POLITICA
Las claves del accidente del helicóptero en San Juan: qué se sabe hasta ahora
Un helicóptero Bell 412 que participaba de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego se estrelló este miércoles en el norte del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento de Valle Fértil, San Juan. Las siete personas que viajaban a bordo murieron, según confirmó el Gobierno provincial.
La aeronave, de matrícula LV-KGR y propiedad de la empresa Jasfly S.A., había perdido contacto con las autoridades a las 10.26 de la mañana. Otra aeronave que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto, ubicado entre ocho y nueve kilómetros al norte del circuito Los Arrieros, en la Quebrada de la Chilca, un área de difícil acceso y terreno desértico cercana al límite con La Rioja.
El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para una jornada de entrenamiento en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego. La actividad incluía instancias teóricas y prácticas de operación de medios aéreos. Tras completar las maniobras previstas en Valle Fértil, la comitiva debía trasladarse a la zona de Chilecito, en La Rioja, para colaborar en el combate de incendios forestales.
Entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia, el subjefe de la Policía provincial, comisario general Germán Marcelo Videla, el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro, el segundo jefe de Bomberos, comisario inspector Jorge Carbajal, el piloto Matías Valenzuela, y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Se trata de un grupo compuesto por altos mandos locales y especialistas nacionales en el combate de incendios forestales.
El gobernador Marcelo Orrego confirmó la muerte de los siete ocupantes y expresó su lamento. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia”, señaló el mandatario, quien puso al Gobierno de San Juan a disposición de las familias afectadas. La provincia decretó tres días de duelo, con bandera a media asta y suspensión de actos festivos oficiales.
El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, y responsables del parque provincial señalaron que durante la mañana se registraron bancos de neblina en la zona, un factor que podría haber afectado la visibilidad. Sin embargo, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte y de la Justicia Federal.
Equipos de emergencia avanzaron hacia el lugar del impacto con vehículos 4×4 y cuatriciclos, ante las dificultades de acceso que presenta el terreno.
La palabra de las autoridades
Enrique Delgado, el secretario de Seguridad de San Juan, brindó una conferencia donde detalló que “el traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más inmediata posible, pero el lugar del accidente es bastante complejo para llegar. Hay que llegar en camioneta y después caminar para ir a buscar los cuerpos”.
“Estamos haciendo las tratativas para que el traslado sea lo más urgente posible y estimo que se hará mañana”, agregó el funcionario.
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Sobre las condiciones del clima al momento del hecho, Delgado sostuvo que “en apariencia, la zona climatológica estaba apta para volar”.
Finalmente, el funcionario provincial confirmó que “queda una guardia para resguardar el lugar del hecho y tener una investigación como corresponde”.
San Juan, Helicóptero, Accidente
El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.
En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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POLITICA
Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
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