POLITICA
La causa por lavado en contra de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino llega a la Corta Suprema
La Cámara Federal de Casación ordenó trasladar a un juzgado de Campana la causa por la quinta en Pilar valuada en 20 millones de dólares, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, debido a la investigación por lavado de activos.
El fiscal ante Casación, Mario Villar, prevé apelar la medida ante la Corte Suprema de Justicia. El planteo central busca definir la jurisdicción adecuada entre el fuero penal económico y el federal, discutiendo si el expediente debe tramitar en Campana o en la Ciudad de Buenos Aires.
El dueño de Sur Finanzas admitió que su relación con “Chiqui” Tapia le facilitó acuerdos comerciales
En paralelo, el juez en lo penal económico Diego Amarante remitió una nueva denuncia contra Toviggino y Tapia a Comodoro Py. La causa investiga un presunto esquema de lavado con desvío de fondos desde el exterior hacia intermediarias de la AFA y financieras porteñas.
El magistrado advirtió que la maniobra “habría sido llevada a cabo en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, señaló que no se encuentra determinada la prelación temporal entre ambos expedientes, por lo que los tribunales evaluarán si corresponde unificar las causas en una sola jurisdicción.
El conflicto también abarca el fuero civil, donde la Cámara Nacional en lo Civil avaló el cambio de sede social de la AFA a Pilar. Ante esto, el Gobierno apeló la medida y la decisión final sobre la disputa con la Inspección General de Justicia quedará en manos del máximo tribunal.
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POLITICA
El Gobierno asegura que no colaboró con la fuga de Bolsonaro y mantendrá silencio sobre su asilo en EE.UU.
El Gobierno busca evitar una nueva escalada diplomática con Brasil en medio del escándalo por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La Casa Rosada descarta realizar nuevos pronunciamientos sobre el excandidato presidencial brasileño y mantiene como posición oficial que no existen registros de su ingreso a la Argentina. La decisión se produce después de que circularan versiones sobre una presunta salida del senador a través de Puerto Iguazú, pese a la prohibición judicial que le impedía abandonar su país.
En la primera línea del Ejecutivo aseguran que no está previsto que el Gobierno se pronuncie cuando Bolsonaro llegue a Estados Unidos. Buscan mantener una posición de reserva y evitar que el episodio genere nuevas fricciones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de conseguir la reelección en el balotaje del domingo.
La Dirección Nacional de Migraciones informó oficialmente que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino. El organismo difundió un comunicado después de que trascendiera la presencia de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, que tenía previsto realizar un vuelo hacia Estados Unidos durante la madrugada de este martes.
El organismo explicó que, ante la repercusión del caso, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el informe, la documentación de la compañía se encontraba en regla y no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.
La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly, que salió el lunes por la noche desde Aeroparque y aterrizó cerca de la medianoche en Puerto Iguazú. El avión había sido contratado para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños hacia Estados Unidos, pero el viaje fue cancelado antes de que los pasajeros abordaran. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el senador integrara ese grupo.
En las fuerzas federales argentinas también niegan haber participado de un operativo de colaboración con la Policía Federal brasileña para localizar al dirigente. Fuentes consultadas por TN en Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras áreas de seguridad aseguraron que no tenían registradas comunicaciones específicas relacionadas con su presunto ingreso al país.
“Nosotros no tenemos nada aún. No creo que cambie porque también se consultó a Migraciones, que son los que registran los ingresos”, explicó una fuente de las fuerzas federales. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria también descartaron contactos propios con sus pares brasileños. Las respuestas corresponden a las áreas consultadas y no permiten descartar que otras dependencias hayan recibido requerimientos de información.
El Gobierno oficializó este miércoles la disolución de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Iosfa a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa”.
Según la normativa, “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”.
En esa dirección, el decreto establece que, “en función de ello, identificará al personal del Iosfa que resulte necesario para el adecuado cumplimiento del objeto de la OSFA con el fin de formalizar su transferencia, conforme el régimen jurídico aplicable a la situación de revista del personal”.
La medida publicada en el Boletín Oficial tuvo lugar luego de que, a principios de octubre, el gobierno de Javier Milei anunciara que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones, a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que, por falta de pago, mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.
Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.
Ese anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la OSFA se agudizó. En septiembre, había renunciado el administrador de la estructura residual del antiguo Iosfa, coronel retirado Ariel Guzmán, quien trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.
Otro de los elementos que emergen de la decisión del Ejecutivo es que el administrador del Iosfa deberá evaluar “la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la OSFA y dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia”.
En el documento también se hace alusión a la situación de las diversas fuerzas a partir de la nueva reglamentación. “El personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el Iosfa deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”, consignó el Poder Ejecutivo.
Finalmente, la resolución que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y de los principales ministros del Gabinete alude al paso siguiente una vez concretada la supresión del Iosfa. “Concluida la liquidación, los compromisos y obligaciones pendientes derivados de la situación del personal que no hubiera sido transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa. El personal de planta permanente con estabilidad que a esa fecha se encuentre en situación de disponibilidad continuará en ella en el ámbito de dicho Ministerio hasta su reubicación o baja, conforme la normativa aplicable”, finaliza el decreto.
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POLITICA
El Ministerio de Seguridad creó un programa para priorizar la captura de prófugos con mayor peligrosidad
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridades operativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.
La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.
De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.
El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.
La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.
El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.
El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.
En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.
La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.
La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.
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