POLITICA
El Gobierno mantiene contactos con Colombia por el terremoto y espera una definición para enviar ayuda humanitaria
La Casa Rosada mantiene contactos con Colombia por el terremoto y aguarda una definición de Bogotá para avanzar con el envío de asistencia humanitaria. La Argentina ya transmitió formalmente su disposición a colaborar, pero en Balcarce 50 aseguran que hasta el momento no recibieron un pedido o una aceptación específica que permita activar un operativo.
“No solicitaron nada formalmente”, expresan en Nación. En Cancillería remarcan que la Argentina ya ofreció asistencia humanitaria y transmitió oficialmente su disposición a colaborar, pero que todavía no recibió una respuesta de Bogotá para avanzar con un operativo concreto. El siguiente paso depende de que las autoridades colombianas acepten el ofrecimiento y comuniquen qué tipo de recursos necesitan. “Ofrecés asistencia y, si te dicen que sí, te ponés a disposición sobre los detalles”, explican en el Ejecutivo.
Ese esquema coincide con el protocolo argentino para operaciones de ayuda ante desastres. La normativa contempla tres vías: un pedido del Estado afectado, un ofrecimiento de la Argentina posteriormente aceptado por ese país o un llamamiento internacional. Una vez aceptada la oferta por vía diplomática, los gobiernos deben coordinar las necesidades prioritarias, el tipo de equipos, el lugar y la duración del despliegue.
Del lado colombiano también existe un procedimiento centralizado. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza la evaluación de daños y necesidades y, cuando requiere capacidades externas, Cancillería funciona como el canal oficial para coordinar la cooperación internacional. El propio gobierno colombiano estableció este año que los apoyos externos deben responder a necesidades identificadas técnicamente y no únicamente a las ofertas de terceros países.
Colombia ya comenzó a coordinar y recibir asistencia específica de distintos gobiernos. La Cancillería colombiana informó que este miércoles llegará a Pereira un primer envío desde México con 19,5 toneladas de alimentos y otros insumos, y anticipó que habrá vuelos adicionales durante los próximos días. En paralelo, comenzó a trasladarse desde El Salvador el primero de los dos aviones que transportarán un total de 100 toneladas de ayuda humanitaria.
En el caso de El Salvador, las autoridades colombianas transmitieron inicialmente que necesitaban principalmente insumos y que sus equipos de rescate, médicos y cuerpos de emergencia estaban desplegados. El gobierno de Nayib Bukele dispuso entonces dos vuelos con 100 toneladas de alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. La Cancillería colombiana confirmó que el primer avión ya partió rumbo a Cali y agradeció públicamente la asistencia.
Los requerimientos varían según las capacidades ofrecidas por cada país. Estados Unidos informó que, a pedido de la administración de Abelardo de la Espriella, movilizó equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano de Fairfax County y Los Angeles County. México, en cambio, envió 19,5 toneladas de despensas que serán recibidas en Pereira. El esquema muestra que Bogotá está canalizando de forma diferenciada personal especializado, alimentos, medicamentos y otros recursos según las necesidades de la emergencia.
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Otros países también ofrecieron cooperación. Ecuador y Chile, entre otros, pusieron a disposición distintos tipos de asistencia, aunque no todos los ofrecimientos se tradujeron inmediatamente en despliegues. La respuesta colombiana está siendo diferenciada según el origen de la ayuda y las necesidades que se identifican a medida que avanzan las tareas sobre el terreno.
La Argentina hizo su ofrecimiento pocas horas después del sismo. El canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno se encontraba en contacto con las autoridades colombianas y que ya les había transmitido “la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”. En Balcarce 50 sostienen que esa oferta continúa vigente y que no hubo hasta ahora una respuesta concreta para activarla.
Cancillería y el Ministerio de Seguridad ratificaron esa posición en un comunicado conjunto en el que advirtieron además sobre la circulación de información falsa acerca de supuestos centros de acopio de donaciones para Colombia. Las dos carteras pidieron a la población no entregar insumos ni datos personales en esos puntos y remarcaron que cualquier iniciativa oficial será comunicada exclusivamente mediante los canales estatales.
El documento señala también que ambos ministerios mantienen contacto permanente con las autoridades colombianas y que ya transmitieron la disposición argentina para brindar la asistencia necesaria. Al mismo tiempo, Cancillería mantiene comunicación con su representación consular para seguir la situación de los argentinos que se encuentran en el país.
En la Casa Rosada todavía no detallan qué recursos pondrían a disposición porque aseguran que esa definición depende de la respuesta colombiana. El protocolo argentino establece precisamente que, una vez aceptado el ofrecimiento, deben acordarse las capacidades prioritarias, la cantidad de integrantes a movilizar, el equipamiento, el lugar de operación y el tiempo de permanencia.
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El antecedente inmediato es la misión argentina desplegada en Venezuela tras los terremotos de junio. En ese caso, el país envió 146 efectivos y seis perros especializados, además de equipos de búsqueda y rescate, personal sanitario, comunicaciones, potabilización de agua y apoyo logístico. La operación duró 18 días y posteriormente se reforzó con 16 toneladas de insumos médicos, medicamentos, alimentos y equipamiento.
El terremoto se produjo además pocos días después de la asunción de De la Espriella, a la que asistió Javier Milei, y en medio de un proceso de acercamiento político entre ambos gobiernos. La Casa Rosada había expresado tras su triunfo electoral la intención de ampliar la agenda bilateral, especialmente en seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio e inversiones.
Por ahora, el Gobierno argentino permanece en una instancia de ofrecimiento y coordinación diplomática. Colombia ya comenzó a aceptar, solicitar y recibir asistencia de Estados Unidos, México, El Salvador y otros países, pero en Cancillería aseguran que todavía no recibieron una definición equivalente para la Argentina. En Balcarce 50 sostienen que, una vez que Bogotá comunique qué recursos necesita y acepte formalmente el ofrecimiento, las áreas involucradas podrán preparar el eventual despliegue.
Casa Rosada, Colombia
POLITICA
Alejandro López, el juez que absolvió a los gremialistas, llegó al puesto gracias a un acuerdo de la Legislatura y es calificado de “garantista”
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez Alejandro Gabriel López, que absolvió a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El sorpresivo fallo del juez López argumentó que el bloqueo contra la empresa Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados), que alteró a gran parte de San Nicolás, fue parte del derecho a protestar.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En aquella sesión se aprobaron otros 16 pliegos, como por ejemplo María Laura Iglesia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro y Juan Carlos Tufari para el mismo cargo pero en Bahía Blanca.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
El juez no tuvo en cuenta que la denominada Ley Bases (27.742) aprobada durante el gobierno de Javier Milei, se establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se moderó, ni se endureció.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
Passaglia proviene del peronismo, luego integró el PRO y después, Juntos por el Cambio. Hoy critica al Gobierno nacional de Javier Milei.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
El abogado Fernando Soto, asesor de la senadora Patricia Bullrich, también cuestionó el fallo. “Los empresarios se cansaron de pagarle coimas a Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Para que les paguen, Cabaleyro les bloqueó la empresa. Lo denunciaron. Estuvo cuatro años preso. Pero la Justicia lo absolvió: dijeron que fue un ‘legítimo reclamo sindical’”.
“El juez justificó el delito”, se lamentó, a su vez, el empresario Ariel Rey, propietario de la compañía que sufrió el bloqueo sindical.
A su vez, el diario Norte, de San Nicolás, recordó que López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
Juan Pablo Valdés recorrió las zonas inundadas en Corrientes y reunió al Comando Operativo de Emergencias
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recorrió las localidades de Ituzaingó e Isla Apipé para relevar de manera directa el impacto de la creciente del río Paraná sobre las familias de ambas comunidades. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza; y los intendentes de cada municipio. La recorrida se enmarcó en el operativo de respuesta que el gobierno provincial mantiene activo ante la emergencia hídrica que afecta a distintos puntos de la provincia.
La avanzada del agua sobre los territorios ribereños derivó en la evacuación de familias y el traslado de animales en zonas como Apipé Chico, donde el nivel del Paraná comprometió viviendas y actividades productivas. Ante esa situación, el Ejecutivo correntino desplegó en el terreno a tres ministerios —Seguridad, Obras Públicas y Desarrollo Social— que ya iniciaron la entrega de los primeros módulos de asistencia a los damnificados. En paralelo, el mandatario anticipó la habilitación de un albergue para reubicar a las familias desplazadas.
La magnitud del fenómeno y la necesidad de una respuesta articulada llevaron a Valdés a encabezar este miércoles una reunión del Comando Operativo de Emergencia (COE) para revisar las acciones en curso y proyectar medidas de prevención de cara a los próximos meses. Ese encuentro marcó el eje institucional de la respuesta provincial ante los efectos de El Niño sobre la cuenca del Paraná.
En el primer tramo de la recorrida de este martes por la zona afectada, el gobernador llegó hasta Isla Apipé, donde dialogó con vecinos y autoridades locales. El intendente del municipio, Gustavo Figueredo, detalló en esa instancia la situación de los evacuados y las dificultades recurrentes que atraviesa la isla en cada período de crecida.
“Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados, y sobre las problemáticas que atravesamos en cada crecida”, afirmó Figueredo. El jefe comunal valoró la presencia de Valdés en el territorio y destacó “el compromiso nuevamente de trabajar en conjunto para enfrentar esto”.
Agregó: “Estamos contenidos por el Gobierno provincial”.
Desde Apipé, la comitiva continuó hacia Ituzaingó, donde el gobernador se reunió con el intendente Emilio Nicolás y equipos de las áreas de Desarrollo Social, Infraestructura y Producción. En ese punto se coordinaron acciones concretas para asistir a las familias evacuadas tanto en la ciudad como en Apipé Chico. También se avanzó con el traslado de animales, una tarea que el gobierno provincial lleva adelante junto al PRIAR —la policía rural— para reubicar el ganado afectado por el avance del agua.
Valdés ratificó en esa instancia el acompañamiento de la Provincia y subrayó la necesidad de organizar la contención posterior al fenómeno. “Vamos a trabajar con los pobladores en la reconstrucción de sus hogares, acompañar a los productores y estar cerca para todo lo que se necesite del Gobierno de Corrientes”, afirmó el mandatario.
Valdés convocó al COE para planificar la respuesta ante El Niño
Este miércoles, Valdés convocó a los integrantes del COE para una reunión de planificación en la que participaron representantes de los ministerios que componen el organismo y los intendentes de la capital correntina y de Paso de la Patria. El encuentro tuvo como objetivo central reforzar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno provincial para anticipar nuevos escenarios de riesgo. Uno de los ejes de trabajo fue el seguimiento de las cuencas costeras, al que se sumó la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo hídrico y la detección temprana de situaciones críticas, según informó El Litoral.
La planificación abarcó también medidas de asistencia a productores afectados y la elaboración de planes de contingencia en los sectores de educación, salud, desarrollo humano, infraestructura y logística. Desde el COE se remarcó la importancia de sostener las medidas preventivas durante los próximos meses, dado que el fenómeno de El Niño podría generar nuevas precipitaciones y tormentas sobre el territorio provincial. Entre las recomendaciones difundidas por el organismo figuran el mantenimiento de los barrios en condiciones adecuadas, la atención a las alertas meteorológicas y la consulta de los canales oficiales para seguir la evolución del tiempo.
El gobierno provincial indicó que la situación hídrica se encuentra actualmente controlada y que el monitoreo sobre las zonas afectadas es permanente. Las obras hídricas, de canalización y de entubamiento ejecutadas en distintas localidades en los últimos períodos permitieron actuar con mayor rapidez ante la creciente. La decisión sobre nuevas medidas quedará supeditada a la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días.
Juan Pablo Valdés,Corrientes,inundaciones
POLITICA
Marcha atrás: el Gobierno restituye la ley de tierras para blindar el DNU 70/23 y desactivar la ofensiva opositora en Diputados
En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la ley de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, anticipada por , llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar mañana al recinto y acompañar la ofensiva opositora. “Un manotazo de ahogado”, se quejaron desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra.
Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó dar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial y, al mismo tiempo, contener a sus aliados del Pro y la UCR.
Antes de la resolución judicial, ambos espacios le habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque contradice sus propios principios, para la administración libertaria se trata de una concesión meramente “funcional” y responde a un objetivo político mayor: preservar el DNU 70/23 de Javier Milei, frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, tras la media sanción del Senado.
Así, esta tarde la tropa de Martín Menem logró reunir las 34 firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría, con la ayuda del Pro y la UCR.
El texto incorpora al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, dos nuevos artículos: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.
Por su parte, el bloque peronista de Unión por la Patria presentó un dictamen en minoría en total rechazo de la iniciativa libertaria y acusó al bloque que comanda Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón” y dictaminado “entre gallos y medianoche”.
En alusión directa al proyecto aprobado en la Cámara alta, donde el oficialismo debió resignar el capítulo sobre extranjerización de tierras, que inicialmente eliminaba las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros y luego proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido. Una derrota que le pasó factura a los libertarios en el Senado.
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la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23,,el fallo de la Corte Suprema,,October 14, 2026,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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