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La CGT encabezará una marcha al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y las pymes se movilizarán por el cierre de las empresas

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En una jornada de protestas en los alrededores de la Casa Rosada, la CGT encabezará este jueves una movilización al Ministerio de Economía para reclamar por el creciente endeudamiento familiar, mientas que distintas cámaras sectoriales que representan a las pequeñas y medianas empresas llamaron a movilizarse a Plaza de Mayo por el cierre de las compañías.

Las dos convocatorias, independientes entre sí, tienen un punto de contacto en común: reclamar al Gobierno medidas que traigan alivio para los diferentes sectores.

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En ese sentido, la Confederación General del Trabajo, junto a las dos CTA, la UTEP y distintas organizaciones sociales se movilizarán a las 14 desde Paseo Colón e Independencia hacia el Palacio de Hacienda. La protesta apunta a visibilizar la situación de más de 5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves.

La CGT y las dos CTA movilizarán al Ministerio de Economía para reclamar por la situación de endeudamiento que alcanza a 5,8 millones de familias. (Juan Pablo Cháves/TN).

“La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la CGT, la CTA autónoma y la CTA”, adelantaron desde la Utep que conduce Alejandro Gramajo en un comunicado.

Sin embargo, no es el único reclamo que se hará presente en la Plaza de Mayo este jueves, ya que horas antes un grupo de referentes de distintas cámaras sectoriales pymes llamaron a manifestarse frente a la Casa Rosada para “poner en agenda la crisis que atraviesa el entramado productivo”.

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Diferentes cámaras que nuclean a pequeñas y medianas empresas llamaron a movilizar el jueves a la Plaza de Mayo para reclamar medidas para el sector. (Foto: X @EnacArgentina)
Diferentes cámaras que nuclean a pequeñas y medianas empresas llamaron a movilizar el jueves a la Plaza de Mayo para reclamar medidas para el sector. (Foto: X @EnacArgentina)

En el marco del Día del Empresario Nacional, los miembros del sector difundieron la convocatoria frente a la Casa Rosada a las 9 con la frase “las pymes también son argentinas”, imitando la estética de la bandera con la que los jugadores de la Selección reclamaron por la soberanía sobre las Islas Malvinas en el Mundial 2026.

En ese sentido, las entidades de pequeñas y medianas empresas buscan “visibilizar la situación del sector productivo y advertir sobre el impacto que tiene el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades de las pymes para sostener sus niveles de producción y rentabilidad”. Además, piden que se trate en el Congreso el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

Leé también: Tras el acercamiento con el PRO, el Gobierno negocia con gobernadores radicales para conseguir apoyos a sus reformas

“Entendemos y compartimos la preocupación porque representa una realidad que las PyMEs vivimos todos los días. Es necesario que la situación del sector productivo sea escuchada y que se generen respuestas concretas”, señaló el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

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La actividad fue convocada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), entre otras entidades empresarias.

CGT, Pymes, Ministerio de Economía

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Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero llevó adelante una serie de 80 allanamientos en varias provincias para desbaratar a una asociación ilícita que se dedicaba a utilizar los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA mediante un sistema diseñado para trabajadores del campo.

Las medidas fueron llevadas a cabo por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7 a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos, de los que participó la Policía Federal, se detuvo a ocho personas, además del secuestro de maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.

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Las tareas fueron desarrolladas por personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Ariel Gastón Bessone. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita dedicada al reclutamiento de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con el propósito de simular la realización de actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

La Justicia ordenó la detención de ocho personas y el secuestro de maquinaria agrícola, vehículos y valores

Según los elementos reunidos durante la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de capacidad económica, operativa y financiera para llevar adelante cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red. De esta forma, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes orquestaban el esquema y no en las de los supuestos trabajadores rurales.

El SISA es una plataforma creada con el objetivo de unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal consiste en simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.

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La investigación judicial descubrió el reclutamiento de personas vulnerables para simular operaciones agrícolas inexistentes

La inscripción en el sistema es obligatoria para productores, operadores que participen en la cadena de comercialización y propietarios, copropietarios, usufructuarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional, siempre que en dichos predios se desarrolle la producción mencionada.

El beneficio central que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, el principal mecanismo de devolución que ofrece el SISA. A través de este esquema, el organismo recaudador devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.

Los integrantes de la banda administraban las cuentas bancarias y retenían las tarjetas de débito de los falsos productores

La normativa vigente establece que la acreditación de los montos se realiza hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, lo que en la práctica se traduce en un plazo estimado de 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos: no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) correctamente confeccionada y vinculada a su correspondiente Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro; y tener registrada una clave bancaria propia en la plataforma del organismo.

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Reuniones de última hora, diferencias y presión de la Iglesia: el oficialismo espera el aval de la Casa Rosada

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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.

Según pudo saber , autoridades del Episcopado se reunieron por la tarde con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.

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La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

Aun con este panorama, el oficialismo confía en conseguir el aval del Ejecutivo para avanzar con su propio dictamen. El objetivo es evitar que la oposición apruebe una nueva emergencia en discapacidad durante la sesión maratónica de mañana al mediodía, que tendrá un temario variopinto. Entre los proyectos se destacan el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los que buscan dar respuesta a la creciente morosidad y al endeudamiento familiar.

Sin embargo, son pocos los que se animan a decir que el texto, tras meses de negociaciones y sucesivos cambios, esté completamente cerrado y tenga el visto bueno de la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Economía, dos áreas clave donde mandan los Caputo: el asesor presidencial y el ministro, respectivamente.

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“Nunca se sabe con la Casa Rosada”, ironiza un diputado aliado que esta tarde participó de la reunión de jefes de bloque, donde buena parte de la discusión giró en torno a la versión final del proyecto de discapacidad, con la que el oficialismo busca dar una respuesta “superadora” a los reclamos de los bloques dialoguistas.

En teoría, esta vez no habría “peros” del Ejecutivo que hagan caer el proyecto que viene negociando Laura Rodríguez Machado, la diputada exPro y una de las espadas legislativas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Pero la cautela es extrema. Todavía está fresco el derrotero que significó la publicación del Presupuesto en el que echaba por tierra todas las concesiones que la cordobesa le había dado al Pro y la UCR.

La amenaza de un veto

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Un antecedente que volvió a cobrar fuerza la semana pasada, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió durante su exposición sobre el Presupuesto ante los diputados, en una suerte de sincericidio, que “el Ejecutivo hubiera querido otra cosa”, en referencia al propuesta legislativa impulsado por Martín Menem.

Desde entonces, en la oposición crecieron las sospechas sobre un eventual veto a la prórroga de la emergencia en discapacidad, ante el difícil escenario que la oposición logre avanzar con su dictamen de minoría. O más insólito aún, un rechazo del Gobierno a su propia iniciativa.

No es casualidad. Hasta ayer, había quienes en la bancada libertaria no descartaban la posibilidad de un veto total o parcial del Presidente, según pudo saber . Esta tarde, sin embargo, esa alternativa fue desestimada desde las más altas esferas del oficialismo. Una decisión de ese calibre dejaría muy mal parado a Menem y, por extensión, a Rodríguez Machado y otros diputados involucrados en la discusión.

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Más aún cuando desde el universo libertario admiten que, en materia de discapacidad, el Gobierno ya perdió terreno en el plano discursivo. De ahí, la necesidad del oficialismo de desactivar la amenaza de la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Las demandas de los aliados

Más temprano, durante la reunión de jefes de bloque, los libertarios se abocaron a revisar en detalle las modificaciones reclamadas por los espacios dialoguistas, en particular las exigencias del misionero Oscar Herrera Ahuad, quien habría consiguido incorporar varios de sus planteos al dictamen oficial.

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“Se convalidó todo lo que pidieron los aliados”, se jactó otro de los presentes durante el encuentro. “Esta vez parece que está todo encaminado”, sostuvo otra fuente que recorre los pasillos del Congreso.

Según pudo saber , el oficialismo habría asegurado la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación y un cronograma de pago de las comensaciones adeudades, este último un reclamo expreso del PRO.

Pero la letra chica del dictamen motivó una nueva reunión por la noche entre representantes de LLA y Herrera Ahuad, finalizado el encuentro con Episcopado, que continuó hasta altas horas de la noche.

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Si bien impera el optimismo entre varios bloques y en el propio oficialismo, quienes están más involucrados en las negociaciones saben que el acuerdo todavía debe superar el último filtro de la Casa Rosada. Por eso, no se pueden descartar ajustes sobre la marcha durante la sesión.



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A días del balotaje en Brasil, Eduardo Bolsonaro endureció sus críticas contra Lula

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Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, aseguró este martes que “Lula está desesperado” por los números que lo dan como el perdedor del balotaje que se realizará el próximo domingo.

En diálogo con TN, el hijo de Jair Bolsonaro, que actualmente vive en Estados Unidos tras ser condenado por coacción, dijo: “Estamos esperanzados con la victoria de Flavio pero hay que esperar, aunque todas las encuestas dan a favor. Lula está desesperado”.

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El exdiputado remarcó: “Lula está regalando plata a estudiantes, está poniendo plata a programas, prometió buses gratis para el fin de semana para los pobres. Todo eso en contra de la constitución de Brasil”, pero “no tiene plata de donde pagar todo. Lula no está haciendo eso para ganar las elecciones sino para dejar una bomba económica”.

Bolsonaro también confirmó que espera un indulto en caso de una victoria de su hermano porque, aseguró, que no cometió ningún delito.

Hace dos semanas y en plena campaña electoral, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención de Bolsonaro para que comience a cumplir una de las penas a las que fue condenado.

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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate del domingo pasado por TV (Foto: EFE)

Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de EE.UU. orientadas a presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, Jair Bolsonaro (2019-2023), fue condenado a 27 años de prisión.

Además, el excongresista fue inhabilitado políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038.

En septiembre pasado, también fue condenado a un año de prisión por la Corte Suprema en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral.

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