El Gobierno se llevó una victoria pírrica esta semana en el Senado al lograr la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero sin dos capítulos clave: los relacionados con la venta de tierras a extranjeros y los cambios a la ley de manejo del fuego. El traspié legislativo estuvo directamente relacionado al endurecimiento de algunos gobernadores, que ante la visibilidad pública que ganó el tema y la movilización popular, se mostraron reacios a pagar el costo político de acompañar al oficialismo.

En la Cámara de Diputados, donde pronto se debatirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, y se disputará el segundo round de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la oposición observó con atención el devenir de las negociaciones y mostró un moderado entusiasmo ante algunas señales.

Un referente del bloque peronismo destacó los contactos que entablaron desde Unión por la Patria con casi todos los gobernadores aliados a la Casa Rosada y la buena predisposición que encontraron. “Hubo mucho diálogo, algunos hablaron con Claudio Vidal (Santa Cruz), otros con Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Sáenz (Salta) o Pullaro (Santa Fe), tuvimos distintos resultados, pero este tema nos permitió recuperar cierto nivel de diálogo”, explicó a Infobae.

Y agregó: “La principal señal es que estaban todos los teléfonos abiertos, nadie se cerraba al diálogo”. Desde el peronismo consideran que el fracaso oficialista de la Ley de Tierras dejó en evidencia un cambio táctico de los mandatarios provinciales y cierto hartazgo con los modos de la Casa Rosada.

Es importante destacar que la flexibilización de la Ley de Tierras recibió los primeros golpes de nocaut a principios de semana, cuando los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) hicieron saber que sus senadores votarían en contra. Luego, otros mandatarios que originalmente habían prometido apoyo, como el salteño Gustavo Sáenz, comenzaron a darse vuelta.

“Hay poca predisposición de los gobernadores a ser arrastrados a temas que claramente son impopulares. Si bien eso no significa que pierdan la idea de colaborar con el Gobierno, sienten que cualquier paso en falso, donde queden descalzados de la opinión pública, puede perjudicar sus chances electorales”, sintetizaron.

Aunque el problema que ven a futuro es que los proyectos en carpeta para ser debatidos en Diputados no generan el mismo nivel de movilización ni acaparan la conversación pública. “Son temas de menor intensidad, lo que pasó en el Senado no es fácilmente repetible”, analizaron.

Ante la consulta de Infobae, entre los bloques del medio, coincidieron con parte del análisis. “Se acercan las elecciones provinciales, todo no va a ser un paseo para el oficialismo como hasta ahora”, explicó un diputado de Provincias Unidas. Pero también recordó que proyectos como la ampliación de la Inocencia Fiscal vienen atados con promesas oficialistas de aumentar los fondos coparticipables que reciben las provincias.

Por otro lado, las turbulencias internas en un bloque aliado también podría tener efectos inesperados. En el Senado, el bloque misionero terminó dividido en dos: un monobloque integrado por la senadora Sonia Rojas Decut, que manifestó su lealtad política al gobernador Hugo Passalacqua, y otro monobloque conformado por Carlos Arce, que se referencia en el líder del Frente Renovador de la Concordia Carlos Rovira.

La disputa interna entre Passalacqua y Rovira por el momento no tendrá efectos concretos en Diputados, donde los cuatro integrantes de Innovación Federal no sufrirán rupturas. “No se dividirá… por ahora”, aclararon desde la bancada. Sin embargo, esta pelea es seguida atentamente por los libertarios, ya que los votos de Innovación Federal resultaron fundamentales en más de una oportunidad.

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El Gobierno pone en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal para una sesión que ya proyecta realizar el 26 de agosto. En la Casa Rosada quieren evitar que las distintas iniciativas se mezclen en una misma negociación y compliquen la aprobación de los proyectos que Javier Milei considera centrales.

“No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, expresan en Nación. La posición oficial es dejar transcurrir el impacto político de la discusión en el Senado y concentrar durante las próximas semanas los contactos con los bloques dialoguistas en los dos proyectos económicos.

El criterio responde directamente a una prioridad presidencial. “Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, agregan fuentes del Ejecutivo. Milei ubicó la modificación del Banco Central en el centro de la segunda etapa de su programa y la presentó por cadena nacional como una de las principales reformas institucionales de su gestión.

La mesa política terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. Allí se resolverá el temario definitivo del 26 de agosto, el ritmo de las reuniones de comisión y el momento en el que el oficialismo volverá a activar Propiedad Privada en la Cámara baja.

La decisión se tomó después de una negociación especialmente conflictiva en el Senado. El proyecto de Propiedad Privada atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de obtener la media sanción. Finalmente, fue aprobado por 37 votos contra 33, luego de que el oficialismo retirara los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

Ese recorrido encendió alarmas dentro de Balcarce 50 en tres planos: la discusión pública, la negociación con los gobernadores y la coordinación interna. En distintos despachos reconocen que el Gobierno perdió el control de la conversación sobre la venta de tierras a extranjeros y que el rechazo terminó alcanzando a actores que inicialmente no formaban parte de la oposición política tradicional.

El frente legislativo también dejó señales de preocupación. Varios gobernadores que habitualmente negocian con el oficialismo hicieron retirar el respaldo de sus senadores al capítulo de tierras y las resistencias provinciales volvieron a aparecer horas después con Manejo del Fuego. La Casa Rosada quiere evitar que esa dinámica se replique sobre el Banco Central, donde necesita conservar una mayoría amplia de aliados.

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El episodio expuso además las diferencias entre las áreas que redactan las reformas y quienes después deben conseguir los votos. Durante la negociación se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por las concesiones a los bloques dialoguistas, junto con pases de factura internos por el manejo de los gobernadores y el cálculo de las mayorías.

A pesar de esas dificultades, el Gobierno logró conservar una parte importante de Propiedad Privada. La media sanción incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos más rápidos de desalojo, cambios en la regularización dominial y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble. Ahora debe ser tratada por Diputados para convertirse en ley.

La decisión de postergar su tratamiento no implica entonces archivar el proyecto, sino sacarlo de la negociación inmediata. En Nación sostienen que todavía no está definido cuándo volverá a aparecer en el temario y remarcan que la prioridad será no acumular discusiones políticamente sensibles en una misma sesión.

El principal objetivo para el 26 de agosto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto restablece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa también endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. El mecanismo de nombramiento mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado se mantiene, pero para desplazar a las autoridades monetarias el Gobierno plantea exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.

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El proyecto restringe además la transferencia de utilidades originadas en resultados por tenencia, establece una reserva técnica no distribuible para determinados activos y limita el giro de resultados de la cartera del Banco Central al Tesoro a la cancelación de deuda. El paquete incorpora también la eliminación de las Letras Intransferibles, otro de los puntos que Milei destacó al presentar la reforma.

Inocencia Fiscal completa la agenda que el oficialismo quiere concentrar en Diputados. La Casa Rosada busca reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan esa iniciativa con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones.

La hoja de ruta quedará sujeta al cierre de los votos y a la decisión final de la mesa política. La premisa que domina ahora en la Casa Rosada es reducir la cantidad de frentes abiertos y ordenar las reformas según las prioridades de Milei: primero el Banco Central e Inocencia Fiscal; Propiedad Privada quedará para una etapa posterior, una vez que el oficialismo considere superado el desgaste que dejó su tratamiento en el Senado.

Gobierno, propiedad privada, Banco Central

El Simposio Internacional de Libertad Religiosa, celebrado en Lima el 4 y 5 de agosto bajo el lema “Construyendo Puentes para Fortalecer y Promover la Libertad de Religión y de Creencias”, reunió a magistrados, legisladores, funcionarios, diplomáticos, académicos y líderes religiosos para debatir la autonomía de las comunidades de fe, la cooperación con el Estado, la no discriminación, la paz, las políticas públicas y el impacto tecnológico sobre la dignidad humana.

Entre otras personalidades estuvieron Gary Doxey, director del ICLRS; Francielli Gusso, Comisión de Derecho y Libertad Religiosa, Brasil; Paulina Gálvez, Centro Derecho y Religión, Chile; Natalia Sosa, defensora del Pueblo, Paraguay; la senadora colombiana Lorena Ríos; Jorge Arenas, Tribunal Supremo del Perú; Omar Gaibur, FIDELA; Pedro Chávez, Tribunal Constitucional de Perú; Hugo de la Fuente, Ministerio de Energía de Bolivia; Iñigo Crespo, magistrado de Ecuador; Franco Fiumara, juez de Argentina; David Frol, presidente del CALIR; Pilar Bosca, directora general de cultos del GCABA; Juan Pablo Villar, presidente del Área Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo; y Mons. Salvador Piñeiro, presidente del Consejo Interreligioso del Perú.

Uno de los núcleos más innovadores fue la sesión plenaria “Fe y Dignidad en la era de la IA”. Allí, el rabino, filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y de la Comisión Nacional de Bioética de Argentina, presentó un instrumento que desplaza el debate desde la mera protección de los datos hacia la protección de la conciencia.

Los sistemas algorítmicos, explicó, ya no sólo procesan información entregada voluntariamente: pueden reconstruir creencias religiosas, convicciones morales y pertenencias comunitarias a partir de lugares frecuentados, consumos, festividades, lecturas, vínculos u horarios de desconexión. El problema no es sólo evitar una discriminación posterior, sino impedir que la interioridad humana sea objeto de inferencia, clasificación, predicción y manipulación.

Frente a los enfoques limitados a principios generales, Szlajen presentó la Evaluación de Impacto Algorítmico sobre Conciencia y Religión, una herramienta institucional para detectar riesgos desde el diseño, la adquisición o la contratación de un sistema, antes de que se produzca el daño.

La propuesta integra derechos humanos, bioética, gobernanza tecnológica y conocimiento interno de las tradiciones religiosas. Examina cómo funciona un sistema, qué finalidad persigue, qué categorías utiliza, qué identidades atribuye y cómo afecta la autonomía personal y comunitaria.

Consultado por Infobae sobre la diferencia con los marcos regulatorios centrados en la privacidad, Szlajen explicó:

“La privacidad protege información, pero la libertad de conciencia protege a la persona como autora de sus propias convicciones. Un sistema puede inferir aquello que alguien nunca declaró, atribuirle una identidad religiosa y utilizarla para decidir qué información recibirá, qué oportunidades se le ofrecerán o qué mensajes se diseñarán para influir sobre él. Una inferencia puede ser estadísticamente correcta y, aun así, resultar moral y jurídicamente ilegítima”.

La metodología se articula sobre cinco principios: el derecho a no ser utilizado como objeto de predicción o control; la indisponibilidad algorítmica de la conciencia; la protección reforzada de la libertad religiosa; la distinción entre autonomía operativa y moral; y la responsabilidad humana indelegable.

Estos principios se traducen en obligaciones verificables: prohibir inferencias religiosas injustificadas; permitir impugnar identidades atribuidas por algoritmos; detectar variables neutrales que encubran pertenencias confesionales; exigir auditorías independientes y reparación; y conservar una autoridad humana capaz de explicar, revisar, detener y corregir los efectos del sistema.

La herramienta permite elaborar mapas de riesgo, revisar sistemas antes de implementarlos, establecer indicadores, capacitar equipos, diseñar auditorías y formular recomendaciones regulatorias. Puede aplicarse a selección de personal, beneficios, admisión universitaria, seguridad, salud, educación, comunicación política, perfilamiento de usuarios y contratación pública.

No se trata de añadir una reflexión ética cuando la tecnología ya fue desarrollada, sino de convertir los derechos fundamentales en criterios operativos para su diseño, regulación, adquisición y supervisión.

Sobre las instituciones que deberían incorporarla, Szlajen respondió:

“El instrumento resulta aplicable a toda organización que diseñe, contrate, regule o utilice inteligencia artificial para adoptar decisiones relevantes: parlamentos, organismos públicos, universidades, empresas, instituciones sanitarias y comunidades religiosas. La ética no puede agregarse al final como una certificación decorativa; debe intervenir desde la propia arquitectura, definición del problema y de la finalidad tecnológica”.

Su exposición introdujo además una distinción decisiva entre información y autoridad: que un sistema produzca una respuesta no lo legitima para decidir, clasificar o determinar qué es valioso para una persona o comunidad.

La inteligencia artificial puede procesar textos religiosos con aparente solvencia, pero carece de conciencia, pertenencia comunitaria y responsabilidad moral. Puede asistir a quien interpreta, no sustituir a la comunidad, la conciencia ni la autoridad legítima.

La distinción excede lo religioso: las decisiones algorítmicas afectan concepciones de la persona, criterios de justicia, libertades y relaciones de poder. Su gobernanza debe integrar tecnología, ética, bioética, derecho, religión, derechos humanos y políticas públicas.

La cuestión central, hoy, concluyó Szlajen, ya no es sólo cómo proteger nuestros datos, sino cómo preservar la libertad interior frente a tecnologías capaces de anticipar decisiones, atribuir identidades e intervenir en nuestras conciencias.