POLITICA
Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA y le mandó la causa a la justicia federal

Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el AMBA, al dejar firme una medida cautelar que había pedido el Defensor del Pueblo de la provincia. Pero, tras tomar la decisión, el tribunal le envió la causa a la justicia federal.
El fallo es de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que confirmó la medida cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano, en momentos en que el gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo contrato de concesión atado al proceso de privatización dispuesto por la Ley Bases.
En el mismo fallo, el tribunal bonaerense confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal, no en la provincial.
El fallo llega en momentos en que el gobierno nacional había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso, donde se conocen los interesados en adquirir el 90% de las acciones, después del cierre de ofertas. La Casa Rosada anunció que calcula recaudar 450 millones de dólares.
El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.
La demanda fue iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, que denunció que AySA había avanzado en un nuevo contrato que reduce los estándares ambientales, sanitarios y de protección al usuario en la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera la empresa.
Ese contrato se inscribe en el proceso más amplio de privatización de la empresa dispuesto en Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y el Decreto 494, que autorizó el procedimiento para transferir a manos privadas el 90% del capital social de la empresa, hoy mayoritariamente estatal.
El nuevo convenio de mayo de 2026 es el instrumento que puso en marcha las nuevas condiciones de explotación del servicio bajo ese esquema
Frente a esa demanda, la jueza de primera instancia había hecho lugar a una cautelar y le ordenó a AySA abstenerse de realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produjera una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego.
Además había enviado el caso a los juzgados federales de La Plata.
AySA apeló la cautelar −después de que le rechazaran un pedido de reposición− y el Defensor del Pueblo, por su parte, apeló la decisión de enviar la causa a la Justicia federal, al insistir en que debía quedar en la órbita provincial.
La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión: mientras el caso no se resuelva en cuanto al fondo, la empresa no puede avanzar con cambios que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio.
Los jueces hablaron del derecho humano al agua, el principio precautorio y preventivo en materia ambiental y de la doctrina “in dubio pro natura” que utiliza la Corte Suprema, según la cual, ante la duda sobre el impacto ambiental de una medida, debe optarse por la alternativa menos perjudicial.
Para el tribunal, el eventual daño derivado de un debilitamiento de las garantías del servicio sería, además, de muy difícil o imposible reparación posterior, lo que justifica sostener la cautelar mientras dure el litigio.
En paralelo, la Cámara también confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal y no en la provincial, tal como había resuelto la instancia anterior.
El argumento central es que la discusión de fondo requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA es una empresa con participación estatal mayoritaria (90% en manos del Estado nacional), lo que la coloca bajo fuero federal.
El fallo no anula formalmente el proceso de privatización de AySA, pero frena la aplicación práctica de una de las piezas centrales de ese proceso, que es el nuevo contrato de concesión de mayo de 2026, en la medida en que implique bajar el piso de garantías que hoy tiene el servicio de agua y cloacas para los usuarios de los 26 municipios alcanzados.
Así, quedó congelada la posibilidad de que el nuevo operador preste el servicio con estándares más bajos que los actuales. La discusión de fondo, ahora, quedará en manos de un juzgado federal que todavía debe sortearse en la Cámara Federal de La Plata.
adelantó en julio que la lista de interesados en AySA combinaba jugadores locales con peso político e internacionales. Entre los locales, dos nombres aparecían como los más firmes: Mauricio Filiberti, dueño de Transclor −proveedor monopólico de policloruro de aluminio para AySA desde 2009− y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, que trabaja en una propuesta junto con Rowing, la constructora de Walter Román; y el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, cuyo histórico líder, Aldo Roggio, está procesado y es arrepentido en la causa Cuadernos.
También JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats, y se mencionaba, sin confirmación de presencia activa, al grupo de los hermanos Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, que ya se impuso en otras operaciones de la administración libertaria. Aún es una incógnita el interés real de la brasileña Sabesp, operadora de la red de San Pablo.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Axel Kicillof que la empresa provincial ABSA (Aguas Bonaerenses) compitiera por el 90% de AySA, y presentó un amparo judicial que fue clave para que el Gobierno postergara la apertura de sobres.
El problema es que el propio pliego prohíbe que empresas “bajo control estatal” oferten, lo que dejaría a ABSA afuera de entrada.
la privatización de AySA,,Conforme a
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Ante la perspectiva de una derrota, el oficialismo dará quorum mañana para debatir discapacidad y morosidad en Diputados

En una maniobra inesperada, el bloque libertario se sumará mañana la sesión especial que la oposición convocó para mañana en la Cámara de Diputados, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.
De esta manera, el oficialismo habilitaría el quorum al mediodía, en un intento por evitar un golpe político y conservar el control de la agenda, después del anuncio del Presidente sobre la soberanía de las Malvinas.
La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara. Participaron la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del Pro, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Saénz. No fueron de la partida, Provincias Unidas ni los catamarqueños.
El objetivo: un último intento por desactivar el debate de mañana sobre dos temas que incomodan al Gobierno.
Según precisaron a fuentes que participaron de la reunión, los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión de mañana, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate que buscar emplazar a comisiones ambos debates y fijar las fechas de sus dictámenes.
Tal como había anticipado este medio, los bloques críticos ya habían logrado este martes apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema por demás que recae sobre los sistemas de salud provinciales.
Como parte de su estrategia, el oficialismo ya había fijado una cronograma de trabajo para las dos iniciativas, bajo el compromiso de unificar los giros de los diversos proyectos de endeudamiento y morosidad y dictaminar ambas iniciativas antes del 30 de septiembre.
En concreto, el oficialismo buscará mañana fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad. Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones del Gobierno y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.
Las dudas quedaron plasmadas esta tarde, cuando la salteña Yolanda Vega abandonó la reunión pocos minutos después de su comienzo. Al salir, remarcó que la maniobra del oficialismo será “de palabra” y que no existe un expediente que respalde el compromiso. La oposición, en cambio, pretendía aprovechar la sesión de mañana para garantizarse el emplazamiento de ambos proyectos, con una semana de diferencia respecto del cronograma planteado por los libertarios.
Es sobre esta cuestión que se anticipa mañana un debate espinoso, con la oposición que convocó la sesión, encarnada en gran medida por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, dispuesta a exigir certezas al oficialismo.
El debate se estima se centrará también sobre la emergencia en Discapacidad, después que el oficialismo anunciara la semana pasada que trabajaba en una iniciativa propia con el aval de la Casa Rosada. Sin embargo, fuentes libertarias desestimaron horas más tarde que se trata de un nuevo proyecto, sino alguna aclaratoria a la ley ya vigente.
Noticia en desarrollo
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Los esfuerzos del Gobierno para desactivar la sesión por morosidad y discapacidad: las alternativas que analiza

En las vísperas de la jugada opositora en la Cámara de Diputados, a través de la cual buscan obtener dictamen por morosidad y discapacidad, el Gobierno trabajó a contrarreloj para desarticular la sesión, una misión sumamente compleja, por lo que evalúa como posibilidad que el bloque de La Libertad Avanza baje al recinto ante un panorama adverso.
“Son unos irresponsables. Solo quieren hacer su propio circo y sacar ventaja”, se expidió una fuente con despacho en Balcarce 50 que contabilizaba 131 voluntades, lo que habilitaría el quórum para tratar dos temas incómodos para el Poder Ejecutivo.
Con la carta del veto como última posibilidad, en el oficialismo barajan algunas alternativas para suspender el debate. Con respecto a la problemática de la mora en las familias, figuran contraofertas para hacer frente al problema sin afectar el equilibrio fiscal como podría ser presionar a las billeteras y bancos para que clarifiquen el Costo Financiero Total (CFT) a la hora de solicitar un crédito.
“Hay cosas para hacer sin que sea dañino para el Gobierno”, expresó un alfil legislativo ante este medio.
Asimismo, frente al caso de la Ley de Discapacidad, en Balcarce 50 garantizan que cumplen con lo establecido por la Justicia para la aplicación de la normativa y acusan a la oposición de “utilizar banderas de causas nobles para intentar infligir un daño” al Poder Ejecutivo.
Una postura similar mantiene el PRO, bloque que había anticipado que no daría quórum, como hace cada vez que no son convocantes, tras sostener que existen más de 50 proyectos en materia de morosidad y reclamar un cronograma de pago a los prestadores. Además, señalaron que la Comisión de Finanzas tiene previsto emitir dictamen el 30 de septiembre, mientras que la de Discapacidad hará lo propio el 23 del mismo mes.
“Los proyectos incluidos en el temario de mañana ya están siendo trabajados en las comisiones correspondientes y se anunciaron cronogramas de trabajo para avanzar con su tratamiento”, expresaron desde el partido amarillo a través de un comunicado de prensa.
Si bien la intención de máxima de la Casa Rosada fue desactivar la sesión, desde el inicio de la jornada sabían que se trataba de una movida compleja, pero prometían intentarlo “hasta último momento”. La posibilidad de dilatar los debates también sobrevoló en varios despachos oficialistas.
Esta mañana, antes de la reunión de mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, en su despacho como suelen hacer cada martes. También trabaja en la tarea el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Pese a los esfuerzos de los alfiles legislativos, varios aliados fueron abultando el número que los más optimistas relativizan. “Provincias Unidas bajaría y los que responden a Pullaro también. A hoy, tendrían quórum, pero puede pasar cualquier cosa”, expresó una fuente de la mesa política que se reunió este mediodía en Casa Rosada.
Con el correr de las horas, la estrategia del oficialismo mutó: de intentar sabotear la sesión, pasaron a dejar abierta la puerta a la opción de sentar a sus propios legisladores para “usar a su favor” la habilitación del debate. “Es una posibilidad”, admitió una fuente libertaria a Infobae. La movida sorprendió incluso a los aliados, que habían resuelto no dar quórum.
Tras la nueva composición legislativa, en la administración libertaria aseguran que se encuentran mejor posicionados que en 2025, y ven margen de sobra para sostener potenciales vetos, si los temas lograsen avanzar. “A diferencia del año pasado, tenemos las 95 voluntades necesarias para bancar el veto. Antes no. Eso nos permite pensar una estrategia distinta”, sostuvo un alfil libertario ante este medio.
Entre las filas libertarias, algunas voces desdramatizan el accionar opositor al sostener que se trata de un paso preliminar, que obliga a fijar una fecha para tratar los temas, y aseguran que responde a un movimiento político. “Es un emplazamiento. No es demasiado grave, tratamos el tema en las comisiones. La verdad es que es medio un show”, sostuvo un legislador violeta ante Infobae.
Pese a que la oposición está cerca de su cometido, en la administración libertaria descartan que el abroquelamiento que incluye la participación de varios aliados vaya a repetirse. “Si consiguen el quórum es solo por la popularidad de los temas. La irresponsabilidad no es expansiva. Lo bien que le vendría a la Cámara una renovación”, planteó una fuente oficialista.
Las alarmas se encendieron semanas atrás, cuando en el marco del debate por la reforma del Banco Central en Diputados, la bancada opositora logró impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos mencionados, con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. En aquel entonces, un integrante de la mesa política admitía con preocupación que el escenario podría repetirse en futuras sesiones.
South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires
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Gobernadores aliados ratificaron su apoyo al rumbo económico de Milei y a la eliminación de las PASO

Un grupo de gobernadores envió desde Buenos Aires nuevas señales de respaldo al rumbo económico de Javier Milei y sumó distintos guiños políticos a la gestión libertaria durante un evento empresarial ítalo-argentino que se realizó este martes en el Palacio Libertad. Durante sus exposiciones, elogiaron la gestión de la macroeconomía y respaldaron la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Se trata de Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes participaron de distintos paneles en el marco del 10º Foro PyMEs Italia–América Latina 2026.
Los gobernadores ponderaron el momento que atraviesa Vaca Muerta y pusieron el foco en el desarrollo en sus territorios de sectores estratégicos como la energía, la minería y la tecnología. Fuera de los paneles oficiales, algunos también expresaron su apoyo a iniciativas más recientes de la administración libertaria, desde la eliminación de las PASO hasta el endurecimiento del discurso del Gobierno en torno a la causa Malvinas.
El congreso organizado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y Confindustria reunió a funcionarios y empresarios de Argentina e Italia para explorar oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos comerciales en el marco del Acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea y los entendimientos entre Milei y su par italiana Giorgia Meloni.
Si bien comenzó ayer con una mesa de negocios, el foro tuvo este martes su jornada de mayor volumen político, donde contó también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno, que firmaron arriba del escenario dos entendimientos comerciales con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.
Uno de los paneles centrales estuvo dedicado a la energía y reunió a Figueroa, Weretilneck y Cornejo. Bajo el título “Energía para el desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo”, los gobernadores expusieron sobre el potencial energético de sus provincias, las oportunidades para ampliar la producción y las posibilidades de generar nuevos eslabones industriales.
En su alocución, Figueroa destacó la gestión de Marín al frente de YPF y lo puso como ejemplo de una visión “alejada del pesimismo” que, según cuestionó, ha caracterizado a la Argentina. “Horacio fue vital para dar esos primeros pasos y contagiar al resto de la industria para que asumamos el desafío que nosotros podemos producir GNL y brindárselo al mundo”, sostuvo.
En esa línea, Figueroa definió a la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, cuyo epicentro productivo está concentrado en su provincia, como “la gran oportunidad que tiene la Argentina” y remarcó que su desarrollo “no es un desafío sectorial ni de un partido político, sino un desafío generacional”.
A su turno, Cornejo se sumó a los elogios de Figueroa y se mostró esperanzado con la ampliación del desarrollo de Vaca Muerta en territorio mendocino. En particular, destacó el potencial de la denominada “Lengua Norte”, una extensión de la formación que se encuentra en el sur de la provincia. En paralelo, celebró el proceso “de privatización conjunta con el gobierno nacional de IMPSA”, la empresa mendocina de ingeniería y tecnología industrial que fue la primera firma estatal en ser vendida durante la gestión de Milei, como parte de una estrategia que el gobernador presenta como orientada a reducir la participación estatal y atraer inversiones.
Para Weretilneck, en tanto, Argentina atraviesa “un momento histórico” en materia energética, marcado —según enumeró— por la “estabilidad política”, “seguridad jurídica” y “previsibilidad económica”. El gobernador rionegrino reivindicó “el liderazgo” y “la visión clara del presidente Milei” sobre “lo que debe ser el país en su vinculación internacional y las garantías para atraer inversiones”.
Además, resaltó el potencial de la Patagonia y aseguró que Río Negro puede convertirse en “el hub exportador de GNL y petróleo más importante de América Latina” en los próximos años, un proceso en el que se mostró a favor de la implementación del RIGI.
Más tarde, el panel “Minerales críticos y desarrollo federal: minería, inversión productiva y articulación territorial para impulsar cadenas de valor competitivas” congregó a los gobernadores Sadir, Orrego y Jalil, en cuyas provincias se concentra buena parte del potencial argentino en el sector.
De acuerdo al gobernador de Jujuy, “hoy más del 70 por ciento de las exportaciones provinciales son con materia de minería; fundamentalmente, litio y plata”. En ese sentido, Sadir mencionó que “la provincia, con la seguridad jurídica que ha aportado tantos años, se ha potenciado con el Gobierno Nacional y el RIGI”.
Por su lado, Orrego anticipó que “San Juan va a ser el primer productor de cobre de la Argentina de acá a tres años”, y especificó que “Argentina tiene diez proyectos de cobre sumamente importantes, de los cuales seis se encuentran en la provincia”. En ese orden, dijo que “si la macro no funciona bien, no hay inversiones”, y manifestó que “el RIGI vino a mejorar”, así como “la reforma de la ley glaciares hizo que Argentina sea una usina de posibilidades”.
Por su parte, el gobernador de Catamarca dijo que el evento tiene que “traducirse ahora en mayores exportaciones, mayores inversiones y mayor empleo”. Consultado por tras su intervención, hizo una escala sobre el estado de situación de las industrias en su territorio. “Hay sectores que están muy bien, como la agroindustria y la minería. Hay otros sectores que, digamos, están en empate, y hay otros sectores que hay que prestarle atención, como los textiles”, enumeró.
En ese sentido, Jalil afirmó que mantiene “una buena relación con el gabinete del presidente Milei, como hubo con el de Alberto Fernández”, y respondió a las críticas dentro del peronismo al reivindicar su desempeño electoral: “Yo siempre gané las elecciones, a mí no me pueden decir nada. Yo con Lucía (Corpacci) mantengo a la familia unida y ganamos la elección”.
El gobernador catamarqueño también volvió a pronunciarse a favor de eliminar las PASO y respaldó el posicionamiento de la Casa Rosada sobre sancionar a las compañías que intenten explotar hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas. “Fui soldado en la época de Malvinas, así que, en lo personal, creo que ha sido un avance lo que ha realizado el presidente”, completó.
En diálogo con la prensa, Weretilneck adhirió a esa postura del Ejecutivo Nacional. “Todos estamos de acuerdo. Creo que las empresas tienen que optar entre violar la soberanía argentina o ser socio de Argentina. Me parece que en esto el presidente ha sido muy claro, el gobierno ha sido muy claro y lo compartimos todo”, planteó.
A su salida del Palacio Libertad, también Figueroa se expresó a favor. “La verdad que la veo muy bien. Malvinas nos une a todos los argentinos y debemos ser muy respetuosos con la causa Malvinas. Hablar de la economía es otra cosa, por lo que creo que es importante decir que quien contribuya a avasallar nuestra soberanía no tenga posibilidad de participar en el suelo argentino”, marcó.
Por último, pidió que en las elecciones del 2027 no haya PASO. “Es un gasto innecesario y una pérdida de tiempo para el ciudadano. Creo que, por lo menos, debemos suspenderlas”, cerró.
Manuel Casado,Conforme a
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