POLITICA
En un clima de tensión, el Gobierno se reúne con el PRO en Casa Rosada: “No hay muchos temas para hablar”
Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves, desde las 15:00, la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral.
“Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”, sostienen en el partido fundado por Mauricio Macri, que tan solo un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo.
Desde Presidencia reconocían durante la mañana que la reunión no estaba incorporada de manera definitiva a la agenda y que la posibilidad permanecía “a confirmar”, mientras que por el lado de los invitados, ya insinuaban que lo mejor era posponer la cumbre para otro momento, dado el contexto.
Finalmente, la cita quedó ratificada para esta tarde, por lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en las viejas oficinas del extinto Minsterio del Interior al jefe del bloque de diputados amarillo, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.
Se trata del cuarto encuentro formal de La Libertad Avanza y sus aliados desde que institucionalizaron este canal de diálogo, que acordaron mantener semana por medio y que por lo pronto nunca se suspendió.
Las reuniones anteriores se realizaron el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en la que participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Aunque el cónclave casi se susprende por cuestiones de agenda, “El Colo” decidió convocar formalmente a los dirigentes del PRO para este jueves, dadas las complicaciones que hubiera generado posponerla.
La semana que viene Ritondo viaja a Italia a verlo al Papa, como parte de una comitiva de dirigentes argentinos invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que luego también lo llevará a Armenia.
Por este motivo, si Santilli pasaba el encuentro para algunas de esas fechas, iba a tener que ser sin la presencia del armador aliado en la provincia de Buenos Aires, justo en un momento en el que el acuerdo tambalea.
En el macrismo cuestionan al oficialismo por la falta de decisiones respecto a la creación de un frente y también protestan porque no hay coincidencias sobre los candidatos en diferentes localidades bonaerenses.
“De todas formas, es cierto que falta mucho para las elecciones, pero hoy estamos lejos de un acuerdo. El Gobierno especula mucho. No terminan de cerrar con ningún gobernador, tampoco con el radicalismo ni con nosotros”, cuestionó un integrante del PRO.
Se espera que la agenda esté atravesada por la discusión sobre discapacidad, que también expuso diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que cuestionaron los cambios que el Poder Ejecutivo había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las modificaciones podían debilitar herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron desde el partido amarillo en un comunicado difundido esta semana. De todos modos, el espacio remarcó que continuará acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico y la gestión.
El conflicto obligó a la Casa Rosada a revisar su propuesta original. El oficialismo presentó una iniciativa alternativa ante los otros bloques, que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.
La nueva redacción permitió al Ejecutivo reconstruir parte de la negociación parlamentaria. La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría para su iniciativa en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas.
La reunión de esta tarde servirá para medir si ese acuerdo legislativo alcanza también para encauzar el vínculo político entre ambos espacios. El oficialismo necesita sostener ese respaldo para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el resto de las iniciativas que pretende aprobar antes de que la campaña por las elecciones de 2027 ordene la dinámica del Congreso.
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La cuarta reunión entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro dejó a las claras que la relación entre el oficialismo y su socio más fiel no se encauza todavía hacia un pacto de cara a las elecciones 2027.
“Estamos lejos de un acuerdo electoral”, afirmaron a esta tarde, tras salir de la Casa Rosada, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, emisarios de Mauricio Macri, que se juntaron con los de Karina Milei: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. El jefe de Diputados, Martín Menem, estuvo ausente con aviso.
La frase fue la más fuerte que pronunciaron hasta ahora tanto Ritondo como De Andreis. Al contrario que las veces anteriores, en las que contaron a la prensa acreditada que repasaron el estado de cada uno de los partidos en las distintas provincias, esta vez prefirieron exponer un crudo diagnóstico sobre el poco avance de estos mitines.
No obstante, y debido a que a las charlas les queda un largo derrotero, evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”.
Más allá que Ritondo y De Andreis evitaron profundizar, otras fuentes del partido amarillo sí exponen la disconformidad que hay en Pro con la posición del Gobierno en medio de esta negociación.
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POLITICA
La CGT seguirá con el plan de lucha: cuál es la protesta que podrían hacer antes de la visita del Papa
¿Una nueva movilización de la CGT y de las CTA contra el gobierno de Javier Milei en octubre próximo? Es una alternativa que se discutiría el martes próximo cuando se reúna la versión ampliada de la mesa chica cegetista, en la sede de la UOCRA, en medio de las presiones de distintos sectores para que defina la continuidad del plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras.
El encuentro, que comenzará a las 16, fue convocado para realizar “un debate de reflexión y encuadramiento para mantener las estrategias y provocar algo en octubre”, dijo a Infobae uno de los jefes sindicales.
El triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), hace malabares para contener a las fracciones más duras que buscan endurecer el plan de lucha iniciado el 22 de julio y, a la vez, conformar a los dirigentes dialoguistas, que prefieren esperar el clima social más propicio para la realización del quinto paro general contra Milei.
Por ahora, la CGT y las dos CTA sostienen un esquema de protestas contra las políticas libertarias, pero la cúpula cegetista mantiene una estrategia moderada y contempla un paro general si no se abre una instancia de diálogo por el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y las jubilaciones congeladas.
La semana pasada, en una reunión reservada que anticipó Infobae, los líderes cegetistas y los titulares de las CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el Gobierno y acordaron definir en estos días de qué forma seguirán las medidas de fuerza.
Con la presencia del triunvirato de la CGT, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA), se coincidió en que fueron exitosas las protestas conjuntas que comenzaron el 22 de julio con el acompañamiento a la marcha de jubilados frente al Congreso. En este caso, concluyeron, la participación de las centrales obreras amplió la adhesión a las concentraciones que se realizan cada miércoles.
La movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, además, fue evaluada como una instancia para instalar el reclamo y exigir respuestas oficiales.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
Las fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las tres centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Los gremios educativos agrupados en la CGT, por su parte, hicieron protestas sin paros para reclamar una actualización del salario mínimo docente, congelado desde el año pasado en $500 mil. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), había anunciado clases públicas sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno.
La decisión de no interrumpir las clases responde a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que reglamenta el derecho de huelga y exige sostener servicios mínimos del 75% en actividades esenciales, como la educación. No es el mismo criterio aplicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), alineada con la CTA de los Trabajadores, que realizó un paro docente el 3 de agosto por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.
Ahora, tanto los sindicatos educativos de la CGT como la CTERA y otras organizaciones gremiales del sector convocaron a un paro de 48 horas (el 18 y el 22 de septiembre) y a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 23 de octubre, además de 23 días de protestas en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno libertario.
¿La CGT y las dos CTA analizarán sumarse el 23 de octubre a la Marcha Federal Universitaria y tratar de concretar una demostración de fuerza callejera con distintos sectores afectados por las políticas de Milei?
Es una de las posibilidades antes de que comience noviembre, cuando los sindicalistas harán una tregua porque estarán con la mirada puesta en la visita del Papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de ese mes, que ya tiene una cita programada, como anticipó Infobae: el lunes 9 de noviembre, en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sumo pontífice tendrá una reunión con la CGT, las dos CTA, el empresariado y los movimientos sociales.
La agenda papal también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el sindicalismo movilizará a sus afiliados.
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Dos efectivos de la Policía Federal que intervinieron en allanamientos del caso declararon este jueves en una de las audiencias más cortas del juicio oral de los cuadernos de las coimas.
Carlos Gastón Cidre, subcomisario de la Policía Federal, participó del allanamiento realizado en la casa del exfuncionario Roberto Baratta en el country Mapuche. Ante el Tribunal Oral Federal 7, dijo haber secuestrado un disco rígido y recordó que la casa tenía un quincho, una parrilla y un sótano. Su declaración duró apenas 10 minutos. Lo siguió Luciana Sain, oficial inspectora de la Policía Federal, que declaró de forma virtual.
Durante la instrucción, la policía participó en allanamientos, detenciones, constataciones de domicilios y aperturas de bóvedas. En un cuarto de hora, describió que fueron ocho brigadas las que trabajaron en el caso y negó haber intervenido en escuchas.
Ambos fueron parte de un grupo de testigos solicitado por la defensa de Baratta que seguirán declarando el martes próximo.
El exfuncionario, que fue la mano derecha del ministro Julio de Vido, está acusado de ser un engranaje clave en el presunto esquema de recaudación que se montó durante el kirchnerismo.
La acusación contra él y contra otros exfuncionarios, formulada por el fiscal Carlos Stornelli y sostenida en el juicio por Fabiana León, se apoya en los cuadernos de Oscar Centeno y numerosas declaraciones de empresarios y funcionarios arrepentidos.
Con sus preguntas, los abogados de Baratta apuntaron a delimitar el horario en que fueron realizados los allanamientos y sus detalles, pero la mayoría de los efectivos aseguraron tener recuerdos solo generales de procedimientos, que se realizaron hace ocho años.
Vestidor
Una de las declaraciones más ricas fue la del comisario Juan Carlos Barrales, quien lideró el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner de Juncal y Uruguay, en agosto de 2018. Tal como informó , ante el tribunal, el policía confirmó que detrás de la cama de la habitación del matrimonio Kirchner había un vestidor con una puerta blindada.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo el comisario.
Al término de la audiencia de hoy, el juez Enrique Méndez Signori volvió a insistir con su pedido para que las partes comuniquen antes del inicio del debate los desistimientos de testigos para “optimizar” el tiempo de las audiencias.
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