INTERNACIONAL
La muerte de ‘El Mencho’ y el efecto dominó en Guatemala: 252 bloqueos, una bomba y rutas del narcotráfico que cambiaron el mapa
La muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, desató una ola de violencia en México que reveló hasta qué punto Guatemala se convirtió en pieza clave del tablero regional del narcotráfico.
Horas después del operativo, la organización respondió con 252 bloqueos de carreteras en veinte estados mexicanos, la quema de vehículos y un coche bomba en San Juan de los Lagos que mató a un capitán de la Guardia Nacional, según un análisis de CES Intelligence, firma de inteligencia geopolítica.
La disputa por la sucesión del cártel repercute directamente en territorio guatemalteco, donde el CJNG controla o disputa el extremo norte de una de las principales rutas del narcotráfico regional, de acuerdo a un análisis de Diálogo Américas.
Las incautaciones de drogas sintéticas se multiplicaron en 2025
Según la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil de Guatemala, citada por Diálogo Américas, las incautaciones de metanfetamina pasaron de 3.4 a 6.13 kilogramos durante 2025.
Las autoridades decomisaron además 500 dosis de fentanilo, mientras continuaban las operaciones contra redes de tráfico de precursores químicos.
“Guatemala es utilizado como país de tránsito para el contrabando de sustancias químicas y precursores destinados a México, donde son empleados para producir fentanilo”, explicó a Diálogo Américas la periodista guatemalteca Julie López, especialista en narcotráfico.
López detalló que en zonas remotas de la frontera con México y en la costa sur se han descubierto laboratorios clandestinos dedicados sobre todo a la producción de metanfetaminas.
Guatemala se volvió estratégica para el tráfico de drogas sintéticas porque su ubicación conecta a los productores asiáticos de precursores químicos con los laboratorios clandestinos mexicanos y el mercado de consumo norteamericano, sobre corredores logísticos que antes servían para el contrabando de medicamentos falsificados procedentes de China.
En mayo de 2025, las autoridades desmantelaron en San José Pinula, en las afueras de Ciudad de Guatemala, el mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas descubierto hasta entonces en el país.
Adentro incautaron 132 recipientes con sustancias químicas, entre ellas ketamina, junto con materiales para elaborar metanfetamina y tusi, la llamada “droga rosa”.
El 21 de septiembre pasado, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron un presunto narcolaboratorio durante siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas en el departamento de Guatemala.
El operativo se concentró en inmuebles de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde las autoridades localizaron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo, según reportó Infobae.
El corredor del Pacífico, ruta central de la cocaína
La presión sobre las pistas clandestinas de tráfico aéreo empujó a los cárteles hacia el mar. Desde principios de 2026, el corredor Ecuador-Guatemala-México se consolidó como una de las rutas marítimas principales para enviar cocaína hacia Norteamérica, según El País, diario español.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG utilizan buques de carga, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y transbordos en alta mar para reducir el riesgo de perder cargamentos completos ante una interdicción. “La principal ventaja del tráfico marítimo es que la droga puede ocultarse en cualquier tipo de mercancía o contenedor”, explicó López al diario.
El 25 de enero de 2026, la policía antinarcóticos incautó en Puerto Quetzal casi cinco toneladas de cocaína ocultas en siete contenedores de harina procedentes de Sudamérica y con destino a México. Fue el mayor decomiso en el país en 12 años, con un valor estimado de USD 85 millones, según CES Intelligence.
En los meses siguientes, las armadas de Guatemala y México interceptaron varias embarcaciones entre Puerto San José y Puerto Chiapas. Una de esas operaciones se registró a 600 millas náuticas (1.112 kilómetros) de la costa el 17 de mayo, de acuerdo con El País.
Los cárteles mexicanos y sus aliados locales
El Cártel de Sinaloa, establecido desde hace años en Guatemala, opera con una estructura descentralizada apoyada en grupos locales. La llegada del CJNG fue más reciente.
“El CJNG, que llegó a Guatemala alrededor de 2021, siguió la ruta y la zona de influencia que anteriormente pertenecían a Los Zetas”, afirmó López a Diálogo Américas. El cártel se asoció con Los Huistas, un grupo de Huehuetenango tradicionalmente aliado del Cártel de Sinaloa.
Una de las rutas del CJNG parte de Honduras, cruza la Franja Transversal del Norte hasta Huehuetenango y continúa hacia Chiapas. El Global Organized Crime Index 2025 identificó también la presencia de organizaciones criminales turcas involucradas en el tráfico de cocaína hacia Europa y en el comercio de fentanilo junto al Cártel de Sinaloa.
En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al empresario guatemalteco Jaime Augusto Barrientos Camaz por facilitar el abastecimiento de precursores químicos al Cártel de Sinaloa. El caso de Wenshen Xu, detenido en Guatemala en 2025 y extraditado a Estados Unidos, mostró además cómo organizaciones chinas coordinan con los cárteles mexicanos operaciones logísticas y financieras: admitió haber transportado cocaína desde Colombia para el CJNG y lavado millones de dólares.
La captura de “Don Flaco” y la red de precursores desde China
El 22 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, con fines de extradición a Estados Unidos, según el diario Zócalo.
Rivera Zazueta está señalado como coordinador y financiador de una red que trasladaba precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.
Los insumos importados se destinaban a la fabricación de fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B y ketamina.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) también sancionó por el mismo esquema al ciudadano guatemalteco Jason Antonio Yang López, socio de Rivera Zazueta en la obtención e importación de precursores, según Zócalo.
El caso confirma el papel de intermediarios guatemaltecos entre proveedores asiáticos y organizaciones mexicanas, un patrón que ya había registrado la desarticulación, en mayo, de una red local que coordinaba importaciones de precursores desde la India hacia laboratorios mexicanos mediante empresas de mensajería, transporte y remesas.
El desafío de seguridad más allá del narcotráfico
Desde el 19 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, según CNN en Español. La medida se suma a la designación de decenas de grupos criminales de México, Venezuela, Guatemala y Ecuador.
La disputa territorial entre ambos cárteles a lo largo de la frontera con México provocó el desplazamiento de civiles en algunas zonas fronterizas.
En paralelo, el presidente Bernardo Arévalo declaró en enero un estado de excepción de treinta días tras motines carcelarios protagonizados por las pandillas Barrio 18 y MS-13, de acuerdo con el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP).
“La gran evolución del narcotráfico en Guatemala tiene que ver con el cultivo de hoja de coca. En los últimos años se han identificado cultivos principalmente en la zona centro-norte del país y en el departamento de Petén”, advirtió López a la publicación.
Aunque esos cultivos todavía no son comparables con la producción de los países andinos, su aparición sugiere el interés de las organizaciones criminales por incorporar nuevas etapas de la cadena productiva dentro de Centroamérica.
La cooperación entre Guatemala, Estados Unidos y otros socios regionales fortaleció la capacidad para interceptar grandes cargamentos durante 2026, pero el desafío persiste: integrar inteligencia, vigilancia marítima y seguimiento financiero para desmantelar redes cada vez más flexibles.
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INTERNACIONAL
La deuda con los fondos de pensiones superaría USD 12 mil millones en 2026 en El Salvador, advierte economista
La deuda del Estado con los fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrían superar los USD 12 mil millones al finalizar 2026, según la proyección del economista César Villalona. Durante una entrevista en YSUCA, sostuvo que esa obligación ejercerá una presión financiera sobre el presupuesto estatal de 2027.
Villalona estimó en USD 3,576 millones los intereses acumulados sobre la deuda estatal con los fondos previsionales entre 2022 y 2026. El economista presentó ese monto a partir de los saldos anuales de la obligación y de una tasa de interés de 7% que, según expuso, el Gobierno debió pagar.
El economista indicó que la deuda previsional cerró 2022 en USD 8,197 millones y que los intereses de ese año ascendieron a USD 574 millones. Para 2023, situó la deuda en USD 9,495 millones, con intereses de USD 665 millones.
Según su exposición, la deuda con los fondos de pensiones alcanzó USD 10,526 millones en 2024 y generó intereses por USD 737 millones. Para 2025, afirmó que el saldo llegó a USD 11,241 millones y que el 7% de intereses representó USD 787 millones.
Villalona proyectó que la deuda superará los USD 12 mil millones al cierre de 2026 y estimó intereses cercanos a USD 840 millones para ese año. Al enumerar los montos que atribuyó a cada período, afirmó: “Los intereses acumulados son USD 574 millones, USD 665 millones, USD 737 millones, USD 787 millones y USD 840 millones. Eso da USD 3,576 millones”.
El presupuesto de 2027 y el costo previsional
Villalona sostuvo que el Gobierno no podría incorporar el pago completo de esos intereses acumulados en el presupuesto de 2027. Según dijo, los USD 3,576 millones equivaldrían a más de 30% del presupuesto estatal de 2026, por lo que dudó de que el Ejecutivo pueda asumir esa obligación de una sola vez.
“Es imposible que el año que viene, sencillamente es imposible, el Gobierno diga: ‘Voy a pagar todos estos intereses acumulados’”, afirmó el economista en la entrevista con YSUCA.
El analista explicó que el presupuesto estatal antes incluía una partida denominada costo previsional. Ese rubro reunía las obligaciones derivadas de los préstamos otorgados al Estado por los fondos de pensiones desde 2007, durante la administración de Antonio Saca.
Según Villalona, el costo previsional dejó de aparecer en los presupuestos desde 2023. Afirmó que tampoco figura en las cuentas de 2024, 2025 y 2026, aunque la deuda con los fondos administrados por las AFP ha seguido aumentando.
El economista consideró que incluso un pago parcial de USD 600 millones o USD 700 millones generaría un problema financiero para el Estado. Mencionó que el Gobierno tendría que buscar recursos mediante recortes en subsidios, empleo público, educación o salud, o a través de un aumento de impuestos.
Las reformas que podrían afectar a trabajadores
Villalona planteó que la futura reforma de pensiones podría modificar parámetros como la edad de jubilación, el número de años requeridos para cotizar y el porcentaje de aporte mensual de trabajadores y empleadores.
El economista señaló que, de acuerdo con las reglas vigentes que mencionó, en El Salvador, los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. También indicó que se requieren 25 años de cotización, equivalentes a 300 meses, para acceder a una pensión.
Entre las posibilidades que expuso, mencionó elevar la edad de retiro, ampliar el período de cotización a 30 años o aumentar el descuento aplicado a los salarios. Sin embargo, cuestionó que esas medidas permitan resolver la deuda estatal con los fondos de pensiones.
“No se va a resolver el problema financiero golpeando los parámetros”, sostuvo Villalona. Como ejemplo, calculó que si 3,500 personas dejaran de jubilarse durante un año por una elevación de la edad de retiro, el efecto financiero sería de poco más de USD 20 millones anuales.
A juicio del economista, ese monto sería limitado frente a una deuda que superaría los USD 12 mil millones. También afirmó que una mayor cotización reduciría el dinero disponible para los trabajadores, sin solucionar por sí misma las obligaciones que el Estado mantiene con las AFP.
Villalona recordó que la reforma previsional anterior elevó el aporte patronal y las comisiones cobradas por las AFP. Según las cifras que presentó, las ganancias de las administradoras pasaron de USD 17 millones en 2022 a casi USD 40 millones en 2025.
Para 2026, proyectó que esas utilidades podrían acercarse a USD 55 millones. Dijo que las AFP ya acumulaban cerca de USD 30 millones durante los primeros siete meses del año.
La deuda frente a los ingresos del Estado
Villalona cuestionó que la deuda pública se mida principalmente en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Explicó que el PIB representa el valor de los bienes y servicios generados en un país, pero no equivale a recursos que el Estado pueda utilizar directamente para cubrir sus compromisos.
El economista propuso comparar la deuda con los ingresos corrientes del Gobierno. “¿Con qué tú compararías tu deuda? Yo creo que la compararía con sus ingresos”, planteó durante la entrevista.
Según los datos que citó, la deuda del Gobierno central era de USD 19,054 millones en 2018, mientras los ingresos corrientes fueron de USD 4,953 millones. Con esa relación, sostuvo que el Estado podía cubrir el 26% de su deuda con los ingresos de ese año.
Para 2024, Villalona situó la deuda del Gobierno central en USD 30,345 millones y los ingresos corrientes en USD 7,733 millones. De acuerdo con su cálculo, esos ingresos equivalían a cerca de 25% de la obligación.
Hasta julio de 2026, afirmó que la recaudación estatal llegaba a USD 5,860 millones y que la deuda del Gobierno central sumaba USD 33,112 millones. Con esa proporción, los ingresos solo permitirían cubrir 17.7% de la deuda. “La deuda está más pesada”, afirmó.
Préstamos para pagar deuda e intereses
Villalona afirmó que entre enero y julio de 2026 el Gobierno recibió desembolsos de préstamos por USD 1,460 millones. En ese mismo período, indicó, pagó USD 1,345 millones por obligaciones de deuda, por lo que la diferencia contable entre ambos movimientos fue de USD 115 millones.
El economista sostuvo que 92% de los recursos obtenidos a través de nuevos préstamos se destinó al pago de obligaciones previas. Pese a esos pagos, afirmó que la deuda creció USD 1,211 millones hasta julio de 2026.
Según Villalona, 82% de los pagos realizados durante ese período correspondió a intereses. Explicó que esos desembolsos no reducen el capital adeudado, por lo que el Estado sigue adquiriendo deuda mientras destina la mayor parte de los fondos recibidos a atender vencimientos anteriores.
“Más del 90% del endeudamiento es para pagar deuda”, afirmó. El economista describió esa dinámica como un círculo de deuda para pagar deuda, debido a que el Estado obtiene financiamiento, paga obligaciones e intereses y termina con un saldo mayor.
Déficit fiscal, comercio exterior e inversión
De acuerdo a los datos presentados por el economista, el déficit fiscal del país fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026.
A su juicio, la cifra prevista para 2026 se mantiene cercana a la registrada en 2024. Añadió que el problema financiero del Estado se agrava porque la deuda sigue creciendo, incluso cuando el déficit fiscal se mantiene o muestra variaciones menores.
Sobre el sector externo, señaló que el déficit de cuenta corriente pasó de 2.7% del PIB en 2024 a 3.5% en 2025. Explicó que esa cuenta reúne los ingresos y salidas vinculados con exportaciones, importaciones, servicios y remesas.
Villalona indicó que el déficit de cuenta corriente creció 27% durante el primer trimestre de 2026. Cuando las salidas superan a los ingresos por comercio, servicios y remesas, explicó, el país necesita cubrir la diferencia mediante endeudamiento o inversión extranjera.
El economista afirmó que el déficit comercial de bienes se duplicó entre 2019 y 2025. Hasta agosto de 2026, cifró la diferencia entre importaciones y exportaciones en USD 8,260 millones, un aumento de 13.4% frente al período anterior.
Villalona proyectó que el déficit comercial podría cerrar 2026 cerca de USD 12 mil millones. Como comparación, recordó que ese saldo negativo era de USD 5,699 millones en 2019.
Sobre la inversión extranjera directa, Villalona afirmó que alcanzó USD 826 millones en 2018 y que no volvió a llegar a ese nivel desde 2019. Según dijo, fue de USD 475 millones en 2025 y cayó 40% durante los primeros tres meses de 2026.
El economista reconoció el crecimiento económico de El Salvador y lo atribuyó a los rubros de construcción, transporte y finanzas. En contraste, afirmó que la actividad de enseñanza cayó 0.3% en 2025; agua y alcantarillado, 0.7%; salud humana y asistencia social, 2.5%; y los planes de seguridad social, 3.7%
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United Kingdom police are releasing five terror suspects on bail Monday after they were arrested on suspicion of a terror plot targeting a U.S. air base in Britain this weekend.
Laurence Taylor, head of Counter Terrorism Policing, confirmed that investigations into the five men are ongoing, «including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.» Meanwhile, the Iranian Embassy in the U.K. has denied any connection to the five men.
The Sunday night arrests came after a local resident and farmer in Gloucestershire told the BBC that she had called police late in the evening after coming across three white vans blocking a road near RAF Fairford air base. As she turned her car around, she told the BBC that her headlights illuminated a group of «hooded and masked men» who «panicked» upon being spotted and scrambled into a nearby woods.
IRAN EXPERT BRANDS ISLAMIC CENTER OF ENGLAND IRAN’S ‘UK OFFICE,’ URGES IMMEDIATE CLOSURE
A B1 Bomber at RAF Fairford on July 25, 2026 in Fairford, England. Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has declared RAF Fairford in Gloucestershire a «legitimate target» after U.S. Air Force B-1B Lancer bombers used the British base to launch defensive bombing missions against Iranian military targets. (Photo by Matthew Horwood/Getty Images)
Authorities identified the five men as «U.K. nationals,» but did not offer any further details.
RAF Fairford plays host to significant U.S. Air Force assets and has been used as a launching point for multiple U.S. operations in the war against Iran in recent months.
US MILITARY RELEASES FOOTAGE OF MASSIVE OPERATION TO RESCUE INJURED AIRMAN STRANDED INSIDE IRAN
Defense Secretary Wes Streeting confirmed that the local farmer had at least a «partial picture» of the incident.
«I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in,» Streeting told the BBC.
Police at a road block on the road to RAF Fairford after major incident has been declared, with armed police manning a cordon near the village of Whelford in Gloucestershire, near RAF Fairford which is used by the United States Air Force (USAF). Picture date: Sunday September 27, 2026. (Photo by Ben Birchall/PA Images via Getty Images)
«I would also just say, respectfully, that she has a partial picture. And I won’t go beyond that, in terms of commenting on operational security matters,» he added.
The local, who asked to remain anonymous, told the BBC that she was astounded it had been her 999 call that «foiled whatever plans they had,» adding that she was surprised the base didn’t have more significant surveillance and security.
Iran’s Embassy vehemently denied any connection with the incident in a public statement on Monday.
WALTZ CALLS OUT IRANIAN DIPLOMAT AT UN FOLLOWING DRONE STRIKES ON BAHRAIN AND KUWAIT
«The Embassy of the Islamic Republic of Iran in London categorically rejects and strongly condemns the recent unfounded and malicious speculations published by some British individuals and media outlets attempting to link Iran to arrest of five suspects in the vicinity of RAF Fairford base,» the Embassy wrote on X.
Ground crew prepare to load munitions onto a U.S. Air Force B-1 bomber at RAF Fairford on March 11, 2026, in Fairford, England. (Christopher Furlong/Getty Images)
«The Circulation of such fabricated speculations, particularly in the aftermath of the criminal acts of aggression committed by the United States and the Israeli regime against the Iranian people, will serve no purpose other than to fuel Iranophobia propaganda in the U.K.,» the statement continued.
«The Islamic Republic of Iran reserves the right to take appropriate legal measures, as necessary, to safeguard the rights and interests of the country and its people in response to misleading and damaging media narratives,» it added.
Reuters contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Reporter’s Notebook: Senate Republicans scrap early exit from Washington as midterm stakes soar
It’s a calculation by Republicans to keep the Senate in session this week.
Yes. The Senate was scheduled to meet anyway over the next few days. But the general consensus early last week was that the Senate would be done then and those facing competitive races would be back home campaigning.
Then Wednesday hit.
Republicans wanted to stay in Washington. For a very specific reason. And many of them told Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., as much at their weekly luncheon.
«Odds are we plan on being here next week,» said Thune.
REPORTER’S NOTEBOOK: CONGRESS STRUGGLES TO FIND A MESSAGE THAT RESONATES WITH VOTERS AHEAD OF MIDTERMS
One Senate aide compared the Senate’s schedule to a cat chasing a beam of light from a laser pointer.
But the Senate is in fact meeting. There are reasons. Most of them are political.
The Senate wasn’t quite done with the bill to regulate money in intercollegiate athletics last week. And with the affordability question vexing Republicans, they really didn’t want to pass the college sports bill and promptly vacate Washington. That would be an awkward punctuation point at the end of the legislative sentence before the midterms. GOPers wanted something more substantive. Democrats might have presented that opportunity to Republicans on a platter.
Before the House left for the midterms the week before last, it accentuated its session by passing the Ratepayer Protection Act, 417-3. Let me tell you, not much passes around here with 417 votes. Like their Senate colleagues, House Republicans also worry about voters doubting they’re addressing affordability. So this bill hit the mark for them.
The legislation defrays the costs ratepayers fork out for their utility bills if they’re driven up by data centers. This forces the tech companies which run the data centers to foot the bill.
Sen. Jon Husted, R-Ohio, is one of the most vulnerable Republicans on the ballot this fall. Husted’s longtime support for data centers is also dragging him down in the eyes of some voters. Husted tried to fix that. He went to the floor and asked for the Senate to pass on the spot the House bill. However, Sen. Martin Heinrich, D-N.M., objected, blocking the effort.
POLL: ECONOMIC ANXIETY AND CANDIDATE CONCERNS DEFINE OHIO SENATE RACE
Republicans viewed that as an opening. Democrats stood in the way of passing a bill on affordability which 417 bipartisan House Members supported without blinking. Senate GOPers immediately seized this opportunity as a wedge against their adversaries. And, they interpreted this as a chance to assist their Ohio colleague.
«Tell the data centers we’re happy to have you. But you’ve got to pay your own electricity. People are not going to pay for it,» said Sen. John Kennedy, R-La.
Republicans were already leery about the uneven political footing when it comes to AI. Even more so with data centers. Voters are not enamored with the results of the Big, Beautiful Bill, passed last summer. But dealing with data centers is more immediate and might resonate with those who soured on the Republican brand.
«In Missouri, people are absolutely scared to death that these data centers are going to take all the prime farm ground of the state. And then they’re going to raise electricity bills so high, no one will be able to afford them,» said Sen. Josh Hawley, R-Mo.
The official schedule intended for the Senate to meet this week. But once September hit and no government shutdown loomed, senators from both sides – especially those facing challenging elections – wanted to skip Washington and campaign back home. Yours truly asked Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., why his party stood in the way of the Senate aligning with the House on that data center/utilities measure.
«Was this blocked in the Senate last week by Democrats as an effort to prevent Sen. Husted from having a win in this competitive race?» I asked.
«Sen. Husted’s bill is a fraud. It’s voluntary. No company has to do it. The bill we have is mandatory. It is much stronger and is what is needed,» replied Schumer.
There is something to Schumer’s argument about how muscular the bill is. The legislation says public utility regulators must only consider a standard for ratepayers. Nothing is required. Thus, there’s wiggle room for tech firms.
HAWLEY TAKES AIM AT ‘CORPORATE WELFARE’ AFTER GOP-BACKED TAX BREAK BOOSTED CONTROVERSIAL INDUSTRY
«What we’re saying is that we can do much better,» said Sen. Chris Van Hollen, D-Md. «Is it a little step forward? Yes. But it’s not meeting the moment. So our view is we should expand it to make sure that ratepayers aren’t having to subsidize the richest corporations on the planet.»
But a lot of Republicans aren’t buying what Schumer and Van Hollen are saying. The Democratic objections are all about three things: Politics. An endangered GOP senator in the most expensive Senate contest in the country. And, Democrats hoping to flip the seat in their favor.
«Sen. Schumer, what he cares about is the midterm election and politics. And I don’t think he cares about the substance of this,» said Sen. John Cornyn, R-Texas. «Obviously there’s a hot and heavy Senate race going on in Ohio and he doesn’t want to let Sen. Husted have something he can talk about when he goes home.»
Republicans view the opportunity to turn the affordability issue against Democrats – capitalizing on Schumer’s remark and forcing Democrats to take a stand. Either you’re for affordability (especially as it pertains to the toxic issue of data centers) or you’re not. Moreover, this could boost Husted in his competitive contest with former Sen. Sherrod Brown, D-Ohio. In fact, it was the Senate GOP’s campaign arm which specifically flagged vulnerabilities for Republicans generally and Husted in particular over the summer.
Thune tees up a test vote on Wednesday to dare Democrats to either start debate on the bill or block it again. That vote requires 60 yeas. So Democratic cooperation is required. Although there’s skepticism anything happens, some Democrats may vote for it. That means the Senate is on the bill. And it’s open to debate and amendments. Thune would have to forge a bipartisan time agreement to finish the measure quickly.
Otherwise – by the book – this would drag into the weekend. And no one wants that. Especially Republicans with competitive races.
12 RACES SCRAMBLE SENATE BATTLEFIELD AS DEMOCRATS EYE COMEBACK
Thune and Schumer want senators back home campaigning. If Democrats impede the legislation Wednesday, the Senate might hang around Thursday or that’s it until after the midterms. Regardless, Republicans will have engineered a vote which they can boomerang against Democrats. Or, at least help Husted and send him back to the Buckeye State with a win.
While it’s not the best optic for Democrats to oppose this bill, their resistance might not directly wound anyone this fall. The reason: Democrats have a lot of chances to pick up seats. But vulnerable Democrats aren’t on the ballot. None of the Democratic Senate nominees in competitive seats like Maine, Florida, North Carolina, Ohio, Michigan, Iowa, Texas, Nebraska, Kansas and Alaska currently hold office. The only sitting Democrat in cycle who has a mild race is Sen. Mark Warner, D-Va.
So for the Democrats, this is about playing defense. For Republicans, this is about playing offense. And the GOP is on offense primarily for Husted.
But the willingness of Senate GOPers to spend an extra week in Washington speaks volumes. It underscores how worried they are about the affordability issue. And in particular, their concern about elevating the work of Husted.
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