POLITICA
El conflicto por discapacidad lesionó el vínculo del Gobierno con el PRO y se dilatan los planes electorales
Con el presidente Javier Milei casi toda la semana en los Estados Unidos por la asamblea general de la ONU, en Buenos Aires su hermana Karina se puso al frente de las gestiones para tratar de contener los conflictos, tanto internos como externos, que había generado la falta de coordinación en torno a la presentación del Presupuesto 2027 y, particularmente, las modificaciones en las partidas por discapacidad.
Con las tensiones con Patricia Bullrich a flor de piel, la secretaria general decidió bajarse del viaje a Nueva York, al cual iba a ir como parte de la comitiva, para seguir de cerca las votaciones en el Congreso, fortalecer la relación dentro de La Libertad Avanza y administrar las diferencias con el PRO en medio de las negociaciones electorales.
La primera actividad relevante en el marco de este objetivo fue el martes al mediodía, cuando encabezó en la Casa Rosada la habitual reunión de la mesa política que, en esta oportunidad, estuvo marcada por las críticas de la jefa del oficialismo en el Senado.
En los días previos, la ex ministra de Seguridad había hecho público su malestar por haberse enterado a través de los medios que el Poder Ejecutivo había decidido introducirle modificaciones al Presupuesto, justo cuando se estaba negociando con la oposición.
La dirigente reveló que el tema no se comentó en ninguno de los encuentros previos que tuvo la cúpula libertaria y que ni siquiera el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sabía los detalles del texto que ahora va a tener que impulsar en el recinto.
“Cuando uno es el líder de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, expresó Bullrich.
Luego, generó ruido el video que publicó en las redes sociales, en el que se la veía trabajando mientras escuchaba una canción de Lali, la artista que tiempo atrás fue el centro de los cuestionamientos del Presidente.
Tal como publicó este medio, en la mesa política le pidieron a la senadora que evite expresar las críticas abiertamente y que las discusiones sobre las cosas con las que no esté de acuerdo se lleven adelante de manera privada.
Al dia siguiente, Karina Milei la convocó a ella y al resto del bloque a una cena para dejar atrás las diferencias, en la previa de las votaciones de los proyectos de zonas frías y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de gran importancia para el Gobierno.
La cita fue en Unaghi, un restaurante de sushi ubicado en Olazábal al 4600, en el barrio porteño de Villa Urquiza, que ya había sido utilizado por la funcionaria para anteriores encuentros con legisladores.
Todos los asistentes a esa velada coincidieron en que fue un “evento social”, en el que no se habló de política ni de las leyes que estaban en juego, sino que sirvió para que los integrantes del espacio pudieran conversar en un clima distendido.
De aquella comida, Bullrich se retiró negando cuanlquier enfrentamiento con los otros miembros de la cúpula libertaria y asegurando que la relación estaba en perfectas condiciones: “¿Lali toca en River? Ah, no sabía… yo soy de Independiente», le respondió a una periodista que la esperaba afuera del local gastronómico.
El jueves, en tanto, autorizó la convocatoria a una nueva mesa de diálogo con el PRO que hasta último momento estuvo en duda, en un contexto de tensiones con el partido aliado que también manifestó sus reproches por los cambios en discapacidad.
Los dos espacios venían juntándose semana por medio y esa iba a ser la primera vez que se suspendía uno de los encuentros encabezados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en los que se buscan tanto acuerdos electorales como legislativos
“No creo que se realice porque no se habló nada hasta ahora y, la verdad, esta vez me parece mejor pasarla, porque si no levantás expectativa, tenemos que salir a contar qué se dijo y no es conveniente”, le había confesado a Infobae uno de los dirigentes que participan de esas reuniones, cuando todavía estaba en duda si se iba a hacer.
En tanto, desde Presidencia reconocían que todavía el encuentro no estaba en agenda y que podía posponerse, aunque aseguraban que si eso ocurría sería solamente por dificultades en la coordinación y no porque haya un distanciamiento.
“Si no se lleva adelante es porque hay un montón de cosas que están pasando y es difícil encontrar un hueco, pero se está organizando y no es que taxativamente se hace todos los jueves, va variando“, indicaron.
No obstante, los tres encuentros anteriores habían el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en el que se sumó la propia secretaria general, que pasó unos minutos a saludar a los presentes.
Finalmente, Santilli convocó a los referentes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con tan solo unas horas de anticipación. De hecho, las gestiones fueron tan rápidas que Martín Menem no pudo cancelar otros compromisos que ya tenía en agenda y debió ausentarse.
Si bien se conversó sobre algunas de las cuestiones en carpeta, los dirigentes macristas pasaron buena parte observando las negociaciones a distancia del “Colo” con los senadores de distintos espacios, que en ese mismo instante estaban debatiendo la reforma del Banco Central.
Los aliados vienen cuestionando el rumbo que tomó el diálogo que tienen con el oficialismo, “porque primero te dicen todo que sí, pero después queda todo en el aire y salen a decir que te van a competir“.
“En casi todos los distritos bonaerenses en los que nosotros estamos gobernando se quieren meter y, en los que no estamos, tampoco reconocen a la gente que tenemos trabajando desde hace años”, indicó uno de los referentes amarillos.
Asimismo, hay cierto malestar con la estrategia en la ciudad de Buenos Aires, porque consideran que la armadora libertaria en territorio porteño, Pilar Ramírez, está siendo muy dura con Jorge Macri.
“Entonces, no ordenan su tropa y cuando ellos hacen algo es una boludez, pero cuando uno salta para protestar resulta que somos unos quilomberos y que no cumplimos con lo pactado. Estamos en una situación bastante compleja“, remarcó a este medio uno de los integrantes de la cúpula macrista.
La relación entre ambas partes pasaba por un buen momento hasta que, este miércoles, el partido amarillo emitió un comunicado en el que cuestionó al Poder Ejecutivo por haber incorporado modificaciones en los artículos del Presupuesto vinculados a las partidas para discapacidad que, según advirtió, podían debilitar herramientas centrales para garantizar las prestaciones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron en el texto que publicaron en las redes sociales, aunque remarcaron que seguirán acompañando las medidas que consideren necesarias para sostener el rumbo económico.
Luego de todas las repercusiones, en el marco de la mesa política, el oficialismo les presentó a los otros bloques del Senado una nueva iniciativa “superadora” que trata específicamente esta problemática, para tratar de llegar a un consenso.
“El proyecto es bueno. Tiene más que la emergencia. Pero adolece de credibilidad. Pero bueno, lo acompañamos en disidencia, sabiendo que puede ser mejor”, opinó el líder de otra de las bancadas cercanas a la Casa Rosada.
El nuevo texto plantea actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad, garantiza la continuidad de la cobertura médica y mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
El Gobierno busca que esa redacción permita evitar una extensión de la emergencia en este sector y reemplazarla por un esquema permanente. También pretende que los acuerdos con los bloques aliados se traduzcan en un dictamen favorable durante el tratamiento del Presupuesto, que sigue su curso paralelo en comisiones.
Asimismo, el PRO también marcó sus diferencias al anunciar formalmente el lanzamiento de Hernán Lacunza a la Presidencia, en un gesto que desafía los deseos de la cúpula libertaria, enfocada en eliminar las PASO y llegar a un acuerdo que implique que no haya competencia para la reelección de Javier Milei.
De todas formas, el economista ni siquiera cuenta con el respaldo de los referentes de su propio espacio: “Fijate que en la foto (que publicó el futuro candidato en las redes sociales) no hay un solo intendente ni nadie que tenga territorio, son todos dirigentes menores”, minimizó un hombre de peso en el armado amarillo.
El ex ministro reconoció públicamente que tiene diferencias con algunos de los miembros de su partido, particularmente con Ritondo, a quien criticó por mostrarse muy cerca del oficialismo en el último tiempo.
En diálogo con este medio, el jefe del bloque en Diputados comentó que Lacunza es alguien a quien “respeta”, porque lo considera “un economista serio que hace años forma parte del PRO”, pero también puso reparos a su eventual candidatura.
“Como digo siempre, hoy el foco tiene que estar puesto en otra cosa: impulsar los cambios pendientes, fortalecer lo que logramos y blindar, como dice Mauricio, el cambio para que no volvamos atrás”, agregó.
POLITICA
Antes de renunciar, el interventor del área de discapacidad reportó que detectó “sobreprecios sistemáticos” y apuntó contra Spagnuolo
Meses antes de presentar su renuncia indeclinable, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, alertó a la Justicia federal un cuadro dramático. Reportó que, en los meses previos a su arribo, el área pagaba insumos médicos y ortopédicos con facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa, a precios de hasta 20 veces los que abonaba el PAMI o el mercado, a un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí, mientras sus controles, registros y padrones (con presos y más de 178.000 fallecidos incluidos) no permitían rastrear ni frenar el gasto. Ejemplo de eso es el pago de la misma factura en dos oportunidades.
Vilches cargó con dureza sobre la gestión de su antecesor al frente del área de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de un escándalo, en agosto de 2025, en plena campaña electoral. La auditoría interna calificó como “irregularidades de gravedad” los problemas detectados en las contrataciones y describió “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados”, además de “debilidades estructurales”, “falencias”, “demoras” y “problemas” en distintos circuitos de la agencia. El relevamiento apuntó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos en particular que facturaron al Estado más de $25.000 millones.
Vilches presentó sus conclusiones ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la Andis, con reportes reservados de octubre y diciembre de 2025 y abril de este año y documentos oficiales que continúan bajo llave, pero cuyas copias obtuvo . Cinco meses después, y en medio de los recortes presupuestarios al área de Discapacidad, presentó su renuncia indeclinable, con efecto inmediato.
En esas presentaciones, Vilches apuntó contra Spagnuolo y un puñado de empresas proveedoras del Estado como Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA, que emitieron facturas a pagar por la Andis por más de $25.661 millones, según dos relevamientos de más de 500 expedientes administrativos.
Esos hallazgos también incluyeron la detección de sobreprecios en la facturación a Andis, de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en comparación a referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Esto también se suma a una auditoría que alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.
Andis vs PAMI
Por su parte, el equipo que reportó a Vilches en el área de Discapacidad detectó “desvíos de precios” a los que llegaron a calificar como “inauditos”. Entre los casos más llamativos que enviaron al fiscal federal Franco Picardi y el juez por entonces a cargo de la pesquisa, Sebastián Casanello, citaron el de Farma Salud. Le cobró $425 millones a la Andis por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma por $124,2 millones marzo de ese año.
Otros ejemplos de sobreprecios abundaron en los reportes que Vilches remitió a los tribunales federales de Comodoro Py. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones que había pagado el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible; es decir, más de 19 veces el precio abonado por el organismo previsional. Y una válvula pulmonar autoexpandible le costó $295,1 millones al área de Discapacidad en tiempos de Spagnuolo, frente a $36,4 millones en el PAMI.
En el rubro ortopédico, los técnicos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que trabajaron para Vilches también compararon las facturas con el presupuesto de un proveedor que no identificaron. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía, según esa referencia, un valor de mercado de $945.000. Por este motivo, el informe de abril, habla de una facturación a la exAndis “equivalente a un 1.904%” más alta en este caso.
En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas por $134 millones contra una referencia de $11,27 millones. A Bymax le atribuyeron un sobreprecio consolidado de $84,1 millones, incluida una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones que, según el informe, no supera los $500.000 en el mercado local.
En el caso de Indecomm, el relevamiento destacó seis facturas que le emitió a la exAndis en noviembre pasado. Una de ellas, recabó el análisis, fue pagada dos veces: “Ambas por $28.700.000”. Para la intervención “este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados”.
Estos y otros ejemplos concretos surgen de la “auditoría interna integral” que dispuso Vilches cuando tomó el control del área de Discapacidad en agosto de 2025. Asumió, tras la salida de Spagnuolo, afectado por la difusión de audios atribuidos a él en los que se alude a supuestos retornos de entre el 5% y 8%, con la alusión a Karina Milei, con un porcentaje del 3%. Esos audios están siendo peritados.
contactó a Vilches tras acceder a copias de los reportes y anexos que envió a los tribunales federales de Comodoro Py, pero declinó hacer comentarios. “No voy a hablar con nadie. Sabrá usted disculparme”, indicó.
Spagnuolo y otros 18 imputados, entre los que figuran exfuncionarios de la Andis como Daniel Garbellini y proveedores del Estado como Miguel Ángel Calvete, afrontaron otro revés en los tribunales, esta semana. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos como miembros de una presunta asociación ilícita que habría funcionado como un grupo paraestatal que logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses.
Fuentes cercanas a Spagnuolo negaron cualquier tipo de responsabilidad del exdirector de Andis en estas contrataciones. “No seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra”, señalaron. También agregaron que “no es lo mismo comprar a largo plazo que sobre la emergencia”, en tanto que el entonces responsable del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, rechazó haber participado en un “esquema de sobreprecios” y planteó que debía considerarse “la urgencia” en las contrataciones.
La defensa de Miguel Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
“Simulación de competencia”
En sus reportes a la Justicia, Vilches también expuso vínculos entre proveedores. Reportó que Artrobone e Imnova, por ejemplo, compartían domicilio en la avenida Belgrano 609 de la ciudad de Buenos Aires y que sus presidentes serían madre e hijo: Evangelina Ileana García y Martim Gonçalo Armella, quien a su vez figura como director suplente de Artrobone. Ese esquema fue presentado como una posible “simulación de competencia” que redundó en operaciones por $3042 millones, aunque cabe aclarar que los colaboradores de Vilches no informaron a los tribunales sobre compulsas concretas en las que ambas firmas hayan cotizado entre sí.
De la auditoría interna, además, surgió que los socios de Ortopedia Bernat también aparecían en otras sociedades como Sagala SRL, Clínica Las Araucarias SA y Medical Implants SA. Y se consignó un caso muy específico en Río Negro con una prótesis para un paciente amputado que incluye un remito firmado por la madre del beneficiario, aunque el insumo, al momento de realización del informe, no se había entregado (de lo que se informa por separado).
Según surge de la documentación que obtuvo , el primer reporte de Vilches llegó a los tribunales el 30 de diciembre pasado, en respuesta a un oficio que preguntaba si había una auditoría en curso. Su respuesta fue contundente. Informó sobre expedientes que comenzaban directamente con facturas presentadas al cobro, “sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa”, y sobre órdenes de pago que agrupaban facturas de distintos trámites, lo que dificultaba rastrear el origen del gasto. También, que las compulsas abiertas implementadas tras la intervención expusieron brechas de precios de hasta 838%.
La auditoría no se limitó a las compras. También detectó problemas en los padrones y sistemas de información. En el documento fechado en diciembre, por ejemplo, Vilches reportó hallazgos en el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, entre ellos 114 titulares privados de la libertad, ya fuera bajo detención efectiva o arresto domiciliario. Y un cruce de bases de datos realizado entre el Certificado Único de Discapacidad y el Renaper identificó 178.254 personas fallecidas sobre un padrón que a fin del año pasado registraba 1.656.641 activos.
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POLITICA
Monteoliva habló de la visita de León XIV a la cárcel de Devoto y dijo que la mudanza del penal será “muy pronto”
El traslado de presos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz parecía ser inminente en septiembre. Si bien ese proceso ya está en marcha, la visita del papa León XIV a la Argentina coincide con ese plan de mudanza, que será “muy pronto”, definió la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.
El obispo de Roma tiene previsto reunirse en su agenda oficial con presos de la unidad penal, como parte de sus actividades religiosas. Según detalló la funcionaria, Devoto costa de aproximadamente cinco unidades, cada una cuenta con alrededor de 300 presos. Al momento se calcula que ese número de internos permanece en la unidad penitenciaria.
“Desde comienzo de año estuvimos haciendo referencia al último trimestre para la tan esperada mudanza” de Devoto a Marcos Paz, explicó. “La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto”, indicó la funcionaria, y dijo que está todo dentro del “cronograma previsto”, aunque sin una fecha definida. “La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, sostuvo en diálogo con radio Con Vos durante el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel.
De todos modos, aclaró que la totalidad de los 300 detenidos no participará del encuentro con León XIV. “Es un espacio acotado. No es que se encuentra con todos los presos que están en un penal”, afirmó Monteoliva, que explicó que la actividad del Papa tendrá un formato similar al de otras visitas a establecimientos penitenciarios.
Según la ministra, la Iglesia católica seleccionará a los participantes a partir del trabajo de la pastoral penitenciaria y la elección de las “historias de vida”. Esos casos son enviados al Vaticano para que León XIV conozca previamente las experiencias de las personas que participarán de la reunión. “No dura más de veinte minutos”, precisó sobre la duración de la actividad, que incluirá una bendición para los presos convocados. “Es un espacio donde solamente está Su Santidad, obviamente los presos y el personal del Servicio Penitenciario Federal”, completó.
La actividad está enmarcada en el amplio operativo de seguridad que se desplegará entre el 8 y el 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los puntos que visitará el papa León XIV en su estadia en Argentina. En concreto, el periplo demandará un operativo de 120 horas ininterrumpidas, que abarcará tres jurisdicciones con participación de organismos nacionales, provinciales y porteños.
El esquema incluye la supervisión de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas, con un aforo estimado de siete millones de personas. “Es un operativo histórico porque es una visita histórica”, definió la ministra. “A la tarea de seguridad habitual ordinaria que hacemos, que no podemos descuidar, tenemos que incrementar este esfuerzo operativo”, sostuvo.
Monteoliva explicó que Javier Milei pidió coordinar todos los recursos disponibles para la visita papal. Además, contó que “el Presidente va a definir exactamente a qué actividad va” de todas las que desarrollará el pontífice, además de la reunión bilateral en la Casa Rosada durante la tarde del domingo 8 de noviembre.
El Presidente también participará de una actividad en el Palacio Libertad. Allí se prevé la presencia de gobernadores, del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, legisladores, representantes del Poder Judicial y miembros del cuerpo diplomático. “Va a estar toda la institucionalidad del país”, afirmó Monteoliva.
La judicialización del régimen penal juvenil
Durante la entrevista, Monteoliva también se refirió a la decisión de la Cámara de Apelaciones, en la que se revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil, y apartó a la jueza Laura de Marinis de ese expediente.
La ministra sostuvo que la resolución judicial inicial “atentaba contra todo lo que venimos haciendo y planteando frente al régimen penal juvenil”. En ese marco, defendió la necesidad de que el Estado responda ante los delitos cometidos por menores de edad. “Es una necesidad que necesita la ciudadanía”, sostuvo.
La funcionaria definió la propuesta como un régimen equilibrado y consensuado. “El régimen penal juvenil es un régimen equilibrado y consensuado”, afirmó y destacó que se haya anulado el fallo de De Marinis. “Lo importante en democracia, para fortalecer la República, es tener la posibilidad de revisar esas definiciones”, señaló.
Según Monteoliva, algunos fallos pueden afectar a las víctimas, a la Justicia y a la sociedad. “Hacen tanto daño no solo a las víctimas, sino también a la Justicia y a la sociedad en su conjunto”, afirmó. Ante la consulta sobre la fuerte reacción pública contra la decisión de la jueza, que quedó ante la posibilidad de un jury, la ministra concluyó: “Creo que hay temas que exceden las miradas individuales y donde están los grandes consensos. No lo veo como una exageración”.
10 junio 2026,category_code_new,category_code_sho,david zorrakino,papa león xiv
POLITICA
La Federación Argentina de Municipios criticó el fin del régimen de Zona Fría: “Es un golpe directo al bolsillo”
La Federación Argentina de Municipios (FAM) rechazó la modificación del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado y acusó al gobierno de Javier Milei de avanzar con una medida que, según sostuvo, perjudicará a millones de hogares que dependen del beneficio para afrontar el costo del gas durante el invierno.
A través de un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Fernando Espinoza, junto a los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García, la organización —que reúne a más de 500 intendentes e intendentas— cuestionó la eliminación del esquema de tarifas diferenciales destinado a las provincias y localidades con temperaturas más bajas.
“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, señalaron desde la FAM, al advertir que la decisión llega en un contexto de aumentos en las tarifas de los servicios públicos y de elevados costos de calefacción en gran parte del país.
La entidad sostuvo que el régimen vigente reconocía las condiciones climáticas de las regiones más frías y permitía reducir el impacto de las facturas de gas para millones de usuarios residenciales. En ese sentido, afirmó que la modificación implica la pérdida de un beneficio que consideró “fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”.
Quiénes pueden pedir la ayuda económica de la Anses para personas sin trabajo y cómo realizar el trámite
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