POLITICA
Insólito: un hotel de más de 40 años en Salta podría cerrar por pagar $100 millones en juicios laborales


Carlos Issa, el dueño del hotel, siente que está viviendo una pesadilla. Su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971, está al borde del cierre por un insólito motivo: ya pagó 68 millones de pesos, cifra que podría subir hasta 100 millones de pesos, para pagar las indemnizaciones a empleados que bloquearon su establecimiento en 2021 pese a que la Justicia los imputó al considerar que la protesta realizada excedió el marco protegido por el derecho de huelga.
El caso pone en evidencia una “falta de coordinación” entre la justicia penal y laboral de Salta, según afirmó a Infobae el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien está en la capital provincial para asistir a Issa porque este miércoles se realizará una audiencia judicial entre las dos partes en conflicto para “analizar qué pruebas llegarán al juicio oral y conocer si la contraparte propone alguna vía alternativa de resolución”.
Al mismo tiempo, el abogado tendrá este miércoles una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, donde planteará la situación que atraviesa el dueño del hotel que, detalló, “le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente salgan condenados en el juicio penal”, algo que consideró “una locura”.
También advirtió la demora del fuero penal en juzgar a los responsables del bloqueo ya obligó al pago de 68 millones de pesos en indemnizaciones laborales a personas imputadas en la causa y podría empujar al cierre del hotel, ya que que todavía quedan 7 juicios laborales más que podrían elevar el monto por abonar a 100 millones de pesos que, si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario «no tiene margen para pagarlo”.
Por eso Torres Barth reclamó que se fije cuanto antes la fecha de juicio oral para “dar por terminado esto” y poder contar con una sentencia que, enfatizó, defina que el bloqueo “no es un derecho a huelga sino un delito”.
El abogado sostuvo que, a valores actualizados por inflación, ya se pagaron 68 millones de pesos en indemnizaciones, monto que corresponde a acuerdos o resoluciones de juicios laborales promovidos por personas que, al mismo tiempo, están imputadas en el proceso penal por el conflicto en el hotel.

Resaltó que el problema de fondo es la distinta velocidad y el distinto criterio con que actúan ambos fueros. “La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra velocidad”, dijo, antes de señalar una “descoordinación” entre ambos tribunales.
Su argumento es que el fuero laboral viene ordenando indemnizaciones bajo una lógica incompatible con la acusación penal. “El fuero laboral dice una cosa, dice: ‘No, están mal hechas, hay que indemnizar’, y el fuero penal dice: ‘Acá cometieron un delito’”, sostuvo.
En ese punto, recordó una definición previa del juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, según la cual el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho. Sin embargo, el abogado puntualizó: “La justicia laboral está diciendo lo contrario”.

Torres Barth también explicó que la defensa del empresario intentó frenar el avance de las causas laborales hasta que se resolviera la causa penal, pero ese pedido fue rechazado. “Issa pidió que se suspendan los juicios laborales hasta tanto falle la justicia penal, pero no le hicieron lugar. Entonces, los juicios laborales siguen cayendo y lo siguen perjudicando”, señaló.
Según su interpretación, la definición penal debería ordenar el resto del expediente judicial. “La prejudicialidad indica que lo que decide la justicia penal es obligatoria para todos los demás fueros”, dijo. Y lo sintetizó así: “Si la justicia penal dice: ‘Acá hay un delito’, el juez laboral no puede decir: ‘Acá no hay delito’”.
Añadió que el caso puede derivar en una situación que consideró contradictoria: una condena penal y, al mismo tiempo, una carga económica todavía mayor para el dueño del hotel. “Puede ser que se dicte una sentencia a tres años de prisión en suspenso a los que bloquearon, pero así y todo haya que pagar 100 millones de pesos a esas mismas personas que fueron condenadas”, afirmó.

El representante legal del MEAB destacó que la entidad sigue “de cerca” este caso porque lo considera “un precedente importante en el norte del país”.
Por su parte, el abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados del hotel que fueron despedidos, sostuvo a Infobae que en la audiencia judicial de este miércoles buscará el sobreseimiento de esos imputados en la causa: sostuvo que la investigación fue mal conducida, que parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y que el caso se inscribe en un conflicto salarial y laboral que ya tuvo resoluciones favorables para los empleados.
El abogado dijo que existe un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía. Aseguró, además, que hubo un requerimiento previo de elevación a juicio que no se ajustó a lo ordenado por el juez y que, aun así, se avanzó con nuevas imputaciones contra trabajadores.
Uno de los ejes de la defensa es que sus representados no participaron de los hechos en los términos señalados por la acusación. Según su versión, las filmaciones del hotel muestran que estaban en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento.

Para Corregidor, esa ubicación descarta la hipótesis de un bloqueo por parte de los trabajadores a los que representa. Distinguió esa situación de la conducta que eventualmente haya podido tener durante la protesta el Sindicato de Gastronómicos de Salta, asunto que consideró ajeno a su estrategia defensiva.
En la sentencia del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Rodríguez Pipino, dictada en noviembre pasado, se da por probado a partir de declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el Hotel Provincial sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.
Además, el juez Rodríguez Pipino sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoce la protesta gremial, pero delimita que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.

Según Issa, todo comenzó en plena pandemia con una marcha por reclamos salariales de empleados y de dirigentes del sindicato UTHGRA ante el hotel, que incluso intentaron entrar a las instalaciones, pero no pudieron gracias a que lo impidió el personal de guardia.
“Regía la conciliación obligatoria dictada por Trabajo por las supuestas diferencias salariales -resaltó Issa-, lo que implicaba que las partes no podían tomar medidas de acción directa, pero el gremio violó la conciliación obligatoria, intentó tomar al hotel y, como no pudieron, bloquearon los accesos, dañaron la propiedad, pintaron todos los mármoles, todos los vidrios y vinieron con la hinchada de un club de fútbol de Salta a tirar bombas de estruendo. De hecho, tenemos una filmación en donde les están pagando a los que venían con los bombos y tambores”.
“Desde ese momento, y durante unos 18 días, todas las mañanas bloqueaban el hotel -recordó-. Llegaba una camioneta de la UTHGRA, bajaban sillas, mesas, sandwiches de milanesa, bebidas y muñecos disfrazados y se instalaban frente a la puerta del hotel, sin dejar entrar ni salir a nadie del lugar”.

“¿Cuándo se desarmó el bloqueo? -siguió Issa- Cuando todos los trabajadores recibieron la carta documento de despido con causa. Simultáneamente, hicimos las denuncias penales correspondientes».
Cuatro años después de producidos los hechos, el juez Rodríguez Pipino elevó a juicio la causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por el bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión. Pero avanzaron los juicios laborales por montos multimillonarios como si no existiera la acusación penal contra quienes bloquearon y ahora Issa no descarta cerrar la empresa que fundó su familia en 1971.
gustavo sáenz
POLITICA
La Corte revocó la absolución de Milani por la desaparición en 1976 del conscripto Ledo en Tucumán

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó hoy la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani, exjefe del Ejército durante el kirchnerismo, que fue acusado de haber encubierto la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, en 1976, en Tucumán.
La decisión no condena a Milani ni lo declara responsable: devuelve el expediente al punto anterior a 2021. La Cámara de Casación deberá dictar un nuevo pronunciamiento; tendrá que revisar otra vez, con otra integración, si el militar encubrió lo que ocurrió la madrugada del 17 de junio de 1976.
Por mayoría y con la convocatoria de conjueces, el máximo tribunal hizo lugar a los argumentos de la Procuración General, que sostuvo que no estaba justificada la absolución por el beneficio de la duda.
La decisión de la Corte fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y por el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci (camarista federal de Mendoza), quienes compartieron e hicieron suyos “en lo pertinente” los fundamentos y las conclusiones del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
Para el procurador, el tribunal y la Cámara Federal de Casación Penal omitieron valorar “exhaustivamente aquellas circunstancias comprobadas de la causa al afirmar que Milani no sabía, ni tenía ningún motivo para pensar que Ledo no había desertado, sino que había sido víctima de un acto criminal por parte de efectivos de las fuerzas armadas”.
Tampoco consideraron que habría mentido cuando consignó que el soldado desaparecido se había llevado sus cosas.
“La única forma de sostener razonablemente que (…) Milani no tenía ningún motivo para pensar que Ledo no se había fugado, sino que había sido víctima de un acto ejecutivo del plan aludido, sería admitir, ingenuamente, que el entonces joven subteniente ignoraba tanto cuál era el objetivo primordial del Ejército en la zona en la que se desempeñaba, como aquellas circunstancias sobre la personalidad de Ledo y el hallazgo de sus pertenencias, que eran conocidas para el resto de los miembros de la comisión”, sostuvo el dictamen.
En un voto concurrente, el conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (camarista federal de Salta) coincidió en dejar sin efecto la absolución de Milani, al sostener que los tribunales inferiores hicieron un análisis “en abstracto” del papel de Milani, al considerar la deserción como “un mero trámite burocrático”, olvidando que la víctima ya había sido identificada como “marxista” y teniendo en cuenta la condena que en el mismo juicio se dictó contra Esteban Sanguinetti, oficial superior de Milani cuando ocurrieron los hechos.
La disidencia de Rosenkrantz
En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz también hizo un extenso análisis en el que cuestionó el recurso de la Procuración; hizo hincapié en lo que la fiscalía “no adujo ni explicó” y concluyó que correspondía confirmar la sentencia absolutoria.
“El horrible crimen contra Ledo ocurrió en el marco de la represión ilegal, pero no todo lo ocurrido entonces es el producto del obrar de todos los hombres de armas. La concreta participación de cada imputado debe ser demostrada en cada causa más allá de toda duda razonable”, señaló.
Rosenkrantz sostuvo que la fiscalía no contempló que “Milani, tal como lo afirmó el Tribunal Oral en su decisión, si bien era oficial del Ejército, ostentaba el cargo más bajo -subteniente-, tenía 21 años de edad al momento de los hechos y se había incorporado a la unidad solamente dos meses antes de la desaparición de Ledo, además de que no consta que haya participado de actividades de inteligencia, por lo que no se podía concluir -sin pruebas- que compartía con un capitán del Ejército la información sobre la comisión de delitos ordenados por los altos mandos militares”. El juez afirmó que la fiscalía tampoco explicó “por qué sería arbitraria la afirmación de los jueces inferiores en cuanto a que la elaboración del acta era una mera ‘operación de trámite”.
Según Rosenkrantz, “la circunstancia de que Ledo y Milani no hubiesen tenido relación entre sí en atención a que no pertenecían ni a la misma sección ni unidad (cuestión consentida por el fiscal) y la escasa jerarquía y edad del acusado, constituyen serios indicios de la razonabilidad de la duda sobre el desconocimiento de las circunstancias delictivas de su desaparición”.
Agapito Ledo era un estudiante de historia que tenía trabajo social junto al obispo de La Rioja Enrique Angelelli y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Hacía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, con asiento en la provincia de La Rioja, cuando en la noche del 17 de junio de 1976 fue sacado por la fuerza de su cama. Nada se supo de él. Según testimonios, fue visto por última vez en diciembre de ese año, como detenido, en el Arsenal Miguel Azcuénaga de San Miguel de Tucumán.
El caso fue llevado a juicio, con el excapitán Esteban Sanguinetti imputado como autor material de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio del soldado Ledo; y Milani, señalado como encubridor y autor de falsedad ideológica.
Según el expediente, Sanguinetti ordenó labrar actuaciones en las que Ledo figuraba como desertor, diciendo que se había fugado con su equipo de campaña. El acta fue labrada por Milani, subteniente del Ejército.
En el juicio, la fiscalía y la querella de la familia Ledo solicitaron para Sanguinetti una condena a prisión perpetua y para Milani, seis años de cárcel, la pena máxima prevista para el delito del que estaba acusado.
En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó la absolución de Milani por el beneficio de la duda y condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso con homicidio calificado con alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa; delitos considerados de lesa humanidad.
La sentencia fue apelada por la fiscalía, la familia del soldado y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí se cuestionó la absolución a Milani y la pena y el rol atribuido a Sanguinetti.
En diciembre de 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, confirmó la absolución del extitular del Ejército del kirchnerismo y se abrió el recurso solicitado por los acusadores sobre Sanguinetti.
Tanto la Procuración como las querellas apelaron la absolución de Milani.
El expediente estuvo cuatro años y medio en la Corte, que este martes decidió hacer suyo “en lo pertinente” el recurso fiscal. Según fuentes judiciales, la causa volverá ahora a la Cámara Federal de Casación Penal.
Milani tiene 71 años y, en caso de ser condenado, podría pedir cumplir su pena en arresto domiciliario.
Es la segunda vez que el máximo tribunal interviene contra Milani. En abril de 2024, desestimó un planteo suyo en la causa por enriquecimiento ilícito, abierta por la compra de una casa en La Horqueta, San Isidro, en 2010, por 1.500.000 pesos que no pudo justificar con sus ingresos.
En ese caso, el Tribunal Oral Federal 7 lo había absuelto en septiembre de 2022 y la Cámara de Casación anuló esa absolución en agosto de 2023, con los votos de Petrone y Barroetaveña y la disidencia de Figueroa, por entender que el tribunal había valorado la prueba de manera parcial.
Además, en agosto de 2019, Milani fue absuelto en La Rioja en la causa por los secuestros y torturas de Pedro y Ramón Olivera, cometidos en marzo de 1977, cuando era subteniente del Batallón 141.
acusado,Hernán Cappiello,César Milani,Conforme a
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Caso Chocolate Rigau: el descargo de los diputados bonaerenses tras la denuncia de un juez que los acusó de “ocultamiento”

La Cámara de Diputados bonaerense salió al cruce de la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien pidió investigar un posible encubrimiento en el marco de la causa por Julio “Chocolate” Rigau. La Legislatura sostuvo que actuó “ajustada a derecho” y que en ningún momento buscó impedir el avance de la investigación.
Según el descargo difundido por la Cámara, el archivo de las actuaciones fue aprobado el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes de que ingresara el requerimiento judicial, el 19 de agosto. Además, remarcaron que la decisión fue pública, se votó en una sesión transmitida en vivo y quedó registrada en los archivos del cuerpo.
Uno de los principales argumentos de Diputados apunta a diferenciar las actuaciones que fueron archivadas de la causa que investiga a Rigau. La Cámara sostuvo que, según la documentación analizada, los requerimientos y decisiones administrativas cuestionados correspondían a la causa Rodríguez, vinculada a una investigación por hurto, y no directamente al expediente de Rigau.
En ese sentido, la Legislatura aseguró que sí respondió a los pedidos de información realizados por la Justicia en la causa de “Chocolate” y destacó que esa investigación avanzó hasta la etapa de juicio, con personas que permanecen detenidas.
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César Milani hoy: de emblema militar del kirchnerismo a una voz aislada que intenta reposicionarse con críticas a Milei

Sin vínculos de ningún tipo con la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el teniente general retirado César Milani, que fue el hombre fuerte del Ejército y de la inteligencia militar en los años del kirchnerismo, reapareció recientemente con fuertes críticas a la política de defensa del gobierno de Javier Milei. Cuestionó, en particular, su ofensiva contra el Reino Unido por la Cuestión Malvinas y declaró que “el giro del Presidente es un oportunismo político, demagógico y berreta”. Recordó, en ese sentido, que el líder libertario había defendido el derecho a la autodeterminación de los pobladores de las islas y expresado su admiración por Margaret Thatcher.
Milani, a quien la Corte acaba de reabrirle una causa por el presunto encubrimiento del crimen del conscripto Alberto Ledo en Tucumán, en 1976, tiene hoy 71 años. Acompañó históricamente las expresiones de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas identificados con la causa Malvinas, en contraposición con el “sector liberal”. Pero en el nuevo escenario evita transitar las mismas posiciones que el gobierno libertario. Minimizó las sanciones contra empresas que participan de exploraciones petroleras en Malvinas, anunciadas por el gobierno de Milei, al recordar que ya en agosto de 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner recurrió a esa estrategia.
En el plano judicial, reivindica entre quienes lo acompañan la absolución que inicialmente le había dado la Justicia en las causas por la desaparición del Ledo, revocada ahora por la Corte, y el secuestro y torturas contra Pedro y Ramón Olivera, en La Rioja, que sigue vigente. Milani, cuando se encontraba en lo más alto de las Fuerzas Armadas durante el período kirchnerista, acercó posiciones con las Madres de Plaza de Mayo y en diciembre de 2013 tuvo una recordada entrevista con Hebe de Bonafini, con amplia difusión en la revista de la organización.
Más allá de las causas judiciales, en el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había avalado las postulaciones para sus ascensos en la carrera militar, cuestionó su designación como jefe de la fuerza mientras no hubieran concluido las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos durante el proceso militar.
La Cuestión Malvinas
El exjefe del Ejército entiende que la Argentina no tiene capacidad militar para pensar en recuperar las islas por la fuerza y declaró que proponer una teoría en tal sentido reflejaría “una demencia importante”.
En términos políticos, el exjefe de Inteligencia del Ejército procura hacer pie en el PJ, aunque no tiene participación en la Comisión de Defensa de ese partido, que encabeza el exministro Agustín Rossi. En forma categórica, una fuente partidaria aseguró a que “Milani no participa de la Comisión de Defensa del PJ”.
Tampoco tuvo acercamientos con el Ministerio de Defensa en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, cuando la política militar fue conducida sucesivamente por Rossi y por Jorge Taiana. Apuesta a una renovación en el peronismo y promueve la formación de un frente nacional con vistas a las próximas elecciones.
Milani intenta posicionarse con fuertes críticas a la gestión libertaria por los bajos ingresos del personal militar y la caótica situación de la obra social y argumenta que un alto porcentaje de los integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentra por debajo de la línea de pobreza. “El relato es uno y los hechos son otros”, advirtió en una emisora radial, al cuestionar las políticas de los últimos tres años con términos que quedaron familiarizados con la gestión kirchnerista.
Frente al anuncio de la reactivación de las obras para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, un punto estratégico en el que tanto China como Estados Unidos han puesto su mirada, el exjefe militar kirchnerista advirtió que el gobierno de Milei redujo los recursos del Fondo de Financiamiento de la Defensa (Fondef) y planchó el proyecto”. En sus fuertes cuestionamientos, Milani no apareció acompañado por otras voces del peronismo.
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