La 37ª Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) volvió a realizarse Tierra del Fuego después de 30 años: entre el 5 y el 8 de octubre, Ushuaia recibió a los responsables de los seis programas antárticos de América Latina.

El encuentro se produjo en un momento de tensión diplomática abierta por Malvinas. El 22 de septiembre, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas en las aguas que rodean las islas. En paralelo, la administración británica avanza en el fortalecimiento de su infraestructura portuaria: el proyecto para reemplazar la terminal actual de Puerto Argentino apunta a ampliar la capacidad para recibir buques de gran porte y posicionarlo como un punto de acceso alternativo al continente antártico.

Frente a ese proceso, el gobierno argentino anunció una ampliación de recursos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, con el objetivo explícito de consolidar al país como polo logístico de referencia en la región. La ciudad ya figura entre las cinco puertas de entrada reconocidas internacionalmente a la Antártida, junto con Punta Arenas, Ciudad del Cabo, Hobart y Christchurch, y se encuentra a unos 1.000 kilómetros de la península antártica.

Según un análisis de competitividad elaborado por FINNOVA, la fundación que impulsó la candidatura de Ushuaia como sede de la RAPAL, esa ubicación puede implicar un ahorro de al menos dos días de navegación respecto de otras alternativas, según cada operación. Esa ventaja posiciona a la ciudad en la disputa por captar servicios de abastecimiento, transporte de personal y apoyo a campañas científicas.

Participaron del encuentro delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay —los seis miembros plenos del foro—, con Colombia y Venezuela presentes como observadores. La agenda abarcó la coordinación de campañas antárticas, el aprovechamiento conjunto de capacidades logísticas y el impulso a proyectos científicos de alcance regional.

“La RAPAL tiene el objetivo de fortalecer la posición de Latinoamérica en el marco del Sistema del Tratado Antártico”, señaló Fernando Chiesa, cofundador de FINNOVA, que estuvo a cargo de la organización local del evento en articulación con la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).

Proyecto para estudiar microplásticos en la Antártida

Entre las iniciativas concretas que se debatieron figura un programa latinoamericano para detectar la presencia de microplásticos en el continente antártico, coordinado por Argentina. El proyecto busca armonizar los métodos de muestreo y análisis que aplica cada país con base en protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La logística regional también concentró parte de las discusiones. El sector privado ya registra presencia en la actividad antártica argentina: en febrero de este año se concretó el primer vuelo civil desde Ushuaia hacia la reconstruida Base Petrel, a bordo de un King Air B200 y con apoyo del Comando Conjunto Antártico. FINNOVA impulsó además PolarUsh, el Clúster Polar Ushuaia, con el fin de articular empresas e instituciones capaces de brindar servicios a los distintos programas antárticos de la región.

El 7 de octubre se realizó, en paralelo a la RAPAL, un Foro de Ciencia, Logística e Innovación Antártica orientado a vincular las necesidades de los programas nacionales con las capacidades de investigadores, instituciones académicas y empresas privadas. La discusión de fondo fue cómo convertir la proximidad geográfica de Argentina, su infraestructura y sus capacidades científicas en una mayor participación en las operaciones hacia la Antártida, en un momento en que el continente blanco y el Atlántico Sur vuelven a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica de la región.

Representantes de FINNOVA en Ushuahia – Reunión de (RAPAL) en Ushuaia

El intendente de Allen, Marcelo Román, quedó más cerca de tener que someter su continuidad a una votación popular. La iniciativa para revocar su mandato superó las 4579 firmas y ahora el Concejo Deliberante deberá formalizar el avance del proceso y definir la fecha del referéndum.

En paralelo, el jefe comunal enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, una causa por la que ya había sido suspendido preventivamente. La situación de Román puede terminar con su salida de la intendencia por dos vías diferentes.

Por un lado, los vecinos deberán decidir en el referéndum si continúa o deja el cargo, una vez que el Concejo complete los pasos previstos por la normativa municipal. Por otro, la Carta Orgánica establece que una condena firme en la causa penal derivaría en su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo en caso de que siguiera suspendido.

La recolección de adhesiones comenzó formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran respaldar el pedido. El requisito establecido por la Carta Orgánica representa el 20% del padrón de 2023.

La Corte Suprema sesionará este viernes, a las 9, para resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, en una reunión convocada de urgencia que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

El expediente que tiene para resolver el tribunal incluye un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si la Corte concede esa cautelar, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de predios rurales por ciudadanos extranjeros volverían a estar vigentes. Constitucionalistas con experiencia en el tribunal advierten que una resolución directa del máximo tribunal —sin reenviar el caso a primera instancia— sería una decisión de carácter excepcional.

La sesión extraordinaria se explica por un punto muerto interno: los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar. Sin tres votos no hay sentencia posible, por lo que el tribunal convocó a dos conjueces para desempatar.

Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.

Los dos camaristas compartían hasta hace poco su participación en tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la que renunciaron en diciembre del año pasado tras un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que la Corte ordenara el cese de todos los jueces en esas funciones.

La urgencia del tribunal quedó plasmada en una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El documento redujo el plazo habitual de 72 horas para que la integración quedara consentida y dispuso que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, el término se fijara en 24 horas. Para garantizarlo, la resolución habilitó expresamente “días y horas inhábiles”.

La causa que ahora llega a la Corte fue iniciada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Árbol de Pie y los demás demandantes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó íntegramente la Ley de Tierras. El planteo fue derivado a la Cámara Federal de La Plata por considerarse conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), pero ningún tribunal llegó a tratar el fondo del asunto.

Los promotores del caso subrayan que su legitimación es propia y diferente a la del CECIM: no invocan la soberanía nacional, sino “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas” sobre sus territorios ancestrales.

El contexto que precipitó esta sesión extraordinaria se remonta al martes de la semana pasada, cuando la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El tribunal argumentó que el CECIM carecía de legitimación activa para impulsar el amparo, lo que generó una ola de críticas y una amenaza concreta de la oposición de impulsar en el Congreso la derogación de todo el DNU 70/2023, con una sesión especial prevista para el próximo jueves.

Tras la controversia, la Corte difundió un comunicado en el que aclaró que su fallo solo había resuelto una cuestión procesal y que “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”. Sin embargo, Rosenkrantz no participó de la redacción ni convalidó ese documento, según informaron desde su vocalía.

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