Ramiro Cherñetz fue designado director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, un área clave para empresarios y, sobre todo, dirigentes gremiales que estaba vacante desde hace un año.

El flamante funcionario es un abogado vinculado al sector empleador que ocupará un cargo sensible que desempeñó hasta el 10 de julio de 2025 Claudio Aquino, otro asesor letrado de empresas que fue designado luego de que asumió Javier Milei, en enero de 2024.

“Es un abogado que justamente se suma a la transparencia y objetividad que se busca en todo momento en el Gobierno”, definió a Infobae un alto funcionario de la administración libertaria.

En su sitio web, Cherñetz se presenta a sí mismo de esta forma: “Abogado especializado en Derecho Laboral y Relaciones Laborales, con una sólida trayectoria en asesoramiento corporativo integral. A lo largo de mi carrera, he liderado áreas legales en empresas de servicios, gestionando conflictos laborales, negociaciones sindicales y asegurando el cumplimiento normativo. Me distingo por mi enfoque estratégico, capacidad de resolución y una mirada preventiva para reducir riesgos legales. Con formación continua y experiencia en la implementación de programas de retiro, representación ante organismos administrativos y coordinación de equipos legales internos y externos, ofrezco soluciones prácticas y eficientes adaptadas a las necesidades empresariales”.

La Dirección de Asociaciones Sindicales que encabezaba Aquino fue intervenida en abril de 2024 por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte de una decisión del Gobierno de investigar distintas áreas del Estado que están bajo la lupa por presuntas irregularidades.

Esa dependencia de Trabajo tiene una importancia estratégica para los empresarios y para el gremialismo porque allí se resuelven los conflictos de encuadramiento sindical, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías o de simple inscripción a organizaciones nuevas, además de fiscalizar los movimientos económicos-financieros, la realización de asambleas, congresos y elecciones gremiales y la aprobación y modificación de los estatutos.

En realidad, la Dirección de Asociaciones Sindicales siempre fue el eje de sospechas y versiones sobre expedientes que impactan en la situación jurídica, institucional y económica de los gremios. Y la intervención de Capital Humano implicó que un equipo especializado de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la cartera que dirige Pettovello fue “revisando carpeta por carpeta» de esa repartición para analizarla, evaluar dictámenes opinables y “darle transparencia” a un lugar rodeado de suspicacias.

En su momento, en Trabajo aclararon que la intervención a Asociaciones Sindicales se había hecho de manera “preventiva en un área donde estaba todo medio sospechado, manejado a dedo, con dictámenes opinables”, pero que el origen no fue una denuncia concreta ni la comprobación de alguna irregularidad.

En la CGT, sin embargo, deslizaron que al funcionario saliente lo acusaban de “falta de transparencia en su gestión”, aunque no aportaron pruebas sobre ello.

No son nuevas las sospechas en aquella área de Trabajo. Ideler Tonelli, el último ministro de Trabajo del gobierno de Raúl Alfonsín, hizo una fuerte revelación en el libro “CGT, el poder que no fue”, de la periodista María Grande, acerca de lo que encontró al asumir su cargo, en 1987: “Se cobraba todo; se cobraban las inscripciones gremiales, las personerías gremiales. Yo juré un miércoles a las 18 y estuvieron hasta las 5 de la mañana del día siguiente cobrando inscripciones y personerías gremiales; 5 mil dólares, 10 mil dólares”. No hay constancias de qué sucedió luego de semejante denuncia, pero sí insistentes versiones sobre hechos similares registrados antes y después de ese momento.

Asociaciones Sindicales fue una dependencia siempre codiciada por el sindicalismo. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, se produjeron tironeos entre los dirigentes gremiales para designar allí a alguien de confianza. Hugo Moyano pretendía ubicar al frente de esa dirección a un hombre propio, pero el entonces Presidente desistió porque significaba un poder inmenso que podría haber afectado las relaciones con otros sindicatos, ya que el líder camionero mantiene permanentes conflictos de encuadramiento para quedarse con afiliados de otro gremios, como Comercio, Alimentación o Carga y Descarga. El puesto finalmente recayó en Mónica Rissotto, abogada del sindicato de los taxistas que lideraba Jorge Omar Viviani, clásico rival de Moyano.