POLITICA
Comienza la “segunda presidencia” de Abdala, el senador puntano que reemplazará a Milei y Villarruel

Apenas habían pasado unos pocos minutos de las 16 de un martes con un clima caprichoso que alternó momentos de lluvia con otros de sol y el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) ya había puesto su rúbrica ante una escribana del Gobierno aceptando las responsabilidades del Poder Ejecutivo, cargo que comienza a ejercer desde esta noche por la partida de Javier Milei hacia Francia.
Esta no es la primera vez que a Abdala le toca asumir la conducción del Estado por la ausencia en simultáneo del Presidente y su vicepresidenta, Victoria Villaruel, que viajó el lunes al mediodía rumbo a España. Ya lo hizo durante menos de dos días en diciembre de 2005.
Sin embargo, esta será su permanencia más larga en el sillón de Rivadavia que, vale aclararlo, no va a ocupar ya que ejercerá la jefatura del Estado desde su despacho del cuarto piso del palacio legislativo. Son las oficinas que le dejó Adolfo Rodríguez Saá en diciembre de 2023, otro efímero expresidente nacido en San Luis.
Es lógico. Aunque el jefe del Estado se encuentre fuera del país, el resto de la cúpula del poder político del Gobierno libertario sigue en el país, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza, acompañada por su segundo, Eduardo “Lule” Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Eso no intimida a Abdala, que muestra su disposición para ayudar al Gobierno en lo que necesite. “Las luces de mi despacho van a estar encendidas ante cualquier circunstancia para la que me necesiten”, afirma. En este caso, el senador será Presidente por algo más de 80 horas, hasta el regreso de Milei desde Francia, previsto para las 10 de la mañana del próximo sábado.
Afecto a las analogías y metáforas futboleras, Abdala rechaza comparar su situación con un ascenso de categoría. “Ya estoy jugando en primera”, dice sobre su condición de senador nacional. No, prefiere hablar de un “cambio de frente”. “Estaba en el Legislativo y ahora pasaré a jugar en el Ejecutivo por unos minutos del partido”, afirma.
En su primera incursión por la Presidencia no firmó ninguna medida de Gobierno. Aunque estuvo cerca cuando tuvo que encontrarse con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, quienes querían que le pusiera su firma a un proyecto de ley para enviarlo al Congreso.
Cuenta Abdala que declinó la oferta ya que consideró que era un honor que le correspondía ejercer a Milei, quien ya estaba pronto a regresar al país. Se espera que, en este caso, a pesar de que ahora estará casi cuatro días al frente del Poder Ejecutivo, se repita el mismo escenario.
De hecho, Abdala insiste en que ejercerá la presidencia desde su despacho. Es que, aunque quisiera, no tiene donde permanecer en Balcarce 50. Desde el minuto uno de la administración libertaria Karina Milei se encargó de limitar el ingreso de Villaruel negándole la posibilidad de tener una oficina en la Casa de Gobierno, como sí lo tuvieron otros vicepresidentes. En otras palabras, no hay lugar para extraños que no tengan que ver con el corazón del poder libertario.
Con su “nueva presidencia” Abdala ya integra la lista de presidentes provisionales del Senado que, en virtud de la ley de Acefalía y por la ausencia simultánea del país del Presidente y del vice, ocuparon la primera magistratura del país en más de una oportunidad.
El tope de ese ranking lo ocupa un riojano que, de alguna manera, está ligado a la actual administración libertaria: el riojano Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara de Diputados.
El “hermano Eduardo” fue presidente provisional del Senado entre mayo de 1989 y finales de 1999. Desde el 10 de diciembre de 1991, cuando Eduardo Duhalde asumió la gobernación de Buenos Aires, hasta la misma fecha de 1995, el senador riojano ocupó la primera magistratura cada vez que Carlos Menem salía del país como consecuencia de la ausencia de un vicepresidente.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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El flamante secretario de Discapacidad sufrió un accidente de tránsito y quedó internado en el Hospital Pirovano

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, protagonizó hoy un accidente de tránsito cuando circulaba en moto y sufrió varias fracturas, según confirmaron fuentes oficiales a .
Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, está internado en el Hospital Pirovano.
“Tiene varios huesos fracturados”, dijo una fuente oficial. Las fracturas serían en las costillas y estaría intubado por precaución. Su vida no correría riesgo y permanecerá en observación. Llevaba casco al momento del accidente, del cual se desconocen por ahora los motivos y el lugar del hecho, según fuentes oficiales.
Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Antes de su paso por IOMA, Di Liscia se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Según dijeron fuentes de Casa Rosada, es de “confianza” y fue “recomendado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también parte de la gestión amarilla, al asesor Santiago Caputo, con ascendencia sobre el área de Salud.
El estratega lo habló con Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA. Así fue como Di Liscia se incorporó la semana pasada a la gestión libertaria para hacerse cargo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, donde supo mandar Diego Spagnuolo, exladero de Milei y hoy investigado en la Justicia por presuntos sobreprecios.
en reemplazo de Alejandro Vilches,Conforme a
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La CGT postergó la definición de un nuevo paro general y convocó a dos movilizaciones en octubre

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió este martes sostener su plan de lucha con nuevas movilizaciones, pero evitó avanzar por ahora con la convocatoria al quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei, una definición que había ganado espacio en la discusión interna por la presión de los gremios más combativos.
La mesa chica ampliada resolvió “profundizar el plan de lucha” y marchar el próximo martes 8 de octubre a las 15:30 frente a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, en reclamo porque la situación “golpea cada vez más fuerte” a la industria y a miles de trabajadores. Una semana después, el 15 de octubre, la central obrera se sumará a la quinta movilización universitaria.
“Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha”, afirmaron.
La salida elegida dejó para más adelante la discusión sobre una nueva huelga nacional, después de varias semanas en las que distintos dirigentes reclamaron endurecer la respuesta sindical frente al Gobierno. Si bien el debate se filtró en la reunión de este martes en la sede de la Uocra, la conducción optó por concentrar la próxima protesta en la crisis de los sectores productivos.
Industria, el lugar elegido para la movilización
La movilización del 8 de octubre tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur, frente a la Secretaría de Industria. La preocupación de la CGT está puesta especialmente en la industria, la construcción y el comercio, actividades con fuerte peso sobre el empleo que vienen mostrando señales de deterioro.
Los datos que difundió el Indec en los últimos días refuerzan ese diagnóstico. La actividad económica cayó 2,9% en julio frente al mes anterior y retrocedió 1,4% en la comparación interanual. Dentro de ese resultado, ocho de los 15 sectores relevados mostraron bajas frente a julio del año pasado y Comercio e Industria manufacturera tuvieron retrocesos de 5,1% y 4,6%, respectivamente.
Los últimos números de la industria también muestran el deterioro de la actividad. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la producción cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja de 3% frente al mismo período de 2025 y quedó 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La definición de un nuevo paro sigue abierta
La decisión de avanzar primero con movilizaciones permite a la conducción cegetista evitar una definición inmediata sobre el paro general, pero no cierra la discusión interna que se profundizó en los últimos días.
Los sectores más duros habían comenzado a reclamar públicamente una reacción mayor de la CGT. Pablo Moyano volvió a plantearlo en las horas previas al encuentro y cuestionó tanto a la central obrera como al peronismo por lo que considera una respuesta insuficiente frente a la crisis económica.
Como viene haciendo incluso tras la renovación de su triunvirato, la conducción cegetista prefiere seguir manejándose a otra velocidad. En lugar de una nueva huelga nacional, viene sumando protestas sectoriales y acompañando distintas convocatorias callejeras para sostener la presión sobre el Gobierno. Las CTA, en cambio, ya anticiparon su intención de impulsar un paro hacia fines de octubre.
La segunda fecha definida para octubre ampliará además los reclamos de la central obrera más allá de la situación productiva. Al confirmar su participación en la marcha universitaria del 15, la CGT planteó que acompañará a la comunidad educativa en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.
El encuentro de la mesa chica ampliada también volvió sobre una discusión de más largo plazo respecto de la necesidad del movimiento obrero de construir consensos alrededor de un proyecto político y económico de sello peronista, con vistas a las elecciones de 2027.
De la reunión participaron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Sergio Sasia, Juan Carlos Schmid, Juan Pablo Brey y Rodolfo Daer, entre otros dirigentes. También estuvo como invitado Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.
CGT, movilizacion, marcha
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La Cámara de Diputados bonaerense negó haber ocultado información del caso Chocolate a la Justicia

Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo.
En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por “encubrimiento” a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial.
“La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.
En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)”, se indicó en el segundo punto del comunicado.
“Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”, se añadió.
Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).
El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por , negaron haber hablado del caso Chocolate.
En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. “La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, se sostuvo en el tercer punto.
“La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo”, se agregó.
En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado” y que “cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.
“La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia”, se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.
La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados “ñoquis” cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.
El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública” con la votación de la Cámara de Diputados provincial.
El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria.
La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.
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