Sin los votos para eliminarla y con la amenaza latente de la Casa Rosada a gobernadores aliados y colaboradores de que no habrá sociedad electoral en 2027 si no votan la derogación de las elecciones primarias (PASO), el Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril último.

El debate quedó desactivado en mayo pasado al encontrarse la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), con la negativa de amplios sectores de la oposición dialoguista (la UCR y Pro, sobre todo) a eliminar las primarias, una herramienta que, aseguran, les serviría para ordenar sus internas y alianzas en el camino hacia las presidenciales del año próximo.

Sin el apoyo de los dialoguistas y con el PJ alineado en su totalidad en contra de derogar las PASO, el Gobierno y sus 21 senadores propios no tienen forma de alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional para aprobar una reforma electoral, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.

El escenario no ha cambiado, pero presionada por un sector de la oposición, que reclama aprobar un proyecto de ficha limpia (prohibición a los condenados en segunda instancia judicial puedan ser candidatos a cargos nacionales), y el apuro del Gobierno, Bullrich aceptó retomar la discusión y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para esta semana.

Hasta el momento, la intención del oficialismo es realizar reuniones informativas para escuchar la opinión de especialistas a la espera de que el Gobierno consiga los votos para destrabar el debate por las PASO. Esta misión quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien hasta el momento no ha logrado mostrar avances significativos en la materia.

El proyecto

El denominado proyecto de ley de Reforma Electoral Integral consta de un total de 79 artículos estructurados en siete títulos principales y entre sus modificaciones centrales destacan la derogación de las PASO y la aplicación de la ficha limpia no sólo para cargos electivos, sino también para puestos en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública.

También impone nuevas condiciones, más estrictas, para la creación de partidos de distrito. Si se aprueba la iniciativa, toda agrupación nueva deberá reunir en un plazo improrrogable de 180 días corridos afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón local.

Durante el proceso, las agrupaciones se consideran partidos en formación, estado en el cual tienen expresamente prohibido presentar candidaturas a cargos electivos y no pueden percibir aportes públicos de ningún tipo.

Para obtener la personería como partido de orden nacional, una fuerza política deberá contar con reconocimiento definitivo en al menos 10 distritos (elevando el mínimo actual, que exige cinco) y sumar afiliados que representen el 0,1% del Registro Nacional de Electores, debiendo mantener permanentemente esta presencia territorial.

También hay medidas más estrictas para la permanencia de la personería jurídica de las agrupaciones. Así, es causa de caducidad automática no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, la inasistencia a dos comicios nacionales sucesivos, la falta de elecciones internas de autoridades durante cuatro años y la violación de la paridad de género en los órganos partidarios.

En el caso de la denominada ficha limpia, el texto inhabilita a las personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, así como los imputados o condenados por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se crea en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral un Registro Público de Ficha Limpia, y se precisa que la interposición de recursos judiciales no suspenderá la inelegibilidad.

Se incluye de manera definitiva la boleta única de papel (BUP) en el Código Electoral Nacional como herramienta en todos los comicios nacionales y se contemplan casilleros específicos para el voto individual por categoría y un casillero para el voto por lista completa. Este último punto es también motivo de rechazo para las fuerzas provinciales.

Respecto al desarrollo del proceso electoral, se establece que la campaña electoral iniciará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas antes, prohibiendo los actos de gobierno que promuevan el voto durante los 25 días previos.

En materia de financiamiento público, se reestructura el uso del Fondo Partidario Permanente regulado en la ley 26.215, permitiendo que el aporte ordinario anual se utilice no solo para desenvolvimiento institucional y capacitación (donde es obligatorio destinar al menos el 10%), sino también para financiar campañas electorales.

Pero, como contrapartida, se eliminan los aportes públicos extraordinarios específicos que el Estado otorgaba para cada contienda electoral.

En cuanto al financiamiento privado, se fija un límite de aportes por persona humana o jurídica del 35% del módulo electoral por elector registrado, manteniendo la prohibición absoluta de recibir donaciones de contratistas del Estado, concesionarios, empresas de juegos de azar, sindicatos o personas procesadas/condenadas por delitos graves como lavado de dinero o corrupción.