La Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el polémico fallo de la jueza Laura Beatriz de Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley penal juvenil y sobreseyó un menor de 14 años.

El fallo de la Cámara no solo ratifica la constitucionalidad de la norma, sino que además aparta a la magistada De Marinis del caso, según pudo saber TN. La decisión implica que el caso deberá quedar en manos de otro juez, que podrá investigar al menos de 14 años por tentativa de robo.

La decisión de la Cámara va en línea con el dictamen de la fiscal Sandra Verónica Guagnino, quien se había pronunciado a favor de revocar el fallo de la jueza. De esta manera, Guagnino había respaldado la postura que había adoptado la fiscalía de primera instancia, que apeló la decisión de la magistrada y pidió que el sobreseimiento fuera dejado sin efecto.

La definición quedó en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña, integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. El expediente había llegado al tribunal de alzada luego de la apelación presentada por Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ).

Argumentos judiciales

La decisión de la sala fue unánime. El voto que lideró el acuerdo fue el del juez Mahiques, al que adhirió “en su totalidad” la jueza Larocca. El juez Franza votó por separado, con fundamentos propios, y llegó a la misma solución.

En su voto, Mahiques sostuvo que los argumentos de la jueza “no logran demostrar que el artículo 1º de la ley 27.801 resulte inconciliable con una norma constitucional o convencional”, sino que “exhiben una valoración adversa de la opción de política criminal adoptada por el legislador”. El camarista planteó que el control judicial “no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”.

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Franza, por su parte, consideró que la jueza actuó “valiéndose del poder de control de convencionalidad y constitucionalidad difuso y de modo deliberado” e ingresó “contra la validez de una norma que no se encontraba en pugna con ningún precepto constitucional”. Advirtió además “la ausencia de una adecuada protección” de los derechos del denunciante y presunto damnificado, y calificó la actuación de la magistrada como “un claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional”. Sostuvo también que la resolución afectó el sistema acusatorio y el debido proceso, porque la jueza valoró hechos y pruebas sin que las partes pudieran pronunciarse.

Sobre el apartamiento, Mahiques explicó que es una medida “excepcional” que no puede fundarse en la mera revocación ni en una discrepancia jurídica, pero consideró que la sentencia mostró un “adelanto de posición” sobre la relevancia penal de la conducta atribuida a los adolescentes, lo que genera un temor objetivo sobre su imparcialidad para seguir a cargo del caso.

El inicio del caso

La controversia comenzó después de que De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, resolviera declarar inconstitucional para este caso la norma que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

La jueza dispuso el sobreseimiento del adolescente de 14 años investigado por un episodio ocurrido el 10 de septiembre. Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años fue seguido por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la Ciudad de Buenos Aires y pidió ayuda a un policía. La intervención de los efectivos evitó que se concretara el robo.

De Marinis sostuvo que su decisión estaba limitada exclusivamente a las circunstancias del adolescente involucrado y aclaró que no implicaba declarar inválido de manera general el nuevo Régimen Penal Juvenil. La magistrada explicó públicamente que había considerado la situación social del joven, que estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse. También señaló que someterlo a un proceso penal podía resultar regresivo y estigmatizante.

“No es un mensaje de impunidad”, afirmó al defender su resolución. Además, remarcó que la nueva ley continuaba vigente y que se estaba aplicando respecto de otros adolescentes involucrados en el mismo episodio. El nuevo régimen, establecido por la Ley 27.801, fijó la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años y comenzó a regir el 5 de septiembre.

inconstitucional, baja de imputabilidad

detectara en 2024 la presencia de esos dos operadores,Hugo Alconada Mon,Conforme a

Patricia Bullrich rechazó impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que frenaron la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que las sentencias deben revisarse en las instancias judiciales superiores y no convertirse en motivo de destitución de magistrados.

La posición de Bullrich la diferenció de dirigentes libertarios y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes habían promovido acciones contra las juezas. La reforma, aprobada por el Congreso, alcanza a adolescentes de 14 a 18 años e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas.

La senadora habló durante un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino, organizado por la asociación civil Río Paraná. Allí planteó que “la política debe evitar que los jueces sean perseguidos por sus sentencias”.

Y agregó hacia el final de su disertación de casi una hora: “Yo estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil. Totalmente en contra”, afirmó Bullrich ante los asistentes que aplaudieron sus dichos.

Pero luego, advirtió, “ahora voy a decir algo que no sé si les va a gustar tanto”. Y dijo con firmeza: “Yo no les hago un juicio político por eso”, pronunció ante el silencio generalizado, que denotaba cierta sorpresa.

Con este gesto, Bullrich volvió a diferenciarse de la postura oficial del gobierno que integra. El gesto se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto.

El por qué de su postura anti-jury

Bullrich argumentó que el mecanismo para cuestionar una sentencia es la apelación. “¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, señaló al referirse a la decisión de Pascual en la provincia de Buenos Aires.

Vale recordar que la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había dispuesto una suspensión provisoria de 60 días para la aplicación de la ley en territorio bonaerense. La medida respondió a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

Pero Pascual no declaró inválida la Ley N° 27.801. La magistrada planteó que debía establecerse si el Estado podía ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales exigidas por los estándares constitucionales y convencionales. También convocó a una audiencia para que las áreas provinciales involucradas informaran las medidas previstas para implementar la norma.

La Cámara revocó la medida de Pascual. Para Bullrich, ese antecedente debía guiar la respuesta frente al fallo de De Marinis: “Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual de la provincia de Buenos Aires, que vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto’”.

La senadora agregó que Casación debe revisar la decisión dictada en la Ciudad de Buenos Aires. “Es una jueza que tiene que cumplir con la ley”, sostuvo sobre De Marinis.

Días atrás, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, había respaldado la promoción de un pedido de jury contra Pascual. Lo calificó como “una jueza del poder, de la política bonaerense” y sostuvo que intentaba frenar una ley aprobada democráticamente por el Congreso.

El caso porteño y el pedido de Jorge Macri

Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, declaró inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en un expediente puntual. La decisión benefició a un adolescente de 14 años imputado por una tentativa de robo y no suspendió la vigencia general de la ley.

El episodio investigado ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 06:00, cuando un hombre de 47 años fue abordado por cinco jóvenes que intentaron robarle. La víctima escapó, pidió ayuda a un policía que patrullaba el área y los presuntos involucrados fueron detenidos.

La fiscalía calificó inicialmente el caso como robo simple en grado de tentativa. El Ministerio Público de la Defensa pidió que se declarara la inconstitucionalidad del nuevo régimen, y De Marinis resolvió sobreseer al adolescente.

La jueza consideró que la baja de la edad de imputabilidad era regresiva y vulneraba tratados internacionales con jerarquía constitucional. Citó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2018 y 2024 había solicitado a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal.

También incorporó consideraciones de la neurociencia sobre el desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia y sus límites para comprender plenamente las consecuencias de los actos y de los procedimientos judiciales. De Marinis entendió que la conducta investigada fue una tentativa “burda y torpe”, sin desapoderamiento de bienes ni lesiones para la víctima.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”, escribió la magistrada. Añadió que el ingreso al sistema penal debía ser el último recurso y que, en algunas trayectorias de vida, “lamentablemente es el primero”.

Jorge Macri anunció que pedirá el juicio político contra De Marinis ante la Legislatura porteña. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, publicó el jefe de Gobierno en X.

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