POLITICA
Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.
La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.
La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso
En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.
“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.
La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.
Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.
“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.
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POLITICA
Los docentes bonaerenses convocaron a un paro de 24 horas: reclaman mayor seguridad en las escuelas
Los docentes bonaerenses realizarán este jueves un paro de 24 horas en toda la provincia de Buenos Aires en rechazo a los hechos de violencia registrados contra trabajadores de la educación. La medida fue convocada por cuatro gremios y afectará el dictado de clases en las escuelas públicas.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron la protesta bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a las y los que enseñan”.
Según plantearon en un comunicado conjunto, durante los últimos días se produjeron agresiones físicas y episodios de hostigamiento digital en distintos distritos bonaerenses, a los que se sumó un nuevo caso en Trenque Lauquen. Frente a esa sucesión de hechos, reclamaron “medidas urgentes y concretas de consenso social” para proteger a quienes trabajan en las escuelas.
Los gremios advirtieron que esos episodios se suman a “un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector” y plantearon que la respuesta debe contemplar tanto la prevención como la intervención ante las situaciones de violencia.
El reclamo de los gremios
Los sindicatos reclamaron políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales para que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje libres de violencia. El planteo se produce después de distintos episodios que ya habían generado protestas y medidas de fuerza a niveles distritales.
Uno de ellos ocurrió en San Miguel, donde una docente denunció haber sido atacada por la madre de una alumna dentro de una escuela primaria. Otro caso se registró en Hurlingham, donde una directora fue agredida y el conflicto derivó en un paro local y una movilización de la comunidad educativa.
“Sostenemos que la Escuela Pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad”, afirmaron los sindicatos, y agregaron que, frente a escenarios de exclusión, miedo o desesperanza, “la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia”.
El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner rompió el silencio luego de haber sido demorado en San Luis, mientras circulaba en una camioneta que contaba con un pedido de captura desde 2019 por la causa Hotesur, y calificó lo sucedido como un intento de disciplinamiento.
“Mientras rematan el país, la Policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, manifestó Kirchner a través de un comunicado.
El incidente ocurrió pasadas las 14 de este miércoles cuando el legislador nacional pasó con su camioneta marca Honda por el puesto limítrofe de la localidad de Justo Datract, en el ingreso a San Luis.
Luego de realizar la verificación correspondiente, la Policía demoró al líder de La Cámpora al descubrir que el vehículo en el que transitaba contaba con un pedido de secuestro desde 2019 por la causa Hotesur.
Tras lo sucedido, el diputado realizó un breve descargo, que también fue compartido por su madre, la expresidenta Cristina Kirchner.
“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, inició el diputado.
A su vez, aseguró que en los últimos años circuló con el mismo vehículo sin inconvenientes por la Ciudad y por las autopistas bonaerenses y que recientemente lo utilizó para trasladarse a La Rioja y Mar del Plata.
“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, señaló.
Además, aclaró, que “como siempre”, se puso a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que “aclaren el entuerto”.
“Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, agregó.
Según consta en un parte de la Policía de San Luis al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado, quien iba al volante, viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
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POLITICA
Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje que pide Argentina para frenar Sea Lion y advirtió que la ofensiva afecta la relación bilateral
El gobierno británico rechazó hoy la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Además, advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El planteo argentino apunta al desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.
“Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños”, escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.
El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.
Londres cuestionó el arbitraje y defendió la explotación de recursos naturales
“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)”, sostuvo Kumaran.
La funcionaria afirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y aseguró que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.
El Gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la UNCLOS”, la sigla en inglés de la CONVEMAR.
La discusión anticipa uno de los ejes del conflicto. La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. Londres, en cambio, vincula la administración de esos recursos con el principio de autodeterminación de los isleños.
El Gobierno británico llevó la disputa al terreno de la relación bilateral
La declaración incluyó un mensaje dirigido a la relación entre ambos países. Kumaran reveló que esta semana Londres transmitió su postura directamente al embajador argentino en el Reino Unido.
“Esta semana dejamos claro al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands (Malvinas) no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, afirmó.
La ministra añadió que “tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La frase trasladó la controversia más allá del expediente por Sea Lion y la situó en el plano de la relación bilateral.
Kumaran cerró la declaración con una reafirmación del respaldo de Londres a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Falklands (Malvinas) y a los isleños. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, expresó.
La postura coincide con declaraciones previas de la funcionaria. El 18 de septiembre, el Foreign Office sostuvo que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “como consideren conveniente” y calificó de “inaceptables” las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.
La Argentina busca una medida provisional antes de que avance el arbitraje
La nueva reacción se produjo después de que el Gobierno de Milei resolviera llevar la disputa por Sea Lion a una instancia internacional. La Oficina del Presidente informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. Milei sintetizó la decisión en X: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar. El Reino Unido respondió que las actividades son legítimas, están amparadas por la legislación isleña y cumplen con la misma convención que invoca la Argentina.
Sea Lion ya tiene decisión de inversión y prevé producir petróleo desde 2028
Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Navitas Petroleum, operadora del desarrollo, posee el 65 % de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 %. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas es una compañía de origen israelí y Rockhopper, una petrolera británica.
La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.
La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.
Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.
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