Michele Tafoya, the Republican nominee for U.S. Senate in Minnesota and a former broadcaster, aggressively sought to put her opponent, Democratic Lt. Gov. Peggy Flanagan, on the defensive during a Friday afternoon debate over the billion-dollar fraud schemes that drew national attention to the state earlier this year.

Early in the debate, Tafoya pressed Flanagan on her qualifications for federal office, pointing to her record as lieutenant governor.

«My opponent has been second in command in this state for eight years, drawing a taxpayer-funded paycheck. And what do we have to show for that? We have massive fraud, historic fraud. We have test scores down. We have crime spiking. We have a massive surplus turned into a deficit,» Tafoya said.

TAFOYA MAKES ‘COMMON SENSE’ PITCH TO DISAFFECTED DEMOCRATS AS SHE VOWS TO FIGHT MINNESOTA’S ‘SOCIALIST LURCH’

«This election is about Peggy Flanagan.»

Local and federal investigators have uncovered myriad fraud schemes involving daycare centers, food programs, health clinics and other operations accused of defrauding the state of up to $9 billion. Investigators say fraudsters either inflated the number of people they allegedly helped or fabricated their services altogether — all while receiving government dollars.

When the issue resurfaced later in the debate, the moderator asked Flanagan directly whether, in her view, she had «any ownership over the fraud.»

Flanagan sought to distance herself from the issue, pointing to Walz’s acknowledgment that responsibility for oversight rested with him.

«The governor has been very clear that the buck stops with him,» Flanagan said.

«He was the one who had oversight here. I’ve led on issues like paid family and medical leave, nation-leading child tax credit, making sure that kids get breakfast and lunch at school. Those are the things and those are the areas where I took the lead.»

When Flanagan then redirected the conversation to criticism of President Donald Trump, Tafoya went on the attack.

DAVID MARCUS: PEGGY FLANAGAN’S DEI RECORD AND FRAUD SCANDAL PUT MINNESOTA SENATE RACE IN THE SPOTLIGHT

«Peggy, Donald Trump isn’t on the ballot. You and I are on the ballot, and only one of us let $9 billion walk out the door to fraud to suggest that we that she somehow is going to be a fraud czar all of a sudden,» Tafoya said.

«My goodness, she was second in charge in this state, and she’s just going to point her finger at Gov. Tim Walz when she demanded to be in the room where everything happened. But suddenly she has nothing to do with this. Again, sell it to someone else,» she added.

Flanagan has served as Minnesota’s lieutenant governor for nearly eight years, taking office in 2019. By the time Walz announced that he would not run for re-election as governor amid political scrutiny for the fraud, Flanagan had already announced her bid for U.S. Senate.

Responding to Tafoya, Flanagan doubled down on her criticism of Trump, noting that the president had recently endorsed Tafoya.

«Donald Trump doesn’t just endorse anybody. In fact, he endorses against people in his own party if they dare to take him on. Michele Tafoya passed his litmus test with flying colors,» Flanagan said.

Tafoya then laid out her own proposals for combating fraud, including tougher consequences for noncitizens who defraud Americans.

«Number one, if you’re a guest of this country and you defraud Americans, you must leave. You must leave, and you should have no pathway back,» she said.

FRAUD EXPERT EXPOSES HOW HIDDEN NETWORKS DROVE MINNESOTA FRAUD, OTHER MAJOR SCAMS: ‘CRIMINAL ENTERPRISE’

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«Number two, if you’re an American and you defraud your fellow Americans, we should be talking about mandatory prison minimums. Tough sentences, not an easygoing slap on the wrist. And number three, if you’re a state like Minnesota who cannot keep your financial house in order, why would the federal government release billions and billions of dollars to you, only to see it go to fraud?» Tafoya said.

After securing their respective parties’ nominations earlier this year, Flanagan and Tafoya will face off in the state’s Nov. 3 general election.

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El Ejército de Guatemala y la PNC desplegaron 700 efectivos desde el jueves 15 de octubre en Tajumulco e Ixchiguán, municipios de San Marcos ubicados en la frontera con México, para recuperar el control territorial ante la presión de estructuras del crimen organizado que buscan el retiro de posiciones militares estratégicas.

La operación podría extenderse entre 15 y 20 días, según evolucione el conflicto armado que afectó a comunidades de ambos municipios. El despliegue se produjo después de ataques con armas de fuego que interrumpieron la actividad escolar y dejaron a un soldado muerto, de acuerdo con información oficial.

Más de 400 militares y cerca de 300 agentes ingresaron a la zona pasado el mediodía del 15 de octubre. El subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Esvin Jacinto Quiché, explicó que el contingente instaló puestos de control, realiza patrullajes a pie y motorizados y cuenta con equipos de investigación criminal. Según reporte de medios locales.

Las pesquisas buscan determinar si organizaciones delictivas guatemaltecas o mexicanas participaron en los ataques contra pobladores y fuerzas de seguridad. También apuntan a identificar a quienes emplean fusiles de alto poder y rifles con miras de precisión para disparar desde posiciones distantes contra comunidades rivales y personal militar.

Los ataques armados y la muerte de un soldado

La violencia obligó el 13 de octubre a suspender las clases presenciales en establecimientos situados en el cantón Las Brisas y el caserío Villa Linda, ambos en la aldea Tuichán. Videos registrados durante los enfrentamientos mostraron a niños y niñas resguardados bajo sus pupitres mientras se oían ráfagas de disparos en las cercanías.

El Ministerio de Educación dispuso que las escuelas afectadas continuaran con clases a distancia mediante guías de trabajo y el acompañamiento de supervisores educativos, docentes y familias. La Dirección Departamental de Educación de San Marcos mantiene el seguimiento junto con autoridades locales hasta que existan condiciones para el retorno a las aulas.

La escalada había cobrado una víctima mortal cinco días antes. El soldado Isaías Valentín Ramírez Salvador recibió un disparo en la cabeza el 8 de octubre mientras resguardaba una posición militar en la elevación conocida como “tres mil”, en el municipio de El Tumbador.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación en Guatemala, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, atribuyó el ataque a un francotirador que disparó desde una ubicación lejana. El Ministerio Público inició diligencias para establecer de dónde procedió el tiro y quiénes fueron los responsables.

El Ministerio de la Defensa sostiene que grupos criminales pretenden que sea retirado un búnker construido junto con el Ministerio de Gobernación en un punto limítrofe entre Guatemala y México. Informes de inteligencia militar vinculan esas presiones con organizaciones relacionadas con el Cartel de Sinaloa, que buscan la salida de los soldados destinados en Tajumulco e Ixchiguán.

Una disputa territorial abierta desde 1933

El conflicto entre ambos municipios comenzó en 1933, cuando Ixchiguán fue elevado a la categoría de municipio sin una delimitación precisa de sus fronteras con Tajumulco. La falta de una resolución oficial derivó durante décadas en desplazamientos de familias y enfrentamientos esporádicos por tierras y nacimientos de agua.

La fertilidad de los terrenos, aptos para el cultivo de amapola y marihuana, y la proximidad con México transformaron la zona en una ruta para el trasiego de drogas. La disputa histórica entre las comunidades se entrelazó así con los intereses de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El enfrentamiento del 13 de octubre ocurrió cuando pobladores de la aldea Villa Real, en Tajumulco, intentaban destruir búnkeres situados en la aldea Tuichán, en Ixchiguán, de acuerdo con la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad. El organismo señaló que el crimen organizado habría aprovechado la disputa para reclutar habitantes destinados al microtráfico de drogas entre ambos países.

La comisión advirtió que los choques armados funcionan como “un distractor” para las operaciones de narcotráfico en la frontera. También consideró agotadas las posibilidades de diálogo directo entre las comunidades y propuso trasladar el caso al Consejo Nacional de Seguridad.

La propuesta contempla la participación del Organismo Judicial para gestionar allanamientos y evaluar una eventual declaratoria de Estado de Sitio. La Gobernación Departamental de San Marcos indicó que la presencia conjunta de militares y policías busca “garantizar el orden y la tranquilidad de las familias marquenses” y generar condiciones para retomar el diálogo y la gobernabilidad.

Sáenz afirmó que las operaciones militares afectaron el traslado de estupefacientes en la región, aunque reconoció que aún no han debilitado de manera sustancial a las estructuras criminales. “Reconfiguración no ha habido, lo que ha habido es diferentes niveles de permanencia u operación en el territorio”, sostuvo.

El ministro señaló que el Gobierno buscará actuar de forma más directa contra esos grupos, además de impedir el traslado de droga hacia territorio mexicano. El Ministerio de la Defensa informó en la red social X que mantiene patrullajes y puestos de control conjuntos con la PNC en San Marcos para reducir la capacidad de acción de las organizaciones criminales.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó un nuevo toque de queda que comenzará a las 00:00 del domingo 1 de noviembre y se aplicará durante diez días en cinco provincias de la región Costa. La decisión, adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 519, firmado el 15 de octubre en Manta, establece restricciones a la libertad de tránsito entre la medianoche y las 05:00 como parte de las operaciones de seguridad contra el crimen organizado.

La disposición comprende las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, territorios donde operan organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Según la información publicada por ⁠Primicias, el Gobierno confirmó que Santa Elena, también ubicada en la Costa, no estará incluida en la restricción. Tampoco se aplicará el toque de queda en Pichincha ni en Santo Domingo de los Tsáchilas, aunque ambas provincias permanecen bajo estado de excepción.

La medida entrará en vigor durante el feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, una de las fechas de mayor desplazamiento turístico y comercial del calendario ecuatoriano. Las restricciones afectarán la circulación nocturna en ciudades como Guayaquil, Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo y Esmeraldas, donde las autoridades desplegarán controles militares y policiales.

El nuevo decreto modifica el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 498, emitido en septiembre, y mantiene como fundamento jurídico la grave conmoción interna. Según la información recogida por ⁠El Comercio, el documento incorpora informes de inteligencia militar, policial y de seguridad que advierten sobre la persistencia de hechos violentos y la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.

Entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, la Policía Nacional contabilizó 483 víctimas de homicidios intencionales en Ecuador. De ese total, 281 asesinatos, equivalentes al 58,18 %, ocurrieron entre las 18:00 y las 05:59. En las cinco provincias donde se aplicará la nueva restricción se registraron 33 homicidios entre la medianoche y las 05:00 durante ese período.

El informe policial señala que Guayas concentró 15 de esos asesinatos, seguida de El Oro, con nueve; Manabí, con seis; Los Ríos, con dos; y Esmeraldas, con uno. Además, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reportó 12.468 emergencias relacionadas con seguridad ciudadana durante la franja de madrugada en esas jurisdicciones.

El presidente Noboa había anticipado la decisión el miércoles 14 de octubre, durante una entrevista radial en Ambato. Según ⁠Ecuavisa, el mandatario anunció una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre. Posteriormente, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la restricción busca facilitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad y reducir el riesgo de afectaciones a la población civil.

El Gobierno también presentó los resultados del toque de queda aplicado entre el 17 y el 30 de septiembre en cuatro provincias. Durante ese período, las Fuerzas Armadas ejecutaron 1.673 operaciones y reportaron 216 capturas, además del decomiso de armas, municiones, explosivos y sustancias ilícitas. Las autoridades consideran que estos resultados respaldan la continuidad de las restricciones nocturnas.

El decreto contempla excepciones para personal sanitario, servicios de emergencia, sectores estratégicos, funcionarios de justicia, periodistas y organismos internacionales acreditados. También dispone que los controles se ejecuten de manera racional y proporcional, considerando las circunstancias particulares de quienes necesiten movilizarse.

La nueva disposición constituye el cuarto toque de queda aplicado en Ecuador durante 2026. Su implementación coloca bajo restricciones nocturnas a cinco provincias costeras, mientras el Gobierno mantiene sus operaciones contra las estructuras criminales responsables de una parte significativa de la violencia armada que afecta al país.

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