Las historias de reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos para combatir en las filas del ejército ruso en el marco de la invasión a Ucrania siguen saliendo a la luz, pero con matices cada vez más perturbadores.

Por primera vez, Infobae tuvo acceso exclusivo al testimonio de la esposa del primer ciudadano guatemalteco documentado en las filas de las fuerzas de Moscú, un caso que retrata no solo el entramado de engaños económicos y la falta de respuesta diplomática, sino también graves e inusuales revelaciones sobre el equipamiento que llevan los extranjeros al frente de batalla.

Sarah Illescas, esposa de Carlos Alfredo González, accedió a hablar en exclusiva con Infobae y compartió una revelación inédita sobre el equipo de combate que su esposo aseguraba llevar consigo en el frente: la presencia de una supuesta jeringa autoinyectable destinada a ser utilizada en caso de captura por parte de las fuerzas ucranianas.

“Ellos, aparte de todo lo que cargan, cargan bombas, granadas, de todo, pero andan una inyección… Si alguien del otro lado los agarra, en este caso Ucrania, ellos se tienen que inyectar eso para morirse. Es una inyección letal”, afirmó Illescas a este medio.

Esta declaración constituye la primera vez que un familiar de un reclutado latinoamericano expone públicamente la existencia de este tipo de dispositivo en el equipo de los combatientes.

Infobae ha realizado las indagaciones correspondientes con otras familias de reclutados en la región; hasta la fecha, dichos contactos no han confirmado de forma directa el uso deliberado de sustancias suicidas, aunque han reiterado que los combatientes sufren constantes amenazas y represalias si intentan denunciar o exponer sus condiciones de servidumbre militar.

Contextualizando la denuncia, el uso de ampollas o jeringas en el kit médico ruso cuenta con antecedentes históricos en la doctrina militar de Moscú. Durante las Guerras de Chechenia, el botiquín militar obligatorio de los soldados (modelos AI-1 y AI-2) incluía la jeringa autoinyectable (shprits-tyubik) de Promedol, un potente analgésico opioide sintético.

Si bien su propósito oficial era anestesiar a los heridos graves para evitar el shock traumático, sobredosis de este tipo de analgésicos narcóticos o su mal uso en situaciones críticas pueden resultar letales o causar parálisis respiratoria.

El posible uso de sustancias químicas en el conflicto no se limita a analgésicos de emergencia. Según un informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania difundido por la agencia EFE en 2024, el mando militar ruso ha recurrido al suministro sistemático de hasta siete sustancias narcóticas y psicotrópicas a tropas de élite, como el 108 Regimiento de Asalto Aerotransportado.

Estas drogas, diseñadas para inducir euforia y anular la percepción del dolor, buscan reducir la inhibición y el temor a sufrir heridas o la muerte, facilitando la ejecución de ataques prácticamente suicidas en frentes críticos como Márinka y Avdiivka (Donetsk).

Illescas, detalló sobre el calvario que vive desde que su pareja tomó la decisión impulsiva de partir hacia Europa del Este, un viaje marcado por itinerarios irregulares, promesas de salarios exorbitantes y la posterior pérdida total de comunicación en las zonas de combate.

Carlos, guatemalteco nacido el 21 de octubre de 1990 y mecánico de profesión, abandonó Centroamérica a mediados de junio con la promesa de acceder a estabilidad financiera para su familia. Según relata su esposa, la salida debió coordinarse a través de un país vecino por impedimentos migratorios en su nación de origen.

“Nosotros lo fuimos a dejar a la frontera de El Salvador porque él tiene raíz aquí en Guatemala. Entonces, no puede salir por el lado de Guatemala legal… El 15 de junio salió en un vuelo de El Salvador para Panamá, luego hace escala en Panamá para Estambul y de Estambul hace vuelo para Moscú”, relató Illescas a Infobae.

El anzuelo principal para atraer a González al conflicto no dista de los patrones detectados en otros países de la región: sumas cuantiosas de dinero, bonos de incorporación y promesas de regularización migratoria que rara vez se concretan.

“A él le mandaron que iba a ganar un bono de 23,000 hasta 50,000 dólares. Iba a ganar un salario mensual de 210,000 a 280,000 rublos, que equivale a entre 2,300 y 2,800 dólares al mes. Iba a tener estatus legal, beneficios migratorios y le iban a dar la ciudadanía a él y a su familia”, explicó Illescas tras revisar las capturas de pantalla de la oferta.

Sin embargo, detrás del lucrativo contrato de un año se escondía una realidad distinta. Aunque a la esposa se le informó que González habría acumulado importantes sumas en cuentas bancarias rusas, la imposibilidad de realizar transferencias internacionales impidió que la familia recibiera un solo centavo en Guatemala.

“Me dijo que ya le habían pagado dos salarios… pero por tanta restricción yo nunca recibí ni un centavo… Me decía: ‘Tengo no sé cuántos millones aquí en la cuenta y son como 200,000 quetzales’. Pero yo le decía: ‘¿De qué sirve si no me puedes mandar ni un centavo?’”, enfatizó.

Entrenamiento, “caminatas de la muerte” y la pérdida del pasaporte

A su llegada a Moscú el 17 de junio, González fue sometido a exámenes médicos y alojado temporalmente en hoteles antes de ser trasladado a campos de entrenamiento y, posteriormente, a zonas de operaciones en territorio ucraniano ocupado. A partir de ese momento, la libertad de movimiento desapareció por completo.

“Al principio me dijo que iba de mecánico a arreglar cosas… Después me dijo que iba a recoger armamento que dejaban tirado las personas que fallecían. Pero estando allá, cuando pasaron los tres meses que supuestamente duraba su viaje, le dije que se escapara. Me dijo: ‘Es que yo ya no tengo mis papeles, ya no tengo mi pasaporte… Yo ya no estoy en Rusia, estoy del otro lado’”, denunció Illescas.

El testimonio detalla condiciones extremas en los frentes de combate donde operan hombres de diversas nacionalidades, entre ellos ciudadanos colombianos, venezolanos, ecuatorianos y africanos. Según Illescas, las raciones de alimento eran acaparadas por las tropas rusas de origen, dejando a los reclutados extranjeros en situaciones de vulnerabilidad.

Última comunicación y paradero incierto en el frente

La última comunicación de Illescas con Carlos tuvo lugar el 8 de septiembre de 2026, cuando él le informó que preparaba su equipo para salir a una nueva misión en una zona boscosa. Desde entonces, el paradero del ciudadano guatemalteco es incierto.

Frente a la desesperación, la cónyuge intentó obtener apoyo institucional en Guatemala, enfrentándose a barreras diplomáticas y respuestas evasivas por parte de las representaciones oficiales.

“Llamé a la Embajada de Rusia aquí en Guatemala… Le dije: ‘Mi esposo se fue tal fecha y dejé de comunicarme con él. Quiero saber de él’. Y me dicen ahí: ‘No, nosotros no te podemos apoyar, nosotros no tenemos relación con el Ministerio de la Defensa’… Me dieron el correo del ejército en Rusia para que escribiera en inglés, pero no he tenido respuesta”, lamentó.

La historia de Carlos Alfredo González pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos latinoamericanos atraídos por la maquinaria de guerra rusa en Europa del Este, un fenómeno que ya afecta en Centroamérica.

En la madrugada del 25 de junio de 1989, María Soledad Opazo caminaba por las calles de la ciudad chilena de Talca tras haber estado en una fiesta familiar. Tenía 17 años, era madre de una beba de un año y vivía en la localidad de Cancha Rayada.

En algún momento del trayecto comenzó a correr. Algunos testigos dijeron haberla visto escapar y otros aseguraron haber escuchado que gritaba un nombre. Horas después, su cuerpo fue encontrado cerca del puente La Calchona: tenía más de 20 puñaladas.

El hallazgo dio inicio a una investigación que durante años apuntó contra tres jóvenes y terminó con un giro judicial que conmocionó al país.

La última noche

En la noche de ese 24 de junio, María Soledad había participado de un cumpleaños en la casa de su suegra, donde también vivía junto a su pareja, Antonio “Toño” Arellano. Cerca de la 1:30 de la madrugada tuvo una discusión con él y salió del lugar.

Después comenzaron las versiones sobre sus últimos minutos con vida. Algunos vecinos dijeron haberla visto correr por la zona y otros aseguraron haber escuchado gritos. También hubo testimonios que mencionaron la presencia de un vehículo en las inmediaciones. Sin embargo, la joven nunca llegó a su casa.

A la mañana siguiente, funcionarios de Carabineros encontraron su cuerpo cerca del canal Baeza, a pocos metros del puente La Calchona.

María Soledad estaba desnuda y presentaba más de 20 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, los brazos y la zona genital. También tenía lesiones defensivas.

En un principio trascendió que había sido abusada, pero los informes de autopsia no encontraron elementos que permitieran confirmar esa hipótesis.

Una investigación sin pistas firmes

El crimen conmocionó a Chile y las fuerzas de seguridad comenzaron a buscar sospechosos entre distintos barrios de la ciudad de Talca.

La investigación avanzó a partir de rumores y testimonios que llevaron a detener a varias personas que luego fueron liberadas.

En ese contexto aparecieron los nombres de Víctor Eduardo Osses Conejeros, Juan Manuel Contreras San Martín y José Alfredo Soto Ruz. Los tres eran jóvenes de Talca y se conocían entre sí.

Osses tenía 17 años, vivía en la población Mantos del Río y conocía de vista a María Soledad porque era vecino de un primo de la adolescente. Contreras y Soto, ambos de 21 años, eran amigos de Osses.

La primera detención fue la de Osses, el 6 de julio de 1989, mientras trabajaba en tareas agrícolas en San Clemente. Dos días después, la Policía de Investigaciones detuvo también a Contreras y Soto. De esta manera, los tres quedaron vinculados a la causa por el homicidio de María Soledad y fueron interrogados por separado.

Los tres terminaron realizando confesiones en dependencias policiales. Con el tiempo denunciaron que habían sido sometidos a golpes, amenazas y presiones para admitir un crimen que aseguraban no haber cometido.

El 10 de julio de ese año fueron liberados, pero la investigación no terminó allí. El 19 de enero de 1990, seis meses después de las primeras detenciones, Osses, Contreras y Soto fueron nuevamente arrestados.

Según consta en el expediente que posteriormente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los tres volvieron a declarar en dependencias policiales sin abogados presentes. Esta vez fueron puestos a disposición del tribunal y ratificaron sus confesiones.

Sin embargo, cuando pudieron declarar ante la jueza sin la presencia de los policías, se retractaron y denunciaron nuevamente las torturas que, según dijeron, habían sufrido durante los interrogatorios. A pesar de ello, permanecieron detenidos y fueron llevados a juicio.

El giro judicial

En marzo de 1994 llegó la primera sentencia. Juan Manuel Contreras y José Alfredo Soto fueron condenados a diez años de prisión, mientras que Víctor Osses recibió una pena de cinco años por el homicidio de María Soledad.

A pesar de ello, los tres continuaron sosteniendo que no habían participado del asesinato.

Por este motivo, la defensa apeló y el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Talca. El 19 de enero de 1995, el tribunal revocó las condenas y absolvió a los tres hombres: ya habían pasado alrededor de cinco años privados de su libertad.

Después de la absolución, los tres llevaron su reclamo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciaron las irregularidades sufridas durante la investigación, además del tiempo que habían permanecido presos.

En 2002, la CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa con el Estado chileno. Como parte de ese acuerdo se realizó un acto público de desagravio en Talca y se establecieron medidas de reparación para los tres hombres, entre ellas una pensión vitalicia y otras prestaciones.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato de María Soledad continuó por otros caminos. Se analizaron distintas hipótesis, entre ellas la posible participación de jóvenes de familias acomodadas de Talca y personas pertenecientes al círculo cercano de la víctima. Pero ninguna de esas líneas permitió establecer judicialmente quién había cometido el crimen.

Crimen

The U.S. Supreme Court will hear arguments in a Missouri redistricting case for a third time after Justice Brett Kavanaugh accepted a request to intervene in the case once again Tuesday night.

The divisive redistricting map drawn in 2025 would grant Republicans an additional seat in the House of Representatives if it is put in place ahead of the 2026 elections. A federal judge in Missouri ruled in favor of the 2025 map last month, but the Supreme Court put a stay on that ruling just two weeks ago.

Opponents of the map issued an emergency appeal to the Supreme Court late Tuesday night after the St. Louis-based Eighth U.S. Circuit Court of Appeals ruled in favor of the new map on Monday.

FEDERAL APPEALS COURT ORDERS MISSOURI TO USE CONGRESSIONAL MAP REJECTED TWICE BY SUPREME COURT

Kavanaugh handles emergency requests for the state of Missouri and directed supporters of the new map to respond to the appeal by Wednesday at 2 p.m. ET.

The development is the latest in a roller-coaster ride of legal decisions that have seen the new map fly up and down between federal and state courts, the Supreme Court and the Missouri Supreme Court.

ELECTION CHAOS IN THIS RED STATE JUST GOT EVEN STRANGER FOR REPUBLICANS AFTER SUPREME COURT RULING

The case began when Missouri Secretary of State Denny Hoskins rejected a petition for the 2025 map to be placed on the ballot for a vote in 2026. Instead, the new map was used to determine congressional districts for the state’s primary elections.

The Democratic group behind the petition, People Not Politicians, asked a state court to intervene, saying the group’s petition of 300,000 signatures should have triggered a referendum on the new map under Missouri’s constitution. The Missouri Supreme Court agreed, writing that the 2025 map cannot go into effect «unless and until approved by the voters at the November 2026 general election.»

MISSOURI HIGH COURT BLOCKS GOP-BACKED CONGRESSIONAL MAPS AHEAD OF MIDTERMS; TRUMP BLASTS ‘RIDICULOUS’ RULING

Hoskins then appealed the case to the Supreme Court, but Kavanaugh declined to hear his request on Sept. 4.

Meanwhile, Republican candidates who won primary elections based on the 2025 maps brought up a separate case in federal court, arguing that if the general election takes place under the 2022 map their districts would be very different from the primary maps. Many general election voters, they noted, would also be presented with options they had no role in voting for during the primaries.

SUPREME COURT AGAIN BLOCKS MISSOURI FROM USING TRUMP-BACKED CONGRESSIONAL MAPS

Eighth Circuit Judge Stephen R. Clark ruled in favor of those candidates and issued an order requiring that the 2025 maps be used in this year’s elections, effectively contradicting the state Supreme Court.

This time, People Not Politicians asked the U.S. Supreme Court to intervene, and Kavanaugh agreed. The court issued an unsigned order blocking Clark’s order until the Eighth Circuit issued a formal ruling in the case. The Eighth Circuit then fast-tracked the case and ruled in favor of the 2025 map.

MISSOURI SUPREME COURT THREATENS SECRETARY OF STATE WITH CONTEMPT AMID INTENSIFYING REDISTRICTING BATTLE

People Not Politicians filed their latest request for an intervention on Tuesday night, arguing that the court’s ruling against the new map was still in effect, and pointing to statements from Missouri election officials saying it is too late to change what maps are used in the upcoming elections.

The Missouri Association of County Clerks and Election Authorities already announced it will not be using the 2025 map for November, arguing in an appeal filing that the state does not have enough time to provide new ballots.

«Ballots have been printed, and Missourians have already voted. Thousands more will vote before this order seeks to take effect. Officials should stop wasting taxpayers’ money on pointless legal action and instead focus on administering our elections,» People Not Politicians director Richard von Glahn said in a statement.

The Associated Press contributed to this report.

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