POLITICA
El Papa León XIV llamó a construir un progreso que “no deje nuevas ruinas a su paso” en un encuentro con empresarios y movimientos sociales del continente

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, participó este sábado de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, celebrado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre. Durante el encuentro, el dirigente gremial le entregó al Sumo Pontífice un informe de diagnóstico de más de 60 páginas sobre el deterioro social y económico de la Argentina, mientras que el pontífice, en su discurso ante los participantes del mundo, sostuvo que los grandes desafíos sociales y tecnológicos de la época “requieren responsabilidad compartida” y llamó a que el desarrollo actual “no deje nuevas ruinas a su paso”.
El encuentro, organizado de forma conjunta por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Comisión para América Latina y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), convocó a dirigentes sindicales, empresarios, académicos, bancos de desarrollo y movimientos populares de todo el continente. La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.
La delegación argentina que asistió a la cumbre estuvo integrada por los dirigentes sindicales Gerardo Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Cristian Jerónimo, uno de los tres cotitulares de la central obrera; Gramajo, en representación de la UTEP; Marta Pujadas, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Daniel Funes de Rioja, presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y el sacerdote Carlos “Charly” Olivero, coordinador de Comunidades Organizadas.

La audiencia se realizó el sábado en el Palacio Apostólico Vaticano, al cierre de tres jornadas de diálogo desarrolladas en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma.
“Qué humanidad queremos construir”: el mensaje central del Papa
En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV saludó también a representantes de la Conferencia Eclesial Amazónica, de organismos internacionales, bancos regionales de cooperación, empresas, fundaciones, centrales sindicales, cámaras de empleadores y universidades, según recogió Vatican News. El pontífice remarcó que la amplitud de esa representación confiere un interés particular al encuentro, ya que reúne a actores con responsabilidades decisivas en la vida social, económica y cultural, y sostuvo que su presencia expresa la voluntad de traducir el diálogo en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”.
El Papa vinculó el encuentro con el llamado que había formulado ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025 a sostener un “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo”. Explicó que ese diálogo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino parte de su misión evangelizadora, que exige mirar de frente la realidad de quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.
Frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el pontífice planteó que la pregunta decisiva no es si aceptar o rechazar determinadas herramientas, sino “qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”. En ese marco, llamó a recuperar la lógica de la subsidiariedad y valoró la iniciativa de la Iglesia en las Américas para promover una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur de Cooperación Multisectorial. “Los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad”, sostuvo, de acuerdo con la transcripción difundida por el medio vaticano.

Referencias a la encíclica Magnifica Humanitas y advertencia sobre la polarización
León XIV retomó conceptos de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la necesidad de un principio de unidad que oriente el pluralismo hacia fundamentos comunes. “Escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de las narrativas polarizadas en una época en la que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”.
En la parte de su alocución pronunciada en inglés, el Papa se refirió a las “res novae”, las nuevas realidades de la época, y señaló la responsabilidad de las empresas, llamadas a reconocer el trabajo y la dignidad como medidas de éxito, y de los ciudadanos, convocados a cultivar la responsabilidad y el sentido de la verdad. Citó su propia encíclica para sostener que las tensiones y diferencias “pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.
Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, aclaró que no se trata de un manual de principios y normas que deba aplicarse mecánicamente, sino de un proceso de discernimiento compartido, cuyo valor no puede medirse solo por el número de personas que respaldan un consenso, sino por el impacto que ese consenso tiene “en la vida de quienes poseen menos poder para defenderse”.

La imagen de Nehemías y el llamado a “reconstruir lo que se ha derrumbado”
Al cierre de su intervención, el pontífice recurrió a la figura bíblica de Nehemías, reconstructor de Jerusalén, como imagen de una tarea colectiva. “Al igual que Nehemías, deben entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones y comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”, señaló, en una cita textual de Magnifica Humanitas.
El Papa concluyó con un llamado a cultivar una “cultura de la negociación” que contribuya a la paz, y expresó su deseo de que “el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso” y que todo lo que se construya sea “un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”. La audiencia finalizó con el rezo conjunto del Padre Nuestro y la bendición apostólica.
El Papa retomó nuevamente la figura de Nehemías para remarcar que este no reconstruyó Jerusalén solo, sino que convocó a su pueblo y cada persona asumió la parte que le correspondía. Bajo esa lógica, cerró su discurso con una convocatoria directa a los presentes: “Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”.
El cuestionamiento de la UTEP a las cifras oficiales de pobreza
En paralelo al discurso papal, el informe entregado por Gramajo cuestiona la metodología con la que el Estado argentino mide la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2025 —última medición oficial disponible— el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, lo que incluía al 28,2% de las personas. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares estaba bajo la línea de indigencia, es decir, el 6,3% de las personas. En términos absolutos, esto representa 2.145.000 hogares pobres, que incluyen a 8.474.000 personas, y 494.000 hogares indigentes, con 1.884.000 personas en esa condición.
El documento sostiene que esa medición subestima sistemáticamente la privación real. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) citado en el informe, si se actualiza la línea de pobreza con los patrones de consumo reales y se incorpora el costo del alquiler, la pobreza real trepa al 39% de los hogares, casi el doble de la cifra oficial, lo que equivale a 4 millones de hogares pobres frente a los 2,1 millones que reporta el INDEC. En términos de población, ese “sinceramiento metodológico” eleva la pobreza al 48% y deja fuera de las estadísticas oficiales a más de 6 millones de personas.

Empleo informal, cierre de empresas y salarios por debajo de la canasta básica
El informe dedica un extenso apartado a la desestructuración del mercado laboral. De acuerdo con datos del INDEC citados en el documento, la tasa de informalidad alcanzó el 43% en el último cuatrimestre de 2025, con picos del 57,3% entre los varones de hasta 29 años y del 59,7% entre las mujeres de ese mismo rango etario. Esto implica que más de nueve millones de trabajadores realizan sus tareas sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.
En materia de cierre de empresas, el documento cita un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) según el cual, entre 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores registrados cayó de 512.357 a 485.909, una contracción de 26.448 empresas, equivalente a 31 cierres por día. El fenómeno explica, en parte, la pérdida de 341.396 puestos de trabajo en ese período.
El informe también compara los ingresos con el costo de vida: el salario de un empleo formal ronda en promedio 1.200.000 pesos (unos 800 dólares), mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) establecido por el Gobierno para julio de 2026 es de 372.400 pesos y el costo de la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se ubica en 1.500.000 pesos.
Uno de los ejes centrales del informe es la eliminación del Programa Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación fija de 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 personas de entre 18 y 49 años. El programa era la continuidad del Salario Social Complementario (SSC), equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelado a valores de noviembre de 2023, lo que —según el documento— derivó en una pérdida de poder adquisitivo estimada en el 74% por efecto de la inflación.
Tras un amparo judicial que la UTEP obtuvo con base en el principio de no regresión de derechos sociales, los pagos se sostuvieron hasta que, en julio de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar. Así, agosto de 2026 fue el primer mes sin el pago de los 78.000 pesos para el universo de beneficiarios. El 7 de agosto, día de San Cayetano, la organización presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue denegado, aunque el litigio de fondo continúa abierto.

El desfinanciamiento de las obras en los barrios populares
El informe también detalla el impacto de la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), decretada en mayo de 2025. Según el documento, la medida implicó una reducción del 94% en los desembolsos previstos, con perjuicio para más de 200.000 familias. Los fondos que estaban destinados a las obras fueron reasignados: 204.000 millones de pesos en letras del Tesoro y bonos, 64.000 millones en un fondo común de inversión y 95.600 millones en cuentas del Banco Nación.
De acuerdo con relevamientos del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y la fundación Fundar citados en el informe, el FISU había ejecutado o tenía en marcha 1.394 obras —1.277 de integración socio urbana y 117 de desarrollo de lotes con servicios—, de las cuales 474 estaban finalizadas (34%) y 330 con un avance superior al 50% (24%). El fondo había generado, además, 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mejoras de vivienda a través del programa Mi Pieza y 850.000 Certificados de Vivienda Familiar, con más de 1.300 barrios beneficiados por al menos una obra.
El propio documento describe la magnitud del déficit estructural en los barrios populares registrados en el ReNaBaP, que agrupan a más de 5.600 asentamientos con cerca de 5 millones de habitantes: el 92% carece de conexión formal de agua, el 98% no tiene acceso formal a gas natural, el 97% no cuenta con red cloacal formal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares. Un relevamiento de CISUR de mayo de 2026 agrega que el 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional, el 48% acumula más de un problema simultáneo y el 10% habita viviendas calificadas como irrecuperables. El informe cita, además, un dato de mortalidad diferencial: la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares es de 60,6 años, frente a los 71,6 años del promedio nacional.

En el capítulo dedicado a la emergencia alimentaria, el informe sostiene que la inseguridad alimentaria dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural, con un salto que —según los datos citados— viene escalando desde el 15,7% registrado en 2014. El documento remarca el rol que cumplen las organizaciones de la economía popular ante el retiro estatal: solo el Banco de Alimentos Buenos Aires distribuyó durante 2025 7,28 millones de kilos de alimentos, equivalentes a más de 21,8 millones de platos, a través de 1.335 organizaciones y con alcance a 354.027 personas.
El informe señala también que entre el 70% y el 80% de quienes coordinan, cocinan y sostienen los comedores comunitarios son mujeres que realizan esa tarea de forma no remunerada, un trabajo de cuidado que —según una estimación citada en el documento— representa el 15,9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país si se contabilizara el total de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.
Infancia, salud mental y consumos problemáticos

El documento dedica un capítulo específico al impacto de la crisis sobre la niñez. Según los datos allí consignados, correspondientes al primer semestre de 2025, el 45,4% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza y el 10% en la indigencia. Además, el 36,8% de los chicos de entre 6 y 17 años “aprende poco o podría aprender más” y el 18,1% presenta síntomas de tristeza o ansiedad, según la percepción de sus adultos de referencia.
En materia de salud mental, el informe cita indicadores según los cuales una de cada cuatro personas en la Argentina (entre el 26,7% y el 28,1%) presenta algún problema de esa índole. El 49% de los argentinos refirió sufrir estrés y ansiedad frecuentes durante 2025, el 8,7% declaró padecer depresión mayor y los trastornos vinculados al consumo de sustancias afectarían a cerca del 10% de la población. Sobre este último punto, el documento advierte que la experiencia territorial de los dispositivos comunitarios registra “situaciones de inicio en niñas y niños de apenas 8 y 9 años en contextos de alta vulnerabilidad social”, a lo que se suma el crecimiento de las apuestas en línea entre los más jóvenes.
Frente a ese diagnóstico, la delegación de la UTEP expuso ante el Papa lo que definió como la “reserva moral, productiva y comunitaria” de la economía popular. En ese marco, presentó el trabajo de las promotoras territoriales, una propuesta de Estatuto Laboral y la plataforma cooperativa Cuidarnos, un proyecto que conecta a familias que requieren cuidados con trabajadoras capacitadas en la atención de adultos mayores.

Gramajo vinculó esta iniciativa con los debates en torno a la encíclica Magnifica Humanitas: “Si la tecnología queda en manos de unos pocos, sólo agrava la exclusión y profundiza el pluriempleo”, había señalado el dirigente antes de la audiencia, y sostuvo que Cuidarnos “demuestra que la tecnología puede estar al servicio de la dignidad humana”.
El pedido de la UTEP de cara a la llegada del Papa al país
Al cierre de la jornada, desde la UTEP remarcaron la expectativa que genera la visita papal en los barrios populares. “Con inmensa gratitud en el corazón y una profunda esperanza comunitaria, le transmitimos que nuestro pueblo lo espera con los brazos abiertos para su histórica visita pastoral en noviembre. Su llegada a la Argentina será un abrazo indispensable para aliviar el alma de los que sufren y una llama viva para reafirmar que la paz social solo se construye garantizando la sagrada agenda de Tierra, Techo y Trabajo”.
En diálogo con Infobae, Alejandro Gramajo destacó las palabras del León XIV quien afirmó que: “El diálogo con el mundo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino que pertenece a su propia misión evangelizadora. La Iglesia anuncia el Evangelio en medio de las circunstancias concretas en las que viven los pueblos y, por ello, está llamada a mirar de frente la realidad de hombres y mujeres”.
Su Santidad también destacó: “El imperativo del Evangelio de cuidar a los pobres exige, además, que esa mirada se dirija de modo particular hacia quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.”
ReNaBap,barrios populares,servicios básicos,Argentina,Infobae
POLITICA
Tormenta en el Banco Nación: un crédito de $52.600 millones, una empresa bajo sospecha y el traslado del gerente que se negó a firmar la financiación

La orden, tajante, llegó desde Buenos Aires. La Casa Central del Banco Nación promovió que la Gerencia Zonal Atlántica firmara el otorgamiento de un crédito por más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. ¿La beneficiaria? Una sociedad sin obras previas, constituida en junio de 2024, sin ingresos declarados y balance en rojo. Pero el gerente zonal se negó por escrito a firmar. Y seis días después de negarse, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Santa Fe, a 1300 kilómetros de su destino y de su familia.
El gerente se llama Pablo Pourrere y su traslado quedó en suspenso por orden judicial. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, concedió una medida cautelar porque el traslado “prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas”. Lo decidió tras repasar las “múltiples inconsistencias”, “groseras y de suma gravedad” que denunció Pourrere, “las deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental” del crédito detectadas por la auditoría interna del propio banco y las “presuntas presiones indebidas” para que firmara el crédito por más de $52.600 millones.
La empresa que debió recibir el crédito de Jardines de Chauvín SA y el socio mayoritario es Mariano Jinkis. Es decir, el empresario que junto a su padre, Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos, el 26 de agosto pasado, que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. Lo admitieron en Nueva York, tras once años en la Argentina resistiendo su extradición, tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia que evita la declaración formal de culpabilidad, pero contempla el pago de US$ 50 millones, como parte de la investigación global FIFAgate.
Consultado por , el Banco defendió el proceder interno, remarcó que no se otorgó el crédito y rechazó que el traslado de Pourrere responda a sus objeciones. Son, indicó, “actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.
En Jardines de Chauvin SA, Jinkis como el dueño del 90% de las acciones. El otro integrante del directorio es Guido Murgier, titular del 10% restante y también garante solidario para el emprendimiento con que pretenden construir dos torres de 23 y 16 niveles, y 238 unidades funcionales sobre un terreno de 5700 metros cuadrados en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.
Primer movimiento: Buenos Aires
Pero no fue Jinkis, ni Murgier quienes pidieron el crédito; por el contrario, el Nación fue a buscarlos. Según verificó un informe de auditoría interna del propio banco, el sector Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos, el 23 de enero de 2025, para que le facilitaran un contacto de Jardines de Chauvin, aunque ante la consulta de , la entidad dio otra versión. Sostuvo que fueron los representantes del estudio los que contactaron al Banco.
A cargo de la eventual construcción de las dos torres, el estudio de arquitectos sobrelleva sus propias turbulencias. Entre otros motivos, por la cuestionada construcción de otra torre, de 35 pisos, en una zona histórica de Mar del Plata, la residencial bahía Varese. Desde referentes sociales hasta el Distrito IX del Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires levantaron su voz ante el proyecto, que cosechó la venia del Concejo Deliberante pero quedó bajo la lupa judicial.
En el emprendimiento de Jardines de Chauvin SA, en tanto, empleados jerárquicos del Nación en Buenos Aires mantuvieron un ida y vuelta constante con los arquitectos durante 2025, estimaron que tenían entre manos un proyecto con “una factibilidad financiera favorable” y un crédito potencial por $35.600 millones, con “capacidad de repago consistente”, según la documentación disponible.
Con ese contexto, el lunes 22 de diciembre convocaron a una reunión por Zoom a Pourrere y su equipo de Mar del Plata. Le enviaron una “memoria descriptiva” del proyecto inmobiliario y le indicaron que “el objetivo del encuentro será ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación y asistencia del cliente”.
Objeción inicial
Tras Nochebuena y Navidad, Pourrere planteó la primera objeción el viernes 26, según verificó el área de auditoría interna del Nación. “Dado que es el primer ejercicio económico del cliente, y su balance es irregular, la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado -remarcó-. En el Estado de Resultados se computaron los gastos administrativos y los resultados financieros y por tenencia, originando el resultado final negativo del ejercicio”.
Pourrere fue más lejos. Alertó que al consignar los antecedentes de Jardines de Chauvin en el rubro de la construcción, en la documentación que le habían pasado desde Buenos Aires habían consignado obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, lo cual resultaba imposible porque la sociedad se constituyó en 2024. También, requirió que una evaluadora externa analizara el proyecto.
La evaluadora fue Serinco SRL, que tasó el proyecto en US$35,6 millones, lo que equivalía a $52.638 millones de pesos al tipo de cambio vigente. Pero desde Buenos Aires cometieron un error: en otro documento que remitieron a Mar del Plata el 25 de febrero de este año indicaron tomaron los dólares por pesos y plantearon que el proyecto costaría $35.600 millones.
Los responsables en Buenos Aires se percataron del error y ese mismo día emitieron una segunda acta, con el costo correcto en pesos -$52.600 millones-, pero por motivos que se ignoran no remitieron ese documento a Mar del Plata durante semanas, como tampoco enviaron el informe de la Subgerencia General de Integridad que alertó sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendó imponer un “criterio reforzado de debida diligencia” si otorgarían el crédito.
Así, según cotejó , el acta del 25 de febrero con el monto erróneo en pesos se envió a Mar del Plata el 6 de marzo; la segunda, también emitida el 25 de febrero con el monto correcto de $52.600 millones, recién el 19 de marzo. Y el informe de “debida diligencia” sobre Jinkis, emitido el 19 de febrero, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.
“Avanzar con la propuesta formal”
¿Qué pasó entre las fechas en que se emitieron y enviaron esos documentos? El 3 de marzo, el área de Productos Hipotecarios, en Buenos Aires, le envió a Pourrere un “modelo de resolución” para que firmara el crédito. “Les solicitamos por favor avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente, incluyendo apertura de cuentas, “capitas”, tarjetas de crédito para socios y demás productos correspondientes”, plantearon desde “Área Central”, según verificó el área de Auditoría Interna.
Pourrere, sin embargo, se negó. Y sólo en los días que siguieron le remitieron el acta de los $35.600 millones; la segunda con la corrección a $52.600 millones, el informe de “debida diligencia” y, de manera sorpresa, la orden de traslado que él no había pedido, a una sucursal de categoría inferior. Firmada por todo el directorio del BNA, la resolución se fechó el 20 de febrero, pero recién lo notificaron 33 días después, el 25 de marzo.
La resolución, cuya copia entregó el banco a requerimiento de , también determinó el traslado de otros dos empleados jerárquicos de la entidad. Pero con características opuestas: al primero lo ascendieron de la segunda a la máxima categoría; al otro, lo mantuvieron en la categoría máxima. Y ambos dieron su visto bueno al traslado. Pourrere no fue informado, no dio su visto bueno al destino impuesto y lo descendieron de nivel, aunque con la misma retribución.
Apenas un día después, Pourrere presentó su descargo. Rechazó el traslado impuesto desde Buenos Aires, denunció presiones para que impulsara el crédito a Jardines de Chauvin SA y alegó que obedecía a represalias vinculadas con su negativa a validarlo, lo que provocó un efecto dominó. El 1 de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales dispuso la suspensión provisoria del traslado y solicitó una auditoría interna.
Ante la consulta de , desde el BNA defendieron su proceder. “Las afirmaciones efectuadas por el Sr. Pourrere en torno a una supuesta vinculación entre su traslado y la tramitación de la solicitud de financiamiento de Jardines de Chauvin SA carecen de sustento fáctico y no se corresponden con la realidad de los hechos”.
“Deficiencias” e “inconsistencias”
Con la auditoría abierta, en tanto, llegó el final para el crédito. El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios denegó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvin tras invocar factores de riesgo reputacional e integridad sobre los que estaba al tanto desde hacía meses.
El 8 de junio, el informe de auditoría interno estuvo listo. Detalló que el costo total del proyecto era de casi $79.800 millones, que el monto a financiar era de casi $52.700 millones, identificó “deficiencias” e “inconsistencias” en el procedimiento, “debilidades en la documentación de respaldo”, “ausencia de evidencia de experiencia comprobable del usuario en materia de construcción de viviendas” e, incluso, “falta de documentación” que demuestre vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA. También detectó que el crédito no comenzó a tramitarse en Mar del Plata, ni tampoco lo pidieron los desarrolladores inmobiliarios, sino que lo había iniciado Buenos Aires, lo que sólo quedó autorizado en el procedimiento interno del Banco mediante una reforma que se instrumentó el 29 de mayo. Es decir, ex post.
En ese contexto, los auditores alimentaron los argumentos de Mar del Plata y Buenos Aires. Por un lado, plantearon que el Banco corría el riesgo de “posible inadecuado otorgamiento de préstamo” y “eventuales pérdidas económicas para la institución”, además de “posible riesgo reputacional”. Pero también aclaró que todo lo anterior, “no invalida el proceso en su conjunto” porque era subsanable. Pero ya era tarde. El banco desistió del crédito y mantuvo el traslado de Pourrere a Reconquista, distante 1300 kilómetros de Mar del Plata. El 25 de agosto le ordenaron ocupar su nuevo puesto en el plazo de una semana.
Con 36 años en el banco y diez como gerente zonal, Pourrere acudió a la Justicia. Y tras sopesar el dictamen del fiscal federal Daniel Adler, el juez Bibel ordenó la cautelar. Valoró que la resolución del Directorio del 20 de febrero nunca fue adjuntada a Pourrere en los e-mails que la invocaban, “lo que obstaría al pleno ejercicio del derecho de defensa, que debe resguardarse aún en instancias administrativas”. Y consideró que no resulta razonable disponer la efectivización de un traslado con cuatro días hábiles de anticipación, cuando las presentaciones previas del agente no constaban resueltas.
La posición del Banco
Ahora, abogados del Banco deberán presentarse ante la Justicia federal en Mar del Plata, dar su versión sobre lo ocurrido. Ante la consulta de , desde la entidad facilitaron toda la documentación interna requerida e indicaron que de ese material “surge que la decisión de denegar la solicitud de financiamiento presentada por Jardines de Chauvin SA fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios mediante resolución de fecha 18 de mayo y comunicada posteriormente a Pourrere, quien no intervino en la instancia de decisión de la solicitud”.
“Del mismo modo -abundó-, la cronología permite advertir que el traslado dispuesto al Sr. Pourrere tuvo origen en la Resolución de Directorio Nº 356 de fecha 20 de febrero pasado, es decir, con anterioridad tanto al inicio de la auditoría como a la denegatoria de la solicitud de financiamiento. En consecuencia, se trata de actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.
En ese sentido, el BNA planteó que “la decisión de denegar la operación fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, mientras que las medidas vinculadas al traslado [de Pourrere] respondieron a un procedimiento administrativo independiente y anterior. En consecuencia, el banco se presentará ante la Justicia para plantear todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses frente a la medida cautelar dictada”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Unidad Básica San José 1111: El senador K Mariano Recalde tiene un departamento en donde Cristina Kirchner cumple su condena

La Cámpora parece copar, de forma gradual, el edificio, ya emblemático, de San José 1111 en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria de seis años por la Causa Vialidad.
Primero se supo de la compra de una propiedad por parte de la sindicalista kirchnerista Soledad Calle, sospechada de enriquecimiento irregular por una presunta triangulación con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán.
Ahora, La Nación reveló que uno de los fundadores de La Cámpora, presidente del PJ porteño y senador K, Mariano Recalde, también es propietario de un departamento en el mismo edificio.
Recalde es propietario del departamento 1A, el único inmueble de la estructura que cuenta con patio. Por casualidades de la vida, ese departamento colinda con el que compró la gremialista y emprendedora K Soledad Calle.
María Soledad Calle admitió haber comprado un departamento en el edificio de Cristina Kirchner
El misterio es que ninguno de los dos departamentos se encuentra habitado. Ni Recalde ni Calle viven en ese edificio. Pero el inmueble del presidente del PJ porteño se encuentra habitado por una inquilina misteriosa.
Otra coincidencia es que tanto Mariano Recalde como Soledad Calle aparecen como propietarios morosos dentro del edificio. El senador K adeuda según La Nación, $824.190, mientras que la gremialista debe $514.722.
Cabe destacar que Recalde es propietario de su departamento desde 2016, lo adquirió un año después que la familia Kirchner, a través de la Sociedad Los Sauces, adquiriera el inmueble en donde se encuentra la expresidenta, aunque el senador no frecuenta el edificio ni vive nadie de su familia. Solo una inquilina destacada por un perfil muy bajo, ya que ni siquiera está en el chat de los vecinos del edificio de San José 1111. Sobre esta mujer, Clarín reveló que se trata de una de las empleadas domésticas de Cristina Kirchner en el departamento donde cumple su condena.
Quién es María Soledad Calle, la camporista que compró el departamento debajo del de Cristina Kirchner
En el tercer piso del edificio de San José 1111 se encuentra en venta y hubo interesados en comprarlo. Su precio es de USD 295 mil. Las sospechas apuntan a que tales personas que se interesaron en adquirirlo son cercanas de forma directa o indirecta a la presidenta del PJ nacional, según lo apuntado por La Nación.
La entrada Unidad Básica San José 1111: El senador K Mariano Recalde tiene un departamento en donde Cristina Kirchner cumple su condena se publicó primero en Nexofin.
Cristina Kirchner,Mariano Recalde,san jose 1111,Soledad Calle
POLITICA
Tras los resultados de las pruebas PISA 2025, Maximiliano Abad propuso rediseñar el sistema educativo nacional

Luego de que los resultados de las pruebas PISA 2025 expusieran una fuerte caída en los niveles de aprendizaje en lectura, matemática y ciencias, el senador Maximiliano Abad llamó a realizar una “Revolución Educativa” durante una jornada sobre educación bonaerense realizada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Además, convocó a realizar un nuevo Congreso Pedagógico federal.
A menos de una semana de que se dieran a conocer los datos obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este sábado se celebró “Del dato al aula bonaerense: Hablan los especialistas”, un encuentro desarrollado en el Edificio Sergio Karakachoff que reunió a docentes, funcionarios y referentes del sector para debatir propuestas sobre el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.
Durante su intervención, Abad sostuvo que los resultados reflejaron “el peor desempeño educativo argentino en casi veinte años”. En ese contexto, propuso abrir una discusión amplia sobre el modelo de enseñanza actual, en donde se geste un debate entre consejeros escolares, docentes, familias y estudiantes.
“La educación pública argentina fue durante gran parte del siglo XX un contrato social”, afirmó el senador, tras identificar un quiebre en ese acuerdo. Tras aseverar que “los números lo muestran con crudeza”, consideró que la escuela ya no estaba en condiciones de ofrecer “movilidad social, ciudadanía y una inserción en el mundo del trabajo”.

Según los datos revelados esta semana, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con una baja de entre 11 y 13 puntos respecto de la edición anterior. Así, el país quedó en el puesto 72 entre 91 naciones evaluadas y en el octavo lugar de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.
En ese contexto, el senador también enumeró otros indicadores que, a su criterio, exponen la crisis del sistema. Por esto, señaló que 8 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo en Matemática y citó un dato del Banco Mundial según el cual el 59% de los niños de 10 años no comprende un texto simple.
De acuerdo con las evaluaciones Aprender, solo el 55% de los alumnos alcanza un desempeño satisfactorio en Matemática. Y, al hacer referencia a la situación bonaerense, Abad afirmó que la provincia concentra cerca del 40% de la matrícula nacional, con casi 3,9 millones de estudiantes, y registra una inversión anual de $3,1 millones por alumno.
“El problema no se limita a la falta de recursos, aunque existen carencias”, cuestionó el senador al considerar que “el diseño actual del sistema profundiza las diferencias entre quienes nacen con más oportunidades y quienes nacen con menos”.

Frente a ese diagnóstico, propuso convocar a un Congreso Pedagógico con instancias presenciales y virtuales para discutir un plan de transformación de largo plazo, sin condicionamientos electorales.
La iniciativa prevé abordar la alfabetización desde los primeros años, la ampliación de la jornada escolar, la formación docente y la relación entre la escuela, el mundo productivo, la tecnología, la inteligencia artificial y las comunidades locales.
“El principal recurso de un país es la educación de su gente”, sostuvo Abad. Por esta razón, apuntó que no era posible crear un proyecto de desarrollo sostenible “si la escuela reproduce desigualdades en lugar de reducirlas”.
Al convocar a la comunidad educativa bonaerense a sumarse al debate, el senador destacó que “las maestras y los maestros sostienen todos los días una parte central de ese contrato social”. Asimismo, presentó una serie de propuestas elaboradas a partir de estudios de política educativa que podrían formar parte de la discusión:
- Un plan educativo acordado entre las provincias, el Congreso y la sociedad civil, con metas y financiamiento definidos a diez años.
- Un sistema nacional de información y evaluación con datos actualizados por escuela para orientar los recursos hacia los sectores con mayores dificultades.
- Materiales de enseñanza y acompañamiento técnico para las instituciones que registren peores indicadores.
- Una nueva carrera docente, con cargos especializados, formación para directivos y supervisores, y concursos basados en capacidades profesionales.
- La expansión del nivel inicial y de la jornada extendida en escuelas primarias ubicadas en contextos vulnerables.
- Cambios en la escuela secundaria, con docentes designados por cargo, un régimen académico más flexible y una mayor articulación con el empleo y las herramientas tecnológicas.

La jornada tuvo una apertura a cargo de Nicolás Bonino, consejero general de Cultura y Educación bonaerense. Del primer panel participaron Abad; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Chaco, Sofía Naidenoff; la especialista en Lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO, Florencia Salvarezza; y el licenciado en Ciencias Políticas Damián Fió.
El segundo panel reunió a Cristian Quillotay, docente de nivel secundario y comunicador digital, y a Matías García, abogado, maestro de primaria y autor de Docencia y Derecho: Manual del Docente Bonaerense. Además, la actividad fue moderada por la consejera escolar platense Sofía Gualberto y contó con la participación de DALE! y de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP.
PISA,América Latina,rendimiento académico,Infobae
ECONOMIA3 días agoAsí es la primera pickup compacta nacional: diseño, cuándo empezará a venderse y el novedoso sistema híbrido que tendrá
DEPORTE3 días agoAlarmante frase de Pierre Gasly antes del estreno del circuito de Fórmula 1 en Madrid
POLITICA2 días ago“¿Dónde está Kicillof?”: Patricia Bullrich cruzó al gobernador por la inseguridad en la Provincia


















