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El rechazo de gobernadores aliados a la Ley de Tierras enciende una alerta en la Casa Rosada para futuras negociaciones

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Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros. La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.

Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.

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Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.

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La efectividad que el oficialismo tenía en las sesiones extraordinarias de este verano contrasta con la dificultad que tiene para impulsar otras iniciativas en la actualidad. La frutilla del postre en ese entonces había sido la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la cual contenía artículos que implicaban cambios sensibles en ese ámbito.

Resultó llamativo que, unas semanas después, uno de los operadores más importantes del oficialismo dijera ante Infobae: “Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”. Es decir, había un presentimiento de que el advenimiento del escenario electoral iba a condicionar a los mismos gobernadores para decidir si apoyar o no a la Casa Rosada en reformas de alta complejidad.

Esto podría no traducirse en reformas que importan y mucho al presidente Javier Milei, como el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Sí creen que podrían recibir un revés si no modifican que los funcionarios públicos puedan aplicar a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

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La pregunta que se hacen al interior del oficialismo desemboca en qué podría acontecer con la Reforma Política y, en particular, con la capacidad de suspender las PASO. “Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones”, afirman.

Los posicionamientos de las provincias

Los gobernadores que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos han sido aliados circunstanciales del oficialismo en algún momento de la presidencia Milei.

Cada uno de ellos trasladó su posición a los senadores de sus provincias, instruyéndolos a rechazar cualquier modificación legal que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. En el caso de Misiones, Passalacqua publicó en sus redes sociales que “lo que amamos no se vende”, destacando la defensa del territorio y de los recursos estratégicos provinciales. Esta postura se tradujo en el anuncio del senador misionero Carlos Arce, quien anticipó su voto negativo a la propuesta.

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Javier Milei y Rolando Figueroa, juntos en en el aeropuerto de Neuquén (Gobierno de Neuquén)

En Tucumán, Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en comunicar su rechazo explícito, instruyendo a las senadoras provinciales a votar en contra de la iniciativa. De igual modo, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, manifestó su oposición e instruyó a los representantes de su espacio político en el Senado a no acompañar el proyecto. Gustavo Sáenz, desde Salta, también ejerció presión sobre el bloque oficialista, lo que se reflejó en la postura de la senadora Flavia Royón, una de las primeras en expresar públicamente su rechazo a la extranjerización de tierras. Esta serie de pronunciamientos contribuyó a que el oficialismo perdiera respaldo y se viera obligado a retirar el capítulo más polémico de la ley.

Además de los gobernadores mencionados, otros actores relevantes del Senado se sumaron al rechazo del capítulo de Tierras. Entre ellos, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) formalizó su voto negativo bajo el argumento de que los recursos estratégicos nacionales no deben cederse sin restricciones. También anunciaron su rechazo los senadores radicales Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires). Estas posiciones, sumadas a la presión de los gobernadores provinciales, aislaron políticamente al oficialismo y forzaron la exclusión del capítulo sobre tierras del proyecto final que llegó al recinto.

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El Senado reanudó la sesión en la que se discutirá el proyecto de propiedad privada, pero sin el capítulo de extranjerización de tierras

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El Senado reanudó esta tarde la sesión que había pasado a cuarto intermedio el pasado 19 de julio y en la que está previsto que se discuta el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegará al recinto sin el polémico capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros.

No obstante, antes de entrar en el tema central el Senado decidió, a mano alzada y sin controversia, girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.

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La senadora ultrakirchnerista cuyana cursa un embarazo de 32 semanas y por prescripción médica no puede viajar largas distancias, mientras que el radical norteño fue operado de una rodilla y tampoco puede movilizarse.

A pesar de que ambos casos fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la propuesta de enviar el tema a comisión que formuló la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue aprobada sin debate y con la anuencia del kirchnerismo.

A pesar de que no contará con el capítulo de extranjerización de tierras, caído por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas, el proyecto de inviolabilidad privada tiene otros temas que prometen un acalorado debate en el recinto.

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Patricia Bullrich debió ceder ante el rechazo de los aliados a votar a favor de las flexibilidades para que estranjeros compren tierras en el país

Uno de ellos es el capítulo relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.

Se trata del capítulo II del proyecto establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.

A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez interviniente debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.

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Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.

El proyecto también modifica el régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.

Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.

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La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.

Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.

Se incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión por 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.

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El proyecto también contempla modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego sancionada por impulso del kirchnerismo en el gobierno de Mauricio Macri, eliminando las restricciones a la utilización y venta de pastizales y predios productivos afectados por incendios.

No obstante, se mantiene la prohibición de modificar el uso y destino en caso de incendio de bosques nativos y reservas forestales, tal cual está establecido en sus respectivas legislaciones.




sin el polémico capítulo III,los pedidos de los senadores,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a

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La Corte Suprema aprobó su presupuesto para el 2027 y le reclamó al Gobierno más fondos

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó este miércoles su proyecto de presupuesto para el 2027 por un total de $495.049.855.166 y le reclamó al gobierno los remanentes de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en la Ley 23.853, al considerar insuficientes los techos presupuestarios fijados por el Ministerio de Economía.

A través de la Acordada 18/2026, la Corte remitió el presupuesto al Poder Ejecutivo para su envío al Congreso.

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El proyecto, firmado por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, destina la mayor parte de los recursos a gastos en personal: $401.735 millones. Le siguen $45.205 millones para bienes de uso, $40.527 millones para servicios no personales y $7.581 millones para bienes de consumo.

En cuanto a la planta permanente, se fijaron 4.732 cargos, de los cuales 4.091 se financian con recursos propios del Poder Judicial y 641 con fondos del Tesoro Nacional, destinados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

La Corte subrayó que el presupuesto fue elaborado de manera “prudente y moderada”, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y priorizar únicamente los requerimientos considerados impostergables para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia. Sin embargo, sostuvo que los límites informados por la Subsecretaría de Presupuesto resultan insuficientes para atender esas necesidades mínimas.

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La sede del Palacio de Tribunales. (Foto: Télam).

Por esa razón, insistió en que los remanentes y los aportes adicionales de la Ley 23.853 son indispensables para preservar la autarquía financiera del Poder Judicial y el cumplimiento de su función constitucional.

El proyecto incluye además un Plan de Obras que contempla la adecuación del edificio ubicado en Rivadavia 763/771, con una inversión estimada en $5.125 millones, la restauración de fachadas y núcleos de escaleras del Palacio de Justicia, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de un nuevo sistema central de aire acondicionado, y refacciones en la sede de DAJUDECO, que abarcan sanitarios, instalaciones de gas, remodelación de oficinas y sistemas eléctricos.

Estas obras buscan preservar el Palacio de Justicia como monumento histórico nacional y mejorar la infraestructura necesaria para el trabajo judicial, explicaron los jueces.

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La Acordada aclaró que, por el momento, solo se presentaron las previsiones de la Corte Suprema, ya que el Consejo de la Magistratura aún no aprobó las suyas.

Una vez que el Poder Ejecutivo incorpore el proyecto al mensaje de presupuesto y lo envíe al Congreso, las cámaras deberán debatir y sancionar la ley correspondiente.

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Corte Suprema de Justicia, PRESUPUESTO, Gobierno

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En medio de la crisis con Lula, Sebastián Pareja reúne a dirigentes y legisladores de derecha de la región para definir una agenda común

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Mientras recrudece la crisis diplomática con Brasil tras los dichos de Javier Milei sobre Luiz Inácio Lula da Silva, La Libertad Avanza (LLA) reunirá desde este viernes en Buenos Aires a dirigentes de derecha de más de una decena de países, entre ellos legisladores vinculados al bolsonarismo.

El encuentro forma parte de la estrategia del oficialismo para consolidar una red política regional alineada con las ideas libertarias y fortalecer el liderazgo internacional que busca construir el Presidente.

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El encuentro concluirá con la firma de la “Agenda de la Libertad 2050”, un documento con el que buscarán fijar una hoja de ruta común para la región.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro y Javier MileiEttore Chiereguini – AP

La iniciativa coincidirá con la gira que Milei inició este jueves por Ecuador y Colombia, donde mantendrá una reunión bilateral con Daniel Noboa y participará de la asunción del dirigente de derecha Abelardo de la Espriella. La combinación de ambas actividades refleja la decisión de la Casa Rosada de profundizar sus vínculos con gobiernos y dirigentes afines, en paralelo al deterioro de la relación con Lula.

La tensión con Brasil escaló esta semana luego de que Milei volviera a calificar al mandatario brasileño de “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”. Tras esos dichos, Brasil retiró a su representante en Buenos Aires y reclamó una medida recíproca con el embajador argentino Daniel Raimondi, quien regresará este viernes. El canciller Pablo Quirno relativizó el conflicto y sostuvo que “hubo insultos de ambos lados”.

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En ese contexto se desarrollará “Vivac: La Experiencia Argentina”, un encuentro organizado entre el 7 y el 9 de agosto con actividades en el Congreso, el Palacio Barolo y la localidad bonaerense de Tomás Jofré, partido de Mercedes. Según la documentación del evento, el objetivo es construir una articulación continental que funcione como contrapeso del Foro de San Pablo y de los gobiernos identificados con la izquierda latinoamericana.

La organización está a cargo del Foro Alberdiano Internacional, un espacio presidido por el diputado nacional y presidente bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja.

Pareja, Karina Milei y Martín Menem

“En los últimos veinte años hubo dos modelos muy marcados en latinoamérica. Uno pretendió abarcar todo dentro del Estado y tuvo su expresión más extrema en dictaduras como la de Maduro”, razonó Pareja, que sostuvo que ese modelo todavía encuentra refugio en la provincia de Buenos Aires. “Del otro lado están las ideas de la libertad con el liderazgo regional de Javier Milei. El Foro Alberdiano nace para formar nuevos dirigentes y fortalecer una red internacional inspirada en Juan Bautista Alberdi y otros pensadores liberales”, explicó a .

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En sus documentos fundacionales, el foro se presenta como un ámbito permanente de “batalla cultural” inspirado en el ideario de Juan Bautista Alberdi y en la visión política del Presidente. Entre sus objetivos menciona la defensa del liberalismo, la formación doctrinaria de dirigentes y la consolidación territorial del proyecto libertario.

Las delegaciones llegarán desde Brasil, Honduras, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Panamá y España. En la mayoría de los casos se trata de dirigentes opositores a los gobiernos de sus países. Entre ellos figuran representantes del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro; una delegación del Partido Nacional de Honduras, principal fuerza opositora al gobierno de Xiomara Castro; dirigentes cercanos al chileno José Antonio Kast; y referentes de fuerzas conservadoras de Centroamérica y Europa. También asistirán dirigentes oficialistas, como el presidente del Senado paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez, y la congresista peruana Pierangeli Dodero Jovich.

Sebastián Pareja, organizador del eventoCamila Godoy

La agenda combinará actividades institucionales con instancias de formación política. El viernes las delegaciones recorrerán el Congreso y participarán de un encuentro con empresarios en el Palacio Barolo, seguido de una cena oficial.

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El sábado y el domingo las actividades continuarán en Tomás Jofré, donde se realizarán paneles sobre historia del liberalismo, economía, seguridad, comunicación digital y “batalla cultural”. El cierre incluirá la firma de un documento común para definir prioridades.

Fue invitado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para cerrar el encuentro, aunque su presencia todavía no fue confirmada. También participarán como expositores los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch, quien hablará sobre la historia del liberalismo, y Lilia Lemoine, que integrará el panel sobre batalla cultural. El economista Agustín Etchebarne analizará “los logros económicos y el paquete de reformas de la gestión nacional”, mientras que los referentes digitales Iñaki Gutiérrez y Macarena Alifraco -la única aliada a Santiago Caputo- expondrán sobre comunicación política y redes sociales.




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