POLITICA
El oficialismo avanzó con el dictamen de Zonas Frías en el Senado y buscará aprobarlo la semana que viene
El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.
La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.
El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.
La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.
Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.
La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.
El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.
Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.
El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.
El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.
La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.
Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.
La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.
El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.
La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.
POLITICA
Caso $LIBRA: con críticas al fallo que los apartó, los damnificados pidieron regresar al expediente como querellantes
Los dos grupos de damnificados por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apelaron el fallo que los dejó afuera de la causa que investiga el lanzamiento de la moneda que promovió en redes Javier Milei y pidieron a la Cámara de Casación que los reincorpore como querellantes al expediente, un rol que les permite tener participación en el caso.
Su salida del caso fue un pedido del lobista Mauricio Novelli -apuntado por gran parte de la prueba- y decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que fue reconfigurada por el Gobierno recientemente y que desde entonces dictó una serie de fallos favorables al oficialismo.
La medida del tribunal significó un fuerte golpe para la acusación, que quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano.
Con cuestionamientos al fallo que los excluyó, los dos grupos de damnificados vuelven a tocar las puertas de la Casación, donde ya obtuvieron fallos favorables en el pasado.
Como querellantes, ambos grupos habían pedido la indagatoria tanto de Novelli como de Milei, quien promovió la moneda en redes, se reunió con los principales involucrados y estuvo en comunicación directa con el trader al momento del tuit.
Los escritos presentados este miércoles tienen un eje común: subrayan que fue la propia Cámara Federal la que, en marzo de 2025, habilitó su ingreso como querellantes al caso.
Critican, a su vez, la idea que utilizaron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para removerlos: que el avance de la investigación fue “debilitando” o “diluyendo” la hipótesis inicial y que las pérdidas estaban ligadas a la volatilidad propia del mercado cripto.
Los damnificados sostuvieron que esa conclusión implicaba un prejuzgamiento sobre el fondo del caso —uno de los recursos afirma que equivale directamente a sostener que no hubo delito— y que la Cámara no individualizó ningún elemento concreto que permitiera sostener la idea de un debilitamiento de la hipótesis.
“En tal sentido, no enumera cuál es la prueba que ‘diluyó’ la hipótesis de la estafa. Desde luego, no se detalló de qué manera esas pruebas modificaron la situación fáctica inicial y, más aún, no explicó por qué dichos elementos demostraron que la hipótesis inicial que originó la denuncia, ha sido ‘diluida’”, dice el escrito presentado por la querella que lidera Juan Grabois, en su rol de abogado.
Otro damnificado, Martín Romeo, que es representado por Nicolas Oszust, sostuvo que “solo se puede excluir a un querellante frente a nuevas opiniones o informes con experticia técnica suficiente con relación a todo lo vinculado a la adquisición del ‘token’”.
Y continúa: “Y no ha habido ninguna nueva opinión o informe con experticia técnica suficiente que refute las operaciones que realicé (certificadas por escribano público) o su trazabilidad”.
Las pruebas
Mucha de la prueba reunida por el fiscal Taiano desafía la hipótesis de la Cámara respecto a un “debilitamiento” del caso.
El caso reconstruyó llamados entre Milei y Novelli durante la tardenoche del lanzamiento y derrumbe de $LIBRA, además de contactos posteriores del trader con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.
Del celular de Novelli se recuperó una nota previa al lanzamiento que aludía a desembolsos por US$5 millones y a contraprestaciones vinculadas con un anuncio presidencial que terminó ocurriendo.
La investigación reconstruyó además movimientos de dinero digital por cerca de US$5 millones realizados por Hayden Davis después de reunirse con Milei el 30 de enero, que llegaron a cuentas vinculadas con personas ligadas a la financiera que utilizaba Novelli.
Al día siguiente a una de esas transferencias, la Justicia constató la presencia de Novelli y su familia en un banco Galicia cargando bolsos y manipulando cajas de seguridad.
fallo que los dejó afuera,idea que utilizaron,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
AUH: los controles de salud y escolaridad se acreditarán automáticamente para cobrar el 20% retenido
El Gobierno decidió modificar el procedimiento para acreditar los controles de salud y escolaridad vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el nuevo sistema, la información será enviada desde ahora en forma directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los organismos estatales que cuentan con esos registros, para automatizar el trámite que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y alcanzará a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años. El cambio busca reemplazar, en la mayoría de las situaciones, la acreditación presencial en papel por un intercambio directo de datos entre organismos públicos.
En concreto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES la información sobre el cumplimiento de los controles sanitarios y la escolaridad. El traspaso se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos. Con esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones necesarias para habilitar el cobro del porcentaje retenido de la AUH.
La modificación apunta a simplificar una gestión que hasta ahora podía exigir que el titular reuniera la documentación correspondiente y la presentara ante ANSES. Con el esquema que impulsa Capital Humano, la comprobación deberá resolverse automáticamente cuando la información requerida figure en las bases oficiales de Salud y Educación.
El eje de la medida está puesto en el 20% retenido de la AUH. Para cobrar ese monto, los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y, en las edades correspondientes, con la escolaridad. El Gobierno busca que esa verificación deje de depender, como regla general, de los certificados aportados por las familias y pase a realizarse con registros que el Estado ya posee.
Precisiones del cambio de ANSES
El funcionamiento previsto parte de que cada organismo aportará los datos que produce y administra. La Secretaría de Educación informará sobre la condición de escolaridad y el Ministerio de Salud hará lo propio con los controles sanitarios. ANSES recibirá esa información y realizará el cruce necesario para determinar si los requisitos quedan acreditados.
De esa manera, cuando los datos estén correctamente registrados y puedan asociarse al titular correspondiente, la persona no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES para presentar documentación. El trámite quedará resuelto a partir de la comunicación entre las distintas dependencias de la administración nacional.
Capital Humano presentó el cambio como parte de una política de modernización administrativa. La cartera que encabeza Pettovello sostiene que el mecanismo permitirá simplificar las gestiones de los titulares de la AUH, reducir los pasos presenciales y evitar que los ciudadanos entreguen al Estado documentación que ya obra en poder de organismos públicos.
Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es mejorar la calidad de la información utilizada para validar el cumplimiento de los requisitos. Al tomar los datos directamente de las fuentes oficiales, el sistema busca reducir errores durante la certificación o la carga manual y limitar el margen para posibles irregularidades.
La eliminación del trámite en papel, sin embargo, no será absoluta. El Gobierno dejó prevista una vía alternativa para los casos en los que el cruce automático no permita comprobar el cumplimiento de las condiciones. Si la información no aparece en las bases, es incompleta o el sistema no logra validarla, el titular conservará la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial ante ANSES.
Ese mecanismo funcionará como respaldo para evitar que una falla en el intercambio de datos o la ausencia de un registro impida completar el trámite. En esas situaciones, el beneficiario podrá utilizar el procedimiento habitual y acreditar personalmente la información necesaria.
Por lo tanto, el nuevo esquema tendrá dos vías. La principal será automática y se basará en el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La segunda continuará siendo presencial y quedará disponible para los casos en los que el sistema no pueda verificar los datos de manera directa.
La medida se concentra en los titulares con hijos de entre 5 y 17 años, la franja etaria señalada por Capital Humano para este procedimiento. Allí se cruzarán las dos condiciones contempladas en el anuncio: los controles de salud y la escolaridad. El cambio no modifica la vigencia de esos requisitos, sino la forma en que se acreditarán ante ANSES para completar el cobro del monto retenido.
Desde el punto de vista administrativo, la decisión traslada una parte del trámite desde el ciudadano hacia el Estado. La persona dejará de actuar como intermediaria entre organismos cuando la información pueda obtenerse de manera directa a través de los sistemas oficiales. La expectativa del Gobierno es que esa integración reduzca tiempos, evite traslados y elimine presentaciones innecesarias.
La puesta en marcha del sistema dependerá de que los datos puedan compartirse e identificarse correctamente entre los organismos. Cuando el cruce sea exitoso, el cumplimiento de las condiciones quedará acreditado de forma automática. Cuando no lo sea, seguirá disponible la presentación tradicional ante ANSES.
Con esta modificación, el Ministerio de Capital Humano busca que el cobro del 20% retenido de la AUH se apoye cada vez más en el intercambio interno de información estatal. La intención es que Salud, Educación y ANSES integren un mismo circuito de validación, con menos intervención del beneficiario, menos documentación en papel y una comprobación directa sobre los registros oficiales.
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POLITICA
A 50 años de los secuestros, la marcha por La Noche de los Lápices exhibió la interna peronista en las calles de La Plata
LA PLATA. – A 50 años de La Noche de los Lápices, cuando la última dictadura secuestró en La Plata y sus inmediaciones a una decena de estudiantes secundarios que reclamaban la instauración del boleto estudiantil, la marcha para reivindicar a las víctimas del accionar militar exhibió una fuerte división en el peronismo gobernante en territorio bonaerense, ya que en la manifestación hubo columnas que se convocaron con distintas consignas y referentes.
Por caso, el gobernador Axel Kicillof participó de un acto y de la marcha por el aniversario de aquel hecho que enlutó a la capital bonaerense. Y en ese marco, llamó a construir un proyecto distinto al de Javier Milei de cara al recambio presidencial de 2027. Lo hizo acompañado por dirigentes de derechos humanos, con Estela de Carlotto como máxima figura a su lado.
De la misma marcha, aunque en columnas separadas, participaron las agrupaciones estudiantiles de La Cámpora, que portaron banderas para reclamar la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner -con prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad- y postularon su candidatura para el año próximo, aunque sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
En medio de la disputa peronista por la conducción nacional hacia 2027, dirimida a la luz del día en las calles de esta capital, estuvieron como fuelles de ancla en el pasado revindicado en común los sobrevivientes Pablo Díaz y Emilce Moler, dos de los secuestrados en la fatídica redada que tuvo como blanco a estudiantes que, en su mayoría, fueron asesinados en centros clandestinos de detención como el Pozo de Arana y el Pozo de Banfield.
El 16 de septiembre de 1976 se registró un raid de secuestros a cargo de militares bajo las órdenes de Ramón Camps -general del Ejército que estaba al mando de la Policía bonaerense-, que tuvo por objetivo a una decena de estudiantes secundarios, de quienes seis siguen desaparecidos.
A estos militantes del denominado campo popular conmemoró el peronismo, junto a otros movimientos políticos y sindicales más identificados con la izquierda. En coincidencia por el reclamo de “Nunca Más”, los distintos actores de la oposición al gobierno libertario no lograron unificar un ordenamiento hacia el futuro.
La marcha partió desde Plaza Olazábal, en 7 y 38, y se trasladó hasta el ministerio de Obras Públicas, en 7 y 58. La procesión se desplazó a lo largo de veinte cuadras en el centro platense. Antes, Kicillof participó de un acto junto a Carlotto y el intendente local Julio Alak. Allí aprovechó para recordar que su gobierno reinstauró el boleto estudiantil en la provincia.
Los sectores en pugna dentro del peronismo marcharon con distintas consignas a futuro, más allá de la reivindicación por los sucesos del pasado. Mientras Kicillof buscó diferenciar su proyecto de Mieli, La Cámpora denunció la supuesta proscripción de Cristina Kirchner y pidió por la liberación de la expresidenta, que cumple una condena a seis años de prisión.
“A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar sostuvo Kicillof y concluyó: “Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca”.
La marcha convocada para conmemorar el secuestro y la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura suscitó controversia entre los distintos sectores del peronismo. Pero en las calles la convivencia fue pacífica, más allá de las tensiones retóricas.
En la primera columna estuvieron los estudiantes –alineados con La Cámpora-. Luego los representantes de la segunda y de la tercera sección electoral. Y finalmente el resto de las organizaciones sociales.
La Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata reclamó por la libertad de Cristina Kirchner. Esta organización visitó a la expresidenta en su domicilio de detención en San José 1111 y luego lanzó una convocatoria bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina”.
La Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace) también expresaron consignas a favor de la conducción política de la expresidenta. “Desde la FES con la Renace sabemos que los lápices siguen escribiendo”, dijo Alma Palma Hair. “Hoy los lápices escriben en todo el país Cristina Libre y Presidenta”, destacó la estudiante, que forma parte de una conducción alineada con La Cámpora.
La Federación de Estudiantes Secundarios fue más allá: difundió una carta abierta con tono crítico al gobernador por no habilitar colectivos para movilizar estudiantes. Esta petición fue negada ante por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Los estudiantes apuntaron contra Ayelén López, directora de Juventudes del gobierno bonaerense.
“Queremos decirle esto a usted directamente señor gobernador. Vimos el video que publicó convocando a un acto en Avellaneda (que tendrá lugar el sábado organizado por el Movimiento Derecho al Futuro). Sabemos que el ministro de Desarrollo de la Comunidad ha prestado debida atención a garantizar la movilidad de los militantes que participen”, denunció la FES.
Más allá de la interna peronista, el 16 de septiembre es una jornada de memoria sobre la privación ilegítima de libertad contra un grupo alumnos secundarios durante la dictadura. Hace 50 años, cinco estudiantes secundarios identificados como Claudia Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años; Horacio Ungaro de 17, María Clara Ciocchini, y Daniel Racero -los dos de 18 años y militantes de la UES- fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil.
La redada había comenzado el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño, militante de la Juventud Guevarista, que al igual que los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre continúa desaparecido. El 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti también de la Juventud Guevarista y de la UES. El 15 de septiembre fue detenido Horacio Acha, que continúan desaparecido.
El 17 de septiembre, en plena madrugada, fue secuestrada a Emilce Moler. Al poco tiempo, el 21 de septiembre, Pablo Díaz, entonces de 18 años, fue secuestrado en el raid que se pasó a la historia como La Noche de los Lápices.
Díaz estuvo detenido en el Pozo de Banfield junto a los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que permanecen desaparecidos. “Estuvimos al cuidado de mujeres embarazadas. Vivíamos en un calabozo encerrados sin luz. A mi me sacaron. A ellos los mataron de un tiro”, dijo Díaz. Su testimonio fue clave en los Juicio a la Juntas y Juicios de la Verdad, donde tuvo careos con exmilitares que participaron de los delitos de lesa humanidad.
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