POLITICA
Un presidente con el método del escrache

Nada podría ser como parece. Un alto funcionario del Gobierno aseguraba ayer que el alboroto de Javier Milei en Brasil, durante el furioso fin de semana último, fue una sobreactuación del presidente argentino por una sugerencia de Donald Trump para que ayude a la familia Bolsonaro en el país vecino y perjudique al actual mandatario brasileño Lula da Silva. Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro el próximo 4 de octubre; este Bolsonaro es hijo del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 27 años de cárcel por el delito de liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023 para impedir que Lula asumiera la presidencia. Pero ningún funcionario del Gobierno dice saber si Trump le pidió tanto a Milei o si este decidió por su cuenta llegar hasta donde ningún otro presidente argentino había llegado en sus controversias internacionales.
En ese mismo fin de semana, Milei vio desde un stand de la Exposición Rural a José Ignacio de Mendiguren y le gritó, desaforado, “ladrón”. De Mendiguren fue un mal ministro de Duhalde y, más tarde, se camufló como presidente de la Unión Industrial cuando ya tenía el corazón cooptado por el peronismo massista. Con todo, un presidente de la Nación que se precie no puede imitar los modos del escrache que inauguraron aquí Quebracho y La Cámpora.
Sin duda, los desmanes que Milei protagonizó en Brasil fueron peores porque comprometieron con sorprendente inconsciencia el futuro de su país. Bolsonaro padre está bajo el régimen de prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. La decisión de prorrogar la prisión domiciliaria del expresidente brasileño de forma indefinida la tomó el vicepresidente de ese Tribunal, Alexandre de Moraes, el mismo que decidió prohibirle a Milei que visitara al patriarca de los Bolsonaro en su casa cuando fue a Brasil en el fin de semana, que el Presidente convirtió aquí y allá en días de saña y delirio. De Moraes, tildado por Milei de “basura calva”, argumentó que Bolsonaro no podrá recibir visitas políticas antes de las elecciones presidenciales de octubre.
Nunca antes se había visto a un presidente tratar de la manera que Milei trató a Lula o a un juez supremo de un país extranjero sin que estos le hayan hecho nada ni le hayan dicho nada. Pero, ¿es una estrategia sobreactuada de Milei ante una sugestión de Trump o responde de algún modo a la necesidad de Milei de volver a la furia que lo hizo presidente en 2023? Las últimas encuestas en poder del gobierno indican que el Presidente está en el límite mismo, o por debajo del límite, de su reelección en primera vuelta dentro de más de un año. La última encuesta de Poliarquía coincide con aquellas mediciones. Si su porcentaje de votos en octubre de 2027 fuera de menos del 40 por ciento, Milei deberá ir a una segunda ronda electoral con el segundo candidato más votado. Y no importará la diferencia de votos en la primera vuelta de esos comicios. No obstante, nada justifica semejante empellón verbal y público del mandatario argentino a un presidente votado por su sociedad, en abierta campaña, además, a favor del candidato opositor a Lula. Si eso no es injerencia en los asuntos internos de otro país las palabras habrán perdido su sentido.
Milei, ni su canciller, Pablo Quirno, quien aplaudió al presidente argentino durante su diatriba contra Lula, tuvieron en cuenta los datos económicos que deberían prevalecer por encima de las ideologías. La influencia de la ideología en la política exterior es nociva si la aplica Cristina Kirchner, que la aplicó, o si la practica Milei. La única frontera que no existe para impedir el principio de no injerencia en asuntos internos de otro país son la violación de los derechos humanos o la ruptura del orden democrático mediante un golpe de Estado en un determinado país. Esta es una regla nueva, que antes no existía en la política internacional. Por eso, Fidel Castro estuvo tantos años en el poder refugiado injustamente en ese principio. De todos modos, la progresía o el liberalismo de sus gobernantes no son motivos para alterar las relaciones entre dos países.
La falta de respeto a la investidura presidencial de otro presidente le resta autoridad moral a un jefe del Estado para reclamar el respeto a su propia investidura. En síntesis, lo que Milei provocó con Brasil tiene el tamaño de una gravedad nunca vista antes. Para empeorar las cosas, este martes se sumó a la polémica la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en solidaridad con Lula y con serios cuestionamientos a Milei por la forma con que trató al mandatario brasileño. México y Brasil son las dos principales economías de América Latina.
Aunque esa no es la razón principal por la que todos los presidentes deben respetar a sus colegas, es oportuno recordar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y que el comercio bilateral es de unos 30.000 millones de dólares anuales. Brasil es también el principal destino de las exportaciones industriales argentinas; ambos países, nucleados en el Mercosur, constituyen el principal mercado exportador de productos agropecuarios del mundo. Por eso extrañó aún más la presencia risueña y despreocupada al lado de Milei del canciller Quirno, que es también un economista diplomado en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Sabe, por lo tanto, la importancia real y estratégica de Brasil para la economía argentina.
Lula ha hecho también sus travesuras en la Argentina. Estuvo muy cerca de Daniel Scioli, en 2015, cuando este compitió con Mauricio Macri; dicen que le confesaba al entonces perdidoso candidato peronista (actual mileísta convencido, vale recordar) que su triunfo era esencial para conservar una línea progresista en América Latina y se puso abiertamente de su lado. Luego, fracasado el intento de aupar a Scioli a la presidencia, en 2019 se ocupó personalmente de apoyar a Alberto Fernández, a quien recibió en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde estaba preso acusado de corrupción; el político argentino era en ese momento solo un candidato que enfrentaba a Macri para impedir la reelección de este. Lo logró.
Antes, Alberto Fernández y el excanciller de Lula, Celso Amorim, recorrieron el mundo en defensa del expresidente brasileño que sobrellevaba acusaciones de prácticas corruptas. Por esos trámites, Alberto Fernández conoció al papa Francisco, a quien había visto de casualidad una sola vez cuando el entonces Pontífice era el cardenal de Buenos Aires. En 2023, Lula le envió unos veinte asesores electorales a Sergio Massa cuando este competía contra Milei por la presidencia. Lula siempre invocó la importancia de la Argentina en la configuración ideológica de América Latina. Fue improcedente que un presidente extranjero incursionara en cuestiones internas argentinas, pero Milei rompió todos los moldes previos cuando lo llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”. Lula se metió en cruciales elecciones argentinas, pero nunca insultó a ningún presidente argentino, al menos públicamente.
Hasta hace poco, los presidentes convivían pacíficamente en el mundo con presidentes de otras ideologías. Trump rompió esa tradición cuando comenzó a agredir verbalmente a sus propios aliados de Europa o cuando descerrajó una guerra innecesaria contra Irán, a pesar de que el régimen de Teherán mereció siempre la protesta internacional por sus opresiones a los ciudadanos iraníes y por su promoción de atentados en países extranjeros, como los dos que impulsó y financió en la Argentina. En América Latina sucedía lo mismo. De hecho, hasta la misma Cristina Kirchner se llevó muy bien con Sebastián Piñera, el presidente chileno de derecha moderada que gobernó su país durante casi todo su primer mandato con la expresidenta argentina también en funciones en su país. Macri cohabitó en el sur de América con el progresista Tabaré Vázquez en Uruguay. El propio Tabaré Vázquez confesó luego que “con Macri resolví en 10 minutos cuestiones bilaterales que no había podido resolver con el kirchnerismo durante años”.
La chilena Michelle Bachelet fue presidente cuando Macri lo era de su país; Bachelet tiene una larga carrera política en el socialismo chileno, que formó parte de la Concertación, una alianza de centroizquierda que gobernó Chile desde el fin de Pinochet, en 1990, hasta el arribo de outsider Gabriel Boric en 2022, aunque ese período de 32 años incluyó también dos mandatos de Piñera, que no perteneció a la Concertación. Macri y Bachelet convivieron sin sobresaltos. Piñera y la concertación eran el establishment político chileno hasta que llegaron los outsiders Boric, de izquierda, y el actual José Antonio Kast, de derecha. Ni Boric ni Kast cometieron las transgresiones del presidente argentino. No todos los outsiders son lo mismo. A Macri, presidente de la Argentina en ese momento, le tocó también reunirse dos veces con la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff, del lulista Partido de los Trabajadores, y los dos se entendieron sin arrebatos de ningún lado.
La furia de Milei contra Lula llevó a la diplomacia de Brasil a tensar las cuerdas con la Argentina. El canciller brasileño, Mauro Vieira, es un experto en la Argentina porque fue un excelente embajador de su país en Buenos Aires durante varios años. Vieira, un diplomático de carrera, llegó al extremo de calificar de “provocación sin precedentes” lo que hizo Milei en San Pablo cuando el fin de semana se fue a apoyar al hijo de su amigo Bolsonaro. Luego, Vieira llamó en consulta al embajador brasileño en Buenos Aires y él conoce la gravedad de esa decisión, que precede por lo general al retiro del embajador de un país. Es probable que Brasil no tome esa resolución por el momento porque valora lo suficiente la relación con la Argentina como para no darle tanta importancia a lo que dice (y a cómo lo dice) un presidente argentino con fama mundial de disruptivo, salvo la chicana del partido lulista de pedirle a la Justicia que investigue quién pagó el viaje de Milei. Es improbable también que no lo haga porque nadie pueda responder esta pregunta: ¿lo perjudican o lo benefician a Lula semejante agravios por parte de un presidente argentino? Lula es el jefe político de una nación con históricos rasgos nacionalistas.
Dicen en Madrid, por ejemplo, que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, otra obsesión de la cólera mileísta, lo deja hacer y decir al mandatario argentino cuando este pasa por España, porque comprobó que le hace más bien que mal las injurias de un dignatario extranjero. Sánchez sobrelleva una historia de corrupciones demasiado cerca de él, pero la sociedad española prefiere juzgarlo ella y no dejar ese veredicto en una lengua foránea, que carece de inhibiciones. La otra pregunta que no tiene respuesta es cómo será en adelante la relación entre la Argentina y Brasil, sobre todo la que refiere al intercambio comercial. Como dice Andrés Malamud, si no pasara nada entre los dos países “entonces el mundo está cambiando ante nuestra vista”. Trump habrá inaugurado una nueva era en las relaciones internacionales, y la Argentina habrá cambiado su histórica política exterior que optó por el multilateralismo y respetó a todas las naciones. Habrá triunfado una política exterior de exclusivo sometimiento a las políticas de Washington y se habrá impuesto la paradoja en la que coexisten la ofensa y la subordinación.
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Jorge Macri respaldó un posible acuerdo entre el PRO y LLA: “No podemos permitir que el kirchnerismo vuelva”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a respaldar la posibilidad de un acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza para las próximas elecciones, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de lo que resuelva el partido a nivel nacional. “Yo estoy en el PRO y las decisiones que tomemos las vamos a tomar como partido”, afirmó durante una entrevista en ¿La Ves?, por TN.
En esa línea, sostuvo que existen coincidencias con el oficialismo nacional, principalmente en la necesidad de evitar un regreso del kirchnerismo al poder. “Lo que tenemos en común con La Libertad Avanza es que no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva”, aseguró. Y agregó: “Si nosotros vamos a un acuerdo con LLA, va a ser porque el partido a nivel nacional tomó esa decisión”.
El mandatario porteño también buscó desactivar las versiones sobre un enfrentamiento con el expresidente Mauricio Macri. “No hay pelea con Mauricio”, remarcó, al tiempo que reivindicó la gestión del PRO en los distritos donde gobierna. “Donde gestiona el PRO se está mejor y queremos seguir haciendo eso”, sostuvo.
Además, Jorge Macri planteó que el escenario político requiere priorizar los objetivos comunes por encima de las diferencias. “Es tan grande lo que tenemos que defender en el país que no me quiero detener en las formas”, expresó con relación a los modos del presidente Javier Milei. En ese sentido, advirtió que “el desafío es defender un estilo de vida que está en riesgo por el populismo y el kirchnerismo”.
Leé también: En medio de la pelea por la Ciudad, La Libertad Avanza cuestionó al PRO y le pidió que “sea consecuente y acompañe en el Congreso”
La gestión porteña, el kirchnerismo y la ley anti trapitos
Jorge Macri también defendió la gestión de la Ciudad y apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar obstaculizar la administración porteña. “El kirchnerismo quiere romper la gestión”, afirmó, y remarcó que “no hay posibilidad de desarrollo y libertad sin que la ley se cumpla”.
En ese marco, destacó la aprobación de la ley que endurece las sanciones contra los trapitos y agradeció el respaldo de sectores de la oposición para avanzar con la iniciativa. “Quiero agradecerle a Pilar Ramírez porque con su voto y otros logramos tener una ley anti trapitos”, señaló en un guiño a la presidenta de LLA en CABA.
El jefe de Gobierno también hizo referencia al contexto económico y al funcionamiento de la administración porteña. “La gente está tensa, haciendo un esfuerzo descomunal”, sostuvo, y aseguró que la Ciudad mantiene “la estructura administrativa más chica de los últimos 15 años”, como parte de la política de reducción del gasto público.
Jorge Macri, La Libertad Avanza, PRO
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El vicerrector de la UBA desmintió los dichos del vocero presidencial sobre la cantidad de extranjeros en universidades públicas

Adrián Ravier, vocero presidencial, sostuvo durante la conferencia de prensa de este martes 28 de julio que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La afirmación no tardó en ser rebatida desde la propia institución. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió a contradecir ese número.
Según informó Yacobitti en su cuenta de X, en 2026 los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina, y el 2,5% del total de los más de 70.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad este año.
Ravier atribuyó el dato cuestionado al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y presentó un cuadro que también consignaba que el 51% de los alumnos regulares de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son extranjeros. Lo hizo luego de que la afirmación fuera cuestionada en la conferencia de prensa por el cronista de El Destape, quien abrió el debate al consultar sobre el tema.
Yacobitti respondió que esas cifras son “erróneas” y que el debate público merece sostenerse sobre información precisa. Desde la UBA ofrecieron reunirse con el Gobierno para contrastar los registros.
Las diferencias entre ambas series de datos podrían responder, en parte, a qué universo mide cada uno. Yacobitti precisó que sus cifras corresponden a ingresantes de 2026 con residencia temporal, transitoria o precaria, mientras que los datos oficiales que compartió Ravier hacen referencia a alumnos regulares —una categoría que incluye a quienes ya llevan años cursando.
Ni la UBA ni el Gobierno aclararon públicamente cuál es información que surge de registros comparables.
El vicerrector también desglosó la presencia de extranjeros en otras facultades: 4,1% en Odontología, 2,7% en Ingeniería y menos del 2% en el resto de las unidades académicas. Agregó que desde 2022 la UBA exige a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en comprensión como en producción oral y escrita, un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo.
La disputa no se limita a una diferencia estadística: expone una tensión más profunda entre el Ejecutivo y las universidades nacionales en torno a una política que el Gobierno impulsa desde 2025 y que las casas de estudio se niegan a implementar: el cobro de aranceles a los alumnos que no posean la ciudadanía argentina.

En efecto, la polémica se enmarca en un debate más amplio sobre el DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Álvarez había recordado en su cuenta de X que la norma sigue vigente y que los rectores están “legalmente autorizados desde el día 28/5/2025” para aplicar el cobro. No obstante, a finales de junio la Cámara Nacional Electoral anuló parte del decreto al declarar inconstitucional el artículo que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina, competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.
Alrededor del subsecretario sostienen que solo ese punto está bajo disputa judicial y que la posibilidad de cobro a extranjeros permanece intacto. Los rectores, en cambio, consideran que el decreto modifica dos leyes vigentes —la de Educación y la de Migración— y que cualquier impugnación ante la Justicia prosperaría, dado que un DNU no puede situarse por encima de una ley. Ninguna universidad nacional ha implementado el arancel hasta la fecha.
En las últimas semanas el debate se reeditó con la presentación del diputado bonaerense, Agustín Romo, para establecer por ley en la provincia de Buenos Aires el cobro de aranceles por los servicios de educación y salud a las personas nacidas en otros países.
Adrián Ravier,Emiliano Yacobitti,UBA,vocero presidencial
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El Gobierno autorizó la extradición a Turquía del jefe mafioso que denuncia vínculos entre el crimen organizado y el entorno de Erdoğan

El Gobierno autorizó la extradición de un jefe mafioso turco que durante los últimos seis años buscó evitar que lo devolvieran a su país, donde afirma que podría ser torturado o asesinado por revelar los presuntos vínculos entre organizaciones del crimen organizado, sectores de inteligencia y personas del entorno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.
Detenido en la Argentina desde 2020, Serkan Kurtulus solicitó permanecer en el país como refugiado político, petición que le fue denegada, por lo que, una vez agotadas todas las instancias judiciales, la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo. Tras la firma de la resolución correspondiente, la Cancillería dispuso su entrega a Turquía, y las oficinas de Interpol en Buenos Aires y Estambul comenzaron a coordinar los detalles del traslado.
La administración del presidente Javier Milei decidió así que Kurtulus será enviado a Turquía, que lo requería como supuesto cabecilla de una organización acusada de homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de armas, entre otros delitos registrados durante las últimas décadas.
Alojado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel federal de Ezeiza, Kurtulus fracasó en sus últimos intentos por evitar o demorar su envío, mientras que el gobierno de Erdoğan, que incluso designó un funcionario para seguir de cerca en la Argentina la evolución del expediente, aguardaba la decisión de la Casa Rosada para enviar una comisión oficial encargada de trasladarlo a Ankara.
La decisión del Gobierno argentino adquiere una dimensión adicional por las denuncias formuladas por Kurtulus desde la cárcel. Según sostiene su defensa, el detenido se convirtió en un “arrepentido” dispuesto a aportar información sobre la presunta relación entre organizaciones mafiosas, sectores de inteligencia y dirigentes políticos turcos. Esa condición es la que, según afirma, lo expondría a un riesgo extremo si regresa a Turquía.
En ese contexto, una de las voces que más reclamó que la Argentina le concediera asilo político a Kurtulus fue un periodista que figuraba entre los objetivos de la organización criminal que integraba el detenido. Se trata de Can Dündar, exdirector del principal diario de Turquía, Cumhuriyet, condenado en ausencia a 27 años de prisión por la Justicia turca tras revelar el envío clandestino de armas por parte de los servicios de inteligencia de ese país hacia Siria.
“Ante la insistente presión del gobierno turco para lograr su extradición, las autoridades argentinas están a punto de enviar a Kurtulus de vuelta a Turquía. Como cabe imaginar, eso supondría para él la tortura e incluso la muerte”, aseveró Dündar en diálogo con desde su exilio en Berlín, donde se convirtió en uno de los mayores críticos del régimen de Erdoğan.
“Resulta curioso que yo ahora esté intentando salvar la vida de quien podría ser mi asesino; pero se trata de un denunciante de gran importancia, cuyos conocimientos y archivos podrían ayudar a esclarecer muchos rincones oscuros de la historia de Turquía”, remarcó Dündar.
Según investigaciones judiciales desarrolladas en Turquía y testimonios posteriores, Kurtulus integró una organización criminal vinculada con atentados y asesinatos por encargo contra opositores, periodistas y empresarios. Y tras su detención en la Argentina, el criminal decidió revelar información sobre el funcionamiento interno de la organización que complica a Erdoğan y su círculo íntimo.
Las advertencias formuladas por Kurtulus y por el periodista Can Dündar encontraron eco en organismos internacionales que denuncian la situación institucional de Turquía desde hace años. Entre otros motivos, por el deterioro del Estado de Derecho, la persecución de opositores y periodistas, y el incumplimiento de fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En ese sentido, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución judicial contra periodistas, dirigentes opositores y magistrados en Turquía. Sobre esa base, la defensa de Kurtulus sostiene que las garantías diplomáticas que pueda ofrecer Ankara resultan insuficientes para asegurar su integridad física, una postura que también expresó públicamente Dündar.
Antecedente
Kurtulus siguió, sin embargo, los pasos en la Argentina del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, otro caso en el que el debate giró en torno a la tensión entre un pedido de extradición y el eventual riesgo de persecución política en el país requirente. Apablaza recibió el asilo político en 2010, condición que el entonces presidente Mauricio Macri revocó en 2016, mientras que Milei firmó el decreto para su extradición en marzo de este año.
El recorrido de Kurtulus incluye una notificación roja de Interpol —el mecanismo mediante el cual ese organismo solicita a los países miembros la localización y detención provisoria de una persona requerida por la Justicia de otro Estado— por crímenes cometidos entre 2016 y 2017 y una detención en Puerto Madero en 2020, después de haber ingresado a la Argentina con documentación falsa, junto a su lugarteniente, Líder Camgoz. Ambos terminaron enfrentados durante su permanencia en prisión.
Durante las últimas semanas, en tanto, el abogado de Kurtulus en la Argentina, Héctor Trajtemberg, intentó abrir un resquicio que le permitiera evitar la entrega de su defendido a Turquía. Presentó nuevas incidencias procesales, aunque el expediente principal ya quedó firme tras el rechazo de todas las apelaciones judiciales ordinarias y extraordinarias.
El fallo que la Corte Suprema dictó en 2023 llegó con una pauta explícita. Confirmó que la extradición era procedente, pero exhortó a Turquía a garantizar la integridad física de Kurtulus. En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda sostuvieron: “Esta Corte entiende pertinente exhortar al país requirente para que se comprometa a garantizar que la entrega y permanencia” de Kurtulus “se llevará a cabo en condiciones que salvaguarden su integridad”.
Esa exhortación constituye una garantía meramente formal, según la defensa de Kurtulus, al igual que para Dündar y organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Se apoyan en que, según el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Erdoğan ha incumplido en reiteradas oportunidades resoluciones judiciales que ordenaban la liberación de periodistas, jueces y dirigentes opositores, mientras continúan acumulándose denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y persecuciones políticas en Turquía.
Con las instancias judiciales agotadas y la autorización del Poder Ejecutivo ya concedida, el expediente ingresó ahora en su etapa final. La ejecución de la extradición quedó en manos de la Cancillería, Interpol y las autoridades de ambos países, que deberán coordinar la fecha, el operativo de seguridad y el traslado de Kurtulus hacia Ankara.
Hugo Alconada Mon,Turquía,Conforme a
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