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El gobierno de Entre Ríos logró que la Justicia lo habilite a continuar la transformación de su Programa Alimentario Escolar

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La transformación del Programa Alimentario Escolar (PAE) de Entre Ríos puede avanzar. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, dictó sentencia definitiva el 21 de agosto —en el marco del Legajo N° 36.759— y su alcance fue considerablemente más acotado que lo que reclamaban los accionantes: el magistrado no frenó el sistema centralizado de provisión de alimentos, no anuló la licitación adjudicada ni ordenó retornar al esquema anterior de giro de fondos a directores de escuela. La única prohibición que impuso fue la de distribuir productos con sellos de advertencia en los comedores de los establecimientos educativos públicos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

El fallo dispone que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los comedores escolares productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme al artículo 12 de la Ley Nº 27.642, conocida como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Al mismo tiempo, la resolución exige que se garantice, de forma simultánea e ininterrumpida, la provisión de productos que no estén alcanzados por esa restricción.

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El amparo colectivo había sido presentado el 31 de julio por un grupo de madres y padres en representación de sus hijos, junto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE. Los accionantes reclamaban frenar por completo el nuevo sistema centralizado y regresar al mecanismo previo. Malvasio no hizo lugar a ese pedido ni en la medida cautelar que dictó el 5 de agosto ni en la sentencia definitiva del 21 del mismo mes.

La discusión se encuadró en la contratación de la firma Teknofood SA, a quien el Gobierno adjudicó la provisión de insumos para comedores mediante la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. A través de ese contrato —que la sentencia no rescindió— el Ejecutivo reemplazó el giro de fondos a directores de escuela por un sistema centralizado de compras que, según argumentó la Provincia, permite ajustar la provisión a la matrícula y la asistencia escolar concreta de cada período, evitar compras excesivas o subejecuciones, y garantizar que el Estado solo erogue por las prestaciones realmente requeridas.

La razón por la que el juez no pudo ir más allá de la cuestión del etiquetado tiene base jurídica: Entre Ríos nunca adhirió a la Ley 27.642. El artículo 12 de esa norma —el que regula comedores y entornos escolares— requiere reglamentación provincial para tener vigencia en cada jurisdicción, y esa reglamentación no existe en la provincia. Lo único con sustento legal firme, independientemente de la adhesión, es la obligación nacional de etiquetado que recae sobre el fabricante. Ese límite normativo dejó al magistrado sin margen para suspender el sistema en sí mismo.

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La administración que encabeza Rogelio Frigerio está llevando a cabo la transformación de su Programa Alimentario Escolar

En su resolución, Malvasio fue explícito al respecto: “No importa —como se dijo— que este Tribunal se arrogue facultades de gestión que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo. El control aquí ejercido se ciñe a un juicio de legalidad estricto, circunscripto a la verificación del cumplimiento de un mandato legal puntual, previamente definido por el legislador”, según consta en la sentencia publicada por UNO Entre Ríos.

La resolución también ratificó las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el PAE, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos. Además, reconoció valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y consideró acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación. El magistrado también subrayó que el interés superior del niño es el principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que las dificultades administrativas o presupuestarias no eximen al Estado de garantizar los estándares nutricionales establecidos.

El Gobierno de Entre Ríos indicó que adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución y realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por ella. En ese sentido, la administración provincial aclaró que su objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos. El esquema en marcha es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, mientras que los almuerzos continuarán bajo la órbita de cada escuela, que seguirá realizando compras en comercios y proveedores de cada localidad.

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La transformación del sistema comenzó a trabajarse desde el inicio de la gestión y, tras más de un año de elaboración, derivó en la licitación pública ya adjudicada. El Ejecutivo provincial informó que continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes, al tiempo que avanzará con el cambio de sistema fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los alumnos.

comedor escolar,Entre Ríos,almuerzo escolar

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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: durante su gira en Madrid, el mandatario acusó al presidente español de “dictador”

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La visita del presidente Javier Milei a España estuvo marcada por la ausencia de encuentros con dirigentes de peso de la derecha de ese país, con excepción de la reunión confirmada a última hora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Milei viajó sin agenda, no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox, así como tampoco por el rey Felipe VI, y se conformó con el abrazo con Ayuso, quien incluso hasta último momento había evitado confirmar el encuentro.

El paso del presidente Javier Milei por Madrid generó un particular revuelo en España. No sólo cargó contra su par Pedro Sánchez, con quien nunca se reunió, sino que discutió e insultó a periodistas por preguntas respecto a temas como la ausencia de encuentros con aliados políticos suyos en plena campaña electoral y el estancamiento económico en la Argentina.

La agresión que más llamó la atención en la prensa española fue contra Julia Molina, periodista política de Cadena SER, la radio más escuchada del país ibérico, y quien le había preguntado a Milei si su visita resultaba “incómoda para el Partido Popular y para Vox”. A lo que el presidente argentino, con tono altanero y agresivo, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

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El presidente Javier Milei fue visto con una venda en su cuello durante su paso por Madrid, en su séptima visita a España, y despertó la curiosidad de los espectadores y los usuarios en redes sociales. Fue durante una conferencia de prensa con medios españoles que el mandatario apareció con un apósito de gran tamaño en el sector izquierdo de su cuello.

Fuentes oficiales confirmaron a que se trató de un incidente doméstico. El Presidente salió de la bañadera y se golpeó, lo que le provocó una hematoma. El accidente ocurrió hace “unos días” y el mandatario se encuentra “bien”, según indicaron.

El riesgo país cerró este miércoles por encima de los 670 puntos. Arrancó la jornada manteniendo la tendencia bajista del día anterior a partir de un contexto internacional más calmo. No obstante, los bonos soberanos cerraron con caídas tras la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que informó que la economía argentina se estancó en agosto.

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El riesgo país cerró este miércoles por encima de los 670 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan sumó dos unidades y se ubicó en los 674 puntos (0,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Nuevamente tuvo una jornada volátil: llegó a tocar los 657, pero luego borró la baja y volvió a niveles máximos del año. En lo que va del mes, escaló 67 unidades (+11%) y desde enero acumuló 103 unidades (+18%).

La economía se estancó en agosto y quedó a las puertas de una recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada, un rebote insuficiente para recuperar el terreno perdido. En la comparación interanual, el nivel de actividad cayó 1,7%, con lo que se hilvanaron dos meses consecutivos por debajo de los registros del año anterior.

El dato fue publicado por el Indec en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En ese documento también se indicó que el resultado de agosto redujo el crecimiento acumulado de los primeros ocho meses del año a 1,2%, medio punto porcentual menos que el registrado hasta julio.

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Tras la decisión de la Cámara de Casación de unificar en un solo juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, introdujo cambios en la organización del debate y permitirá que los imputados participen de manera virtual durante la primera etapa del proceso.

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner

Por ese motivo, la expresidenta y el diputado nacional finalmente no deberán asistir este viernes a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio.

En un claro triunfo para el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados consiguió esta noche aprobar casi por unanimidad su propio proyecto que refiere a la ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos. En un giro inesperado, el Gobierno logró así desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles, que ahora deberá ser girado al Senado.

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Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y todo el peronismo peronismo.

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Con cambios de último momento y amplio apoyo opositor, el Gobierno aprobó una nueva ley de Discapacidad en Diputados

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Tras un largo debate y negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con los bloques aliados y la oposición dura para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La nueva propuesta, que obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora pasará al Senado, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Pasada la medianoche el tablero de la Cámara de Diputados informó que la aprobación se logró con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando el proyecto porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos. El riesgo de que Milei termine vetando una prórroga de la Emergencia y la presión de las principales organizaciones del colectivo de discapacidad terminaron contribuyendo a que el Unión por la Patria terminara votando junto con La Libertad Avanza.

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También votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. La excepción fueron los diputados de Córdoba (Provincias Unidas y Unión por la Patria) que se manifestaron en contra porque según su visión, las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, explicó Gabriela Estevez. Por su parte, la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.

A pesar de todo, la mayoría especial de dos tercios que se alcanzó hace virtualmente imposible que el Senado pueda introducir cambios o que Milei recurra al veto presidencial.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdes y Victoria Tolosa Paz. Por el lado del oficialismo, las encargadas de consensuar el texto fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

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Las negociaciones habían comenzado hace casi dos meses cuando la oposición, a raíz de un pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, comenzó a impulsar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que se había aprobado el año pasado y vence a fin de año. La oposición logró emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar esta ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que garantice previsibilidad.

Las negociaciones se extendieron durante toda la tarde

Pero la situación se convulsionó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contenía un capítulo con fuertes ajustes en Discapacidad que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich fueron tomados por sorpresa y hubo duros reproches al interior de la Mesa Política.

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Ese capítulo del Presupuesto 2027 tomaba el criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio. También establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, sin actualización automática por IPC.

Para desactivar la sesión de la semana pasada, el oficialismo se comprometió con sus aliados a dejar de lado el recorte incluido en el Presupuesto y propuso un proyecto que a grandes rasgos retoma los principales puntos del sistema vigente.

El texto consensuado ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

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Por pedido de los aliados, también se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

Sin embargo, durante las horas previas a la votación referentes de la oposición pidieron más cambios para sumar su apoyo. Por ejemplo, garantizar que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y previeron compensaciones desde el Tesoro si resultaran insuficientes. Además, aclararon que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

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El proyecto también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

Los bloques de la oposición mantuvieron diálogo constante con las organizaciones de personas con discapacidad y decidieron votar a favor del proyecto porque para estas se logró ratificar con una ley “permanente” (en lugar de una emergencia que debe prorrogarse) gran parte del sistema vigente.

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Al inicio del debate, el diputado Herrera Ahuad leyó los últimos cambios propuestos por la oposición y aclaró que si no eran aceptados en su totalidad, su bloque Argentina Federal no votaría favorablemente. “Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo nacional”, dijo. A su turno el diputado liebrtario Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias.

Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición “no iba a tener el número” para prorrogar la Emergencia. “Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, fueron receptados numerosos planteos”, explicó y remarcó que el dictamen final “es absolutamente contrario a lo que mandaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.

Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria

En la misma línea, Victoria Tolosa Paz, destacó: “Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal. También reforzamos el financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda. Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”.

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La oficialista Laura Rodríguez Machado comenzó por señalar que la sensibilidad social “no se contrapone” con la responsabilidad fiscal y destacó el trabajo de los bloques que participaron de la negociación. No obstante, apuntó sus críticas contra los diputados de Córdoba que dijeron que las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración del proyecto: “Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”.

“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se hizo el recorte; de la oposición sobre el oficialismo porque impusimos un tema que no querían tratar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque lograron establecer por ley el régimen vigente”, sintetizó un diputado de la oposición.

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Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner no tendrán que asistir a Comodoro Py para el inicio del juicio

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Tras la decisión de la Cámara de Casación de unificar en un solo juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, introdujo cambios en la organización del debate y permitirá que los imputados participen de manera virtual durante la primera etapa del proceso.

Por ese motivo, la expresidenta y el diputado nacional finalmente no deberán asistir este viernes a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio.

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“La decisión adoptada por el tribunal revisor [la Casación] impone adecuar determinados aspectos de la organización del juicio, particularmente aquellos vinculados con la convocatoria de los imputados y su comparecencia a la audiencia inicial”, dijo el presidente del tribunal, José Michilini, en la resolución.

“No puede soslayarse que el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal -siguió- ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.

Michili aclaró que la decisión comprende solo a la primera etapa del juicio, destinada a la lectura de las acusaciones. “Una vez concluida la etapa inicial de lectura, la intervención de los imputados en los restantes actos del juicio deberá desarrollarse presencialmente”, señaló.

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Los abogados defensores, en cambio, sí deberán concurrir presencialmente a Comodoro Py desde este viernes.

La decisión fue adoptada por la mayoría que conformaron Michilini y el juez Fernando Machado Pelloni.

La jueza Adriana Palliotti, en tanto, votó en disidencia. Consideró que los imputados deben concurrir personalmente a Comodoro Py tanto para la lectura de las acusaciones que se inician con la primera audiencia como para las declaraciones indagatorias que vendrán más adelante.

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“A mi modo de ver, los imputados deberán estar presentes en la sala de audiencias durante la lectura de las piezas procesales”, marcó en su voto la jueza.

La resolución representa un alivio momentáneo para muchos funcionarios judiciales y el personal de seguridad, por el revuelo que genera la presencia de la expresidenta en los tribunales.

Esta semana, los abogados de Cristina y Máximo Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado al tribunal que ambos pudieran participar de todo el juicio de manera virtual. Para el caso de la expresidenta, fundamentaron el pedido en que cumple en su casa una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad y en las dificultades que implicaría organizar su traslado. Para el caso de Máximo, en su actividad legislativa como diputado nacional.

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El tribunal todavía no se explayó sobre este pedido puntual, que refiere al desarrollo de todas las audiencias, pero en la resolución de hoy los jueces dejaron en claro que la regla general para el debate, más allá de estas primeras audiencias, será la presencialidad.

Giro

El tribunal tenía previsto comenzar este viernes únicamente con el juicio por Los Sauces y dejar para marzo del año próximo el debate por Hotesur, por diferencias en la instrucción complementaria entre uno y otro caso. Pero la Casación revocó ayer esa decisión y ordenó que ambas causas se juzgaran de manera conjunta.

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El cambio, dispuesto apenas tres días antes de la fecha prevista para el inicio, empujó a los jueces a reorganizar el juicio oral. En la resolución de este miércoles, los magistrados dispusieron “mantener” el inicio del debate para este viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana.

En el debate se revisarán presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Según la acusación, los fondos que ingresaban al patrimonio familiar -de manera directa o por intermedio de la sociedad Hotesur- provenían de empresarios beneficiados por contratos o decisiones del Estado, como Lázaro Báez, Fabián de Sousa y Cristóbal López, estos últimos del Grupo Indalo.



la decisión,Federico González del Solar,Conforme a

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