El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y solicitó además verificar sus billeteras virtuales, preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia.

Pollicita le había requerido al exfuncionario que justificara su patrimonio, Adorni presentó la semana pasada un escrito en respuesta a esa solicitud y ahora el fiscal ordenó reconstruir los ingresos y el patrimonio de su matrimonio con Bettina Angeletti desde que cada uno alcanzó la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de él, y el 10 de octubre de 2000, en el de ella.

Hasta ahora, la pesquisa abarcaba el período iniciado el 1° de enero de 2012.

En ese escrito de la semana pasada, que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, entregó a la Justicia, la defensa sostuvo que el capital que el exfuncionario aplicó a la compra de bitcoins a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar consolidado por años con el producto de la actividad profesional de ambos cónyuges. Para corroborar esa explicación, Pollicita dispuso una batería de medidas sobre el período 1998-2011.

El fiscal pidió a la Anses la historia laboral completa de ambos, con aportes, remuneraciones, empleadores y la actividad que hubieran ejercido como autónomos o monotributistas.

Requirió a los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense todos los inmuebles que tuvieron a su nombre, con los datos de las escrituras y los escribanos intervinientes.

También solicitó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor los vehículos que figuraron a su nombre. A la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense les preguntó si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones.

A los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad y la provincia les consultó si ambos estuvieron matriculados.

Además, Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que amplíe el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para ese período.

Con esa autorización, ARCA deberá informar sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, los regímenes en los que estuvieron inscriptos y la información aportada por terceros. También deberá informar si adhirieron a blanqueos o moratorias, con los bienes y montos exteriorizados.

El fiscal pidió además el detalle de todas las compras de dólares registradas, validadas o rechazadas a nombre de ambos entre 2011 y 2015, es decir, durante el cepo cambiario, con el destino que declararon y el resultado de la validación del organismo.

La apertura de las billeteras

Adorni informó la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que Adorni habría operado, según su versión, antes de llegar a la función pública, entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018.

Según esa explicación, la liquidación de esas critomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares.

Con ese dinero, Adorni justificó los dólares en efectivo que incluyó como “venta de activos” en su declaración jurada inicial (rectificada) de 2023.

La defensa acompañó actas de escribano según las cuales Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni y entregó a Ledesma, en un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas, que solo podrán abrirse por orden judicial.

Pollicita convocó al abogado Ledesma a presentarse en la fiscalía con el perito de parte, el sobre y una computadora portátil propia.

Allí, el especialista de la defensa deberá ingresar a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum y firmar, en cada una de las ocho direcciones, un mensaje que la fiscalía le entregará en ese mismo momento.

Luego, personal técnico de la Policía Federal hará una verificación criptográfica de cada firma y dejará constancia del resultado.

El procedimiento será grabado y las claves privadas quedarán resguardadas: solo la defensa tendrá acceso a ellas.

Para evitar eventuales planteos, el fiscal pidió al juez que autorice la medida. Si la aprueba, se fijará fecha y hora con la defensa.

Javier Milei afirmó ayer, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas”, que se suman a otros 10.000 “echados el año pasado”, y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Pero las estadísticas oficiales no coinciden con lo relatado por el Presidente.

Lo que registra el Ministerio de Seguridad es que en lo que va de 2026 hubo 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que por razones legales o meramente administrativas no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.

La versión del Presidente choca además con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en el Congreso. Ante los legisladores que componen la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, Aguadra negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.

Quiénes fueron los rechazados

El Ministerio de Seguridad registra que, desde diciembre pasado hasta agosto de 2026 incluido, hubo 18.947 “incidentes de entrada”. De esos casos, 8008 fueron encuadrados como “infracciones migratorias” (definidos por el Gobierno como casos de “falso turista, flagrancia, alertas”); 6298 fueron casos de personas rechazadas porque pretendían ingresar a la Argentina “sin documentación habilitante”; 4566 quedaron catalogados como “impedimentos judiciales (capturas, condenas, etc)”, 42 fueron rechazos por “residencia cancelada” y 33 por “documentación (falsa, adulterada, robada)”.

“La gran mayoría eran inmigrantes que no contaban con documentación y fueron invitados a retirarse”, explicó a una alta fuente oficial en referencia a los expulsados e impedidos de ingresar al país.

Uno de los últimos casos se dio en Formosa, donde personal de Prefectura Naval interceptó a tres ciudadanos chinos sin documentos válidos para ingresar en cercanías al río Bermejo, a unos siete kilómetros de un paso fronterizo internacional con Paraguay. “Las reglas son claras: el que tiene antecedentes, documentación irregular o no cumple con los requisitos para entrar, no entra. Y el extranjero que delinque y tiene una orden de expulsión, se va”, afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, hace diez días, al presentar los resultados de los controles migratorios, en el Aeroparque Metropolitano.

Anoche, en LN+, Milei también habló de supuestas amenazas en su contra, que ameritaron, según su visión, la “militarización” de la quinta presidencial de Olivos. Cambios que se efectivizaron hace dos semanas con el traslado de 15 empleados civiles y la toma del control de la residencia por parte de la Casa Militar, a través del número dos de esa fuerza, el coronel Fernando Tereso.

“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo (…) los de acá son de vigésimo quinto orden, los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”, dijo el primer mandatario, quien en su reciente paso por la Asamblea General de la ONU volvió a criticar a Irán, y reafirmó su alianza con Israel y los Estados Unidos.

A pesar de que desde el Gobierno afirman que en las últimas semanas el Presidente recibió una “amenaza de muerte” vía telefónica, de la que no se dieron más datos, el titular de la SIDE negó amenazas concretas contra el Presidente en su pasado encuentro con legisladores de distintos partidos, según afirmaron a distintas fuentes al tanto de lo ocurrido en esa audiencia.

Durante esa reunión sí se habló de una presunta amenaza de muerte contra tres personas, entre ellas Diego Kravetz, número dos de la SIDE, por parte de la organización terrorista Hezbollah, financiada por Irán. Con sede central en Líbano y responsable, según la justicia argentina, de los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en julio de 1994.