POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso
Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.
El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.
La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.
El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.
El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.
El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.
El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.
El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.
Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.
La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.
Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la «BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.
En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.
La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.
La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.
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POLITICA
Reelecciones indefinidas: Kicillof las respaldó y el peronismo busca un camino para que intendentes vayan por otro mandato
Un sector del peronismo impulsa una avanzada para habilitar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires. El debate se instaló durante los últimos días tras las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien manifestó su respaldo a la discusión, aunque dejó en claro que la definición debe pasar por la Legislatura provincial. Fue entonces cuando la presidenta del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario, defendió la posición del mandatario provincial y señaló a la oposición como parte responsable del freno al tratamiento del tema. Entre las alternativas que se analizan, apareció la opción de que los Concejos Deliberantes de cada municipio definan la habilitación de las candidaturas.
“Lo hemos dicho varias veces. Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, dijo Kicillof y distinguió la situación de los intendentes: “Es muy infrecuente que, a nivel de gobiernos locales, no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y que son cercanos. Si se mandan alguna o están en alguna situación, los conoce el pueblo”.
En el Senado bonaerense, el peronismo cuenta con quórum propio, lo que en los papeles facilitaría el tratamiento de una reforma. Desde el sector identificado con el kirchnerismo prevalece la expectativa de que sea Kicillof quien envíe un proyecto de ley propio para habilitar el debate. La estrategia y los tiempos dependen de la discusión interna del peronismo, donde conviven posturas divergentes respecto al alcance y el momento de la reforma, entre otras diferencias.
La vicegobernadora y también titular del Senado dijo que Kicillof “propone algo de absoluta lógica” y que es “evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente”. Magario también aseveró: “Resulta difícil entender que quienes alguna vez gobernaron la provincia hayan decidido limitar la posibilidad de que sea la propia gente la que elija si un intendente debe continuar o no. Una vez más, demuestran que nunca terminaron de comprender a la provincia de Buenos Aires». El mensaje fue a la oposición. Sin embargo, en el peronismo también hay matices.
Tiempo atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo expuso: “Con un sector del peronismo estamos totalmente de acuerdo y creemos que se tiene que discutir este año lo más temprano posible”, dijo sobre cambios a la ley que limita los mandatos. “Esa ley es proscriptiva: la Constitución sólo establece límites para gobernador y vice”, reiteró.
Uno de los impulsores para trazar la estrategia para que sean los concejos deliberantes los que resuelvan es el intendente de Castelli, Francisco Echarren. El jefe comunal, perteneciente al espacio Fuerza Patria, avanza con la redacción de la primera Carta Orgánica Municipal bonaerense, que podría habilitar la autonomía municipal para definir el régimen electoral y la posibilidad de reelecciones indefinidas. Esta iniciativa cuenta con respaldo mayoritario del Concejo Deliberante y prevé la convocatoria a una convención constituyente para trazar el nuevo marco institucional para el distrito.
El debate por la reelección indefinida se da en un contexto de fuerte tensión política. Si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por otro mandato en 2027. De ese total, 51 pertenecen al peronismo, 16 son radicales, siete del PRO, cinco de partidos vecinales y uno de La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO. La actual ley, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, fijó un máximo de dos mandatos consecutivos. Una reforma aprobada en 2021 determinó que el primer período a computar sería el iniciado en 2019, permitiendo que quienes fueron reelegidos en 2023 no puedan volver a presentarse en 2027 si no hay cambios.
El oficialismo presentó en el Senado bonaerense un proyecto de Ayelén Durán que elimina las restricciones a la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, un senador de Kicillof y Magario.
La oposición, en cambio, no muestra un respaldo amplio a la reforma. El PRO y La Libertad Avanza rechazan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas y el Frente Renovador mantiene su defensa de la ley vigente. Sin embargo, algunas fuentes admiten que si el peronismo -básicamente los intendentes- consigue los votos mediante aliados, el espacio no será un obstáculo.
En el Senado bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados la fuerza libertaria dispone de 20 diputados. Ante este escenario, el peronismo podría buscar consensos con bloques aliados, como Nuevos Aires (tres diputados) o Unión y Libertad (tres senadores en la Cámara Alta), para explorar la aprobación de una eventual reforma.
La vía municipal para sortear la ley
En el terreno local, la autonomía municipal surge como alternativa ante la falta de apoyo para modificar la ley a nivel provincial. Bajo este principio, cada comuna podría establecer sus propias reglas sobre la continuidad de sus autoridades, lo que permitiría a los intendentes esquivar la restricción legal. La iniciativa sumó apoyos entre intendentes alineados con Kicillof, que buscan evitar que decenas de jefes comunales queden impedidos de presentarse en 2027. Además, de haber cambios a la actual ley —habilitando las reelecciones—, algunos intendentes que hoy empiezan a mostrar un perfil provincial y que podrían estar en la conversación para la sucesión de Kicillof en el Ejecutivo bonaerense podrían seguir al frente de su municipio. “Es un eje ordenador, ¿dónde van a ir los 80 intendentes si no pueden ir por una reelección más?”, desliza un diputado peronista que pregona los cambios a la actual normativa.
Entre los intendentes que no podrán ir por un nuevo mandato aparecen algunos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros.
El debate trasciende las fronteras del oficialismo. Algunos intendentes, como Federico Otermín de Lomas de Zamora, han planteado en público una postura favorable a la renovación de los equipos de gobierno. “Tengo una mirada a favor de la renovación. Son lugares de tanto compromiso y tarea que los proyectos, cuanto más colectivos sean, mejor”, sostuvo recientemente Otermín durante una entrevista al streaming Uno Tres Cinco. Mariel Fernández, de Moreno, también abona a la renovación dirigencial y eso incluye a intendentes. Otros, como Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Federico Achával (Pilar) o Andrés Watson (Florencio Varela), defienden la iniciativa original que permite las reelecciones consecutivas.
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POLITICA
Máximo Kirchner propuso limitar el endeudamiento con el FMI y renegociar parte del préstamo de 2018
El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para fijar nuevos límites al endeudamiento de la Argentina con organismos internacionales y reclamar una renegociación de parte del préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país en 2018.
La presentación tuvo una fuerte carga política. Lo hizo el mismo día en que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, iniciaba este lunes una agenda de reuniones con Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La renegociación de la deuda con el FMI constituye uno de los ejes del discurso kirchnerista. Junto con la consigna “Cristina Libre”, se perfila como una de las principales banderas políticas que el espacio buscará instalar ante las elecciones de 2027.
La iniciativa, firmada junto a otros diputados de UP, busca que el Congreso tenga un mayor control sobre la toma de deuda. También propone establecer un tope para el endeudamiento en moneda extranjera y obligar al Poder Ejecutivo a pedir una revisión de una parte del crédito que el kirchnerismo considera que fue concedido por motivos políticos y en contra de las propias reglas del FMI.
El primer eje del proyecto apunta directamente al préstamo que el FMI aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018. La iniciativa sostiene que una parte de ese crédito superó ampliamente los límites habituales de financiamiento del organismo y, por lo tanto, instruye al Poder Ejecutivo reclamar una renegociación de ese tramo. Esta porción de deuda está referida en la iniciativa como “excedente político”.
La propuesta plantea que esa parte de la deuda tenga plazos de pago mucho más largos, se eliminen los sobrecargos de intereses y que las cuotas queden atadas al crecimiento de la economía y de las exportaciones. El argumento es que el Fondo incumplió sus propias normas al aprobar un préstamo que, según sostiene el proyecto, terminó financiando la salida de capitales.
El segundo punto busca impedir que se repitan situaciones similares. Para eso establece un límite permanente al endeudamiento externo: la deuda en moneda extranjera no podrá superar el equivalente a dos años de exportaciones del país, tomando como referencia el promedio de los últimos tres años.
Solo podría hacerlo si consigue el apoyo de dos tercios de los legisladores de ambas Cámaras, salvo casos excepcionales como guerras, pandemias o catástrofes naturales.
Además, el proyecto pretende endurecer los controles institucionales sobre los acuerdos con el FMI y otros organismos internacionales. Establece que todos deberán ser aprobados por una ley del Congreso, prohíbe expresamente utilizar decretos de necesidad y urgencia (DNU) para ese tipo de operaciones y amplía las facultades de la Comisión Bicameral encargada de controlar el endeudamiento público.
La iniciativa opositora se enmarca en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la relación con el FMI y avanzar con el cumplimiento del programa vigente. “La relación con el FMI es excelente y sentí la confianza de Kristalina en el país desde el día uno, cuando no era fácil. Y se fue afianzando en los momentos más difíciles”, dijo el ministro Caputo durante la conferencia que brindó junto a Georgieva en el Palacio de Hacienda.
Georgieva, en tanto, sostuvo que “la Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida y esto es resultado del arduo trabajo del Gobierno. Es el resultado de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino”.
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POLITICA
El gobierno de Lula se reunirá con su embajador en la Argentina y hay incertidumbre por la evolución del conflicto diplomático
En medio de la escalada de tensión entre la Argentina y Brasil, todas las miradas están puestas en la reunión que mantendrán hoy el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lo llamara a consultas tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
La reunión tendrá lugar después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocara el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo del gobierno brasileño y pedir explicaciones por las declaraciones del mandatario argentino durante un acto político en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El conflicto se desencadenó luego de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre.
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Durante su discurso, el Presidente argentino cuestionó a Lula da Silva y sostuvo que Brasil enfrenta el “riesgo Lula”. Además, acusó al mandatario brasileño de ser un “ladrón”, un “presidiario” y de “diseminar el socialismo” en América Latina.
También criticó al juez Alexandre de Moraes, a quien llamó “basura calva”, luego de que el magistrado no autorizara una visita del mandatario argentino al expresidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria.
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“La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso”, afirmó Milei durante el acto. Según agregó, esa decisión constituye “una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables”.
Las declaraciones generaron una inmediata reacción de las autoridades brasileñas. En un comunicado difundido el domingo por la noche, la Cancillería sostuvo que se trató de un episodio “sin precedentes”.
“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El comunicado agregó que resulta “especialmente lamentable” que el episodio involucre al presidente de “un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.
Antes de la reunión con Bitelli, el canciller Mauro Vieira ratificó públicamente la posición del gobierno de Lula da Silva y calificó las declaraciones de Milei como “muy graves”.
“Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable”, afirmó el jefe de la diplomacia brasileña. Sin embargo, aclaró que “debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”.
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Vieira sostuvo además que las expresiones del mandatario argentino fueron “críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República”.
A su vez, consideró que “constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”.
“La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?”, planteó.
La convocatoria a Bitelli también estuvo vinculada, según trascendió, a declaraciones posteriores de Milei en las que aseguró que el gobierno de Lula da Silva financió una campaña contra la Argentina.
“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil”, afirmó el Presidente durante su paso por La Rural. También sostuvo que la administración brasileña había tenido “un rol muy activo” durante la campaña presidencial argentina de 2023.
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Además de la reacción del Poder Ejecutivo brasileño, las declaraciones de Milei fueron rechazadas por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, quien expresó su respaldo al juez Alexandre de Moraes y reivindicó la independencia del Poder Judicial.
También cuestionó los dichos el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien acusó al mandatario argentino de faltar el respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado.
Brasil, Lula Da Silva, Javier Milei
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