POLITICA
Las universidades iniciaron otra semana de conflicto con paros y un “banderazo” por la Ley de Financiamiento
Luego del fin de semana largo, el dictado de clases en las universidades nacionales estará afectado por un nuevo paro universitario y acciones de protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva 300 días sin aplicarse.
La semana pasada, el conjunto de los gremios que representan a los docentes y personal no docente realizó una huelga el 12 de agosto. Esta semana, la Conadu Histórica (Conaduh), una de las federaciones sindicales, seguirá con el esquema de paros desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, para exigir la recomposición salarial fijada en la ley de fondos.
Al ser una sola de las federaciones que convocan a la huelga, la medida de fuerza probablemente tenga acatamiento dispar en las casas de estudio. Los estudiantes podrían encontrarse con clases suspendidas o modificadas en su modalidad durante esa semana. Ahora bien, el pleno del Frente Sindical y de las organizaciones estudiantiles, como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA, convocaron a acciones de protesta y de visibilidad del conflicto hasta el jueves inclusive, con la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en todo el país.
El epicentro de la protesta será este miércoles 19 frente Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. Habrá un acto y movilización de estudiantes, docentes y no docentes a las 11, para continuar exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la ley. En ese marco, Conaduh convocó a un “banderazo”, a tono con las protestas del sector científico y tecnológico de la semana pasada.
Según las estimaciones gremiales, el Gobierno adeuda una recomposición salarial de entre 28,5% y 31,2%, sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y “que también se siguen reclamando”. Esta situación se arrastra desde hace 300 días, período durante el cual las organizaciones sindicales sostuvieron que no se implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso.
Entre los reclamos también se incluyen las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.
El conflicto volvió a retomar ritmo luego de una serie de fallos judiciales que avalaron el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que judicializó la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso el 2 de octubre de 2025 para actualizar los recursos y salarios del personal universitario según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Las universidades cuentan con un fallo cautelar de diciembre, confirmado por la Cámara de Apelaciones en marzo. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el último recurso del Gobierno y devolvió la ejecución de la medida cautelar al juez de primera instancia Martín Cormick, quien la ordenó. La semana pasada, Cormick convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto, donde se esperan novedades judiciales.
El pedido de audiencia fue originado por la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que llevó adelante la demanda para que se cumpla la ley, solicitó que se intime al Gobierno a cumplir la cautelar bajo apercibimiento de iniciar una demanda penal por desobediencia y aplicar multas al Estado nacional.
Las medidas de fuerza continuarán en lo que resta del mes de agosto. Además de la medida del paro de esta semana, CONADU llamó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, junto a otras federaciones, como FEDUN y FATUN.
Ante el regreso del conflicto la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, defendió la política oficial al indicar que “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidad Nacionales”.
El mensaje oficial subrayó que los aumentos salariales acordados se están abonando conforme a los montos y plazos establecidos en el acta paritaria firmada el 10 de junio. En ese marco, el Gobierno calificó el paro como “ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación”.
universidad,educación pública,financiamiento universitario,reclamo,Argentina,Palacio Pizzurno
POLITICA
Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio – Nexofin
Tras la detención de dos metrodelegados por la Policía de la Ciudad que derivó en una interrupción gremial de todas las líneas de Subte y premetro, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a respaldar los arrestos bajo orden judicial.
“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”, enfatizó. En ese sentido, Macri resaltó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes interrumpan un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
Los metrodelegados interrumpieron las líneas de Subte y Premetro: todos los detalles
Jorge Macri insistió en que no va a permitir que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, sobre los metrodelegados.
La advertencia del Gobierno porteño
Desde el Gobierno porteño intimaron al gremio que nuclea a los trabajadores del Subte y premetro a que retomen del servicio en aras de garantizar, por lo menos, la guardia mínima del 50%.
Asimismo, explicaron que la detención de los metrodelegados responde a una acción por parte de trabajadores de la línea B que consistió en liberar el paso de los usuarios, en lo que se habría tratado de una medida de fuerza.
Ello activó el accionar de la Policía, a lo que se sumaron dos metrodelegados, que terminaron con una orden de arresto junto al que liberó los molinetes.
La entrada Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio se publicó primero en Nexofin.
Jorge Macri,Metrodelegados,Paro,premetro,Subte
POLITICA
Torrendell defendió la política educativa en Diputados y cuestionó cómo las universidades gastan sus recursos
En plena disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política presupuestaria y puso bajo la lupa la administración de los recursos del sistema.
Durante su exposición en el Congreso, el funcionario del Ministerio de Capital Humano cuestionó las cifras de matrícula informadas por las casas de estudio, advirtió sobre los bajos índices de graduación y aseguró que el costo fiscal por cada graduado ronda los $80 millones.
“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, afirmó el secretario, que responde a la ministra Sandra Pettovello. Su presentación se inscribió en la defensa del proyecto de presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que contempla transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La semana pasada se realizó la quinta marcha universitaria que concentró manifestantes en las inmediaciones del Congreso para reclamar el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.
Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligaron al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias, y hasta multó económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar.
La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.
Para rebatir los cuestionamientos sobre el financiamiento, Torrendell sostuvo que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, frente al 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% durante las últimas dos décadas. “Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó.
Uno de los ejes de su exposición fue el costo de funcionamiento del sistema. Según los cálculos que presentó, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones, mientras que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.
Las diferencias entre instituciones también quedaron bajo la lupa. Torrendell aseguró que ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó los casos de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito, donde la asignación alcanza o supera los $37 millones por estudiante equivalente. “Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”, cuestionó.
El funcionario también objetó la manera en que se contabiliza la matrícula. Según los registros de 2024 que presentó, las universidades nacionales informaron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado, aunque solo 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000. Este último indicador mide la dedicación académica y no la cantidad de personas matriculadas.
En ese contexto, apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reportó 349.286 estudiantes en el anuario estadístico oficial, frente a los 105.391 informados a la consultora QS para su ranking internacional. “Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte”, afirmó. La comparación, sin embargo, requiere precisar si ambos relevamientos utilizan los mismos criterios.
Torrendell también cuestionó los índices de abandono y graduación. Afirmó que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales abandona sus estudios al término del primer año y que apenas el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico de la carrera, frente al 40,8% registrado en las instituciones privadas. “De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”, sintetizó.
La exposición incluyó un cruce con los diputados kirchneristas por la expansión del sistema universitario. Torrendell señaló que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, el 42% del total. El dato despertó un aplauso entre los legisladores opositores, al que el funcionario respondió con una crítica: sostuvo que la celebración estaría justificada si esa expansión se hubiera traducido en mejores resultados educativos. “El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje”, retrucó.
En ese tramo, también citó al papa Francisco para cuestionar una expansión centrada, según su planteo, en “ocupar espacios y presupuesto” en lugar de impulsar procesos orientados a la excelencia y la inclusión universitaria.
El viraje en la política educativa
La defensa del presupuesto universitario formó parte de una exposición más amplia en la que Torrendell cuestionó la distribución del gasto educativo durante las gestiones anteriores. “Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos realmente aprendieran”, afirmó.
Según explicó, en 2023 el 34,5% de los recursos nacionales destinados a apoyar la educación básica en las provincias se distribuía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado. Otro 20% se destinaba a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que cuestionó por no estar vinculados a mejoras en la enseñanza.
Frente a ese esquema, defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática y destacó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023, según los datos que presentó.
“No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor”, insistió Torrendell, al sintetizar el criterio con el que el Gobierno busca defender su política educativa en medio de la disputa por los recursos.
disputa por el financiamiento de las universidades nacionales,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas
En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.
Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.
Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.
La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.
Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.
El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.
“Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.
La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.
En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.
La ruta Punta Arenas-Malvinas
A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.
La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.
Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.
En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.
La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.
El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.
A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.
Edward Miliband,Reino Unido,Chile,relaciones bilaterales
Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio – Nexofin
Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol
PSG vs. Barcelona: formaciones, hora y dónde ver por tv
Torrendell defendió la política educativa en Diputados y cuestionó cómo las universidades gastan sus recursos
La Suipachense ya produce leche y quesos y suma cuatro meses de recuperación de empleos
Guatemala conmemora los 82 años de la Revolución de 1944 este martes
Alerta roja en Sudamérica por el Súper Niño: cambio climático, inundaciones extremas y el hallazgo de microplásticos y metales en el granizo
Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: «Al principio dije que no»
Trump’s new press secretary out of the job just days after rocky debut
Los intendentes del PJ que afrontarán un recambio inédito si es que la ley de reelecciones no se revierte
CLIMA24 horas agoAlerta roja en Sudamérica por el Súper Niño: cambio climático, inundaciones extremas y el hallazgo de microplásticos y metales en el granizo
- POLITICA20 horas ago
El Gobierno pone en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios y busca que haya 20.000 empleados menos en el Estado
- CHIMENTOS2 días ago
“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella
