El panorama actual muestra una economía que no logra consolidar un rebote sostenido. “Economía en clave K”, “a dos velocidades” o “en serrucho” son algunos de los conceptos que se repiten entre las consultoras para definir el momento económico que atraviesa el país.

Si bien ciertos sectores exportadores y primarios mantienen niveles elevados, otros, como la industria y el comercio, aún no logran recuperar el terreno perdido en los últimos años.

El consumo interno muestra señales mixtas por la caída del salario real y la falta de crédito, mientras que el mercado laboral permanece estancado. Las expectativas para el resto de 2026 apuntan a una mejora moderada, en la medida en que la estabilización macroeconómica y la desinflación permitan recomponer parcialmente los ingresos de los hogares.

En este contexto, el equipo económico aspira a que la construcción, uno de los segmentos que más empleo genera y que más cayó desde 2023, acelere el proceso de recuperación. El programa de concesiones viales se posiciona como uno de los ejes centrales del plan oficial, con el objetivo de movilizar capital privado, crear empleo y mejorar la competitividad logística.

Las consultoras privadas y economistas advirtieron que la recuperación sigue siendo desigual y que la tendencia de corto plazo aún presenta riesgos. Desde Facimex, se alertó: “Probablemente persista la volatilidad intermensual con la economía transitando una reorganización estructural, aunque esperamos que se mantenga la tendencia de crecimiento en los próximos meses”.

Bajo este análisis, el arrastre estadístico para 2027 quedó en 1% con los últimos datos disponibles, aunque la proyección de crecimiento anual se mantiene en 2,5%. Las actividades primarias continúan liderando el crecimiento interanual, mientras que la caída mensual fue generalizada en la mayoría de los sectores.

“La actividad se ubica 4,9% por encima de los niveles de noviembre de 2023, impulsada por los sectores primarios y, en menor medida, por los terciarios; las actividades secundarias, en cambio, están 7,2% por debajo del nivel previo al cambio de gobierno”, detalló el informe.

El reporte, elaborado por Adrián Yarde Buller, sostuvo que la desinflación favorecerá la recuperación de los ingresos reales y el consumo privado, mientras que el dinamismo exportador y la baja de tasas podrían impulsar la inversión.

La consultora LCG subrayó que la economía mantiene una “dinámica de serrucho con tendencia a la baja” y una gran heterogeneidad entre sectores. “Parece difícil esperar que, en el corto plazo, el crecimiento de los sectores más pujantes como Minería, Petróleo y Gas y el Agro se traduzca en un impulso significativo para el resto de la economía”, consideraron los analistas, al tiempo que resaltaron la falta de un motor claro de demanda interna y un mercado de trabajo estancado como límites para la expansión.

Su proyección para lo que resta del año es de un aumento de apenas 1%, mientras que para 2026 prevé un crecimiento cercano al 2% anual.

El diagnóstico de la consultora 1816 también pone el foco en la dificultad para consolidar un repunte: “El EMAE de mayo confirmó que sigue costando consolidar la recuperación de la actividad económica: en los primeros cinco meses del año, la serie de actividad sin estacionalidad se contrajo 1,5% acumulado”.

Según las estimaciones de 1816, la economía exhibe una recuperación en forma de “K”, con sectores como el agropecuario y energético creciendo entre 15% y 27% desde noviembre de 2023, mientras que la industria, la construcción y el comercio permanecen por debajo de los niveles previos al nuevo gobierno.

A su juicio, los sectores más rezagados son los que generan más empleo directo, motivo por el cual el mercado laboral continúa débil.

“El empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes seguido y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo, tras el rebote de abril”, afirmaron. A dos años y medio del inicio de la administración Milei, los salarios reales del sector privado registrado siguen 3,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, según el Indec.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, comenta que la heterogeneidad sectorial se mantiene: “Sectores ‘ganadores’ como agro, minería e intermediación financiera se imponen cómodamente a los ‘perdedores’ como industria y comercio, que además son más trabajo-intensivos”.

Franco destacó que la importancia de recuperar los sectores rezagados para impulsar el empleo privado, los salarios reales y la recaudación tributaria, en un contexto donde la dinámica de la actividad, el empleo y los salarios privados se muestran débiles, será determinante a medida que avanza el ciclo electoral de 2027.

La visión de FMyA apuntó a una economía que “sigue estable y a dos velocidades”, lo que se refleja en la caída de la confianza del consumidor durante julio.

La consultora espera mejores datos en los próximos meses, “de la mano del rebote de salarios, inversión y exportaciones”.

Sin embargo, advirtió que el rebote posterior a la caída de abril resultó muy moderado y que el segundo trimestre cerraría con una baja de 0,5%. Para la segunda mitad del año, proyectó una mejora por la recuperación de salarios y la firmeza de la inversión y las exportaciones, con un crecimiento estimado de 3% para 2026, aunque menor al previsto inicialmente.

La consultora Equilibra, en su anticipo para junio de 2026, estimó una variación interanual positiva de 1% y un estancamiento en términos desestacionalizados respecto del mes previo. Sin embargo, puntualizó que la actividad económica no primaria (es decir, excluyendo agro, minería, energía y pesca) caería 0,6% interanual y 0,5% mensual, acumulando tres bajas mensuales consecutivas.

El desafío para el Gobierno radica en revertir la tendencia negativa y lograr que la reactivación alcance a los sectores más rezagados, en especial a aquellos que generan empleo masivo. El programa de concesión de rutas nacionales busca dinamizar la construcción y, con ello, crear nuevas fuentes de trabajo y movilizar la demanda interna. Al mismo tiempo, las autoridades apuestan a que la desinflación y la estabilidad macroeconómica mejoren el poder adquisitivo, faciliten el acceso al crédito y estimulen el consumo masivo.

La evolución de la economía en lo que resta de 2026 dependerá, en gran medida, de la efectividad de las políticas implementadas y del contexto internacional, que se anticipa complejo por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Por ahora, los analistas coinciden en que la recuperación será gradual y que la heterogeneidad sectorial persistirá, con sectores exportadores y primarios a la cabeza y un mercado interno que avanza a paso lento.

Fue una semana ambigua para el ministro de Economía, Luis Caputo, en términos de noticias. Porque si bien llegó la mejora en la calificación de Caa1 a B3 por parte de Moody’s, y se logró la suba de la nota crediticia por parte de tres agencias en lo que va del año, también se conoció que en mayo la actividad tuvo una nueva caída del 0,5% en términos mensuales. Lo que expone el contraste entre lo que sucede con la evolución favorable de indicadores clave (superávit fiscal, acumulación de reservas, inflación) con la realidad de la calle sobre todo en los sectores ligados al consumo interno que aún no logran despegar.

Sumado a que el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que ya están los “brotes verdes” para que la sociedad empiece a percibir en forma generalizada los beneficios del orden macroeconómico, una expresión que hizo acordar a los tiempos de Mauricio Macri.

La suba en la calificación de la deuda soberana argentina a B3 por parte de Moody’s marcó un nuevo punto en la secuencia de respaldos obtenidos por el equipo económico. El hecho de que tres agencias de peso internacional hayan mejorado la nota crediticia del país en lo que va del 2027 habla ya de una tendencia.

Este movimiento, sin embargo, coincidió en el tiempo con la difusión de los datos oficiales de actividad de mayo, que reflejaron una nueva contracción en términos intermensuales y reintrodujeron la preocupación sobre la solidez de la recuperación que se esperaba.

La expectativa en torno al dato de mayo fue especialmente alta porque Caputo lo había dicho como el inicio de los “mejores 18 meses”. Tiempo atrás, el ministro buscó instalar la idea de que en el quinto mes del año iniciaría un proceso de crecimiento distinto, más fuerte sobre todo en industria y construcción. Pero eso no llegó.

Las agencias de calificación suelen centrar su análisis en la capacidad de pago y el riesgo de default de los gobiernos. En el caso argentino, los registros recientes de superávit fiscal, de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central (BCRA) y del proceso de desinflación funcionaron como argumentos centrales para la mejora de la nota de los bonos soberanos.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, describió el proceso de calificación como un mecanismo que “le pone una nota al Gobierno argentino como deudor”.

Según Tiscornia, la mirada de Moody’s y otras agencias no se detuvo en la caída puntual de actividad en mayo, sino que ponderó una visión más amplia sobre los sectores que pueden aportar crecimiento y flujos de divisas, como energía y minería, junto a la proyección de que el país cuente con mejores posibilidades para cumplir sus compromisos en los próximos años.

En esa misma línea, el economista de EconViews, Alejandro Giacoia, consideró que la consolidación fiscal y el proceso de desinflación, sumados al crecimiento de las reservas internacionales, permitieron que las principales agencias otorgaran una mejor calificación al país.

Giacoia remarcó que el programa financiero del 2026-2027 que presentó Luis Caputo resultó “razonable” a los ojos del mercado, y que la Argentina quedó más cerca de volver a financiarse en el exterior tras un largo período de aislamiento. Sin embargo, la pregunta que se genera es inmediata: si las variables clave evolucionan tan bien ¿Por qué eso no se refleja en el nivel de actividad? ¿O cuánto tiene que pasar para que haya derrame y que la gente sienta los beneficios de las cuentas públicas ordenadas de la gestión de Javier Milei?.

Para Claudio Caprarulo, economista jefe de Analytica, la sostenibilidad de la deuda y la consolidación fiscal resultaron determinantes para la mejora, aunque advirtió sobre la importancia de los sectores rezagados, que son esenciales para la recaudación tributaria. La divergencia en la recuperación entre ramas productivas genera interrogantes sobre la viabilidad de sostener la estabilidad financiera.

Caprarulo recordó que el resultado fiscal primario de junio quedó por debajo de la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reflejando el desafío de mantener el equilibrio fiscal sin una mejora homogénea en toda la economía.

El contraste entre los progresos macroeconómicos y las dificultades en la vida cotidiana atraviesa el debate público. El equipo económico defiende la estrategia de estabilización como base para un crecimiento más robusto en el futuro, pero no puede escapar a reconocer que la recuperación aún no se siente de manera generalizada.

Esta semana, fue el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien sostuvo que ser pobre es una tragedia, pero que ellos evitaron una catástrofe. Pero lo más controversial, por el recuerdo reciente, fue que aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a sentir los beneficios del orden macroeconómico. Una frase que se utilizó durante la gestión de Cambiemos y que no terminó bien.

El Gobierno, y sobre todo la sociedad, convive con señales alentadoras provenientes de los mercados internacionales y desafíos persistentes en el tejido productivo interno.

La mejora en la calificación de Moody’s, sumada a la de otras agencias internacionales, ofrece argumentos para sostener la expectativa de una mayor estabilidad financiera y un eventual regreso del país a los mercados voluntarios de crédito.

No obstante, el deterioro de la actividad en mayo y las advertencias sobre los sectores ligados al consumo interno muestran que la recuperación no está consolidada y que los riesgos estructurales aún persisten. Sobre todo, la paciencia social.

La Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) presentó este viernes una propuesta alternativa al proyecto de ley presentado en el Congreso por el Gobierno nacional pero que entienden concentra la producción en las compañías no integradas y en las grandes aceiteras, y pone en riesgo 25 plantas del interior del país.

«Para el sector pyme, el proyecto oficial de biocombustibles no es una reforma, sino la sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas», afirmó la entidad al dar a conocer «una propuesta alternativa, con el objetivo de garantizar que el aumento del corte obligatorio (del gasoil) se traduzca en más producción federal y no en una redistribución del mercado hacia los actores de mayor escala».

La propuesta de las pymes es sostener el reparto que hoy permite que esas plantas existan, llevando el corte obligatorio al 12,5% -más alto que el 10% que plantea el proyecto oficial de la senadora Patricia Bullrich- distribuido en 5% para las 17 plantas pyme regionales, 2,5% para las 8 compañías no integradas y 5% para las aceiteras.

«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima que es el aceite», señalaron desde Cepreb.

El proyecto de biocombustibles y la advertencia de las empresas

El sector remarca que no se opone a que se sancione una nueva ley, a que suba el corte obligatorio, ni a que ingresen nuevos actores como las aceiteras. De hecho, su propuesta plantea un corte más alto que el oficial -12,5% en lugar de 10%- para dar lugar a todos los eslabones sin sacrificar a ninguno.

Hoy en día, las plantas regionales compran su materia prima -aceite de soja- a las mismas empresas con las que después va a competir por el mercado del biodiesel.

Detrás de esas 25 plantas hay una cadena de valor que empieza en la producción agrícola. Las pymes de biodiesel se abastecen de aproximadamente 400 extrusoras que les proveen aceite, agregando valor en cada eslabón antes de llegar al producto final. «Es una cadena que generó arraigo, empleo calificado y desarrollo en el interior del país durante años», asegura la entidad.

El criterio que el sector reclama ya está contemplado en el propio proyecto oficial, dado que la ley establece porcentajes de corte diferenciados para proteger al bioetanol de caña de azúcar del norte argentino frente al bioetanol de maíz, en reconocimiento de su impacto socioeconómico y territorial.

«Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiesel. Es el mismo problema y la misma solución», plantearon desde el sector.

Lo que está en juego para las pymes

Las plantas radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, hoy producen 900.000 toneladas anuales para cubrir el corte del 7,5% del gasoil. Se distribuye en las plantea de Santa Fe, 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000. 

Son unidades productivas diseñadas para hasta 50 mil toneladas por año, con empleo calificado, proveedores locales y arraigo territorial en ciudades del interior donde suelen ser uno de los principales empleadores industriales.

«Elevar el corte al 12,5% sumaría 600.000 toneladas nuevas de demanda, y Santa Fe -donde ya están radicadas las principales plantas no integradas- sería la provincia que más se beneficie de ese crecimiento», aseguran en la cámara.

Esto no representa un problema en sí mismo, debido a que ese beneficio surge del aumento del corte, no de quitarle producción a las pymes de otras provincias. El punto que el sector remarca es que ese crecimiento debe darse sin tocar lo que ya producen las 25 plantas regionales y no integradas, para que el nuevo mercado se sume sin desplazar al que ya existe.

El proyecto oficial, sin embargo, no garantiza esa frontera entre lo nuevo y lo existente. Al habilitar el co-procesamiento y no fijar un reparto explícito, no hay nada que impida que las compañías no integradas y las aceiteras -concentradas en Santa Fe- absorban también parte de la producción que hoy sostienen las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, además de quedarse con el crecimiento nuevo.

Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar, explicaron los voceros del sector. Esa pérdida, de ocurrir, no sería solo económica: implicaría riesgo de despidos y, en las localidades donde estas plantas son uno de los principales empleadores, riesgo de desarraigo de la población.

La asignación del porcentaje de corte a los combustibles

El sector remarca que los porcentajes de corte no son una concesión discrecional, sino el resultado de un mecanismo reglado que otorga a quien acredita el cumplimiento de los requisitos de inversión previstos por la normativa, con independencia de la escala o la estructura societaria de cada empresa.

Ese fue el criterio con el que se construyó el mapa productivo actual del biodiesel, y es el mismo criterio que el sector pide que se sostenga hacia adelante: reglas claras, conocidas de antemano, aplicadas por igual a quien decida invertir.

El sector insiste en que no busca bloquear una nueva ley, sino que ésta se construya con previsibilidad. La Ley 27.640 estableció ese marco, y a quien invirtiera bajo sus condiciones se le garantizaba un porcentaje de corte y un período de recupero. «Modificar esa lógica no es un buen mensaje para quien evalúa invertir en el país, y pone en riesgo los empleos que se generaron», advierten.

«Por eso el sector busca intervenir en el debate parlamentario, pero no para frenar la ley, sino para que sea una ley equitativa, con reglas previsibles, que permita seguir invirtiendo y creciendo sin sacrificar a ninguna región del país» finalizan en su análisis.