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Malvinas: la oposición en el Congreso impulsa iniciativas propias para defender el reclamo de soberanía

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El presidente de la Nación en la ultima reunión de Gabinete, del pasado lunes, determinó que el proyecto sobre la Soberanía Argentina en Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados. Allí impulsará elevar las sanciones a las empresas que decidan explotar recursos naturales en las Islas sin autorización argentina, es decir modificará la Ley 26.659 del 2011.

También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Además, el jefe de Estado, Javier Milei ya presentó demandas penales contra varias empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, sus directivos y representantes.

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La decisión del Presidente Milei llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría revisar su posición respecto a la disputa territorial sobre las islas Malvinas. Recordando que el gobierno del Reino Unido no respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, algo que resintió al líder de la Casa Blanca.

El PJ se mueve en Diputados

La bancada de Unión por la Patria (UxP) en Diputados presentó en los últimos días diferentes proyectos tendientes a resaltar la soberanía argentina en las Islas Malvinas. El diputado porteño Eduardo Valdés, junto a 25 legisladores peronistas, le pidieron al Presidente Javier Milei que exhiba nuevamente en la Casa de Gobierno la bandera que flameó en Malvinas durante el operativo Cóndor.

El diputado Eduardo Valdes de UxP, pidió por la bandera argentina que flameó en Malvinas. Foto NA

“Esa bandera tiene un valor histórico enorme, fue una de las siete que flamearon en las islas Malvinas hace 60 años durante el operativo Cóndor”, dijo el diputado nacional Eduardo Valdés.

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La bandera, una de las siete enseñas argentinas que fueron desplegadas en las Islas durante el Operativo Cóndor, se encontraba exhibida en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada hasta que fue retirada en febrero de 2025. Según informó entonces el Gobierno nacional, la decisión obedecía a tareas de restauración y conservación.

La iniciativa lleva las firmas de Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Agustina Propato, Roxana Monzón, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto y Andrea Freites, entre otros.

Fin a un convenio fiscal con Inglaterra

Por su parte el entrerriano del Frente Renovador Guillermo Michel, insta al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar la denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscripto en 1996.

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Guillermo Michel, diputado nacional UxP. Foto: Cámara de Diputados.
Guillermo Michel, diputado nacional UxP. Foto: Cámara de Diputados.

El Convenio de Doble Imposición entre Argentina y Reino Unido otorga beneficios a las empresas inglesas que obtienen rentas en el país estableciendo tope para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías y tiene un costo fiscal, en promedio, de 50 millones de dólares por año para el fisco argentino.

El peronista Guillermo Michel planteó: “Nuestro país cuenta desde hace años con instrumentos destinados a proteger sus derechos soberanos y sus recursos naturales. En particular, la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, estableció un régimen de prohibiciones y sanciones aplicable a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente”.

Agregó que “la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de este régimen frente a las actividades hidrocarburíferas ilegítimas debe ser acompañada por una política integral y coherente respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral”.

“Si el Gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina. El Reino Unido continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales, petróleo y pesca, en áreas sujetas a la disputa de soberanía, sin autorización de nuestro país”, expresó el legislador.

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Pedido por una Comisión Bicameral

El bloque de senadores nacionales de Convicción Federal, presidido por la jujeña Carolina Moisés, presentó un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Permanente sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur en el Congreso de la Nación.

Bloque Convicción Federal en Senado, Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Foto: Senado nacional
Bloque Convicción Federal en Senado, Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Foto: Senado nacional

Los legisladores entienden que el Congreso debe tener un rol permanente en la defensa de Malvinas y de nuestros intereses en el Atlántico Sur.

“Hay quienes hablan de soberanía cuando conviene y la olvidan cuando aparecen los negocios. Los recursos argentinos tienen que estar al servicio de los argentinos. No podemos hablar de soberanía mientras otros deciden sobre nuestra pesca, nuestro petróleo y nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmaron los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

La Comisión permitirá abordar Malvinas como lo que realmente es: una cuestión diplomática, económica, energética, pesquera, ambiental, científica, antártica, logística, de defensa y, fundamentalmente, de soberanía nacional.

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El proyecto establece que deberá integrarse obligatoriamente con un senador y un diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, garantizando la representación permanente de la provincia directamente involucrada.

“Frente a la explotación unilateral de nuestros recursos, el avance del proyecto petrolero Sea Lion y la presencia militar británica, Argentina no puede limitarse a reaccionar: necesita una estrategia de Estado permanente. Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece a la Nación Argentina. Y su soberanía no se declama: se defiende”, sostiene los senadores de Convicción Federal.

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Con estos antecedentes parlamentario, el Congreso aguarda la llegada del proyecto de Soberanía argentina Sobre las Islas Malvinas que Javier Milei enviará al Congreso.

Malvinas Argentinas, Javier Milei, Eduardo Valdes

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Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”

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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.

“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.

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La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.

Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, presentó el informe de ADEPAADEPA

Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.

Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.

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Javier Milei brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro, sobre “Ética como política de Estado”Presidencia

La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.

El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.

La publicación de Luis Caputo contra el periodismoCaptura

Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.

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El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).

El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.

Límites al periodismo y judicialización

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Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.

“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.

Periodistas permanecen afuera de la Casa Rosada después de que el Gobierno les bloqueara el accesoRodrigo Abd – AP

En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.

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“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.

Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.

Inteligencia Artificial

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La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.

Panel de ADEPA sobre la adopción de IA en las redacciones argentinasADEPA

“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.

La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.

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Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.




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Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

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El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.

La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.

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El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.

La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.

La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.

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Javier Milei, en cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas, los isleños no tienen derecho a la autodeterminación” (Foto: Presidencia).

Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.

El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.

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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.

La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.

La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.

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La mesa política se reunió para discutir la estrategia sobre Malvinas con la participación del canciller y el ministro de Defensa (Foto: Presidencia).
La mesa política se reunió para discutir la estrategia sobre Malvinas con la participación del canciller y el ministro de Defensa (Foto: Presidencia).

La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.

El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.

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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.

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El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.

La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.

Gobierno, Islas Malvinas

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POLITICA

Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

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La senadora nacional Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en la Cámara alta, volvió a mostrar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda ser “para todos”.

Las definiciones de la exministra de Seguridad se dieron en una charla en la Universidad de San Andrés y fueron en línea con otros comentarios que Bullrich hizo en ocasiones anteriores.

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Bullrich es hasta ahora la única referente del oficialismo que se animó a mostrar diferencias en público y en privado, al marcar su preocupación por distintos parámetros de la economía. Los manifestó tanto en público como puertas adentro del Gobierno de Javier Milei, en distintas reuniones de gabinete y en la mesa política.

“A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, dijo en uno de los tramos de su exposición.

En otra parte de su exposición, ante una consulta, sostuvo: “En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.

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Ambos comentarios fueron en línea con expresiones que la excandidata presidencial de Pro tuvo en agosto pasado. Como en su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bullrich expresó: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.

Las expresiones de la senadora fueron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.

En su exposición, la jefa del bloque libertario en el Senado, reconoció los logros en materia macroeconómica de la administración libertaria, pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen de manera más clara en la vida cotidiana de la población.

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Bullrich se preguntó: “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”.

Por esos días, en un encuentro con empresarios pyme, Bullrich también marcó a través de un tuit que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar.

También valoró en esa publicación en las redes sociales el modelo económico impulsado por el mandatario: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.

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Tras ello, planteó: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. Y sobre el final reconoció que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.

Previamente, en la Bolsa de Comercio de Córdoba admitió las dificultades económicas. “Los planes de estabilización tienen momentos difíciles, pero hay que seguir este camino; si nos desviamos nos caemos”, dijo.

Bullrich es la dirigente del oficialismo que más diferencias marcó con algunos de los casos más controvertidos del gobierno. Como la situación del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su demora presentar sus declaraciones juradas, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Y también cuando el Gobierno intentó retirar el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, y cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, de .




en un encuentro con empresarios pyme,Conforme a

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