El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó anoche una denuncia ante la fiscalía electoral de Brasil en la que solicita que se investiguen las circunstancias de la visita del presidente argentino Javier Milei a San Pablo, donde el sábado respaldó el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó un duro discurso con insultos contra Lula y un juez de la Corte Suprema.

En el escrito, el partido de Lula sostiene que corresponde abrir una investigación en nombre de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre los futuros candidatos y la normalidad del proceso electoral. La presencia de Milei en el acto partidario, remarca la denuncia, “no constituyó un episodio aislado ni una participación meramente accesoria”.

Para el PT, el episodio configura “indicios de injerencia externa indebida” en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre. El escrito apela, además, a un argumento más conceptual: sostiene que la soberanía nacional “se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno”, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca “libre de influencias institucionales externas”.

Puntualmente, pide que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como también quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística.

Además, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.

La pieza pone especial foco en el rastreo del financiamiento: identificar quién costeó el traslado de Milei -ya sea con fondos propios, del Estado Argentino, del Partido Liberal o de terceros- permitirá, sostienen los firmantes, “verificar la regularidad jurídica del costeo a la luz del ordenamiento electoral brasileño”.

El documento deja planteado un eventual próximo paso: si se detectaran irregularidades en el financiamiento, señalan los abogados que redactaron la denuncia, la Procuraduría General de la República podría recurrir a mecanismos de cooperación jurídica internacional, “observando las normas diplomáticas aplicables y los instrumentos internacionales vigentes”.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por informaron que el viaje de Milei a San Pablo fue costeado íntegramente por el gobierno argentino.

“Fue un viaje oficial a San Pablo. El mismo que hizo Lula a la Argentina cuando fue a ver a Cristina”, compararon esas fuentes. La comparación, sin embargo, no es exacta: aquella actividad de Lula en julio de 2025 se dio al margen de una visita a Buenos Aires para participar de una cumbre del Mercosur, y no como el objetivo central del viaje.

El escrito también apunta contra la Orden de Ipiranga -la máxima distinción del gobierno paulista- que el gobernador Tarcísio de Freitas le entregó a Milei horas antes de la convención, y cuestiona si el uso de una ceremonia oficial para potenciar un acto de campaña vulnera los principios de impersonalidad y moralidad administrativa que rigen a la función pública.

El reclamo del PT llega tres días después de que Milei, en un discurso de unos 25 minutos ante los militantes bolsonaristas reunidos en el estadio Pacaembu, llamara “ladrón” y “presidiario” a Lula -sin nombrarlo- y advirtiera sobre el “riesgo Lula” para la economía brasileña.

Para los firmantes, ese pasaje no fue una manifestación política genérica, sino un “discurso de explícito contenido electoral”: al decir que solo Bolsonaro podía “parar a Lula”, Milei habría estado “formulando, en sustancia, un pedido de voto a favor del precandidato” del PL.

El presidente argentino también cargó contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien calificó de “basura calva”: Moraes había sido, días antes, quien le bloqueó a Milei el pedido para visitar a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por liderar el intento de golpe de Estado que buscó impedir la asunción de Lula en 2023.

Arriba del escenario acompañaron a Milei el canciller argentino, Pablo Quirno, y el cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler. Quirno, ubicado junto a la hermana del Presidente, Karina Milei, celebró cada arremetida contra los “zurdos” y el “socialismo”, algo que en Brasilia se leyó como un respaldo institucional -y no solo personal- al tono del discurso.

Lula eligió no responder con el mismo tono. Consultado ayer por periodistas en la sede de Itamaraty sobre las declaraciones de Milei, el mandatario brasileño contestó con otra pregunta, con ironía: “¿Quién es ese tipo?”, dijo, antes de retirarse rápidamente del lugar.

El domingo, el canciller Mauro Vieira convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el “repudio” de su gobierno y exigirle explicaciones por la conducta de Milei en territorio brasileño. Según pudo reconstruir , en el encuentro Vieira le hizo saber a Raimondi “el desagrado del gobierno brasileño” con el discurso de San Pablo y le pidió trasladar el reclamo a Buenos Aires. También le planteó un cuestionamiento puntual sobre la presencia de Kreckler en el escenario del acto partidario, ya que su participación fue vista como incompatible con su cargo.

Ese mismo domingo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Bitelli y Vieira se reunieron ayer por la tarde en Itamaraty para una primera evaluación de la relación bilateral, en un encuentro de unos 40 minutos. Volverán a conversar cuando el canciller regrese de Lima, adonde viajó hoy para la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

Itamaraty además difundió una nota oficial que calificó la crisis como una situación “sin precedentes”. Por ahora, el gobierno brasileño descarta medidas más duras. En Itamaraty interpretan la actitud de Milei y su entorno como un complemento a la posición de Donald Trump, a quien acusan de una injerencia en el proceso electoral brasileño.

LA PLATA.- Los intendentes de la provincia de Buenos Aires quedaron en el centro de la escena luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, avalara la derogación que prohibió la reelección indefinida para jefes comunales.

Con el objetivo de fortalecer su armado electoral de cara a la disputa por la Casa Rosada en 2027, Kicillof pidió que la Legislatura trate el proyecto que elimina el límite de dos mandatos consecutivos para los cargos municipales.

Tras los dichos del gobernador, el oficialismo pretende acelerar la discusión parlamentaria. Todas las miradas quedaron depositadas sobre la postura que adoptarán el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, y la UCR, los bloques que tienen la llave para destrabar la aprobación de la reforma. Ambas fuerzas habían impulsado la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal para poner fin a las reelecciones indefinidas.

“No hay una posición unánime. Algunos creen que los vecinos deciden quién los gobierna y otros consideran que es necesario limitar las reelecciones”, sostuvo el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, en diálogo con .

Suescun es uno de los referentes de la UCR en Buenos Aires y preside el Foro de Intendentes Radicales, que aún no se expidió sobre la propuesta de Kicillof de modificar la ley que puso fin a la reelección eterna.

Desde que Kicillof reiteró su deseo de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para jefes comunales, la política bonaerense quedó en estado de ebullición. En 2027, 80 de los 135 intendentes de la provincia no podrían presentarse en los próximos comicios en caso de que se mantenga vigente la ley sancionada durante el gobierno de Vidal.

De los alcaldes que están limitados por la ley, 53 pertenecen a Unión por la Patria y 27, a la UCR o al vecinalismo.

Ayer el tema se abordó informalmente durante una reunión en el Banco Provincia. Allí solo se vieron las caras los alcaldes peronistas. La mayoría está de acuerdo con la reforma y reclaman celeridad para derogar la ley. No obstante, la bancada del PJ exhibe diferencias internas en el Senado.

Hay un punto clave a resolver en el oficialismo: la ley se votó con el aval del Frente Renovador que ahora preside en forma rotativa la Cámara de Diputados y que por ahora exhibe señales de que no pretende revisar su posición a favor de eliminar las reelecciones indefinidas.

Kicillof necesita que sus aliados municipales en el mapa bonaerense puedan continuar en sus cargos y empujen su candidatura presidencial en 2027. El gobernador no solo busca contentar a los intendentes que pertenecen al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lanzó para posicionarse en la disputa por la Casa Rosada. Kicillof también mantiene excelentes vínculos con muchos de los radicales, quienes exhiben una postura más dialoguista en la Legislatura que la nueva oposición de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador apoya un proyecto para derogar la ley que puso fin a la reelección eterna que fue presentado por la senadora Ayelén Durán, cercana al ministro Andrés “Cuervo” Larroque.

Ayelén Durán es una senadora que militó en La Cámpora y que se pasó a las filas del Movimiento Derecho al Futuro. Por caso, la iniciativa tiene el aval de Sergio Berni, presidente del bloque en el Senado y un dirigente cercano a Cristina Kirchner en el ecosistema del peronismo.

Rechazo del massismo

En la Cámara baja, los diputados del Frente Renovador observan los movimientos preparatorios del Senado- donde la mayoría de los integrantes del bloque son kirchneristas- mientras discuten si acompañarán un cambio de paradigma. En caso de que Kicillof no logre derogar la ley sancionada por Vidal, 17 de los 53 intendentes peronistas de Buenos Aires no podrán ir por un nuevo mandato.

Sergio Massa fue uno de los impulsores ideológicos de la ley en 2016, cuando estaba enfrentado con el kirchnerismo. De hecho, Rubén Eslaiman, su alter ego en la Legislatura, fue el autor de la iniciativa para terminar con las reelecciones indefinidas.

“Soy el autor de la ley que limitó las reelecciones. Hablaría muy mal de mí borrar con el codo lo que escribí con la mano. Votaremos por la negativa cualquier iniciativa en contrario de la ley sancionada”, afirmó Eslaiman ante la consulta de .

Según Eslaiman, los 17 intendentes del massismo también rechazan la idea de derogar la ley que puso fin a las reelecciones. “Mi posición es la misma que la de mi conductor Sergio Massa y todo el Frente Renovador que presido en la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

Dudas en el radicalismo

Los radicales están en una posición incómoda. De los 27 intendentes de ese partido, 16 quedarán inhabilitados para postularse por un nuevo mandato en las elecciones del año próximo. Por eso, deben resolver si mantienen la postura que fijaron durante la gestión de Vidal o apoyan la derogación que impulsa Kicillof. El posicionamiento de la bancada radical podría ser clave en la Cámara de Diputados.

Varios radicales se verán las caras el jueves próximo en la localidad de Lobos, donde se desarrollará un encuentro del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo.

El cónclave de Lobos no fue convocado para discutir oficialmente la derogación de la ley 14.836 sancionada en 2016 para establecer el límite de una sola vez a las reelecciones de los alcaldes. Pero, dado que se esperan 60 intendentes, no hay dudas de que comenzarán a gestarse posiciones transversales en la antesala del debate parlamentario.

Mientras tanto, Kicillof baja un mensaje de “acompañamiento” a los municipios, con el fin de exhibirse como la contratacara del gobierno de Milei. El oficialismo considera que la Nación abandonó a los intendentes.

Mientras el peronismo busca votos para reinstaurar la reelección indefinida de intendentes, La Libertad Avanza anticipó que no acompaña la modificación de la ley. Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, aún no expresó una postura oficial ante el intento de Kicillof de derogar la normativa impulsada por Vidal.