POLITICA
El desafío del Gobierno antes de la campaña, por qué apuró la negociación con el PRO y la estrategia del PJ para defender las PASO
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un doble desafío: mientras los datos de consumo muestran señales contrapuestas y la inflación de julio dio un relativo alivio, la gestión empieza a concentrar la atención de cara a una campaña electoral que ya entró en movimiento.
La semana arrancó con una controversia interesante: según CAME, el consumo cae, mientras que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, aseguró que crece.
CAME construye su muestra a partir de 1200 locales físicos y registró una caída del consumo del 3,8% interanual. Mercado Libre, en cambio, opera cientos de miles de transacciones y mostró una suba del 38% en pesos. Dos realidades, ninguna fake. Dos lecturas distintas.
Milei celebró el dato difundido por Galperin y tiene razones para hacerlo. Pero el registro de CAME debería preocupar al Gobierno: las pymes que operan locales físicos pagan servicios, generan empleo, abonan impuestos y contribuciones y, además, allí hay votos que pueden escaparse.
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El nivel de consumo es consecuencia de varios factores que confluyen. Según la consultora W, el 78% de la población vive con menos de $4 millones por mes. A eso se suma que cayó el salario disponible por el aumento de los servicios y que creció el número de personas endeudadas con el sistema bancario, así como el monto de esas deudas. De acuerdo con EcoGo, 5 millones de personas deben el equivalente a 2,5 salarios o más.
Queda claro que cualquier política que busque incentivar el consumo chocará con la incapacidad de amplios sectores para acceder al crédito. Primero, por el alto nivel de endeudamiento y mora de las familias y, segundo, porque el salario disponible no se recuperará hasta que la inflación se desplome por debajo del 1% mensual y las remuneraciones crezcan más cerca del 2%.
Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, flexibilizó los créditos en dólares para las empresas, básicamente para facilitar la compra de inmuebles y automotores. Son créditos en dólares apuntados a un sector que está en mejores condiciones que las familias.
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El índice de inflación, que fue del 2,1% en julio, le dio al Gobierno un relativo respiro. Siete días antes, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires había saltado más de un punto, del 1,8% al 2,9%. Si ese dato se hubiese repetido a nivel nacional, habría sido una muy mala noticia económica y también política. Pero el resultado del Indec, más moderado, trajo alivio.
María Castiglione, titular de C&T, había anticipado que esa diferencia entre los dos índices se debía a la distinta ponderación asignada al rubro Turismo, como consecuencia de las vacaciones de invierno y del alza de los paquetes turísticos, hoteles y restaurantes. Esa situación no se repetiría en agosto, por lo que se estima que el índice retomará la senda descendente y podría ubicarse en 1,8%.
Gestión y carrera electoral
La política entró en la recta electoral. El PRO, La Libertad Avanza y las distintas tribus del peronismo sintieron la necesidad de reunirse y precalentar.
Las encuestas muestran que Milei ya no cae en las mediciones: se estabilizó, pero tampoco crece. Está en el 35%, según el último estudio de Cristian Buttié. El mayor riesgo, sin embargo, viene por el lado de la mirada sobre el futuro: más de la mitad de los encuestados abriga expectativas negativas sobre el año próximo.
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Un sector que votó a Milei comienza a desconfiar de su aptitud para resolver los problemas. En rigor, Milei ordenó la macroeconomía. Nadie puede negarle ese mérito y el plan de estabilización tiene bases firmes. Pero la economía del metro cuadrado impide que muchas personas puedan disfrutarlo.
Por eso, para el Gobierno lo primero es ordenar la gestión. No hay margen para más errores. Karina Milei reunió a la mesa política y definió que todos los proyectos —salvo los que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo— antes de avanzar en el Congreso deben pasar por su aprobación y por la del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Ella es la única capaz de poner orden.
Eso no significa aislar a Milei, sino fijar prioridades. El Presidente está para tomar decisiones, pero no maneja por sí solo la negociación por los votos, el vínculo con los gobernadores, la agenda legislativa ni la oportunidad de impulsar cada asunto.
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La mesa política fijó dos prioridades: inocencia fiscal, para conseguir que los argentinos exterioricen sus ahorros guardados, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para que no financie el déficit ni el gasto público. El miércoles, ambos temas obtuvieron dictamen en sus respectivas comisiones y se debatirán en el recinto el 26 de agosto.
Por otro lado, como lo había anticipado Caputo, YPF, junto con Eni y Adnoc, aseguró que, por vía del RIGI, hará una inversión de US$50.000 millones. El viceministro José Luis Daza, además, agregó que comprarán otros US$10.000 millones de reservas. El mensaje es el mismo: ahuyentar el temor a un salto del tipo de cambio. Caputo celebró los avances y sostuvo que el año próximo sobrarían dólares, por lo cual descartó la posibilidad de que haya tensión cambiaria.
En cuanto a las elecciones, por ahora todo indica que se definirán en segunda vuelta. Por eso, Karina Milei llamó a Mauricio Macri y ambos habilitaron a La Libertad Avanza y al PRO a explorar un posible entendimiento. Son apenas los primeros pasos.
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Macri desconfía, pero tiene potencial para limar cierto porcentaje de votos a las aspiraciones de Milei. Y si no se juntan, le abre la puerta al peronismo o a algún outsider. Por ahora, son los primeros movimientos.
Por otro lado, todos los sectores del peronismo que se reunieron esta semana coinciden en oponerse a la supresión de las PASO. José Mayans dijo abiertamente que intentará que los gobernadores peronistas que habitualmente ayudan al Gobierno en el Congreso —Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil— en esta ocasión sean leales al PJ.
Sin PASO, el PJ no tiene posibilidad de ordenarse. Y en una semana marcada por los cruces y los pases de factura, con un clima de mucha tensión, tanto el oficialismo como la oposición comenzaron a definir sus prioridades de cara a una campaña que ya empezó a tomar temperatura.
Javier Milei, Luis Caputo, Karina Milei
POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
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POLITICA
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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