POLITICA
Diputados: el oficialismo limitó Inocencia Fiscal para los funcionarios y avanzó con el dictamen
El oficialismo avanzó este miércoles con el dictamen de la reforma a la ley de Inocencia Fiscal, pero introdujo cambios para conseguir el respaldo de sus aliados. El principal fue excluir de los beneficios del régimen simplificado de Ganancias a quienes sean o hayan sido funcionarios públicos durante los últimos cinco años. También incorporó una reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que conducen los libertarios Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. Acompañaron la UCR, Pro, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Gisela Scaglia (Provincias Unidas) firmó en disidencia, mientras que los diputados de Elijo Catamarca no participaron.
El oficialismo en Diputados buscará darle media sanción el próximo 26 de agosto.
El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden utilizarlo para incorporar ahorros que se encuentran fuera del sistema formal.
Uno de los principales cambios respecto del régimen actual es la eliminación de los topes de patrimonio e ingresos para ingresar: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
A pedido de los bloques aliados, sin embargo, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión no podrán acceder a los beneficios del régimen. Desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura o jurados de enjuiciamiento.
Los funcionarios alcanzados podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero ya no tendrán los beneficios que el régimen concede al resto de los contribuyentes: no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.
Tampoco estarán alcanzados por la protección de la llamada “discrepancia significativa”, que fija el margen a partir del cual una diferencia detectada por el fisco hace caer los beneficios del régimen. Para el resto de los contribuyentes, esto ocurre cuando la diferencia implica un aumento superior al 15% del impuesto declarado o supera el piso del 5% establecido por la norma; actualmente, $5 millones-. Por debajo de esos límites, mantienen las protecciones del sistema. Para los funcionarios, en cambio, ese margen ya no se aplicará y ARCA podrá revisar su situación ante cualquier diferencia detectada.
Se trata de cambios que buscaron evitar casos como el del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni y José Luis Espert. En plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo el exdiputado naiconal, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.
El dictamen busca, además, aliviar las sanciones para las pymes. Establece una reducción permanente del 25% de las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% ya prevista para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que el contribuyente regularice el incumplimiento.
La iniciativa introduce otros cambios: limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por el organismo recaudador y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.
La defensa de la UIF
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Ruiz, defendió la reforma frente a las críticas de que podría debilitar los controles contra el lavado. Su argumento fue que el principal riesgo no está en la tenencia de efectivo, sino en el elevado nivel de informalidad de la economía, que mantiene una parte importante del dinero fuera de cualquier monitoreo.
“El riesgo no es la existencia del efectivo, no es el ahorro por parte de las personas que han trabajado o que tienen emprendimientos. El riesgo es el funcionamiento de esta economía informal”, afirmó. Según explicó, incorporar esos fondos al circuito formal permitiría que queden sometidos a los controles de bancos y otros sujetos obligados por la legislación antilavado.
Ruiz se detuvo especialmente en otro cambio del proyecto: la adhesión al régimen simplificado será considerada un “antecedente favorable” cuando las entidades financieras evalúen el riesgo de un cliente. Aclaró que eso no significa eliminar controles ni impide reportar una operación sospechosa.
Las críticas de la oposición
La oposición insistió en calificar la iniciativa como una nueva forma de blanqueo y puso el foco particularmente en la decisión del oficialismo de excluir ahora a los funcionarios, después de haber defendido la semana pasada una versión que no establecía esa restricción.
Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, reclamó que el oficialismo explicara qué motivó el cambio. “¿Quién nos va a contar cuáles fueron los fundamentos por los cuales han tomado la decisión de modificar este punto tan importante?”, preguntó.
Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, interpretó la exclusión como una marcha atrás del Gobierno y cuestionó además la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio. “¿Cómo se va a modificar esta situación de permanente elusión y evasión de impuestos si se premia a los evasores con moratorias, blanqueos y regímenes como este?”, planteó.
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Tres desarrolladores crearon un videojuego en Formosa donde el gobernador Gildo Insfrán pelea contra un león con una motosierra
Tres desarrolladores crearon en Formosa un sorprendente videojuego basado en el gobernador Gildo Insfrán, donde el personaje principal construye obra pública y lucha contra un león con una motosierra, en clara referencia al presidente Javier Milei.
“Gildus” fue presentado por el profesor de música Bruno Sánchez, el estudiante de contabilidad y programador Rodrigo Sánchez y Rodrigo Abogado en la Game Jam 2026 que se llevó a cabo en Formosa del 25 al 28 de septiembre.
“No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego sobre uno de los superhéroes favoritos de la provincia”, dijo Bruno Sánchez al comenzar su exposición.
Y agregó: “Para los que viven afuera, llaman la atención todas las obras públicas [en Formosa] hechas por el gobierno provincial que tienen techos azules”.
La Game Jam forma parte del programa “Desarrolladoras: Brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos”, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), UNESCO Montevideo y el Gobierno de Formosa, junto a Women in Games Argentina.
El juego
En el primer nivel, “Gildus” debe recolectar monedas y comprar cajas que, en su interior, tienen tejas azules. El objetivo en ese nivel es que el personaje, idéntico al gobernador, consiga suficientes cajas para construir los edificios correspondientes.
“Va juntando cajas con tejas azules para construir escuelas, hospitales, teatros, polos científicos, estaciones de bomberos…”, ejemplificó el desarrollador.
Luego, en el segundo nivel, aparece un personaje decididamente inspirado en Milei: un león con una motosierra, emblemas característicos de la campaña y gestión del Presidente.
“En el segundo nivel hay un invasor, que es un león con una motosierra, y Gildus tiene que defender a Formosa y todo lo construido”, continuó Sánchez.
Oriundo de Chaco, el desarrollador sostuvo que al trasladarse a Formosa le llamó la atención “la cantidad de edificios con techos azules”. “No solo la cantidad, sino la calidad”, sumó. “Con Rodri estábamos sorprendidos. Nos encantó y lo pusimos de videojuego en la Jam”.
Contó que el primer prototipo, realizado en otro software que no era compatible con el del evento, había incluido varios animales: “Carpinchos, yabirú, yarará, yacaré. Y teníamos un mosquito que cuando te quedabas quieto te picaba”, detalló.
Sánchez comentó más sobre el rol del invasor y cómo vencerlo. “El león con la motosierra quiere avanzar e ir destruyendo, pero se encuentra con el quebracho, que es duro y firme como el formoseño. Entonces la motosierra se queda atascada y Gildus aprovecha para expulsar al invasor. Formosa entonces sigue en pie y logra defender todo lo construido”, señaló.
Cuando el juego finaliza, aparece un cartel que reza “El pueblo sigue en pie. Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo contra el quebracho. Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar”.
Para finalizar, Bruno Sánchez hizo referencia directa a Insfrán. “Esto es un prototipo y, como dice nuestro gobernador, todavía queda mucho por hacer”, cerró.
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El oficialismo aceptó restituir las restricciones de la venta de tierras a extranjeros para garantizar la aprobación del proyecto sobre propiedad privada
El oficialismo alcanzó un acuerdo con sus aliados en la Cámara de Diputados para restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros. Además, consiguió dictamen para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en el recinto el próximo 21 de octubre
La decisión se conoció luego de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina. La norma había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se realizó un día antes de la sesión convocada por la oposición para tratar la derogación del mega DNU desregulador.
Con el acuerdo, La Libertad Avanza busca acercar posiciones con los bloques aliados que rechazan la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que no quieren avanzar con la derogación total del decreto, que introdujo cambios en distintos sectores de la economía.
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Alejandro López, el juez que absolvió a los gremialistas, llegó al puesto gracias a un acuerdo de la Legislatura y es calificado de “garantista”
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez Alejandro Gabriel López, que absolvió a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El sorpresivo fallo del juez López argumentó que el bloqueo contra la empresa Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados), que alteró a gran parte de San Nicolás, fue parte del derecho a protestar.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En aquella sesión se aprobaron otros 16 pliegos, como por ejemplo María Laura Iglesia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro y Juan Carlos Tufari para el mismo cargo pero en Bahía Blanca.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
El juez no tuvo en cuenta que la denominada Ley Bases (27.742) aprobada durante el gobierno de Javier Milei, se establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se moderó, ni se endureció.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
Passaglia proviene del peronismo, luego integró el PRO y después, Juntos por el Cambio. Hoy critica al Gobierno nacional de Javier Milei.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
El abogado Fernando Soto, asesor de la senadora Patricia Bullrich, también cuestionó el fallo. “Los empresarios se cansaron de pagarle coimas a Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Para que les paguen, Cabaleyro les bloqueó la empresa. Lo denunciaron. Estuvo cuatro años preso. Pero la Justicia lo absolvió: dijeron que fue un ‘legítimo reclamo sindical’”.
“El juez justificó el delito”, se lamentó, a su vez, el empresario Ariel Rey, propietario de la compañía que sufrió el bloqueo sindical.
A su vez, el diario Norte, de San Nicolás, recordó que López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
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