POLITICA
El Gobierno, en racha de costos políticos: mala praxis y cerrazón ideológica
La primera semana de agosto termina como arrancó: con alta intensidad política. Se sucedieron hechos variados, desde la escalada presidencial contra Lula da Silva -y el consiguiente deterioro de las relaciones con Brasil- hasta la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina. También, un paro nacional de docentes y una suba de los índices de pobreza. En esa sucesión vertiginosa, sobresalieron dos daños autogenerados por el oficialismo: el desgaste sufrido para aprobar en el Senado lo que quedó del proyecto sobre propiedad privada y el inédito conflicto que paralizó los puertos de todo el país durante cuatro días. Fue, otra vez, una mezcla de mala praxis y cerrazón ideológica. Puro microclima del poder.
La racha de costos que se provoca a sí mismo el oficialismo registra también las internas, densas. Algunas son renovadas aunque por ahora contendidas, entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo. Y añaden, según el tema, tensiones con Patricia Bullrich y últimamente, malestar con Federico Sturzenegger. El punto máximo lo escribe la relación sin retorno con Victoria Villarruel, cuya renuncia fue reclamada por Diego Santilli y Pablo Quirno. Con todo, los dos renglones señalados en primer lugar son los de mayor impacto. Tanto, que desde el oficialismo ya se dejan trascender correcciones para la tarea legislativa de LLA, junto a la reducción de lo que había sido anunciado como una ola de proyectos “reformistas”.
El recorte significativo del texto original de inviolabilidad de la propiedad privada, obra de Sturzenegger con amplio aval del Presidente, no fue un hecho de un par de días, un espasmo. En rigor, comenzó a poco de que el proyecto ingresara al Senado y reprodujo, entre aliados, socios y dialoguistas recelos repetidos, y desatendidos, por la amplitud de la iniciativa. Es cierto que el caso Adorni perjudicó el intento inicial de hacer rodar el tema, pero lo ocurrido esta semana indica un problema más profundo.
El oficialismo, como suele ocurrir en estos casos, hizo circular explicaciones referidas sólo a elementos externos. Ninguna incluyó algo parecido a un cuestionamiento sobre su papel y, en todo caso, se trató de facturas domésticas. Patricia Bullrich dijo que el larguísimo caso de Manuel Adorni -que este mes sumaría novedades en la Justicia- impidió avanzar con el proyecto. Y conjeturó que habría sido votado entonces sin rechazos como los que fueron agudizándose en las últimas semanas.
En la misma línea, fue alimentada la idea según la cual el efecto Mundial también complicó los planes del Gobierno. En otras palabras, se aventuró que el clima social -especialmente, a partir del partido con Inglaterra y la bandera por Malvinas- giró fuertemente y profundizó el rechazo al capítulo que buscaba modificar la ley de tierras. Eso -es decir, la afirmación del concepto de “extranjerización”– fue considerado elemento central del cálculo político de senadores dialoguistas. Los “tibios” en versión de Joaquín Benegas Lynch, que agravó el enojo ya extendido en espacios de buen trato con LLA.
La cronología indica que el problema con este proyecto había comenzado mucho antes. En mayo, fue dado de baja el artículo que buscaba eliminar de hecho el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue el primer síntoma de los problemas que podría enfrenar el oficialismo con un texto que modificaba varias leyes sensibles. Entre el martes y el miércoles último, el oficialismo negoció finalmente excluir el capítulo sobre la ley de tierras. Y el jueves bien entrada la noche, ya en el recinto, cayó el tramo que pretendía cambiar la ley sobre manejo del fuego.
La aprobación de lo que quedó del proyecto -básicamente, aceleración de desalojos y cambios sobre expropiaciones de bienes por parte del Estado- dejó sabor de derrota en el Gobierno. Para entonces, el oficialismo había registrado rechazos –señales de diferenciación, al menos– de parte de la UCR y de gobernadores de buen diálogo con los operadores de la Casa Rosada (Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén), además de malestar en una franja del PRO.
Hubo, sin dudas, un fracaso en el terreno comunicacional, especialmente sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. También podría anotarse una ironía sobre el debut del giro “nacionalista” en el discurso libertario. Parte del mismo intento de recuperar iniciativa, arrancó con problemas la idea de poner en marcha el Congreso con iniciativas propias. En Diputados, comenzó a caminar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con puntos a negociar, y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, que genera de entrada un choque con la oposición por la situación de funcionarios que puedan adherir a este régimen. Algo así como una estribación de la serie de Adorni.
Pero más de fondo, asoman al menos dos problemas de arrastre. Uno es de “mala praxis” en continuado: la intención de impulsar “grandes reformas” entendidas como proyectos que afectan muchas otras leyes. Ocurrió en su momento con la Ley Bases, podada en sucesivas negociaciones para lograr su aprobación. Y en los últimos días, con la iniciativa sobre propiedad privada. El oficialismo busca adhesiones -la contracara son los tratos con jefes provinciales-, en lugar de plantear debate sobre proyectos individuales para cada reforma a leyes de peso. Es algo que le han señalado algunos legisladores dialoguistas.
El otro tema es la cerrazón ideológica o, si se prefiere, la visión de poder. Existe, en el fondo, un estrato de origen más que presidencialista, que supone que el Ejecutivo nacional está por encima de los otros poderes. Y que el resultado de una elección debe ser interpretado sólo como alineamiento acrítico con el ganador. En algunos casos de manera expresa, el disgusto con el Congreso -cuando fracasa un proyecto o es podado para su aprobación- va acompañada por la idea de forzar las cosas por decreto.
No siempre funciona, porque, como suele decirse, juegan también otros actores. La demostración más cercana fue expuesta por el conflicto con los prácticos, que paralizó la actividad portuaria en todo el país y terminó por donde debería haber empezado: el armado de mesa de negociación. Y para avanzar, dejó sin efecto el decreto. Tampoco en este caso resultó posible una discusión de fondo, sin dudas necesaria.
Fue una experiencia costosa, en todo sentido, al igual que el capítulo del Senado. Se verá cómo impacta semejante sucesión de hechos en Olivos, necesitado de acuerdos para coronar los proyectos considerados prioritarios para su plan releccionista. Y también, aunque suene contradictorio, atado a la idea de fabricar o sostener un “enemigo” como forma de construcción política en blanco y negro.
POLITICA
La Corte Suprema sesionará este viernes de forma extraordinaria y podría definir el futuro de la Ley de Tierras
La Corte Suprema sesionará este viernes, a las 9, para resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, en una reunión convocada de urgencia que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
El expediente que tiene para resolver el tribunal incluye un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si la Corte concede esa cautelar, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de predios rurales por ciudadanos extranjeros volverían a estar vigentes. Constitucionalistas con experiencia en el tribunal advierten que una resolución directa del máximo tribunal —sin reenviar el caso a primera instancia— sería una decisión de carácter excepcional.
La sesión extraordinaria se explica por un punto muerto interno: los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar. Sin tres votos no hay sentencia posible, por lo que el tribunal convocó a dos conjueces para desempatar.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos camaristas compartían hasta hace poco su participación en tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la que renunciaron en diciembre del año pasado tras un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que la Corte ordenara el cese de todos los jueces en esas funciones.
La urgencia del tribunal quedó plasmada en una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El documento redujo el plazo habitual de 72 horas para que la integración quedara consentida y dispuso que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, el término se fijara en 24 horas. Para garantizarlo, la resolución habilitó expresamente “días y horas inhábiles”.
La causa que ahora llega a la Corte fue iniciada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Árbol de Pie y los demás demandantes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó íntegramente la Ley de Tierras. El planteo fue derivado a la Cámara Federal de La Plata por considerarse conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), pero ningún tribunal llegó a tratar el fondo del asunto.
Los promotores del caso subrayan que su legitimación es propia y diferente a la del CECIM: no invocan la soberanía nacional, sino “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas” sobre sus territorios ancestrales.
El contexto que precipitó esta sesión extraordinaria se remonta al martes de la semana pasada, cuando la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El tribunal argumentó que el CECIM carecía de legitimación activa para impulsar el amparo, lo que generó una ola de críticas y una amenaza concreta de la oposición de impulsar en el Congreso la derogación de todo el DNU 70/2023, con una sesión especial prevista para el próximo jueves.
Tras la controversia, la Corte difundió un comunicado en el que aclaró que su fallo solo había resuelto una cuestión procesal y que “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”. Sin embargo, Rosenkrantz no participó de la redacción ni convalidó ese documento, según informaron desde su vocalía.
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La diputada peronista cuestionó al ministro de Economía por la caída de la actividad y el consumo. También puso en duda su diagnóstico sobre el crecimiento y reclamó su salida del Gobierno.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz aprovechó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina para lanzar una dura crítica contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamar su salida del Gobierno. Con una ironía sobre el apodo de “Messi de las finanzas” que recibió el funcionario, la dirigente peronista cuestionó los resultados del programa económico y sostuvo que, a diferencia del capitán argentino, su retiro sería motivo de celebración.
“Ahora parece que el Gobierno quiere organizarle la despedida al Messi de las finanzas, Toto Caputo”, escribió Tolosa Paz en su cuenta de X. La legisladora acusó al ministro de haber manejado la economía nacional durante seis de los últimos once años y lo definió como “una máquina de destruir”. El mensaje llegó dos días después del homenaje al futbolista en el estadio Monumental, que reunió a dirigentes de distintos espacios políticos en un reconocimiento poco habitual por su transversalidad.
Tolosa Paz buscó confrontar el discurso oficial de recuperación con los indicadores de actividad y consumo, dos variables que se convirtieron en uno de los principales puntos de disputa entre el Gobierno y la oposición. El cuestionamiento también apuntó a la estrategia de Caputo de presentar la desaceleración como una pérdida de velocidad del crecimiento y no como una recesión.
“Caputo, ¿en qué país vivís? Vos decís ‘crecemos hace 29 meses’ y el INDEC te desmiente en la cara: -2,9% en julio, el derrumbe más grande desde el año 2020”, afirmó la diputada. El dato corresponde a la caída mensual desestacionalizada de la actividad económica, mientras que la comparación interanual registró una contracción del 1,4%. Según las cifras oficiales, fue el retroceso mensual más pronunciado desde abril de 2020, durante las restricciones por la pandemia.
La crítica tuvo como antecedente inmediato las declaraciones que Caputo realizó el sábado pasado en París, durante el cierre de la Argentina Week. Allí, el ministro rechazó que la economía estuviera atravesando una recesión y defendió su interpretación de los indicadores. “Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, sostuvo. Para fundamentarlo, recurrió a la serie tendencia-ciclo del INDEC, que mostraba una variación positiva del 0,2% mensual, en contraste con la fuerte caída de la serie desestacionalizada.
Mientras el equipo económico insiste en que la estabilización macroeconómica permitirá recuperar la actividad y atraer inversiones, el peronismo procura instalar en el debate público las dificultades que atraviesan los sectores vinculados al mercado interno. La industria manufacturera cayó 4,6% interanual en julio y el comercio retrocedió 5,1%, mientras que la minería y la pesca registraron avances. Esa disparidad entre sectores alimenta la discusión sobre el alcance de la recuperación.
Tolosa Paz también cuestionó las proyecciones oficiales de crecimiento. “Los que antes proyectaban que crecíamos 1,3%, ahora dicen que nos hundimos 1,1%. Tu presupuesto establecía que la Argentina crecería el 5%, después lo bajaste al 3,5% y ya está en 1,2% con suerte”, escribió. Con esos números, que presentó como parte de su crítica política, la diputada intentó poner el foco en las sucesivas revisiones de las expectativas económicas y en la distancia entre los pronósticos y los resultados.
“El consumo no cae por el riesgo kuka, sino que se retrae porque la gente no llega a fin de mes, porque le destrozaste el bolsillo y provocaste una brutal transferencia de ingresos”, sostuvo. La referencia apuntó a uno de los argumentos utilizados por Caputo para explicar la cautela de los inversores: la incertidumbre política asociada con un eventual regreso del kirchnerismo. Desde París, el ministro había vinculado parte de la evolución del riesgo país con esa preocupación.
La ofensiva de la legisladora se inscribe en un momento en el que la discusión económica comienza a adquirir una dimensión electoral de cara a 2027. Para la oposición, el deterioro de los ingresos y las dificultades de recuperación de la industria y el comercio ofrecen un terreno para cuestionar la política oficial. El Gobierno, en cambio, sostiene que el equilibrio fiscal, la desinflación y la recuperación del crédito constituyen las bases de un crecimiento más sostenido. Son dos interpretaciones enfrentadas sobre la marcha de la economía y, también, sobre los resultados que cada espacio buscará exhibir ante los votantes.
“Te presentaron como ‘el Messi de las finanzas’, pero a diferencia del verdadero, todos seremos muy felices cuando te retires y dejes de hacerle daño a un pueblo que endeudaste como nadie hizo en la historia”, escribió Tolosa Paz.
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Causa Vialidad: la Cámara de Casación confirmó el decomiso de los bienes que están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos con los que Máximo y Florencia Kirchner buscaban suspender el decomiso de sus bienes, ordenado en la causa Vialidad.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles las presentaciones de los hijos de Cristina Kirchner. El inicio del remate, de todos modos, sigue sujeto a lo que resuelva la Corte Suprema.
La orden original sostiene que los condenados en Vialidad deben devolver al Estado un monto actualizado de $684.990.350.139,86 por los daños ocasionados.
La apelación resaltó que Máximo y Florencia Kirchner no están condenados en Vialidad, por lo que solicitaron que se suspenda la orden de ejecución y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte se pronuncie al respecto. Los recursos apuntaban contra una resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado planteos contra la ejecución dispuesta el 26 de agosto.
Casación consideró que esa decisión no era recurrible, ya que no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, y tampoco impedía la continuación del trámite.
Para los jueces, Máximo y Florencia, además, no demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. El tribunal destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas de manera definitiva: su tratamiento fue diferido y puede retomarse en la oportunidad procesal correspondiente. Con ese criterio declaró inadmisibles los recursos y dejó habilitada la continuidad del trámite de ejecución del decomiso dispuesto en Vialidad.
Los bienes identificados por la Justicia
Uno de los activos más relevantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año, entre ellos uno de 44.106 y otro de 87.046 metros cuadrados respectivamente.
En el lista del decomiso, se encuentra también el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos: uno propiedad de la firma Los Sauces SA, donde se levanta la “Casona”, y otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— que integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.
La expansión en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, algunos de los cuales fueron comprados a valores bajos y luego revalorizados con el desarrollo turístico. Entre ellos figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, en el que posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.
En Río Gallegos, la lista incluye un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos más relevantes es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades, que fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle —Mitre al 500— que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
A esos inmuebles se suma una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en la capital santacruceña.
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