POLITICA
Kicillof analizará el presupuesto de Milei para enviar su proyecto a la Legislatura provincial
El gobierno nacional presentó su proyecto de presupuesto 2027 y, así, habilitó a que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pueda presentar el propio. El mandatario bonaerense había informado a las dos cámaras de la Legislatura provincial que no enviaría en término el cálculo de gastos y recursos, ni la ley impositiva, porque debía aguardar los datos que incluyera la administración del presidente Javier Milei en su iniciativa.
El 31 de agosto, el gobierno bonaerense hizo llegar sendas notas a la Cámara de Senadores (que preside Verónica Magario) y de Diputados (presidida por Alejandro Dichiara) de la provincia de Buenos Aires, para dar aviso del retraso en la presentación del presupuesto provincial.
En la nota, firmada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se indica que, para elaborar el proyecto de presupuesto provincial y el de ley impositiva, “es preciso disponer de información que proviene del Presupuesto de la Administración Nacional, a fin de tener certeza sobre aspectos relevantes relacionados con el contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas, así como con los recursos tributarios de origen nacional”.
“Atento a ello, y a efectos de mantener debidamente informado a ese Honorable Cuerpo, le comunicamos la imposibilidad de remitir los proyectos citados precedentemente con anterioridad a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional”, comunicó el gobierno provincial.
Desde el Ministerio de Economía bonaerense afirmaron a que no tienen una “fecha estimada de presentación” del cálculo de erogaciones y recursos para el año que viene. Recordaron que la postergación es “algo que siempre se hace”, por la necesidad de contar con » los parámetros macro del presupuesto de Nación».
Según se establece en el artículo 25 de la ley provincial 13.767 (que regula la administración financiera y el sistema de control de la Administración General del Estado Provincial), el presupuesto provincial se debe presentar “antes del 31 de agosto del año anterior para el que regirá”.
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POLITICA
Reforma Política: el oficialismo pidió otro cuarto intermedio y busca acuerdos para avanzar en el Senado
En una breve reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Agustín Coto, La Libertad Avanza pidió un nuevo cuarto intermedio en la discusión por la Reforma Política que impulsa el Gobierno nacional que busca eliminar las elecciones primarias PASO, entre otros puntos.
Las negociaciones para reunir las mayorías necesarias se desarrollan fuera del Congreso y tienen como principales interlocutores al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la Mesa Política de la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei.
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La senadora Patricia Bullrich había adelantado durante la reunión de la Mesa Política que se retomaría el tratamiento del proyecto y explicó la situación del oficialismo para construir las mayorías necesarias.
“Para una reforma electoral se necesita de una mayoría especial. Es bueno que las reformas electorales salgan por acuerdos de todos porque la regla de juego de una democracia es el sistema electoral”, señaló Bullrich, jefa de los senadores libertarios, al pedir un nuevo cuarto intermedio, todavía sin fecha para retomar las conversaciones.
El oficialismo necesita alcanzar los 37 votos a favor para aprobar la reforma en el Senado, una mayoría que supera las 21 bancas con las que cuenta La Libertad Avanza. Por eso, las negociaciones están concentradas principalmente en el PRO y la UCR, además de los acuerdos con los gobernadores provinciales.
Qué cambios plantea la Reforma Política
El proyecto contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación del sistema de Ficha Limpia.
La iniciativa también eleva el piso de votos exigido y aumenta la cantidad de distritos o afiliados necesarios para mantener el reconocimiento como partido nacional o distrital. Las fuerzas que no alcancen esos requisitos podrían perder su personería jurídica.
En relación con los partidos políticos nacionales, la propuesta establece que deberán estar reconocidos en 10 distritos y contar con un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.
Para las candidaturas a presidente se establece como requisito el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será necesario el 0,5% del padrón de cada distrito.
El proyecto también elimina el financiamiento estatal de las campañas y eleva del 2% al 35% el aporte privado que podrá recibir cada partido o alianza. El único aporte público quedará destinado al Fondo Partidario Permanente.
Además, plantea eliminar la publicidad gratuita en los medios de comunicación y el debate obligatorio de candidatos presidenciales.
La propuesta, que consta de 79 artículos, también establece cambios en la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En lugar de ser elegidos de manera directa, serían designados indirectamente por el Congreso, de acuerdo con la representación proporcional de cada fuerza política.
Los aliados reclamaron tratar Ficha Limpia por separado
Coto incorporó al temario las iniciativas de los legisladores del PRO Martín Goerling Lara y Andrea Cristina sobre la implementación de Ficha Limpia, que propone cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
También sumó una propuesta de la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, espacio con terminal en el gobernador Ignacio Torres. Una iniciativa similar había sido presentada en la Cámara alta por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
Goerling Lara planteó que los proyectos vinculados con Ficha Limpia deberían discutirse por separado de la reforma impulsada por la Casa Rosada.
“Los proyectos de Ficha Limpia son previos, presentados antes del proyecto de reforma política presentado por el Poder Ejecutivo. Por eso pedimos que se traten como proyectos independientes porque así los hemos presentado”, sostuvo el legislador del PRO por Misiones.
También existen propuestas de la neuquina Julieta Corroza y de los radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri.
El texto de Suarez y Juri contempla delitos contra las personas, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, los poderes públicos, el orden constitucional, la administración pública, la seguridad de la Nación y el orden económico. Además, establece que los partidos deberán exigir el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) al momento de inscribir las listas.
La postura del peronismo
Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich, del bloque Justicialista, acompañó el cuarto intermedio solicitado por Bullrich y sostuvo que “estamos ante un debate crucial”.
Por su parte, el santiagueño José Neder planteó que los aportes del Estado a los partidos políticos deben ser eficientes.
“Si liberamos y que los partidos políticos salgan a buscar los recursos, entonces los aportes del narco son aportes rápidos, fáciles y condicionantes”, afirmó el senador peronista.
El capítulo de Ficha Limpia
El proyecto establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
La iniciativa también modifica los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos y establece nuevas condiciones vinculadas con la cantidad de distritos y afiliados necesarios para conservar la personería jurídica.
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Faltan poco más de dos meses para que se cierre el período legislativo. Ese plazo es importante porque el Gobierno parece obsesionado con cambiar la legislación electoral vigente, sobre todo con la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). Resulta, y de ahí lo perentorio de aquel plazo, que la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada en la que advierte que las reglas del juego deben respetarse cuando se avecinan las elecciones. Los jueces de esa Cámara (Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas) escribieron la oportuna resolución porque el proyecto de reforma política que ahora debate el Senado incluye algunos cambios esenciales para los comicios, justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales en las que Javier Milei aspira a renovar su mandato.
La acordada, si se la lee bien, no tiene ningún sentido partidario ni fue escrita para beneficiar a un sector u otro de la panoplia ideológica. Fue simplemente un llamado de atención que podría sintetizarse de esta forma: no es democrático cambiar las reglas del juego cuando está por comenzar el partido. ¿Significa que ya pasó el tiempo para aplicar esas reformas que no refieren solo a las PASO? Expresa, más bien, una exhortación distinta: háganlo ahora o no lo hagan el año próximo.
En rigor, la condición inalterable de las reglas electorales en un año de elecciones es una tradición muy arraigada, o una imposición legal en varios países. Pecadora y transgresora, la política argentina suspendió el año pasado, en febrero, las elecciones primarias meses antes de que se realizaran las elecciones legislativas de mitad de mandato. Ese es el antecedente que suele exponer el Gobierno para insinuar que está pensando en alargar el debate y pasarlo para marzo del próximo año. Eduardo “Lule” Menem, el influyente colaborador de Karina Milei, estaría sondeando esa posibilidad. Hasta ahora, no le llevó buenas noticias a su jefa.
Los aliados suelen hacerles una aclaración a tales sugestiones: no son lo mismo elecciones legislativas que las presidenciales y, además, ya es necesario decirles basta a las arbitrariedades. Los propios senadores oficialistas o aliados reciben mensajes distintos del Gobierno. Mientras Karina Milei, una referente política insoslayable de la administración, les anticipa a los gobernadores y partidos aliados o amigables que no habrá alianzas electorales si ellos no ayudan a sancionar la eliminación de las PASO, ahora o en marzo, otras voces que dicen representar al propio Presidente aseguran que este ya no está seguro de seguir batallando contra las primarias obligatorias. Milei prefiere insistir con sus reformas económicas antes que pelearse con los aliados solo por una elección más o menos.
El principal argumento público del Gobierno, al menos formalmente, es que esas elecciones primarias son impopulares para la gente común y que también consumen mucho dinero del Estado. Todo eso es cierto, pero el proyecto de eliminación o suspensión de las PASO no prevé una alternativa que garantice la vida democrática de los partidos o de las alianzas. ¿Primarias simultáneas, pero no obligatorias para la sociedad, por ejemplo? ¿O, acaso, se sugiere el regreso a los tiempos en que las candidaturas las decidía una estirpe política constituida por unos pocos dirigentes?
La razón real, confesada por funcionarios mileístas, señala que la inexistencia de las PASO perjudicaría al peronismo porque le impediría resolver sus luchas internas en una elección primaria y, por lo tanto, debería presentarse con distintos candidatos en los comicios generales. La división del adversario es siempre una buena novedad. Pero es solo una hipótesis que carece de pruebas. El peronismo suele encontrar los atajos para resolver sus discordias. ¿Esa es la única razón para la eventual eliminación? En otros rincones del gobierno se acota que Karina Milei está también pensando en el territorio propio. La eliminación de las PASO, dice esa versión, les impediría a dirigentes que coinciden con las políticas de Milei, aunque no con sus formas, imaginar otro u otros candidatos que compitan dentro del mismo espacio político con el Presidente en elecciones primarias. “Algunos ya piensan en una gran PASO entre las corrientes políticas sensatas del país”, imagina, no sin cierta paranoia, un funcionario cercano al Presidente.
En ese contexto debe leerse la posición de Pro de no contribuir con sus votos en el Congreso a la eliminación de las PASO. Es una decisión que el partido de Mauricio Macri tomó hace mucho tiempo, y que la ratificó en las últimas horas. “Esperemos hasta ver qué pasa en el Senado, donde nosotros tenemos muy poca influencia”, agrega un dirigente que suele escuchar al expresidente. Los legisladores de Pro son mucho más decisivos numéricamente en la Cámara de Diputados. En el Senado mandan los gobernadores.
Aquella advertencia de Karina Milei sobre un canje entre la eliminación de las PASO por una alianza electoral con gobernadores y Pro, no llegó muy lejos. El Pro confirmó su oposición y los gobernadores no negocian cuestiones electorales. “Pueden negociar hasta el dinero que reciben de la Nación, pero nunca negocian el sistema electoral”, dice uno de los principales líderes parlamentarios.
Las votaciones por cuestiones electorales son complicadas porque necesitan la mayoría absoluta de las dos cámaras. Esto es: se requiere el voto de 37 senadores, no importa cuántos estén en el recinto, y de 129 diputados a favor de la propuesta del Gobierno, también sin que importe cuántos diputados estén presentes. Algunos funcionarios (¿cercanos a Karina Milei?) dicen en voz baja que tales dilaciones son la culpa de Patricia Bullrich, ahora que el proyecto está en el Senado. El rumor es tan injusto como increíble. Ella no está en condiciones de encarar por sí sola semejante negociación con gobernadores y partidos aliados.
El proyecto de reforma política no refiere solo a la eliminación de las PASO, aunque el debate político se haya encerrado en la opción sobre si habrá elecciones primarias o no habrá. El gobierno nacional también incluyó la instalación en el país del llamado sistema de “ficha limpia”, que significa que no puede ser candidata ninguna persona con condena firme por delitos dolosos. La primera idea era más amplia y comprendía a los imputados, pero luego la política llegó a la opinión unánime de que la sola imputación (que la decide un fiscal) era abrirle paso a la parcialidad. “Cualquiera con poder podría conseguir un fiscal amigo para imputar a un adversario”, concluyeron. Es consecuencia también de la mala fama de la Justicia.
La “ficha limpia” es una vieja bandera de Pro, que en su momento hizo conocida a la impecable diputada Silvia Lospennato, autora del proyecto que la Cámara de Diputados no pudo tratar en su momento, aunque el tema estaba previsto en el orden del día. Todavía se recuerda la foto de Lospennato, sola en el recinto, con los ojos desbordados de lágrimas, luego de la fracasada reunión. En los últimos tiempos, el partido de Macri presentó sendos proyectos nuevos sobre la aplicación de la “ficha limpia” en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Significa entonces que los macristas deberán votar la reforma política para que se apruebe la “ficha limpia”? No, necesariamente. Los diputados de Pro podrían votar a favor en general la reforma política, pero negarle el voto en particular al artículo que elimina o suspende las PASO.
Otra disposición actual quedaría anulada si prosperara la reforma política tal como está redactado el proyecto enviado al Congreso. Se trata de la que obliga a los candidatos presidenciales a debatir públicamente sus ideas (o a intercambiar sus chicanas); el debate tuvo una particular importancia en las últimas elecciones presidenciales, aunque existía el precedente del debate que protagonizaron en 2015 Mauricio Macri y Daniel Scioli, también significativo. Tal vez por eso, el Gobierno se cuidó de no hacer explícita la eliminación de los debates; simplemente anuló en el proyecto el capítulo que los incluía.
Un rumor no confirmado aún indica que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estaría dispuesto a unificar las elecciones provinciales con las nacionales el año próximo. Las últimas elecciones legislativas fueron separadas y, en verdad, fue una mala maniobra del gobernador, porque él ganó por un buen margen las elecciones legislativas provinciales, pero perdió ampliamente las elecciones de legisladores nacionales un mes y medio después. El principal problema consiste en que las formas de votación serían distintas en la provincia de Buenos Aires. Mientras las elecciones nacionales se votan con boleta única, en el distrito bonaerense se sigue votando con el viejo sistema de las boletas partidarias. La gente común deberá votar, si se unificaran los comicios, en un mismo cuarto oscuro con dos sistemas diferentes. Será necesario un tiempo previo de enseñanza sobre cómo los ciudadanos deberán votar según los candidatos, provinciales o nacionales. Los caudillos del conurbano bonaerense no permitieron nunca que la modernidad (y, sobre todo, la transparencia) mojara sus antiguos modos de hacer política y de enfrentar elecciones. La boleta única significa para ellos un salto al vacío.
La existencia o inexistencia de los debates, o de las primarias obligatorias, o de las elecciones simultáneas en la provincia de Buenos Aires, son cuestiones que pronostican un enorme trabajo logístico, más que nada para la justicia electoral. Tampoco por eso se pueden hacer los cambios a último momento. Quedan poco más de dos meses para que establishment político decida de una buena vez qué quiere hacer para elegir o ratificar al próximo presidente de los argentinos.
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POLITICA
Tras su detención, Sergio Urribarri enfrentará nuevas causas por corrupción en la Justicia de Entre Ríos
El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, tendrá que enfrentar dos procesos judiciales más por corrupción en los próximos meses. El ex mandatario provincial está alojado desde la semana pasada en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Allí cumplirá la condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública. Vueltas de la vida: la cárcel se construyó en su primer mandato (2007-2011) y se refaccionó al final del segundo (2011-2015).
Una de las causas contra el ex embajador de Alberto Fernández en Israel y Chipre es por negociaciones incompatibles con la función pública. Este expediente ya se elevó a juicio y espera fecha de audiencia.
La Justicia puso bajo la lupa si durante la gestión de Urribarri se favoreció a la empresa Relevamientos Catastrales. La vinculación entre el Estado provincial y la firma se habría extendido durante varios años bajo distintas modalidades: licitación de software, addendas, prórrogas y contratación directa.
En todas, según la pesquisa, se habrían pagado sobreprecios y salteado controles administrativos. La sospecha es que se utilizaron mecanismos para, en un doble movimiento, favorecer la empresa y generar perjuicio económico al Estado.
La acusación también sostiene la hipótesis de que Urribarri y los demás implicados recibían pagos directos de Relevamientos Catastrales. Los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, adelantaron que pedirán diez años de prisión.
Durante la semana pasada, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos cerró la última puerta para frenar el comienzo del juicio. El órgano rechazó la impugnación extraordinaria federal que había promovido la defensa del exmandatario. La intención de los abogados de Urribarri era que la Corte se expida sobre aspectos formales del proceso investigativo.
La otra causa
La denuncia por enriquecimiento ilícito se presentó en diciembre de 2015. La promovieron dos abogados radicales: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Como base, se tomó una investigación de la revista Análisis. Urribarri había dejado la gobernación unas semanas antes. Y se había instalado en la Legislatura como presidente de la Cámara de Diputados.
La acción penal gira en torno a que el patrimonio de Urribarri creció durante su gestión más de lo que sus ingresos declarados permiten justificar. Según estimaciones de la Fiscalía, el acusado se habría enriquecido en una cifra cercana a los USD 7 millones.
El expediente tuvo distintos vaivenes durante la última década. La Fiscalía cerró la investigación en 2025. Y en marzo de este año comenzaron las audiencias para elevar a juicio el caso.
Los defensores cuestionaron la validez formal del procedimiento. Esas presentaciones demoraron el proceso, que se retomará a mediados de octubre. Cuando esa etapa concluya, el caso quedará en condiciones de ser llevado ante un tribunal.
El tercer caso
Urribarri también está mencionado en un esquema de presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura. Se trata de un mecanismo similar al que utilizó Julio “Chocolate” Rigau en la provincia de Buenos Aires.
La operación implicaba que un grupo de personas cobraba el dinero. Luego, pasaba a un estudio contable responsable de administrarlo. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política.
Según la Fiscalía de Estado, el monto de la defraudación que se habría producido entre 2008 y 2018 ascendería a $392 millones (a valores históricos).
Esta causa tuvo una primera etapa donde se juzgará a los supuestos responsables operativos del proceso. Uno de ellos es Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Esta fase se conoce como “Contratos I”.
La segunda, en la que se pone en foco a los presuntos autores políticos, es donde está mencionado el exgobernador. Se la llama “Contratos II”. El cargo es “peculado imprudente o doloso”. La pena máxima es una multa. Es decir: no incluye la prisión como sanción.
Para poder acusar a Urribarri y los otros implicados por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que el daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.
Luego, se deberá corroborar que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produjera el desfalco. El ex gobernador ya fue notificado de este tercer proceso y designó su abogado defensor.
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