POLITICA
Marcha contra el endeudamiento: el Gobierno acusa a la CGT de “aprovechamiento político” del reclamo
Con la Plaza de Mayo dividida en dos por el extenso vallado y varios efectivos de la Policía Federal Argentina cercando la zona, el Gobierno acusa a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de utilizar políticamente el reclamo de las familias endeudadas que se nuclean frente a las puertas del Ministerio de Economía para insistir en el reclamo.
“Es una movilización de la CGT y la CTA. No representan ni pueden representar al sector. Hacen un aprovechamiento político de la situación”, sintetizó un funcionario ante Infobae horas antes de que las primeras columnas se apostaran frente a Casa Rosada.
La protesta de esta tarde busca colocar en la agenda pública la crisis de morosidad que afecta a millones de hogares. Además de las centrales, adhieren a la convocatoria la UTEP, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda.
Por su composición, en el oficialismo hablan de “una marcha política”, con la que buscan bajarle el precio, aunque aseguran que se trata de un reclamo genuino. “Son dos temas distintos. Por un lado, la marcha, en la que no hay una identificación clara de los deudores, y por otro, el problema de fondo que hay que trabajar para resolver”, se sinceró una fuente con despacho en Balcarce 50.
A esta hora, la administración libertaria espera una convocatoria no mayor a las 10 mil personas y descuentan que será una protesta pacífica. No obstante, el Ministerio de Seguridad, que lidera Alejandra Monteoliva activó el protocolo de seguridad y sigue la protesta desde el Comando Unificado.
El fuerte deterioro crediticio configura un tema que el Poder Ejecutivo sigue con atención. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024, mientras que 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.
Pese a que el presidente Javier Milei se expidió sobre el tema, al hablar de “una cuestión entre privados” que deriva de una “consecuencia” del gobierno de Alberto Fernández, algunos actores de la administración libertaria ven con preocupación los reclamos económicos de un sector de la sociedad.
No es casual que el mandatario se haya mostrado autocrítico durante el discurso que pronunció el pasado lunes en la Plaza San Martín. Sin embargo, el libertario ya anticipó que no tomará parte del conflicto: “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, consideró en una entrevista a la Nación +.
Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ratificó el rumbo económico, pero admitió lentitud en el repunte de la actividad. “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, planteó a través de su cuenta de X. Minutos antes, el mensaje original que modificó consignaba: “Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”.
En línea con la senadora, algunos integrantes del espacio aseguran que los números, que se ubicaron en niveles récord, comenzaron a disminuir y plantearon que todavía no impactan debido a que “el Banco Central opera con dos meses de retraso”. Para explicar el fenómeno, precisan -al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo- que la gente “se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas”, algo que finalmente “no pasó”.
Desde las 14, las centrales convocaron a la protesta y se nuclean en Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia. La idea es visibilizar el reclamo de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.
POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título
Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil
Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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POLITICA
El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin
El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
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Campaña de desinformación,Congreso,Islas Malvinas,LEY DE MALVINAS
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