El gobierno de Javier Milei confirmó que sigue bajo evaluación la posibilidad de decretar un feriado o día no laborable para los días en los que el papa León XIV visite a la Argentina. La llegada del Sumo Pontífice, que estará en el país del 8 al 11 de noviembre, requerirá un fuerte operativo de seguridad encabezado por el Ministerio de Seguridad, la Central Nacional Antiterrorista (CNA) y funcionarios del Vaticano.

Encargados de aportar detalles sobre la gira papal estuvieron el canciller Pablo Quirno y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach. Los cuatro brindaron una conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

“Recién hoy tuvimos la confirmación oficial del calendario. Lo vamos a analizar en función de las diferentes localidades que va a visitar el Papa, a la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los fieles en distintos lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de los argentinos”, detalló el canciller. Quirno subrayó que “aún no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos o feriados”, ni en qué días y jurisdicciones podrían aplicarse.

“La Argentina esperaba esto con enorme alegría. Para el Gobierno, esto tiene un significado especial: es el resultado de un proceso de diálogo y trabajo conjunto iniciado por las invitaciones al Santo Padre de Milei y que fue desarrollado con enorme respeto institucional”, reiteró Quirno.

Durante su discurso, el funcionario mileísta también destacó que será Aerolíneas Argentinas la empresa encargada de trasladar al Sumo Pontífice durante los tramos internacionales de Montevideo a la Argentina y luego desde Buenos Aires hacia Lima, en Perú, el último destino de la gira por América Latina.

La visita del Papa

Esta mañana el Vaticano ya había difundido el programa oficial de la visita del Papa, la primera de un líder de la Iglesia Católica al país desde el viaje de San Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 por la tarde, después de su paso por Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y más tarde tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí pronunciará su primer discurso en el país. Al finalizar la jornada, se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear, donde se alojará durante su estadía en la Argentina.

Al día siguiente, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución. Se espera que en esta cita —que será un mensaje fuerte al Gobierno debido a los fuertes recortes en esta área— el Papa pronuncie unas palabras de saludo.

Ese día también se realizará el primero de los eventos masivos que encabezará en el marco de su paso por la Argentina. Según el programa, a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, uno de los lugares emblemáticos de las visitas de Juan Pablo II a la Argentina en 1982. Más tarde, se reunirá en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, en donde pronunciará su segundo discurso ante un público de empresarios, sindicalistas y representantes de los movimientos sociales. La jornada del Papa seguirá después con un encuentro a las 17.30 con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, donde pronunciará otro discurso.

El martes 10 de noviembre, el Pontífice viajará desde Aeroparque con destino a Córdoba, en donde celebrará su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15.15, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y operadores pastorales en la catedral. Tras la breve visita, regresará a la ciudad de Buenos Aires, en donde por la noche protagonizará una vigilia de oración en el Monumento a los Españoles, el mismo lugar de la misa del día anterior.

El recorrido finalizará el miércoles 11, cuando, tal como se había adelantado, León XIV dará una última gran misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que comenzará a las 10. Tal como anticipó su alcalde, Leonardo Boto, en diálogo con , la celebración será afuera de la catedral y se espera una afluencia sin precedentes, de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles. Al mediodía, después de una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, el papa León partirá con rumbo a Lima, la tercera y última etapa de su primera gira.

CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La decisión se da en medio de la polémica originada por los cambios que introduce en el tema el proyecto de presupuesto 2027.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a que el planteo sobre el “supuesto incumplimiento” ya había sido realizado por el juez que ahora rechazó la apelación presentada. Adelantaron que el Estado presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal, por entender que corresponde que esa instancia sea quien revise la cuestión.

“Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”, añadieron.

La decisión judicial es el último capítulo de un expediente que el propio Vaca Narvaja comenzó a tramitar en mayo y que tuvo desde entonces varias resoluciones en las que el magistrado fue insistiendo sobre la obligación del Estado de cancelar las deudas con los prestadores.

El conflicto se originó en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud.

En mayo, Vaca Narvaja había dictado una medida cautelar y ordenado al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI que normalizaran los pagos en un plazo de 72 horas.

El juez consideró que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales y advirtió sobre la situación particularmente vulnerable del colectivo alcanzado por el amparo. La orden judicial no se limitaba a resolver el reclamo de un prestador individual: alcanzaba al conjunto de personas comprendidas en la acción colectiva.

El Gobierno nacional apeló aquella resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Esto significaba que la apelación no suspendía la obligación de cumplir con la cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En ese momento, Vaca Narvaja sostuvo que la administración nacional debía acatar la medida y que la discusión sobre la apelación no modificaba esa obligación.

La controversia avanzó luego hacia una sentencia de fondo. En junio, el juez volvió a ordenar que se regularizaran los pagos de las prestaciones previstas por la ley 24.901. Uno de los elementos que tuvo en cuenta fue que el Estado había acreditado pagos correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado, según la resolución, que hubiera normalizado la situación para todo el universo alcanzado por el amparo.

En aquella resolución, Vaca Narvaja también incorporó la situación informada por distintas instituciones de Córdoba. Prestadores como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría habían denunciado atrasos acumulados durante varios meses. Las entidades plantearon que las demoras estatales les generaban problemas para afrontar salarios, aportes, proveedores y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.

El caso del Cottolengo fue uno de los ejemplos utilizados en el expediente. La institución informó que había tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no había podido cancelar a tiempo debido a los atrasos en los pagos. Para el juez, esos elementos mostraban que el problema no era solamente administrativo o contable, sino que tenía consecuencias concretas sobre el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad.

La última decisión de Vaca Narvaja agrega una nueva dimensión al conflicto por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad.