Alemania dio un paso parlamentario para crear una pensión de inicio temprano destinada a niños desde los seis años. El Bundestag aprobó el 16 de octubre un proyecto que prevé aportes estatales mensuales de 10 euros hasta los 18 años.

La medida alcanzará a los niños nacidos desde 2020, siempre que sus tutores legales soliciten el beneficio. El proyecto todavía requiere la aprobación de la Cámara Alta alemana, el Bundesrat, antes de convertirse en ley.

El Estado depositará el dinero en una cuenta a nombre de cada menor. Una entidad gestora administrará los fondos e invertirá el capital hasta que el titular alcance la mayoría de edad.

Cómo funcionará la pensión de inicio temprano

La agencia EFE informó que cada niño recibirá 10 euros por mes durante 12 años. El programa comenzará cuando cumpla seis años y terminará al llegar a los 18.

La cuenta quedará a nombre del menor y una sociedad gestora de fondos colocará el capital en el mercado. El proyecto busca impulsar el ahorro privado para la jubilación desde la infancia.

Al cumplir 18 años, el dinero pasará al sistema privado de previsión jubilatoria. El plan contempla ventajas fiscales para quienes mantengan el capital destinado a ese objetivo.

El diputado socialdemócrata Michael Thews defendió la iniciativa ante el Bundestag. “Hoy tomamos una decisión histórica”, declaró durante el debate sobre el proyecto.

Thews sostuvo que el programa “ayudará a muchos a tener un plan decente de ahorro para la jubilación”. El legislador vinculó la propuesta con el refuerzo del ahorro privado en Alemania.

El capital tendrá un uso exclusivo. Los beneficiarios no podrán retirarlo ni utilizarlo para otros fines antes de la jubilación.

Cuánto dinero puede acumular cada beneficiario

Los depósitos estatales sumarán 1.440 euros cuando cada niño alcance la mayoría de edad. Esa cifra corresponde solo al aporte mensual de 10 euros durante 12 años.

El Ministerio de Finanzas alemán calculó que ese fondo podría alcanzar 53.000 euros a los 65 años. La proyección supone una rentabilidad anual del 7% y no incorpora nuevos aportes.

La estimación depende de que el dinero permanezca invertido durante décadas. El resultado final también puede cambiar según la evolución de las inversiones y los aportes que realicen las familias.

El proyecto permite que los padres agreguen dinero a las cuentas individuales de sus hijos. Esa opción puede elevar el monto disponible para la jubilación.

Thews planteó una segunda alternativa. Si los beneficiarios suman 10 euros mensuales después de los 18 años, podrían obtener 200 euros adicionales por mes al jubilarse.

El diputado afirmó que ese resultado “marca una diferencia”. El cálculo parte de aportes regulares durante la vida adulta y del rendimiento del dinero invertido.

El debate por las diferencias entre las familias

La posibilidad de que los padres aporten fondos abrió una discusión sobre la desigualdad entre los hogares. Algunas familias podrán aumentar el capital de sus hijos y otras no tendrán esa capacidad.

El aporte estatal establece un piso común para todos los menores que ingresen al programa. Las contribuciones privadas, en cambio, dependerán de los recursos de cada familia.

La medida no exige depósitos adicionales de los padres. Los niños cuyas familias no abran una cuenta individual recibirán igualmente el beneficio previsto por el proyecto.

En esos casos, el Estado incorporará los fondos a una inversión colectiva. El Banco Central alemán, el Bundesbank, administrará ese mecanismo para los menores sin una cuenta propia.

El texto también instaló un debate sobre la educación financiera desde edades tempranas. El programa asocia el ahorro de largo plazo con una futura jubilación y no habilita el uso inmediato del dinero.

El costo fiscal del programa de pensiones infantiles

El Gobierno alemán calcula que invertirá 198 millones de euros el próximo año para financiar la pensión de inicio temprano. El gasto crecerá a medida que ingresen nuevas generaciones al sistema.

La previsión oficial fija un gasto anual de 411 millones de euros para 2030. Entre 2027 y 2030, el programa demandaría cerca de 1.200 millones de euros.

El Gobierno presentó la iniciativa en diciembre de 2025 dentro de un proyecto más amplio. La propuesta busca reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán.

El Bundestag ya dio su aprobación, pero el Bundesrat todavía debe tratar la norma. Los niños nacidos desde 2020 podrán recibir el aporte estatal si la Cámara Alta respalda el proyecto.

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La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las personas con discapacidad, después de varios días de intensas negociaciones en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Pastoral Social y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El oficialismo debió modificar su propuesta original para conseguir los apoyos necesarios. Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso.

El acuerdo tuvo como uno de sus principales protagonistas al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, cuyo bloque resultó clave en las conversaciones con La Libertad Avanza. Su intervención permitió incorporar reclamos vinculados al financiamiento, la cobertura médica y las deudas con los prestadores.

La participación de la Iglesia también fue relevante. La Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida, mantuvo reuniones con representantes de distintos espacios políticos y presentó una serie de pedidos que terminaron formando parte de la negociación parlamentaria.

La intervención de la Iglesia y el papel clave de los diputados vinculados a gobernadores

El proceso comenzó con la presión opositora para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria Juan Marino llevó a que el pleno de Diputados estableciera plazos para que las comisiones avanzaran con el tratamiento de la propuesta.

En septiembre, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.

Las diferencias abrieron una negociación que se extendió durante varias semanas y en la que adquirió protagonismo la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, conducida por monseñor Dante Braida.

Sus representantes mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.

En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de las reuniones fue compartir su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026.

El martes por la noche se produjo una reunión decisiva para acercar posiciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encontró con los libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, además de Herrera Ahuad y Oscar Zago, del MID.

Durante ese encuentro se discutieron diferencias con el dictamen oficialista y se avanzó sobre modificaciones vinculadas a los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.

La participación de Herrera Ahuad fue determinante. Argentina Federal cuenta con nueve diputados y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

El peso parlamentario de ese sector lo convirtió en un interlocutor importante para La Libertad Avanza, que necesitaba ampliar su base de apoyo.

Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones que representan a personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo para garantizar previsibilidad.

Entre ellas, mencionó la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y la necesidad de establecer mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.

Pedido de la Iglesia

La comisión de Discapacidad de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, que conduce Monseñor Dante Braida, mantuvo varias reuniones con legisladores de diferentes sectores: con Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, MID y La Libertad Avanza.

El martes por la noche el jefe de los Diputados, Martín Menem, junto a los legisladores Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoráz, y Gisell Castelnuovo de La Libertad Avanza; Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal y Oscar Zago del MID, se reunieron y se plantearon varias diferencias con el dictamen del oficialismo, pero la participación del misionero Herrera Ahuad jugó a favor de varios puntos solicitados por la Iglesia argentina.

La razón fundamental fue que la bancada Argentina Federal, que conduce Herrera Ahuad y tiene terminales con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, está integrada por nueve legisladores, fundamentales para definir una elección polarizada en el recinto de la Cámara Baja.

El documento de la Pastoral Social definió que el objetivo de las reuniones en el Congreso fue:” Compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”.

Las concesiones del oficialismo y el financiamiento que deberá garantizar el Presupuesto 2027

El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recoge buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.

La principal concesión de La Libertad Avanza estuvo vinculada al financiamiento. La norma establece que los gastos deberán afrontarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de los distintos bloques.

También se incorporaron disposiciones sobre la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores.

Para estas últimas, el proyecto establece que deberá comunicarse el cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan concluido los trámites administrativos.

Otro de los cambios garantiza la cobertura del programa Incluir Salud tanto para los titulares de pensiones por discapacidad como para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó ese punto: “La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.

El proyecto también contempla la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la posición del oficialismo. “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, sostuvo.

Por su parte, la diputada libertaria Lorena Villaverde afirmó: “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.

El entendimiento no eliminó todas las diferencias políticas. Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, de Coherencia, acompañó la iniciativa.

El próximo desafío del oficialismo será trasladar los compromisos asumidos al Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para la próxima semana.

El artículo que garantiza las partidas presupuestarias tendrá una incidencia directa en esa discusión, porque obliga a sostener los recursos destinados al sistema de discapacidad en términos reales.

La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera para aliviar el endeudamiento familiar pero sí logró bloquear las propuestas de la oposición y que la discusión vuelva a comisión.

Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que devolver los temas a comisión sin especificar de antemano una fecha límite para dictaminar es una maniobra “burda” para “cajonear” los proyectos.

“El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses”, explicó un diputado aliado del Gobierno, en referencia a un sector de Provincias Unidas. Sin embargo, los cinco legisladores cercanos al gobernador Martín Llaryora luego se abstuvieron ante la moción del oficialismo para devolver los proyectos a comisión. La votación terminó 121 a favor y 117 en contra. “Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo”, lamentaron desde el peronismo.

El proyecto de los libertarios evitaba cualquier tipo de intervención en el mercado crediticio como topes de tasas, refinanciaciones o descuentos de intereses. En línea con la concepción del presidente Milei, que aseguró que el aumento del endeudamiento es “un problema entre privados”, la propuesta de La Libertad Avanza buscaba que los usuarios puedan conocer con precisión el costo de un préstamo antes de aceptarlo. Por eso obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el total que el cliente deberá pagar.

Por otro lado, los créditos contratados por internet debían requerir autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. Las empresas también tendrían que ofrecer herramientas para corregir errores u omisiones antes de la contratación. Finalmente, aclaraban que el silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrán considerarse consentimiento.

“Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían explicado a Infobae.

En tanto, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponían declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. Quienes adhirieran al régimen de refinanciación podrían pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrían superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarían todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

El tercer dictamen había sido elaborado por los representantes de Argentina Federal: declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante el debate, los libertarios insistieron en que el problema del endeudamiento ya se estaba resolviendo sin intervención estatal y explicaron que se generó por un aumento del crédito.

“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, aseguró la libertaria Silvana Giudici, que luego propuso la moción para que los proyectos vuelvan a comisión.

Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraban que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era “cajonear” el proyecto. “Giudici es una embustera”, arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a una de las principales espadas legislativas de LLA.

“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. LLA y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto”, publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.