La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.

“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.

Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.

La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.

Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.

Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.

No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.

Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.

Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.

Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.

“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.

En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.

Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.

En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.

Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.

“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.

Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.

Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.

Ambas posibles adquisiciones se destinarán a la Armada, en momentos en que golpeó con fuerza en el mundo castrense la investigación que lleva adelante la Justicia por maniobras fraudulentas por sumas millonarias en el pago de haberes del personal naval, como denunció la propia Armada en sede judicial.

Este reequipamiento tiene lugar, además, en medio de la creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. La escalada con Gran Bretaña se da, además, en momentos en que la Armada Argentina no tiene submarinos operativos desde el trágico hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017.

Las gestiones que hasta el momento realizó la administración libertaria para la recuperación de la capacidad submarina apuntan a la posible construcción o adquisición de tres submarinos clase Scorpène. El año pasado, el propio presidente Milei declaró en una entrevista que la Argentina negociaba con Francia la compra de submarinos y de buques para patrullaje marítimo.

La mirada está puesta en los submarinos Scorpène, un modelo convencional que ya opera en la Armada de Brasil. El gobierno de Lula Da Silva viene desarrollando, por su parte, la construcción de un submarino de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.

Las cuentas para 2027

A los a $5,2 billones asignados para el instrumento militar del país, en el Ministerio de Defensa suman otros $2,8 billones que corresponden a la seguridad social del personal de las Fuerzas Armadas. Son los retiros y pensiones militares que se canalizan a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), un organismo que funciona en jurisdicción de la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti. Con ese añadido, el presupuesto total es de 8 billones.

En un área en la que cerca del 75% de los recursos se va en sueldos, el presupuesto para el próximo año contempla la asignación de $2,5 billones al Ejército, $1,3 billones a la Armada, $1 billón a la Fuerza Aérea y $63.200 millones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La planificación en el Ejército prevé $1,1 billón para el apoyo al alistamiento operacional, $155.000 millones para el mantenimiento de medios y $46.500 millones para la Dirección General de Inteligencia, entre otros rubros.

El plan prevé la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano, por $37.600 millones. También se espera financiar con $10.000 millones la modernización de la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, donde se asientan las aeronaves supersónicas F-16 compradas a Dinamarca con el sistema de armas provisto por Estados Unidos.

Las previsiones para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea contemplan la incorporación de seis aeronaves F-16 y la realización de 30 ejercicios militares y 98.300 horas de operación.

En sintonía con la ofensiva del gobierno por fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, se destinarán $30.433 millones a la construcción del muelle en la Base Antártica Conjunta Petrel. A ello se suma el refuerzo presupuestario de $218.000 millones anunciado recientemente por el Presidente para el avance de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Como señaló el sitio especializado Pucará Defensa, es llamativo que el Gobierno no asigne nuevos fondos para esa base, cuando la Armada estimó que su construcción exigirá una inversión de 300 millones de dólares.