POLITICA
Quién es Rodolfo Aguiar, el líder de los estatales de ATE que tomó un edificio de los militares
Rodolfo Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei.
Aguiar fue denunciado hoy en la Justicia por tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la prestadora médica de los militares que está en crisis y podría despedir en los próximos días a 600 personas.
No es el primer cruce que tiene Aguiar con la gestión libertaria. Hace dos años, un tuit fue casi como una declaración de guerra. “En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y les vamos a cortar la cabeza a ellos. No vamos a tolerar nuevos despidos en el Estado. El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la ‘reprecarización’ laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, escribió.
Así, dio un paso más en su ofensiva por llevar a la Justicia “los miles de despidos” a su juicio “arbitrarios” que dispuso el gobierno libertario.
Contratado a sueldo desde hace 24 años en la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de General Roca, Aguiar construyó su carrera sindical en Río Negro, siempre en la administración pública. A los tres años de haber ingresado al PAMI se convirtió en delegado gremial de ATE. Escaló hasta la Secretaría General de la seccional provincial, en la que estuvo durante dos mandatos. Se interesó por subir el perfil cuando aceptó secundar a “Cachorro” Godoy en la conducción nacional y ser su adjunto. El 7 de noviembre de 2023 lo reemplazó al frente de ATE en una elección en la que venció sin inconvenientes a Carlos Quintriqueo, referente estatal en Neuquén, y a Alejandro Lipcovich, dirigente del Hospital Garrahan. Mantuvo así la hegemonía de la Lista Verde.
Aguiar es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que integró el Frente de Todos y se alió al kirchnerismo. Pesaron sobre él 55 causas judiciales, aunque en ninguna de ellas se le llegó a imputar la comisión de delito, según averiguó . Una de esas causas fue por encabezar una protesta contra Mauricio Macri, en Viedma, cuando Cambiemos gobernaba el país. Además, Aguiar es un impulsor de los reclamos en la Patagonia por la compra de tierras por parte del empresario inglés Joe Lewis, un antecedente que según él, contribuye a la “extranjerización” de los territorios en el sur.
También tuvo sus choques con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien ordenó detenerlo después de haber encabezado una protesta para oponerse a un proyecto oficial sobre endeudamiento. “Me declaro preso político de la alianza del gobierno nacional de Macri y del provincial de Weretilneck”, desafió al entregarse a la Justicia en General Roca. Estuvo detenido 10 días por coacción agravada. En 2019 fue sobreseído. Los caminos con Weretilneck se volvieron a cruzar recientemente. Aguiar asistió a la inauguración del año legislativo y apoyó a Weretilneck en su pelea con la Casa Rosada por la coparticipación y otros fondos.
Aguiar es considerado un duro, pero también un reformista en lo relativo al tablero sindical. Impulsó en ATE una reforma estatutaria que estableció a partir de 2022 la paridad de género en los cargos y limitó las reelecciones a dos mandatos. En Río Negro rompió el molde cuando entregó de manera voluntaria su declaración jurada de bienes mientras estuvo al frente de la seccional de ATE. Pidió que la publicación de estos datos sea obligatoria para el resto de sus pares sindicales. No tuvo eco.
Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra el sector dialoguista de la CGT (representado por su histórico jefe, Andrés Rodríguez). Aguiar y Rodríguez se enfrentaron públicamente hace un mes, cuando chocaron por un nuevo acuerdo salarial por debajo de la inflación con el Gobierno, que actuó en su rol de empleador. “Quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de fake news, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”, lo acusó Rodríguez, en un comunicado.
Orígenes
Aguiar nació el 2 de mayo de 1971 en Ingeniero Huergo, un municipio del departamento rionegrino de General Roca. Su padre (de familia peronista) murió en un accidente de auto cuando él tenía 3 años, mientras que su mamá (de familia radical) fue docente y militante de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER).
Terminó el secundario con uno de los mejores promedios y asumió un cargo como preceptor en el Colegio CEM N° 9 de Roca. Aunque no se recibió, después estudió Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. En su entorno, dijeron a que le restan entre 10 y 15 materias para recibirse.
Trabajó para Coca-Cola y en 2002 comenzó a trabajar en el Estado, en la sede roquense del PAMI. Allí estuvo como delegado durante 6 años, mientras que fue dos veces secretario general de ATE Río Negro y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro.
Además, se posicionó en los últimos años como referente provincial del partido político Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP). “En lugar de estar tocando el bombo afuera de la Legislatura tenemos que estar adentro con una banca, discutiendo y aportando proyectos. El sindicato tiene un límite. Cortar la calle puede ser superado por tener un representante adentro. Unión Popular no es un partido de los trabajadores del Estado, es un partido político que convoca a todos”, marcó su postura.
Su hijo Romeo es actualmente Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.
reemplazó a Hugo Godoy,contra la gestión,tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa),pic.twitter.com/gXh8nHno9f,December 27, 2024,Conflicto gremial,Conforme a
POLITICA
La CGT seguirá con el plan de lucha: cuál es la protesta que podrían hacer antes de la visita del Papa
¿Una nueva movilización de la CGT y de las CTA contra el gobierno de Javier Milei en octubre próximo? Es una alternativa que se discutiría el martes próximo cuando se reúna la versión ampliada de la mesa chica cegetista, en la sede de la UOCRA, en medio de las presiones de distintos sectores para que defina la continuidad del plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras.
El encuentro, que comenzará a las 16, fue convocado para realizar “un debate de reflexión y encuadramiento para mantener las estrategias y provocar algo en octubre”, dijo a Infobae uno de los jefes sindicales.
El triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), hace malabares para contener a las fracciones más duras que buscan endurecer el plan de lucha iniciado el 22 de julio y, a la vez, conformar a los dirigentes dialoguistas, que prefieren esperar el clima social más propicio para la realización del quinto paro general contra Milei.
Por ahora, la CGT y las dos CTA sostienen un esquema de protestas contra las políticas libertarias, pero la cúpula cegetista mantiene una estrategia moderada y contempla un paro general si no se abre una instancia de diálogo por el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y las jubilaciones congeladas.
La semana pasada, en una reunión reservada que anticipó Infobae, los líderes cegetistas y los titulares de las CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el Gobierno y acordaron definir en estos días de qué forma seguirán las medidas de fuerza.
Con la presencia del triunvirato de la CGT, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA), se coincidió en que fueron exitosas las protestas conjuntas que comenzaron el 22 de julio con el acompañamiento a la marcha de jubilados frente al Congreso. En este caso, concluyeron, la participación de las centrales obreras amplió la adhesión a las concentraciones que se realizan cada miércoles.
La movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, además, fue evaluada como una instancia para instalar el reclamo y exigir respuestas oficiales.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
Las fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las tres centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Los gremios educativos agrupados en la CGT, por su parte, hicieron protestas sin paros para reclamar una actualización del salario mínimo docente, congelado desde el año pasado en $500 mil. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), había anunciado clases públicas sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno.
La decisión de no interrumpir las clases responde a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que reglamenta el derecho de huelga y exige sostener servicios mínimos del 75% en actividades esenciales, como la educación. No es el mismo criterio aplicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), alineada con la CTA de los Trabajadores, que realizó un paro docente el 3 de agosto por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.
Ahora, tanto los sindicatos educativos de la CGT como la CTERA y otras organizaciones gremiales del sector convocaron a un paro de 48 horas (el 18 y el 22 de septiembre) y a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 23 de octubre, además de 23 días de protestas en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno libertario.
¿La CGT y las dos CTA analizarán sumarse el 23 de octubre a la Marcha Federal Universitaria y tratar de concretar una demostración de fuerza callejera con distintos sectores afectados por las políticas de Milei?
Es una de las posibilidades antes de que comience noviembre, cuando los sindicalistas harán una tregua porque estarán con la mirada puesta en la visita del Papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de ese mes, que ya tiene una cita programada, como anticipó Infobae: el lunes 9 de noviembre, en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sumo pontífice tendrá una reunión con la CGT, las dos CTA, el empresariado y los movimientos sociales.
La agenda papal también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el sindicalismo movilizará a sus afiliados.
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Dos efectivos de la Policía Federal que intervinieron en allanamientos del caso declararon este jueves en una de las audiencias más cortas del juicio oral de los cuadernos de las coimas.
Carlos Gastón Cidre, subcomisario de la Policía Federal, participó del allanamiento realizado en la casa del exfuncionario Roberto Baratta en el country Mapuche. Ante el Tribunal Oral Federal 7, dijo haber secuestrado un disco rígido y recordó que la casa tenía un quincho, una parrilla y un sótano. Su declaración duró apenas 10 minutos. Lo siguió Luciana Sain, oficial inspectora de la Policía Federal, que declaró de forma virtual.
Durante la instrucción, la policía participó en allanamientos, detenciones, constataciones de domicilios y aperturas de bóvedas. En un cuarto de hora, describió que fueron ocho brigadas las que trabajaron en el caso y negó haber intervenido en escuchas.
Ambos fueron parte de un grupo de testigos solicitado por la defensa de Baratta que seguirán declarando el martes próximo.
El exfuncionario, que fue la mano derecha del ministro Julio de Vido, está acusado de ser un engranaje clave en el presunto esquema de recaudación que se montó durante el kirchnerismo.
La acusación contra él y contra otros exfuncionarios, formulada por el fiscal Carlos Stornelli y sostenida en el juicio por Fabiana León, se apoya en los cuadernos de Oscar Centeno y numerosas declaraciones de empresarios y funcionarios arrepentidos.
Con sus preguntas, los abogados de Baratta apuntaron a delimitar el horario en que fueron realizados los allanamientos y sus detalles, pero la mayoría de los efectivos aseguraron tener recuerdos solo generales de procedimientos, que se realizaron hace ocho años.
Vestidor
Una de las declaraciones más ricas fue la del comisario Juan Carlos Barrales, quien lideró el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner de Juncal y Uruguay, en agosto de 2018. Tal como informó , ante el tribunal, el policía confirmó que detrás de la cama de la habitación del matrimonio Kirchner había un vestidor con una puerta blindada.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo el comisario.
Al término de la audiencia de hoy, el juez Enrique Méndez Signori volvió a insistir con su pedido para que las partes comuniquen antes del inicio del debate los desistimientos de testigos para “optimizar” el tiempo de las audiencias.
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POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles
El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
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