INTERNACIONAL
La NASA envió semillas al espacio en 1984, pero las recuperó casi seis años después con un resultado inesperado
En enero de 1990, una cápsula recuperada tras casi seis años en órbita devolvió a la Tierra un cargamento poco habitual: semillas de tomate Rutgers que resistieron la exposición al espacio y luego germinaron en escuelas de Estados Unidos.
El material formó parte de una misión prevista para durar apenas un año, pero una emergencia alteró el calendario de la NASA y extendió de forma imprevista la prueba.
Las semillas viajaron a bordo de la Instalación de Exposición de Larga Duración, conocida por su sigla en inglés, LDEF. La plataforma salió al espacio en 1984 con materiales, componentes y muestras biológicas destinados a medir las consecuencias de la órbita sobre objetos que debían permanecer durante períodos extensos fuera de la atmósfera terrestre.
La misión SEEDS, nombre que resumía la expresión Space Exposed Experiment Developed for Students, buscaba una respuesta concreta. Los científicos querían saber si una semilla podía conservar su capacidad de germinar después de recibir radiación solar, partículas del viento solar y otros efectos del entorno espacial.
En ese momento, la pregunta no estaba ligada a futuras huertas en Marte, sino a la necesidad de entender cómo reaccionaban los seres vivos frente a condiciones ajenas a la Tierra.
El plan original contemplaba una recuperación temprana, a los seis meses. Sin embargo, el accidente del transbordador Challenger, ocurrido en enero de 1986, paralizó los vuelos de ese programa durante cerca de 32 meses. La NASA perdió la posibilidad de recoger la LDEF en la fecha prevista y el satélite quedó en órbita mucho más tiempo. La circunstancia convirtió una prueba anual en una exposición de casi seis años.
Cuando la instalación volvió al planeta, los investigadores encontraron una oportunidad singular. Las semillas no habían pasado por una simulación de laboratorio ni por una exposición breve a radiación artificial. Habían permanecido en el espacio durante años, dentro de un dispositivo que atravesó cambios térmicos y recibió el impacto continuo de un ambiente sin protección atmosférica.
El experimento incluyó 132.000 kits de semillas distribuidos entre 3,3 millones de estudiantes de Estados Unidos.
La NASA, el Centro de Investigación Langley y la compañía George W. Park Seed Company organizaron el proyecto para que alumnos de jardín de infantes, escuelas y universidades participaran de la etapa de observación. Cada grupo recibió semillas expuestas al espacio y otro lote de referencia que permaneció bajo condiciones climáticas controladas en la Tierra.
Los estudiantes plantaron ambos grupos y registraron el tiempo de germinación, la cantidad de brotes y el aspecto de las plantas. Luego enviaron sus anotaciones por correo a la agencia espacial. Ese diseño tuvo una particularidad decisiva: no se trató de un ensayo realizado bajo condiciones idénticas en un único laboratorio. La información surgió de miles de aulas, con diferencias de suelo, riego, luz y temperatura.
Las semillas orbitales brotaron antes que las que nunca salieron de la Tierra
Pese a las limitaciones propias de una experiencia escolar a gran escala, los primeros resultados mostraron una diferencia concreta. Las semillas que viajaron en la LDEF lograron una tasa de germinación del 73,8 %, frente al 70,3 % que alcanzó el lote conservado en la Tierra. La distancia entre ambos valores no permitió afirmar que el espacio mejorara las semillas, pero descartó el daño masivo que algunos especialistas esperaban.
La velocidad de aparición de los brotes también llamó la atención. Durante los seis meses posteriores al retorno de la carga, las semillas espaciales necesitaron un promedio de ocho días para germinar. Las semillas terrestres demoraron 8,3 días. La diferencia fue corta, aunque resultó consistente con la mayor proporción de germinación que observaron los participantes del programa.
Un análisis universitario financiado por la NASA aportó una posible explicación. Los especialistas compararon las cubiertas externas de los dos lotes mediante microscopía electrónica y detectaron una superficie más porosa en las semillas que habían estado en órbita. Esa modificación pudo facilitar el ingreso de agua y nutrientes una vez que las semillas entraron en contacto con el suelo.
La hipótesis encajaba con el comportamiento observado en las aulas. Si la cubierta perdió parte de su resistencia superficial por efecto de la radiación y las partículas solares, el proceso inicial de hidratación pudo requerir menos tiempo. Aun así, los documentos del proyecto trataron ese resultado como una observación preliminar, no como una fórmula para mejorar cultivos mediante vuelos espaciales.
La conclusión relevante fue otra. El número de mutaciones inusuales resultó bajo en relación con la duración de la exposición. Las semillas demostraron una resistencia mayor a la prevista frente a un ambiente que combina vacío, radiación y variaciones térmicas. Para los investigadores, ese dato ofreció información sobre los límites de supervivencia de estructuras biológicas sencillas, protegidas por una cubierta vegetal.
El antecedente del proyecto se remontaba a 1970, cuando la NASA desarrolló la LDEF para recopilar datos de larga duración sobre los efectos del espacio en equipos y materiales. Un año después, el astronauta Stuart Roosa llevó semillas de árboles durante la misión Apolo 14. Aquellas semillas dieron origen a los llamados “árboles lunares”, que fueron plantados en distintos sitios de Estados Unidos y otros países tras su regreso.
La prueba con tomates amplió ese camino de investigación. Mientras la misión de Roosa permitió revisar si el viaje lunar afectaba la integridad de semillas forestales, SEEDS examinó qué ocurría después de una permanencia mucho más extensa en órbita terrestre. El dato central no fue que las semillas adquirieran una propiedad extraordinaria, sino que conservaron funciones básicas tras un período que excedió ampliamente la planificación inicial.
El modo de almacenar las semillas resultó tan importante como el viaje espacial
Las semillas de tomate fueron la cara más visible del programa escolar, pero no fueron las únicas muestras vegetales que viajaron en la LDEF. Un informe técnico de la NASA indicó que la instalación transportó cerca de dos millones de semillas de 120 variedades, 106 especies y 55 familias botánicas. Esa diversidad permitió comparar la respuesta de distintos grupos de plantas frente a la exposición espacial.
Los investigadores repartieron esas muestras en un contenedor hermético y dos recipientes ventilados de menor tamaño. La comparación reveló una diferencia relevante para las misiones de larga distancia: las semillas bajo sello resistieron mejor que aquellas guardadas en las instalaciones de la empresa proveedora. El resultado apuntó a la protección física y al control del ambiente interno como factores decisivos para la conservación del material biológico.
Esa observación conserva interés en los debates actuales sobre viajes espaciales prolongados. Una expedición hacia Marte o una base situada lejos de la Tierra requeriría reservas de alimentos, equipos de cultivo y semillas capaces de soportar meses o años de traslado. La experiencia de 1984 no resolvió el desafío de producir alimentos fuera del planeta, pero aportó datos sobre la supervivencia del material vegetal antes de la siembra.
También dejó una advertencia metodológica. Las plantas que brotaron en las escuelas no crecieron bajo parámetros uniformes, por lo que los registros no podían reemplazar un estudio agrícola controlado. El valor del proyecto residió en la escala de participación y en la posibilidad de reunir indicios procedentes de millones de alumnos, con un lote espacial y otro terrestre como referencia común.
La iniciativa acercó un experimento científico a estudiantes que, en muchos casos, tuvieron su primer contacto directo con una investigación vinculada a la exploración espacial. La tarea no consistió solo en observar una maceta. Cada semilla conectó una experiencia cotidiana, como esperar la aparición de un brote, con preguntas sobre radiación, biología, materiales y viajes más allá de la atmósfera.
El caso de SEEDS adquirió una nueva dimensión décadas después, cuando las agencias espaciales y centros científicos pusieron el foco en la producción de alimentos para misiones de larga duración. Hoy existen ensayos sobre vegetales cultivados en microgravedad y sistemas cerrados de soporte vital, pero el experimento de las semillas Rutgers mostró antes que una reserva biológica podía atravesar una estadía orbital extensa sin perder su capacidad esencial.
La LDEF regresó con marcas de seis años de exposición, y las semillas de tomate regresaron con una respuesta menos dramática que la que podía suponerse. No aparecieron alteraciones generalizadas ni un colapso de la germinación.
En su lugar, los datos apuntaron a una resistencia notable, a cambios menores en la superficie externa y a la importancia del almacenamiento para cualquier proyecto que pretenda llevar vida vegetal más allá de la Tierra.
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INTERNACIONAL
El sector empresarial organizado respalda la cooperación de Guatemala y Estados Unidos contra las redes criminales transnacionales
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) respaldó el refuerzo de la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos contra el crimen transnacional, tras la reunión de autoridades nacionales con una delegación del Departamento de Justicia estadounidense.
La entidad empresarial sostuvo que el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la coordinación judicial pueden afectar a redes que operan entre distintos países.
El pronunciamiento fue difundido el 23 de septiembre y vinculó la seguridad ciudadana, la certeza jurídica y el Estado de Derecho con el empleo formal, la inversión y la paz social. CACIF pidió una persecución penal “profesional, objetiva e independiente”, basada en pruebas y dirigida contra estructuras delictivas.
La delegación estadounidense reunió por primera vez en Guatemala a cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y a representantes de nueve distritos federales. La visita fue coordinada por la Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero, dirigida por Erik Peterson.
Nueve distritos federales y agencias de seguridad en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el fiscal general, Gabriel García Luna, mantuvieron el encuentro con los funcionarios estadounidenses.
La agenda abordó persecución penal, seguridad fronteriza, extradiciones y el fortalecimiento de las capacidades investigativas y judiciales guatemaltecas para preparar causas que serán juzgadas en tribunales de Estados Unidos.
El Gobierno de Guatemala informó que participaron el fiscal general adjunto interino Brian Skaret, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano. Las autoridades trataron medidas contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de personas.
La coordinación buscará identificar y desarticular estructuras operativas, combatir mecanismos de impunidad y rastrear los flujos financieros que sostienen actividades ilícitas. “Guatemala asume esta cooperación desde una posición de socio estratégico”, afirmó el Ejecutivo.
Jorgan Andrews, encargado de Negocios de Estados Unidos, afirmó que la presencia de los fiscales refleja la prioridad que su país otorga a la eliminación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales, al control de las fronteras y a la protección de sus ciudadanos frente a amenazas que cruzan territorios.
0También señaló que las acciones apuntan contra narcotraficantes, traficantes de personas, facilitadores y quienes les brindan protección, incluidos políticos vinculados al narcotráfico.
Andrews definió el objetivo de la misión con una declaración: “Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala”. Y agregó: “No hay refugio seguro para quienes se benefician del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar el cargo que ocupen”.
La ofensiva contra narcóticos, lavado de dinero y trata
Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostuvo que las organizaciones delictivas aprovechan las fronteras para sus operaciones, mientras los fiscales deben ver en ellas espacios de cooperación.
“Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen”.
La comitiva incluyó a Timothy Courchaine, fiscal federal del Distrito de Arizona; Victor P. White, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de California; C. John Grivner, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de Florida; Ryan Ellison, primer fiscal federal adjunto del Distrito de Nuevo México; y John A. Sarcone III, primer fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Nueva York.
También participaron Jay R. Combs, fiscal federal del Distrito Este de Texas; Ryan R. Raybould, fiscal federal del Distrito Norte de Texas; Aaron F. Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas; y Justin R. Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas.
El Gobierno guatemalteco vinculó el encuentro con el levantamiento reciente del embargo que durante más de cuatro décadas limitó la adquisición de armamento estadounidense. La medida permitió destinar más de USD 5 millones a la compra de más de 14 mil unidades de armamento y accesorios.
Bernardo Arévalo,Guatemala,Estados Unidos,diplomacia,reunión bilateral
INTERNACIONAL
Top public university’s ‘LGBTQ+ lab’ hit with race-bias complaint amid $700K in Trump-era federal funding
FIRST ON FOX: A University of Maryland research lab that received nearly $700,000 in additional federal funding from the Trump administration this year is facing a civil rights complaint alleging that it uses race and ethnicity to determine access to some research-related opportunities.
The Equal Protection Project (EPP) filed the complaint with the Department of Health and Human Services’ Office for Civil Rights against UMD’s Lavender Lab, a National Institutes of Health (NIH)-funded lab that studies suicide, substance use and other health outcomes among LGBTQ+ people and Black, Indigenous and People of Color.
EPP is asking HHS to investigate whether the lab’s LGBTQ+ Teens of Color Advisory Board and its research assistant selection practices give priority to non-White applicants.
«Some people may ask what is wrong with prioritizing non-whites in a program which is designed to study non-whites,» EPP founder William Jacobson told Digital. «When you receive federal funding, you cannot discriminate in the administration of your programs.»
JUSTICE DEPARTMENT LAUNCHES TITLE VI INVESTIGATION INTO DEI PROGRAMS AT ARIZONA STATE UNIVERSITY
«You do not need to have an advisory board, you do not need to hire research assistants based on race to fulfill the purposes of this grant,» Jacobson continued.
The complaint comes as the Lavender Lab continues receiving millions of dollars through the NIH for research examining alcohol and drug use among «sexual minority adolescents of color.»
One of the lab’s principal projects, titled «Long-Term and Daily Associations Among Intersectional Minority Stress, Structural Oppression, and Alcohol Use and Misuse Among Sexual Minority Adolescents of Color,» began in May 2022 and is scheduled to run through April 2027. The complaint cites approximately $3.6 million in total federal obligations and roughly $2.2 million in outlays at the time of its filing.
NIH records cited in the complaint show the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism provided another $695,192 for the project for fiscal year 2026.
The complaint points first to the lab’s LGBTQ+ Teens of Color Advisory Board, which said it was «specifically looking for teens in the US who identify as both LGBTQ+ and Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC) to join our board» in an Instagram post.
A NEW YORK UNIVERSITY FACES JUSTICE DEPARTMENT INVESTIGATION OVER ‘BLACK MALE INITIATIVE’
According to the complaint, board members are paid to help review research, provide feedback and participate in professional-development activities, with some also receiving leadership opportunities.
EPP also targeted the Lavender Lab’s research-assistant program, which offers positions to undergraduate and master’s-level students.
Although the positions are generally unpaid, the complaint stated that undergraduate research assistants may receive academic course credit, and some students may be able to participate through federal work-study. Research assistants generally commit to at least two semesters and a minimum of eight hours per week.
The lab stated it «especially encourage[s] and invite[s] candidates from traditionally marginalized backgrounds» to apply and that applicants with experience conducting research involving «LGBTQ and BIPOC communities» through «cultural humility, intersectionality, and social justice approaches» will receive the «strongest consideration.»
«Discrimination based on race or ethnicity at institutions receiving federal funding is unlawful regardless of which group is targeted or benefits,» Jacobson said. «Treating individuals as avatars of their demographic identity rather than as individuals with unique merits and circumstances undermines fairness, merit, social cohesion, and the rule of law.»
TRUMP ADMIN’S PUSH TO SCRAP DEI IN FEDERAL GOVERNMENT TAKES LANDMARK STEP WITH NEW HIRING RULE
EPP alleges that the language indicates race or ethnicity may play a role in the selection process. The complaint asks HHS to investigate whether the practices violate Title VI of the Civil Rights Act, which prohibits discrimination based on race, color or national origin in federally funded programs, as well as the Affordable Care Act.
«Because the Lavender Lab is operating under an HHS health care related grant, the non-discrimination provisions of the Affordable Care Act must be adhered to, and HHS has authority to enforce those provisions,» Jacobson said.
EPP’s complaint also questions federal funding for research focused on intersectionality, which the Lavender Lab says guides its work. The lab studies how sexual-minority status, race, ethnicity and what it calls «structural oppression» affect health outcomes.
«The conduct at the Lavender Lab calls into question whether HHS should be funding intersectionality-focused research at all,» Jacobson said. «Intersectionality is a race- and ethnicity-focused group-identity approach. It is no surprise that where the focus is racial identity that programming could cross the line into civil rights violations.»
Jacobson said EPP has found federal dollars going to programs that use intersectionality and is calling for tighter rules on that funding.
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«We have identified hundreds of millions of dollars of federal funding for programs that incorporate intersectionality,» Jacobson said. «Given the civil rights danger from an ‘intersectional’ approach, we call on the administration to issue a new executive order and agency guidance closing the ‘intersectionality loophole’ by including intersectionality in the ban on unlawful discriminatory DEI practices in federal grantmaking.»
Digital reached out to the University of Maryland, HHS and the White House for comment.
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INTERNACIONAL
Trump administration uncovers $1.2B in suspected COVID contract fraud tied to Biden-era spending
FIRST ON FOX: The Vance-led anti-fraud task force and the General Services Administration uncovered more than $1.2 billion in suspected COVID-era contract fraud as the White House anti-fraud task force continues its crackdown across the country.
The General Services Administration, along with the Department of Health and Human Services, found that COVID emergency contracting continued after the pandemic emergency officially ended. The agencies also revealed that millions of vaccine contracts were awarded even after the pandemic ended under the Biden administration.
«The COVID emergency ended over three years ago, yet fraudsters continue to weaponize outdated emergency contracts to abuse taxpayer dollars,» GSA Administrator Edward C. Forst told Digital in a statement. «Thanks to the leadership of President Trump and Vice President Vance’s Task Force to Eliminate Fraud, GSA uncovered $1.22 billion in suspected fraud across five HHS COVID-era contracts.»
AG BLANCHE UNVEILS FEDERAL CHARGES AGAINST 160 DEFENDANTS IN PANDEMIC RELIEF SWEEP
«GSA will continue to work with the Vice President’s task force to stop improper payments, refer suspected fraud to law enforcement, and fight to recover every dollar,» he added.
While the funding uncovered is not currently tied to criminal charges for contractors, the agencies have pinpointed a significant amount of taxpayer dollars that may have otherwise been distributed for COVID vaccines and other pandemic-related services long after the national emergency ended.
GSA estimates that an estimated 93% of the funding for the contracts has not yet been distributed to vendors, while roughly 6.78% has already been expended. The agency has since suspended payments to contractors as part of the initiative.
«The COVID emergency ended in 2023. The emergency contract advantage didn’t — until now.»
WHITE HOUSE PUSHES ‘WATERSHED’ FRAUD-FIGHTING REFORM IN CONGRESS AS VANCE CONVENES TASK FORCE
White House Task Force to Eliminate Fraud Executive Director Scott Brady told Digital in a statement. «GSA’s review uncovered $1.22 billion in suspected fraud and stopped $41 million more across five HHS COVID-era contracts that kept the emergency label alive long after the emergency was gone.»
Brady said that allocated emergency funding «is a privilege, not a blank check,» while describing contractors who received funding to combat the pandemic at the time as «honest.» He characterized any funding that was distributed beyond the emergency as a «free pass.»
WHITE HOUSE LAUNCHES INTERACTIVE MAP TRACKING BILLIONS IN SUSPECTED FRAUD
The announcement comes after the General Services Administration found more than $13 billion in suspected contractor fraud in late August, and the Trump administration has declared a total of more than $245.7 billion has been uncovered since the president took office and that it has prevented an annualized $62.9 billion in fraudulent payments.
The White House anti-fraud task force also says that more than $59.1 billion in indictments and settlements are being enforced.
WHITE HOUSE TO YANK 750,000 FRAUDSTERS OFF OBAMACARE, SAVE TAXPAYERS $2.2 BILLION, VANCE SAYS
The Department of Health and Human Services, which oversees Medicare and Medicaid, has uncovered the most significant amount of fraud at $96.4 billion.
As for the beneficiaries of fraudulent activity, the Trump administration has identified some foreign nationals who have infiltrated the federal contracting system and acquired funds while still residing in their home countries.
EXCLUSIVE: FBI’S FIFTH MOST WANTED FRAUDSTER CAPTURED AFTER ALLEGED SNAP SCAM SUSPECT ARRESTED IN INDIA
Earlier this month the FBI released a «Most Wanted» list highlighting alleged fraud suspects as the administration continues its broader crackdown on fraud. Officials say the involvement of foreign nationals in multiple schemes has heightened concerns about overseas actors exploiting U.S. government programs.
Among those named is Onur Simsek, a Turkish national whom the FBI believes is living in Turkey. Prosecutors accuse Simsek of leading a defense procurement fraud scheme that secured U.S. military contracts by falsely certifying Turkish-made parts as tested and qualified, potentially rendering critical military equipment inoperable.
FRAUD EXPERT EXPOSES HOW HIDDEN NETWORKS DROVE MINNESOTA FRAUD, OTHER MAJOR SCAMS: ‘CRIMINAL ENTERPRISE’
Federal authorities allege Simsek is one of a number of foreign nationals who have infiltrated and exploited U.S. federal funds to obtain taxpayer funds.
In an interview with Digital last month, Vice President JD Vance said authorities have observed what he described as a «clear pattern» in some fraud cases involving immigrant communities.
«You definitely see patterns in certain communities,» Vance said. «It’ll start as maybe one Somali person takes advantage of the system, or realizes you don’t even have to have children to get money from these programs. You could just claim that you have children, there’s no verification. Then, word spreads like wildfire, and that program gets tapped into by the same members of that community.»
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