En un hecho inédito, comenzaron este lunes en la ciudad de San Nicolás las audiencias públicas del juicio contra Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros, que está detenido por el bloqueo a una empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

El dirigente fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Espíndola está presente en estas audiencias porque optó por un procedimiento abreviado, por lo que no será parte del debate oral y público sino que su situación se resolverá entre el fiscal, el imputado y su defensor, pero acordó que en caso de que lo declaren culpable, tendrá una pena máxima de 6 años de prisión.

Este lunes, según el diario El Norte de esa ciudad, en la primera de las 9 audiencias previstas, se escucharon los alegatos iniciales de la Fiscalía, el particular damnificado y las defensas, y se inició la ronda de testigos con la declaración de Gustavo Rey, uno de los dueños de la pyme, que se extendió durante más de 5 horas.

Ante el Tribunal Oral y Criminal Nº 2, Rey ratificó las denuncias que dieron origen a la causa y relató las amenazas, presiones y exigencias de dinero que, según sostuvo, la empresa habría sufrido por parte de dirigentes del Sindicato de Camioneros de la zona.

En la audiencia se reprodujeron grabaciones y videos realizados por la familia Rey, material fue incorporado a la causa para acompañar y contrastar los dichos del empresario sobre los episodios incluidos en la acusación.

“Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, dijo el empresario al reconstruir los hechos investigados.

Rey repasó cada una de las situaciones denunciadas y se quebró en dos oportunidades mientras recordaba lo sucedido. “Nosotros empezamos desde abajo”, manifestó al referirse a la historia de la empresa familiar.

Además de Cabaleyro, 6 ex empleados de la pyme serán juzgados por impedir el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y personal de la distribuidora durante el bloqueo realizado por Camioneros en febrero de 2021.

La fiscalía los imputó principalmente por turbación de la posesión en concurso con coacción. Según la acusación, Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez actuaron de forma coordinada. La Justicia considera que el método utilizado excedió el derecho de huelga y constituyó un delito.

Luego de que se produjo la protesta de Camioneros, Gustavo Rey había explicado: “Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”.

En esos días, el dueño de la empresa, Ricardo Rey, fallecido en 2024, se hizo conocido por un video que se filmó en medio del bloqueo en el que, entre lágrimas, dijo: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”.

Luego de la detención de Cabaleyro y Espíndola, Hugo Moyano y su hijo Pablo viajaron a San Nicolás para defender a los dirigentes locales del sindicato e incluso avalaron el paro en la recolección de residuos de la ciudad, que incluyó el bloqueo a los accesos. La medida, sin embargo, duró poco tiempo ante la posición dura que adoptó el intendente nicoleño, Manuel Passaglia.

La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

En diálogo con Infobae, Arietto, quien también es diputada bonaerense por La Libertad Avanza, calificó este juicio como “el punto de inflexión para confirmar todo lo que venimos demostrando en los hechos, pero la mayoría de las causas no llegaron a juicio como esta”.

“Estamos demostrando en esta causa el modus operandi de un sistema que nació para defender a los trabajadores y que se convirtió en un negocio personal de sindicalistas, y eso explica el 50% de trabajo informal en Argentina”, señaló la abogada y legisladora.

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El presidente Javier Milei defendió este lunes a través de su cuenta de X la medida que tomó el Gobierno para intimar al Reino Unido por el proyecto petrolero en las islas Malvinas. “Defendiendo con hechos”, tituló el mandatario su posteo.

“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei.

En el mismo mensaje, el Presidente fijó un plazo para Londres: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”. Y cerró: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras. VLLC!!!”.

El posteo acompañó un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, que detalla que el arbitraje se tramitará bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos en la zona a través de Sea Lion y frenar cualquier otra medida que pueda agravar la situación, en particular el otorgamiento de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental argentina.

Según el texto, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de esas actividades. De no cumplirse el requerimiento, el país pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la plataforma continental.

Para fundamentar la decisión, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a resolverla mediante negociaciones, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe ese proceso. En esa línea, sostuvo que la explotación unilateral de los recursos de la zona es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio “irreversible e irreparable” a los derechos de soberanía argentinos.

El comunicado también expresó un “rechazo categórico” a la respuesta británica al discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno afirmó que la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum de 2013, al que calificó de unilateral y no reconocido internacionalmente, no alteran la controversia de soberanía reconocida por la ONU.

Además, la Casa Rosada informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas–Punta Arenas, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Por ese motivo, el Presidente ordenó iniciar de forma urgente procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”, concluye el documento.

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