POLITICA
En agosto comenzará la temporada alta de protestas sindicales: estatales, docentes y marcha a San Cayetano, en la agenda

Desde el sábado próximo, y a lo largo de todo agosto, la CGT, las dos CTA, varios sindicatos y los movimientos sociales intensificarán las medidas contra el Gobierno, en el inicio de la temporada alta de protestas tras el paréntesis impuesto por el Mundial de Fútbol.
La temperatura sindical comenzó a recalentarse con la movilización de la CGT ante el Congreso para acompañar a los jubilados, que se hizo el miércoles pasado, pero la presencia cegetista fue testimonial y sus líderes advirtieron que concentrarán sus esfuerzos en las próximas acciones previstas en el nuevo plan de lucha.
De todas formas, la primera medida de fuerza del mes de agosto será la que anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el lunes que viene, que consistirá en un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.

La protesta fue definida este lunes por la conducción nacional de ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, en una reunión realizada en el Hotel Quagliaro del sindicato, donde se vinculó la medida con un cuadro más amplio de deterioro social que, según dijeron, incluye el cierre de más de 28 mil empresas, la pérdida de más de 341 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y medio y una desaprobación al Gobierno que supera el 58,2%.
En agosto, además, se prevén protestas de los sindicatos educativos agrupados en la CGT, así como de otras organizaciones gremiales del sector, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene desde hace un año en $500 mil.
Todavía no está definida la modalidad de las medidas por aplicarse en agosto, que son coordinadas por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), e incluirán a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios.

Mientras, este miércoles se reunirá la comisión organizadora del plan de lucha de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales para definir los detalles de la marcha de San Cayetano que se realizará el 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo.
El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, anticipó a Infobae que, en principio, la idea sería concretar, como en años anteriores, una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzaría por la mañana con una bendición de herramientas que se hará en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy.
El dirigente confirmó que la siguiente medida conjunta será una movilización al Ministerio Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

Gramajo señaló que la protesta pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.
Según su descripción, en los barrios populares esos mecanismos de financiamiento informal aparecen en muchos casos asociados al narcomenudeo, a vendedores de droga y al crimen organizado.
El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.
En forma paralela, no hay definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país. Gramajo afirmó que esperarán la confirmación oficial sobre el viaje por parte del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina antes de avanzar en cualquier decisión, aunque reconoció que existe diálogo por este tema con la Iglesia y que una delegación papal, con la presencia del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, trabaja y recorre lugares en el país.
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POLITICA
El obispo de San Justo alertó que la asistencia alimentaria volvió a niveles de pandemia

Eduardo García, obispo de San Justo, habló sobre el aumento de la asistencia alimentaria y el deterioro social en La Matanza tras conocerse ayer el dato de pobreza. El indicador difundido ayer ubicó la pobreza en el 32,3% durante el primer semestre del año y señaló que 15,5 millones de personas estaban alcanzadas por esa situación.
Durante una entrevista con Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el obispo relató que la cantidad de personas asistidas por los comedores creció de 2.000 antes de la pandemia a 22 mil durante la emergencia sanitaria. “Terminó la pandemia, se bajó a 18 mil. Y ahora estamos en 21 mil”.
El obispo ubicó la situación actual cerca de los niveles que se registraron durante las restricciones sanitarias. “Estamos igual que en la pandemia, asistiendo desde distintos lugares a familias, a chicos, a ancianos, en una situación de vulnerabilidad muy grande”, afirmó.
También se refirió a la presencia de personas en situación de calle en el centro de San Justo, donde reside desde hace 12 años: “Ha ido creciendo absolutamente la cantidad de gente que duerme en la calle, la gente que viene a la mañana a buscar el desayuno, la gente que viene a bañarse, a usar los baños”.
Para García, la dificultad de acceso a una vivienda explica parte de ese crecimiento. “Es la falta de trabajo, la falta de plata para poder alquilar una piecita o una casa, o estar así en la plaza como lo vemos en la puerta de los bancos y en lugares donde hay posibilidad de pasar la noche”, dijo.
Al ser consultado por el impacto sobre los sectores medios, planteó que el deterioro se manifestó también en las escuelas. “Colegios con cuota ínfima, colegios con algunos cuota cero. Cómo la necesidad hace que los chicos, en algunos casos cuota cero, ya no vayan ni siquiera al colegio cuota cero porque no tienen los papás dónde dejarlo, dónde darles de comer”.
“El índice de morosidad también es muy grande”, agregó sobre las instituciones educativas con aranceles bajos. Y definió el cambio en los hogares que hasta hace una década podían sostener sus gastos: “Ahora son pobres los que eran clase media hace diez años, ahora son pobres”.
El obispo enumeró las situaciones que observa entre las familias que se acercan a los comedores. “Pobres porque no llegan a fin de mes, pobres porque no pueden pagar el alquiler, pobres porque no les alcanza o se endeudan, el famoso tema de la deuda para poder comer y van trasladando la deuda mes a mes”.
García contó una escena que presenció el día anterior en una farmacia, cuando una jubilada consultó si podía abonar sus remedios en cuotas. “Yo esto nunca lo tuve que hacer, de pagar en partes, pagar en cuotas, pero ya no llego”, recordó que le dijo la mujer al farmacéutico.
“Familias que antes no se acercaban a los comedores ahora se están acercando”, indicó. Sobre ese proceso, precisó: “Primero con mucha vergüenza y después ya con mucha resignación”.
Ante la consulta sobre la capacidad de los comedores, García señaló que las organizaciones intentan responder a la demanda, aunque consideró que existen necesidades que quedan fuera de esa red. “Se trata de dar abasto. Creemos que no se da abasto porque hay todo un submundo que se maneja con otras coordenadas”.
En ese punto, expuso una de las definiciones centrales de la entrevista: “En nuestros barrios, el narcotráfico es el pan nuestro de cada día”. Para el obispo, esas estructuras ofrecen respuestas inmediatas frente a urgencias que no encuentran contención institucional.
“Es directamente proporcional a la ausencia del Estado el crecimiento del narcotráfico”, afirmó. García incluyó entre esas falencias el acceso a la educación, la salud, las oficinas públicas y la Justicia.
El titular del Obispado de San Justo remarcó que su descripción no se limitaba a otros países ni a una representación ficticia. “No es una novela colombiana o venezolana. Estoy hablando de La Matanza, estuvimos el año pasado en Rosario con esta situación”.
García sostuvo que las redes narco ofrecen dinero, medicamentos o ingresos cotidianos a cambio de tareas vinculadas con la venta de sustancias. “Desde la plata para un remedio, a cambio de un servicio, desde tener una cuota cotidiana por la venta de distintas sustancias o el paso del sobrecito en tantos autos”.
Cuando le preguntaron por las edades de los chicos expuestos a esas redes, evitó definirlos de inmediato como trabajadores del narcomenudeo. “No sé si están empezando a trabajar, están criándose en esa cultura”, respondió.
El obispo describió las privaciones que, según dijo, atraviesan algunos barrios. “Hay barrios en los cuales los chicos tienen acceso a una pipeta de droga antes que a un libro. No han conocido un libro, no han conocido un cuaderno, no conocen una lapicera”.
“Un soldadito. Algunos llegan, otros no llegan”, sostuvo sobre los adolescentes que más tarde son reclutados. Según relató, hay hogares atravesados por el encarcelamiento, consumos problemáticos, prostitución y tareas de baja escala dentro de las redes de venta de drogas.
García cuestionó una mirada que, a su criterio, simplifica las condiciones de vida en los barrios populares. “Hay una visión demasiado romántica del pobre en el mal sentido”, afirmó, antes de mencionar a padres sin empleo, jóvenes reclutados y mujeres que recurren a la prostitución para obtener ingresos.
Frente a esa realidad, García describió el trabajo de las organizaciones comunitarias y de la Iglesia en los barrios. “Hay muchas familias que le ponen el pecho a esta realidad, que se comprometen asumiendo este rol de Estado desde una comunidad organizada que busca salidas”.
El obispo resumió esa tarea en “las famosas tres C”: “El colegio, el club y la capilla”. Explicó que esos espacios buscan que los chicos permanezcan vinculados con la educación, las actividades deportivas, los oficios y una red de contención cotidiana.
Sobre la escuela, dijo: “El chico pueda crecer, socializarse y no solamente aprender conceptos, sino entrar como una familia distinta en la cual ocupa la mayor parte de su día”.
Respecto de los clubes, planteó que permiten aprender reglas, convivir con otros chicos y desarrollar capacidades por fuera de la calle. “No solamente un deporte, sino a veces un oficio. Va creciendo desde el arte, desde lo más noble que tiene en su vida, se reconoce valorado”.
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POLITICA
El encuentro entre la directora de cine María Luisa Bemberg y un militar que cambió el destino del cuerpo embalsamado de Eva Perón

Entre los tantos secretos, ya casi todos revelados, que rodearon al ocultamiento del cadáver de Eva Perón, a su salida del país en 1957 bajo la falsa identidad de María Maggi de Magistris, en un ataúd que acompañaba un “hermano” de la muerta, también bajo identidad falsa, que era en realidad un suboficial del Ejército adscripto al Servicio de Inteligencia de esa fuerza (SIE); a su posterior inhumación en el Cementerio Maggiore de Milán donde permaneció durante casi quince años, hasta 1971, cuando otro gobierno militar decidió devolver el cuerpo a su viudo, Juan Perón, exiliado en España, queda todavía algún secreto a divulgar, o al menos algún episodio poco conocido.
El cuerpo de Eva Perón fue enviado a Italia en una increíble operación de inteligencia ordenada por el entonces presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, líder de la Revolución Libertadora, que había derrocado a Perón luego de un sangriento golpe militar en septiembre de 1955. ¿Qué llevó a Aramburu a tomar esa decisión? ¿Por qué el cadáver de Eva Perón inició un largo y tortuoso peregrinaje que duraría varios años hasta su descanso definitivo en el cementerio de la Recoleta? En la decisión de Aramburu influyó una joven mujer de treinta y cuatro años, María Luisa Bemberg, quien con los años sería una famosa y laureada directora de cine. También jugó un rol muy especial el entonces jefe de la Casa Militar de Aramburu, capitán de Navío Francisco Manrique, que dejaría la Armada para dedicarse a la política, a ser un funcionario de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina (1966-1973) y luego en líder de un partido propio federal y conservador.
La historia es larga y compleja, tal vez apasionante. Desde su muerte en 1952 y gracias al trabajo del médico español Pedro Ara, el cuerpo embalsamado de Eva Perón había permanecido expuesto en el segundo piso de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el viejo edificio de la calle Azopardo. Cuando la Libertadora tomó el poder en la Argentina, su primer presidente, el general Eduardo Lonardi, logró que la madre de Eva Perón, Juana Ibarguren, que en los días que siguieron al golpe militar estaba asilada en la embajada de Ecuador, firmara un consentimiento para que las nuevas autoridades dieran cristiana sepultura a su hija.
Pero Lonardi, luego de un golpe palaciego, fue desplazado de la presidencia por Aramburu quien, el 23 de noviembre de 1955, ordenó que el cadáver fuese retirado de la CGT. Ese operativo militar fue encabezado por el teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, jefe del SIE, y el cuerpo, lejos de ser inhumado, pasó a manos de aquel oficial que resultó ser una especie de desquiciado mental, que se apropió del cadáver como si se tratara de un trofeo personal, de una reliquia; llegó a ocultarlo en un cajón de madera destinado a portar aparatos y elementos de comunicación militar, lo ultrajó, lo vejó, lo mancilló y lo exhibió a sus amistades y camaradas como el botín de una guerra librada sólo en su mente enferma.
Dos palabras sobre los protagonistas de esta historia. María Luisa Bemberg había nacido en 1922 y era cuarta generación argentina de la poderosa familia Bemberg, propietaria de la Cervecería Quilmes que había sido expropiada por el peronismo. Fascinada en los años ’60 por el fenómeno cinematográfico francés de la “nouvelle vague”, por el neorrealismo italiano y por el cine de Ingmar Bergman, se convirtió luego en escritora, guionista y directora de cine, al frente de películas como Señora de Nadie, Camila, Miss Mary y Yo, la peor de todas, entre otras.

Francisco Manrique había nacido en Mendoza en 1919, desarrolló una intensa carrera militar en la Armada. Fue un ferviente opositor a Perón y Aramburu lo hizo jefe de su Casa Militar hasta el final de su gobierno en 1958. En 1956, cuando el levantamiento militar y civil del 10 de junio contra la Libertadora, liderado por el general Juan José Valle, intento que fue aplastado por las autoridades, Manrique logró que Valle se entregara para poner fin al alzamiento, al parecer con la promesa del propio Manrique de que su vida sería respetada. Valle fue fusilado el 12 de junio en la Penitenciaría Nacional que se alzaba en lo que es hoy el Parque Las Heras.
En 1970, en plena Revolución Argentina, el fugaz presidente Roberto Marcelo Levingston nombró a Manrique ministro de Salud y Acción Social, cargo que mantuvo durante el gobierno del sucesor de Levingston, Alejandro Lanusse. Manrique fue inventor del Prode, un juego de pronósticos deportivos sobre fútbol que ayudó a financiar en parte el PAMI. Luego dejó los cargos públicos y se dedicó de lleno a la política. Fue candidato a presidente por la Alianza Popular Federalista en 1973, en las elecciones que llevaron al peronismo al poder y, en 1983, después de la dictadura conocida como el “Proceso de Reorganización Nacional” fue candidato por la Fuerza Federalista popular en las elecciones que llevaron al poder a Raúl Alfonsín.
Para seguir con esta historia debo colocarme, con las disculpas del caso, en el odioso rol de narrador en primera persona. En 1983, cuando era redactor de la revista La Semana, entrevisté a Manrique, candidato por su propio partido. Se trataba de una entrevista formal que se hacía a todos los candidatos sin más pretensiones de que los reporteados hablaran de sus planes de gobierno. Cuando terminó el reportaje, luego del consabido e ineludible ¿algo más?, dije a Manrique que quería hacerle una pregunta fuera de la nota, que ni esa pregunta, ni su respuesta, iban a ser publicadas, que se trataba de un off the record que sólo servía a mi interés por un hecho histórico que lo había tenido como protagonista. Le pregunté entonces si él le había garantizado la vida al general Valle, a cambio de que se entregara y de que llegara a su fin el alzamiento contra la Libertadora.
Manrique enfureció. Creí entonces, y creo aún hoy, cuarenta y tres años después, que creyó que sí se iba a publicar mi pregunta y su respuesta y debe haber visto sus posibilidades electorales arruinadas. Le reiteré, en las pausas que dejaban sus gritos destemplados, mi compromiso de no publicar nada de lo que habláramos, que sólo quería conocer su versión sobre aquel hecho. No hubo caso. Me dijo que él había salvado la vida del capitán Adolfo Philippeaux, que se había sublevado en la Pampa en apoyo de Valle; que todo aquello era una historia larga y compleja y que no era el momento de hablar de esas cosas. En esto último tenía razón.
Manrique ni siquiera me confió aquel día que él había dejado en claro su papel en la detención del general Valle en una carta escrita a las autoridades de la Armada el 22 de junio de 1956, diez días después del fusilamiento del general sublevado. La carta, si es que fue presentada en esa fecha, fue revelada por fin por Juan Bautista Yofre en su libro Dios y la Patria se lo demanden. Mi entrevistado no era el único en estar furioso aquella tarde. Yo también me encabrité un poco, primero por mi imprudencia, tal vez no fue atinado indagar en ese pasado, pero fue oportuno, y luego, por la tozudez de Manrique empeñado en no creer en mi palabra. Lamenté haber hecho aquella pregunta pero no me arrepentí. Fueron unos cuantos minutos de áspera tensión, para decirlo suave.
De pronto, aquel candidato furioso intentó serenar un poco las aguas. “Mire –dijo– le voy a contar algo para que vea mi buena voluntad, pero no lo va a poder publicar mientras yo viva”. Narró entonces que un día de 1956, el teniente coronel Moori Koenig había invitado a su despacho a María Luisa Bemberg, a quien Manrique conocía, porque sospechaba, o sabía, la escasa simpatía que su invitada podía tener hacia el peronismo que se había adueñado de la antigua empresa familiar. Ambos tomaron el té. Luego, de modo sorpresivo, el militar condujo a la señora Bemberg hacia una dependencia vecina a su despacho. Allí estaba, metido en un cajón con la sigla de una radio cordobesa, el cadáver embalsamado de Eva Perón.
Si Bemberg notó, o intuyó, los vejámenes a los que había sido sometido aquel cuerpo que parecía detenido en el tiempo, jamás lo dijo. Pero salió de aquel edificio espantada. “Vino a verme de inmediato –dijo Manrique aquella tarde de 1983– y me contó su horrible experiencia. Yo fui a ver enseguida a Aramburu y le conté el episodio. Aramburu dijo: “Basta, hay que terminar con eso”. En febrero de 1957, Moori Koenig cesó en la jefatura de la SIE y fue nombrado en su reemplazo el coronel Héctor Cabanillas, que sería el encargado de diseñar y llevar adelante la operación para sacar del país el cadáver de Eva Perón, de enterrarlo bajo nombre falso en Milán, a la guarda de la Compañía de San Pablo y con la autorización y el visto bueno de la Santa Sede y de guardar el secreto durante quince años, hasta que él mismo se encargó de hacer el camino inverso en 1971 y devolver aquel cuerpo a su viudo, Juan Perón.
Esta es la historia, que sin embargo tiene un capítulo más.
Dos años después, Camila, la película de María Luisa Bemberg protagonizada por Susú Pecoraro e Imanol Arias, compitió por el Oscar a la mejor película extranjera. El azar quiso ponerme como enviado especial a cubrir ese acontecimiento para la misma revista que había publicado dos años antes el reportaje a Manrique. También aquellos fueron días ajetreados e intensos. Por alguna razón se nos hizo difícil entrevistar a Bemberg, creo que los periodistas le caíamos un poco pesados. Finalmente, en la tarde de la ceremonia del Oscar, el 25 de marzo de 1985 y en el Dorothy Chandler Pavillon, que ya no se usa para esas ceremonias, atendió a los tres o cuatro enviados que queríamos entrevistarla en un escenario un poco insólito: la peluquería donde iban a peinarla para la que sería acaso su noche de gloria. Nos dio unos minutos cargados de nerviosismo, de apuro, de incomodidad y de declaraciones previsibles.
POLITICA
“Técnicamente indefendibles”: desvíos de hasta 1972% y productos que no eran los adjudicados en la Andis

Un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso, según un informe oficial. Una “situación de gravedad”, lo describió uno de los reportes sobre las compras en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene la Justicia. “Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien”, detalló.
Este y otros ejemplos integran el material que el Ministerio de Salud y el interventor de la exAndis, Alejandro Vilches, enviaron a la Justicia y en los que se alude a presuntos “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Desde precios que eran hasta 1972% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, fuera por el mismo insumo o uno similar, hasta supuestos errores de categorización, además de productos importados más caros y con menor durabilidad que los nacionales.
Los informes técnicos sobre compras en la exAndis a los que tuvo acceso fueron firmados el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después de que comenzara “el caso Andis”, y el pasado 10 de abril. El primero aludió a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimulador. El segundo escrito incluyó insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.
En octubre, Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades” e incluyó múltiples observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.
Comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025. Fueron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe.
Farma Salud fue foco de otra comparación por la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. La diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711% en este último caso.
En sus descargos ante la Justicia, dos de los representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma.
El informe también detectó “una diferencia sustancial” en el segmento de implantes cocleares. Citó que “el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de US$ 62.613″. Luego, comparó la cifra con una adjudicación, perfeccionada en septiembre, que “estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen”. Y consignó que la referencia de mercado se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. “El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado”, detalló el escrito que Vilches envió a la Justicia.
Las diferencias de precios se repitieron al analizar las facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó algo diferente. Concentró en noviembre seis facturas emitidas a la exAndis y una de ellas, la B 00001- 00000958 -señala el informe- fue abonada en dos oportunidades, ambas por $28,7 millones.
La compra de un neuroestimulador también ameritó el comentario de “brecha considerable en los valores abonados”, por una diferencia del 219 por ciento. Los técnicos indicaron que Neurosalud recibió el pago de $132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por un precio también de $132,4 millones. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad.
El otro informe, firmado en abril de este año, consignó lo que definió como errores de categorización técnica. ¿Qué significan? “Se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $1,3 y $2,3 millones”, señalaron.
Las observaciones de este segundo informe cuestionaron la adquisición de productos importados. Indicaron que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece “superior durabilidad y ajuste anatómico”, a menor precio. “La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, analizaron.
Este informe de abril también incluyó una factura por un andador un presunto sobreprecio del 4239%, según trascendió a la prensa semanas atrás. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo. “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.
Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, al igual que un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis. De eso se nutrió el fiscal federal Franco Picardi para enfocar su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
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