POLITICA
La UTEP y los cartoneros invitaron a León XIV a recorrer una villa y un centro de reciclado en su visita a la Argentina
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) enviaron una carta al Vaticano con una invitación para que el papa León XIV conozca de primera mano la vida y el trabajo de los movimientos populares durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El viaje del pontífice, confirmado oficialmente por la Santa Sede, incluirá también Uruguay y Perú, en lo que será su primera gira apostólica por América del Sur.
La misiva a la que accedió Infobae, fechada el 5 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no fue dirigida directamente al Santo Padre, sino al cardenal Michael Czerny S.J., prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con copia a Sor Alessandra Smerilli, al cardenal Fabio Baggio y a Monseñor Jozef Barlaš. La carta fue firmada por Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, y por Sergio Alejandro Sánchez, presidente de la FACCyR.
La elección del destinatario no es casual. El Dicasterio que encabeza Czerny fue, durante el pontificado de Francisco, el principal interlocutor vaticano de los movimientos populares de todo el mundo y el impulsor de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. En ese espacio también participó Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien integró el organismo durante los años del papado del primer pontífice latinoamericano.
La invitación: asamblea, reciclado y barrio popular
La carta le pide a Czerny que acerque al jefe del Vaticano el deseo de un encuentro y plantea tres opciones concretas. La primera, una gran asamblea en la sede del sindicato (por la UTEP), a la que definieron como “una oportunidad histórica para encontrarse con quienes representan cotidianamente las tres T: Tierra, Techo y Trabajo”. La segunda, una visita a un centro de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires, “donde trabajadores y trabajadoras cartoneras sostienen con su esfuerzo un sistema de reciclado con inclusión social, generan trabajo digno y cuidan la casa común”. La tercera, un recorrido por un barrio popular del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde miles de familias construyen cotidianamente el hábitat, la alimentación, la salud y el cuidado comunitario.
Las propuestas, señala el texto, pueden también realizarse en Luján o en la provincia de Córdoba, dos de las otras ciudades que visitará el pontífice. Y los firmantes anticipan que, si la agenda de León XIV no permitiera el desplazamiento, irán ellos al lugar donde pueda recibirlos. “Lo fundamental para nosotros es que pueda producirse este encuentro: poder escucharlo, compartirle la situación que atraviesan nuestros pueblos y renovar personalmente el compromiso que nació de sus palabras”, aclararon.
La carta describe un momento de presión sobre las organizaciones: “Atravesamos un momento muy difícil. En la Argentina y en buena parte de nuestra región, los movimientos populares están siendo profundamente golpeados. Las experiencias de trabajo autogestionado, las cooperativas, los procesos de integración urbana, los espacios comunitarios, las redes de cuidado y las respuestas populares frente al hambre y la exclusión están siendo debilitados o desmantelados”.
Y agrega: “Vemos con preocupación cómo vuelven a imponerse valores que colocan al dios Dinero por encima del trabajo humano, de la dignidad de las personas y del cuidado de los más pobres”. En ese marco, la presencia del Papa junto a los movimientos populares, sostienen, “no se trataría solamente de una actividad dentro de su agenda, sino de un signo concreto de una Iglesia que escucha, acompaña y camina con los pobres y los trabajadores excluidos”.
Gramajo y Sánchez también piden que las autoridades del dicasterio acompañen al Santo Padre durante la visita al país y extienden la invitación a la nueva prefecta del organismo: “El Dicasterio ha sido nuestra interlocución más fuerte dentro del Vaticano y un actor fundamental en el camino de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. En esta nueva etapa, queremos seguir construyendo juntos una relación cercana y concreta entre la Iglesia y las organizaciones populares”.
Los recicladores: trabajo invisible, servicio esencial
Los cartoneros y recicladores urbanos son hombres y mujeres que viven en barrios periféricos y se ganan la vida recogiendo, clasificando y vendiendo cartón, papel y otros residuos reciclables. Trabajan en la informalidad, sin cobertura médica ni protección social, pero su labor tiene un impacto concreto y medible sobre el medioambiente urbano: reducen la cantidad de residuos que llegan a los vertederos y sostienen cadenas de reciclado que ningún sistema formal podría reemplazar. “Sin cartoneros no hay reciclaje y el reciclaje sin cartoneros es basura”, es una frase que circula entre los movimientos del sector en distintos países, según publicó Vatican News al cubrir el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se llevó adelante entre el 21 al 24 de octubre de 2025 y que contó con el apoyo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y donde representantes sociales y de la economía popular de todo el mundo reflexionaron y propusieron actuaciones sobre los grandes temas de la Tierra, el Techo y el Trabajo, que el papa Francisco calificó como los “derechos sagrados” de la dignidad humana. El día 23 se reunieron con el papa León XIV y el sábado 25 y el domingo 26 participaron en la peregrinación jubilar de los Movimientos Populares, como parte del Jubileo de los equipos sinodales y los órganos de participación, resaltando su compromiso al servicio de la justicia social y el bien común.
En la Argentina, ese trabajo se organiza a través de cooperativas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la FACCyR, que lograron construir en la Ciudad de Buenos Aires un sistema de reciclado con inclusión social reconocido internacionalmente. El modelo demuestra que los trabajadores, cuando se organizan, pueden ser protagonistas de la gestión ambiental y no solo sus beneficiarios marginales.
Francisco, el Papa cartonero
El papa Francisco mantuvo con los cartoneros, los recicladores urbanos y los movimientos sociales del mundo una relación que sus propios protagonistas definen como una alianza histórica. Desde su etapa como arzobispo de Buenos Aires, conoció de cerca la actividad de estas personas y validó su organización como una respuesta digna a la exclusión. Como sumo pontífice, los convocó a cuatro Encuentros Mundiales de Movimientos Populares, los llamó “poetas sociales” y los reconoció como custodios de la casa común. El apodo que le dieron —el Papa Cartonero— resume esa cercanía.
Su fallecimiento el 21 de abril de 2025, a los 88 años, dejó un legado que estos sectores reivindican con fuerza. “Francisco nos dio un gran impulso y nos dejó la misión de seguir peleando de forma constructiva por la tierra, el techo y el trabajo, por la igualdad que todos merecemos”, dijo Sergio Sánchez durante el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares. En ese mismo evento, el cardenal Czerny evocó el sueño de Francisco: que los movimientos populares no fueran simplemente acogidos por la Iglesia, “sino reconocidos como parte viva, pensante y activa” de ella.
La carta de Sergio Sánchez
En paralelo a la misiva institucional de la UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Sánchez envió su propia carta al papa León VIV. Su historia personal da peso a cada párrafo de la sentida misiva. Fue el primer cartonero de Villa Fiorito —el mismo barrio donde nació Diego Armando Maradona— y desde allí construyó junto a un joven Juan Grabois el MTE. El 19 de marzo de 2013, cuando Francisco asumió el papado, fue uno de los dos argentinos que lo flanquearon en ese momento histórico, junto a un trabajador docente. Y cuando el primer papa latinoamericano murió, Sánchez estuvo junto al féretro, como testigo de una historia que él mismo ayudó a escribir.
En su carta, le dice a León XIV:
“Me animo a escribirle porque en su discurso del año pasado dirigido a los movimientos populares usted nos dijo: ‘¡Estoy con ustedes!’. Esas palabras quedaron profundamente guardadas en nosotros.
El papa Francisco fue un gran compañero en esta lucha. Nosotros lo apodamos el Papa Cartonero. Él supo mirar y reconocer la dignidad de nuestro trabajo, el de los cartoneros y recicladores, y nos llamó ‘poetas sociales’.
Soy el presidente de los recicladores en mi país y quiero contarle que un sistema que construimos con mucho esfuerzo, desde el descarte y con el trabajo de miles de compañeros, y que hoy es reconocido como una experiencia de referencia en el mundo, corre el riesgo de ser desmantelado en los próximos días.
Creamos, desde la nada, un programa de reciclado en la ciudad de Buenos Aires que se convirtió en una experiencia única. Lo hicimos organizándonos, trabajando y cuidando nuestra Casa Común, transformando aquello que otros desechan en una oportunidad para nuestras familias y para toda la sociedad.
Hoy, este camino está en riesgo. Se pretende modificar un modelo que fue construido con mucho esfuerzo y que ha demostrado que los trabajadores, cuando se organizan, pueden ser protagonistas de la transformación de la realidad y del cuidado de la Creación.
Por eso, sería de enorme valor para nuestra lucha que pudiera venir a conocer con sus propios ojos esta experiencia y encontrarse con los trabajadores que, día a día, la hacemos posible.
Sería para nosotros una enorme alegría poder recibirlo, compartir con usted nuestra realidad y mostrarle este trabajo que llevamos adelante con dignidad, esperanza y fe en que un mundo más justo es posible.
Ojalá pueda hacerse un hueco en su ocupada agenda para acercarse a nosotros y conocer este modelo que tanto significa para nuestro pueblo.
Con mucho cariño, Sergio Sánchez«.
La organización de la Conferencia Episcopal Argentina
Desde hace dos meses, distintos equipos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) trabajan en los preparativos de la visita del papa León XIV. La Comisión Nacional está encabezada por el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, e integrada por monseñor Raúl Pizarro, monseñor Jorge García Cuerva, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, monseñor Alejandro Musolino y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
El Equipo Coordinador General —a cargo de la planificación operativa— está liderado por monseñor Pizarro como coordinador general, el presbítero Taricco como director operativo y el contador Pablo Sabatté como gerente de proyecto.
Las áreas de trabajo abarcan comunicación, logística, voluntarios, eventos y liturgia, contenidos y recursos. En Buenos Aires, Córdoba y Luján se conformarán equipos locales articulados con el equipo nacional y con la Santa Sede. El objetivo declarado es “preparar a nuestro país para recibir al papa León XIV y favorecer su encuentro con el Pueblo de Dios y con toda la sociedad argentina”.
La orfandad de los “poetas sociales”
Los movimientos sociales de la Argentina y de más de cien países encontraron en el papa Francisco a un líder religioso, también político, pero sobre todo religioso; que expuso, como ningún sucesor del apóstol Pedro, un fenómeno que hacía varias décadas irrumpió en el mundo en un contexto de transformaciones económicas, exclusión del mercado formal de trabajo y reorganización de las economías locales en distintas regiones, especialmente en América Latina, Asia y África.
El fallecimiento de Jorge Bergoglio dejó huérfanos a esos sectores postergados. “Seguirás sembrando esperanza por siempre. Estarás presente en cada costurera, cartonero, cocinera, vendedor ambulante, trabajador rural, guiando nuestro camino por la Justicia Social. Siguiendo tus palabras, seguiremos militando en las calles, en los barrios, junto a los más humildes, combatiendo la deshumanización. No nos olvidaremos de quien nunca se olvidó de nosotros, porque amor con amor se paga”, expresaron desde sus redes sociales las organizaciones que integran la UTEP como sentida despedida al “Papa Cartonero”. Ahora, esos mismos dirigentes, esos mismos trabajadores informales que se ganan la vida reciclando, cuidando enfermos, zapando canteros o limpiando casas, esperan encontrar en Robert Francis Prevost a un firme continuador de Francisco y respaldo a la economía popular como parte central del legado social de su predecesor.
POLITICA
Crece la tensión por Malvinas: el gobierno británico anuncia que “protegerá” a las empresas que explotan recursos en las islas
Horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la presentación de la demanda ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, contra la explotación de recursos en las Islas Malvinas, el gobierno británico anunció que modificará su legislación para “proteger” a las empresas que desarrollen esas actividades.
“El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, comienza el comunicado oficial del gobierno laborista inglés. En él, se detalla que “las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”. La referencia es concreta, y apunta a la empresa británica Rockhopper, que junto a la israelí Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion, en aguas ubicadas al norte de las Islas.
“El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, agrega el comunicado del gobierno del primer ministro Andy Burnham.
El texto precisa que “el gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”. Habla de “presiones para cumplir con normativas internas argentinas” y califica de “lícitas” las actividades del proyecto Sea Lion, cuestionado por el gobierno argentino ante el tribunal internacional.
El acta de Protection of Trading Interests (PTI) es una ley del Reino Unido de 1980 cuyo objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido. Ya se aplicó en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, que afectaron intereses británicos. Autoriza a sus empresas a no cumplir con eventuales sanciones y a reclamar indemnizaciones cuando se ven afectadas por esas decisiones.
“El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de empresas británicas o radicadas en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a acatar medidas extraterritoriales dirigidas contra actividades legales vinculadas a las Islas Malvinas”, afirma el comunicado. También detalla que el gobierno británico “mantiene una estrecha colaboración con las empresas afectadas para brindarles apoyo”.
El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, declaró: “Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, afirmó que “el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme”.
Con un tono crudo y enérgico, el texto afirma que “los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables”. Además, señala que “las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por coacciones políticas”. Fustiga los “intentos de Argentina de coaccionar a empresas que desarrollan actividades lícitas”. Y advierte que “continuará evaluando todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y apoyar a los habitantes de las islas”.
El gobierno de Milei anunció este martes que solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.
Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la Secretaría Legal y Técnica.
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas —entre ellas, ciudadanos británicos— deben considerarse motivadas por razones políticas”.
Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion. De hecho, en el artículo de The Guardian aparece una declaración de Andrea Clausen, directora ejecutiva del gobierno de las Malvinas, en la que confirmó que el uso de Interpol por parte de la Argentina suponía “una amenaza”, aunque añadió: “Cabe esperar que Interpol no tome medidas necesariamente”.
la presentación de la demanda,fue anunciada por la Oficina del Presidente,como informó LA NACION,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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POLITICA
Discapacidad: Rodrigo Sbarra quedó a cargo de forma interina del área por el accidente que sufrió el nuevo secretario
El accidente de tránsito que sufrió a fines de septiembre el secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, apenas una semana después de su designación, generó nuevamente un clima de incertidumbre en un área especialmente sensible para el gobierno de Javier Milei. Mediante la resolución 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el organismo quedó de manera interina a cargo de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, quien afrontó una causa penal hasta 2023.
La seguidilla de recambios en el último mes se suma a las limitaciones presupuestarias del área, que generan reclamos en la calle y dificultades en el Congreso, y a la investigación por presunta corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud).
“Encomiéndase al titular de la Secretaría de Gestión Administrativa […] el despacho y la resolución interina de los asuntos concernientes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras dure el impedimento temporal de su titular”, indica la resolución 1376/2026, publicada el miércoles pasado.
Es que Di Liscia “sigue en similares condiciones: terapia intensiva e intubado”, comentó una fuente oficial a .
Respecto de la posibilidad de designar a un nuevo secretario de Discapacidad, señaló que “por ahora no hay certezas de qué se va a hacer”.
La resolución también delegó facultades en las subsecretarías de Políticas de Acceso y Apoyos y de Regulación, Certificación y Proyectos, en manos de Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, respectivamente. Ambas oficinas dependen de la Secretaría de Discapacidad.
En cambio, Sbarra depende directamente de Lugones. Este secretario es el número dos de la cartera.
Quién es Sbarra
En un área que acumuló controversias a lo largo del gobierno de Milei, quedó al frente un hombre cuyo currículum en la función pública tampoco está exento de polémicas.
Sbarra se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y luego fue denunciado por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en un escritorio del despacho que ocupaba hasta que dejó su función.
Entonces, afrontó una causa penal –iniciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, que dependía de Matías Kulfas– durante más de tres años, hasta que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita le hizo un requerimiento de justificación patrimonial y los bienes de Sbarra fueron sometidos a una serie de peritajes. Si bien él había dicho que el dinero se lo había “plantado” el kirchnerismo, los investigadores judiciales entendieron que era suyo, pero que no había motivos para avanzar con una causa por lavado de dinero ni por enriquecimiento ilícito porque tenía una situación patrimonial que justificaba que tuviera ese dinero en efectivo.
Sbarra es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por UCEMA. Antes de ser el número dos de Lugones –cargo al que llegó el 7 de julio pasado–, en este gobierno se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y, previamente, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Antes de su desembarco en la gestión de Cambiemos, el funcionario tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, durante los gobiernos kirchneristas, y del gobierno porteño.
Incertidumbre en Discapacidad
Este último capítulo se suma a una larga serie de controversias que atravesaron la gestión de Milei en materia de discapacidad. Solo en el último mes, tres funcionarios estuvieron a cargo del área.
El 21 de septiembre, Alejandro Vilches renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios. Su corrimiento se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluía la derogación de aspectos centrales de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. En paralelo, los legisladores oficialistas negociaban con sus aliados una salida para el conflicto.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Spagnuolo, extitular de Andis, apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
Tras la renuncia de Vilches, el Gobierno designó a Di Liscia como su reemplazante, quien había ocupado cargos en las gestiones macristas de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y de Horacio Rodríguez Larreta (Capital).
Sin embargo, el 29 de septiembre pasado, apenas una semana después de su nombramiento, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
Finalmente, el miércoles pasado se publicó la resolución que dejó el área bajo la responsabilidad de Sbarra.
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