El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó un proyecto de ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro.

La iniciativa busca otorgar un alivio financiero a sectores que, según el legislador, atraviesan una fuerte caída de la actividad, con el objetivo de evitar cierres de empresas, preservar puestos de trabajo y permitir la continuidad de las actividades productivas.

Lewandowski presentó los principales puntos de la propuesta junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, durante un encuentro con cámaras empresariales de Villa Constitución, donde recogió los reclamos del sector productivo.

Qué propone el proyecto contra los embargos de ARCA

La iniciativa establece la suspensión durante 12 meses de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares promovidas por el organismo recaudador.

Uno de los puntos centrales contempla además el levantamiento automático de los embargos bancarios que ya fueron aplicados sobre los contribuyentes incluidos en la norma.

El objetivo es liberar fondos que actualmente se encuentran inmovilizados y permitir que las empresas recuperen liquidez y capital de trabajo para afrontar sus gastos y mantener la actividad.

«No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo», afirmó Lewandowski.

El proyecto contempla como potenciales beneficiarios a: Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs); Cooperativas; Empresas recuperadas; Monotributistas; Profesionales autónomos y Entidades sin fines de lucro.

La propuesta apunta especialmente a contribuyentes que enfrentan dificultades para afrontar sus obligaciones fiscales y que, ante una ejecución o embargo, pueden perder recursos necesarios para continuar con sus actividades.

Además de frenar las ejecuciones fiscales y los embargos, la iniciativa incorpora un régimen excepcional de regularización de deudas con beneficios diferenciados según el tamaño de cada empresa.

Para las microempresas, el proyecto plantea una condonación total de multas e intereses, mientras que las pequeñas y medianas empresas accederían a importantes reducciones.

También contempla planes de financiación amplios para facilitar el pago de las obligaciones pendientes.

Otro de los puntos centrales consiste en eliminar la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, de manera que los contribuyentes que fueron más afectados por la crisis no queden automáticamente fuera de los mecanismos de regularización.

El senador justificó la presentación de la iniciativa en los reclamos que recibió de empresas y cámaras productivas.

«Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones», sostuvo.

En la misma línea, el legislador advirtió sobre el impacto que tiene el cierre de una empresa sobre los trabajadores, las comunidades y las propias cuentas públicas.

«Cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos», concluyó.

El gobierno porteño eliminó un histórico trámite laboral para bajar costos

La Ciudad de Buenos Aires eliminó uno de los trámites administrativos más tradicionales del ámbito laboral: la obligación de rubricar la documentación de los empleadores ante la autoridad local.

La medida, vigente con efecto desde el 1° de junio de 2026, forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la gestión porteña y se alinea con las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en materia de registración laboral.

La Resolución 852/SECTE/2026, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, permitirá que miles de empresas dejen de realizar un procedimiento que durante décadas implicó costos administrativos, tiempos de gestión y el cumplimiento de requisitos específicos para validar libros y documentación laboral.

La decisión de la Ciudad responde a un cambio previo producido a nivel nacional: la Ley 27.802 modificó el régimen previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 407/2026 dispuso que la documentación laboral pase a concentrarse en un sistema único administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como consecuencia, las administraciones provinciales y de la Ciudad ya no pueden exigir registros o documentación distinta de la prevista por la normativa nacional.

Frente a este nuevo escenario, el Gobierno porteño resolvió derogar todo el esquema regulatorio que sostenía el antiguo sistema de rúbricas, evitando que subsistieran obligaciones consideradas incompatibles con el nuevo marco jurídico.

Desde la administración porteña destacan que el cambio representa una reducción concreta de cargas administrativas para quienes generan empleo.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que la medida «refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente» y sostuvo que eliminar obligaciones que perdieron sustento legal «reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo».

En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la adecuación normativa responde a la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia «un Estado más moderno y eficiente», eliminando trámites innecesarios sin afectar los mecanismos de fiscalización.

Uno de los principales interrogantes que genera la eliminación del trámite es si implica una reducción del control estatal sobre las relaciones laborales. La respuesta oficial es negativa.

La Ciudad aclaró que la derogación de la rúbrica no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas en la Ley 265: desaparece el trámite administrativo, pero continúan los controles sobre el cumplimiento de la legislación laboral, las condiciones de higiene y seguridad y las inspecciones en los lugares de trabajo.

La decisión del Banco Central de no intervenir en el mercado cambiario reveló el cambio de tendencia de las últimas jornadas. Se trató de la primera vez desde principios de año que terminó con saldo neutro. De esta manera, consiguió que el dólar mayorista frenara en 1.498 pesos.

Las compras de julio por parte del Central fueron significativas y ya suman 1.963 millones de dólares. Sin embargo, fueron solo dos jornadas de fuertes adquisiciones en bloque. El resto de los días, se ubicaron en niveles de entre USD 25 y USD 40 millones diarios.

Uno de los objetivos que tiene el Gobierno, y que acordó con el BCRA, es acelerar la compra de divisas para fortalecer el balance de la entidad.

Este giro de parte de la autoridad monetaria dejó en claro que las declaraciones del vocero presidencial no estaban coordinadas con el equipo económico. Adrián Ravier habló la semana pasada de un dólar a “$1.800 o $1.700 en los próximos meses”.

Para el Gobierno, la prioridad es seguir bajando la inflación. Avalar subas significativas en el tipo de cambio podría generar un impacto negativo en el proceso de desinflación.

Sin embargo, estacionalmente ya se empezó a notar un menor ingreso de divisas del sector agropecuario por el final de la cosecha gruesa. Por lo tanto, se trata de un mercado donde no hay menos espacio para los distintos compradores sin presionar sobre el precio: importadores, ahorristas, empresas que pagan dividendos y el propio Banco Central.

Al mantenerse al margen del mercado ayer y al mismo tiempo acelerar la venta de contratos de futuros de dólar, el equipo económico le puso un límite a la suba de la cotización. El mayorista finalizó a $1.498 pero podría haber superado la barrera de $1.500 si se hubieran producido compras oficiales.

Un informe de la consultora LCG advirtió que la mayor estabilidad en el mercado cambiario “está apalancada en una mayor presencia del BCRA interviniendo en el mercado”. “Después de haber llevado el volumen abierto en futuros de dólar a niveles mínimos en mayo (USD 193 millones), subió a USD 492 millones en junio y en lo que va de julio habría aumentado a USD 1.490 millones”, agregaron los analistas.

Estos datos muestran a las claras que la intención del Gobierno es suavizar todo lo posible los movimientos del tipo de cambio. Tanto a través de una menor intervención en el mercado, como de la venta de futuros para los que buscan cobertura cambiaria, pero sin necesidad de comprar dólares en el mercado.

El mismo reporte resaltó que hoy sigue siendo negocio el carry trade: desarmar una posición en moneda dura para pasarse a pesos y cubrirse vendiendo futuros de dólar. “Según el plazo de la inversión en pesos, esto sigue dando entre 0,1% y 0,6% en dólares en términos mensuales. Uno de los objetivos del Gobierno es que el rendimiento de este producto sintético se mantenga positivo. Esto impulsa una mayor oferta de dólares en el mercado y menor demanda”.

El resto de las cotizaciones quedó firme y con aumento de brecha, lo que denota esta mayor demanda en el mercado. El oficial minorista, por ejemplo, cerró sin cambios a $1.520, pero el MEP trepó levemente a 1.533 pesos. El que más subió fue el contado con liquidación, que terminó al borde de 1.600 pesos.

La oferta de dólares en los próximos 90 días dependerá más de lo que ingrese el sector energético, considerando que ya finalizó la liquidación de la mayor parte de la cosecha gruesa. También pueden aportar las empresas o gobiernos provinciales que consigan colocar bonos en el mercado internacional, como sucedió en los últimos días con Neuquén (colocó un bono de USD 500 millones) o PCR (otro de USD 400 millones).

Entrenados en el lenguaje diplomático, los directivos del Fondo Monetario Internacional son expertos en hacer que los reclamos y las advertencias aparezcan disimuladas bajo la forma de elogios. Y la visita de Kristalina Georgieva no fue la excepción: por detrás de sus halagos por las fortalezas del plan económico se esconde la advertencia de que no hay margen para descuidar las cuentas fiscales.

La directora ejecutiva del FMI ya avisó que no habrá más «dólares frescos» para Argentina, porque la buena marcha del plan económico disipó cualquier riesgo de default y porque el Banco Central pudo comprar reservas. El «lado oculto» de esa afirmación es que los dólares para hacer frente al exigente calendario de vencimientos del año próximo -más de u$s23.000 millones, de los cuales la tercera parte corresponde a intereses- deberán ser comprados por el Tesoro al BCRA.

Y, para ello, es imprescindible que se mantenga un superávit fiscal, un tema que viene generando inquietud, luego de que en junio se rompiera la racha de resultados positivos y se volviera al déficit. El ministro de economía, Toto Caputo, relativizó la gravedad del problema con el argumento de que se postergó el vencimiento del Impuesto a las Ganancias, y que hubo gastos extra por el pago del medio aguinaldo.

Sin embargo, hay una tendencia que los analistas vienen observando desde hace varios meses: la recaudación impositiva cae en términos reales en la comparación interanual, lo cual obliga a extremar el recorte del gasto público, algo que cada vez ofrece mayor dificultad.

Esto implica que, a diferencia de otros momentos, el gobierno ya no tiene margen como para aliviar la carga impositiva de los grandes contribuyentes. En particular, del campo, como dejó en claro el propio Javier Milei durante su visita a la Exposición Rural de Palermo.

Para el FMI, las retenciones representan demasiado dinero como para resignarlo

Hablando en números, el aporte del campo por concepto de retenciones a la exportación puede llegar a medio punto del PBI en lo que resta del año. Demasiado dinero en la caja de ARCA como para resignar ingresos.

De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones agrícolas podrían rondar los u$s34.000 millones, de los cuales ya se liquidaron unos u$s18.000 millones.

Con el actual nivel de retenciones -24% para la soja, 22,5% para derivados industriales de la soja, 8,5% para el maíz y 5,5% para el trigo-, el fisco lleva recaudados $3,3 billones en el primer semestre. La cifra implica una caída real de 23% en comparación con el año pasado, pero eso no es el reflejo de una mala cosecha, sino que en 2025 se acumularon exportaciones en la primera mitad del año, por causa de un esquema de incentivo exportador, que este año no está presente.

Eso implica que Caputo espera la revancha fiscal para el segundo semestre. De cumplirse la proyección de los expertos, en ese período habrá una exportación equivalente a $28,5 billones, de los cuales unos $5,7 billones ingresarán a ARCA en forma de retenciones.

Expresado en términos de dólares, más de u$s3.500 millones, lo que equivale a casi un 5% de la recaudación impositiva total y a un 0,5% del PBI.

Para un gobierno que proyecta un superávit primario de 1,4% del PBI para este año y que, además, tiene dificultades en obtener recursos fiscales de los impuestos más ligados a la actividad comercial e industrial -como el IVA, por ejemplo-, la conclusión es clara: las retenciones, por ahora, son intocables.

Cena de la directora del FMI con los «perdedores» del modelo

Luego de entrevistarse con funcionarios, Georgieva compartió una cena con empresarios de primera línea, incluyendo algunos de los sectores «perdedores del modelo», como la industria manufacturera. Allí se conversó sobre la reforma tributaria pendiente, y la directora del Fondo escuchó las previsibles quejas sobre la carga tributaria que castiga a los industriales argentinos más que a sus competidores del exterior.

Coincidiendo con la visita de Georgieva, la Unión Industrial Argentina había publicado un nuevo informe en el que presentaba un panorama que, aunque había registrado una leve reactivación, seguía mostrando dificultades y pérdida de empleo en muchas ramas de actividad.

El FMI viene recomendando una reforma tributaria, que va en el sentido de ampliar la base de contribuyentes y disminuir las alícuotas. Pero históricamente el organismo ha estado lejos de la posición liberal de quienes defienden la «curva de Laffer» -es decir, de quienes postulan que un recorte impositivo puede aumentar la recaudación-.

Por el contrario, el foco sigue siendo el del esfuerzo fiscal como condición previa para la inversión y el crecimiento.

Esto es algo que, en la práctica, deja sin chance de alivio tributario para el campo, en particular por las controvertidas retenciones a la exportación. Caputo fue claro en el sentido de que el esquema de reducción de ese impuesto depende de cuánto oxígeno haya en el frente fiscal.

Y Milei dijo que algún día no habrá más retenciones, y que eso será gracias a los nuevos recursos que aportarán el sector petrolero y la minería. El auditorio aplaudió, pero la promesa tuvo su costado inquietante: eso implica que, imprevistamente, el aporte de la energía no fuera el esperado, entonces la factura le seguiría llegando al campo.

Dólar en segundo plano

En cuanto al tipo de cambio, otra preocupación clásica del FMI, Georgieva se guardó de realizar las críticas al cepo remanente para el sector empresarial. Al menos, no mencionó el tema en público, aunque se puede interpretar que lo hizo tangencialmente cuando se refirió a la necesidad de seguir eliminando los obstáculos para la inversión externa.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en otras visitas del staff técnico del Fondo, esta vez hay una situación inédita: la cuenta corriente no muestra su crónico déficit, sino que marca un saldo positivo.

Esa situación -mayor entrada que salida de dólares a la economía-, hace que las objeciones sobre un eventual retraso cambiario pierdan fuerza, y por lo tanto ya no estuvieron en primer plano los reclamos por un esquema cambiario de mayor flotación.

De hecho, el sentido de llevar a la directora del FMI hasta Vaca Muerta fue que la funcionaria pudiera comprar in situ la potencia de la nueva estrella de la economía argentina. El mensaje del gobierno fue claro: en esa cuenca de petróleo y gas «shale» está la fábrica de dólares que permitirán repagar las deudas.