INTERNACIONAL
Biden Afghan migrant program hit with 40% vetting failure rate: ‘Alarming’
Federal inspectors identified one or more documentation or vetting errors in 40% of asylum applications they reviewed for Afghan nationals admitted under the Biden administration’s Operation Allies Welcome program, concluding the deficiencies increased the risk U. S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) could miss information that may have made some applicants ineligible for asylum.
The Sept. 23 Department of Homeland Security (DHS) Office of Inspector General report reviewed a sample of 678 asylum applications filed by Afghan nationals admitted through Operation Allies Welcome, the Biden administration initiative launched after the U.S. withdrawal from Afghanistan.
Inspectors identified 303 missing aliases, 23 missing security checks and more than 150 additional documentation deficiencies, including two cases involving applicants who may have been inadmissible on terrorism-related grounds.
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The findings come as Operation Allies Welcome has faced renewed scrutiny following several high-profile arrests of Afghan nationals admitted under the program.
Digital has previously reported on the arrests of an alleged ISIS-K supporter, an Afghan national charged with making terroristic threats and another Afghan national admitted under Operation Allies Welcome who was later arrested after being convicted of indecent exposure to a minor.
In a press release, DHS argued the report demonstrated the Biden administration «dangerously mismanaged» Operation Allies Welcome, saying a lawsuit settlement that required USCIS to adjudicate 90% of asylum applications within 150 days forced the agency to prioritize speed over more thorough reviews.
The DHS inspector general report, which noted hundreds of aliases had not been recorded for applicants, underscored the importance of accurate record keeping, pointing out one applicant had 124 known aliases.
The report said that «missed FBI name checks» accounted for nearly 60% of the absent security checks that the report identified.
The report also flagged two asylum applications involving applicants with potential terrorism-related concerns. In one case, required paperwork documenting the government’s review was missing entirely. In another, supervisors began the approval process but never completed the final step, leaving no clear record that the review had been finished.
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Mark Krikorian, executive director of the conservative Center for Immigration Studies, said the inspector general’s findings reinforce concerns critics have raised since the chaotic Kabul evacuation in 2021.
«The fact that 40% of these applications have errors is alarming,» Krikorian told Digital. «This IG report just underlines how superficial and even frivolous the vetting that we were assured was going on was.»
Krikorian said many evacuees were first flown to temporary processing hubs, sometimes referred to as «lily pads,» in third countries before ultimately being admitted to the United States. While those locations allowed U.S. officials to conduct additional processing, he argued the practical reality was that partner countries were not going to permanently accept the evacuees, leaving the United States effectively committed to resettling them.
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«As soon as that cargo bay door closed, we’re stuck with those people,» Krikorian said, noting how the United States effectively committed itself to resettling evacuees once they boarded evacuation flights during the chaotic Kabul withdrawal.
Krikorian argued the inspector general’s report likely understated the scope of the problem because inspectors could only identify documentation deficiencies visible in the files they reviewed, not determine whether every applicant had been thoroughly vetted.
The inspector general ultimately made five recommendations aimed at strengthening USCIS’ review of Operation Allies Welcome asylum applications, including improving documentation of applicant aliases, ensuring required security checks are properly recorded and enhancing oversight of adjudication files.
USCIS agreed with all five recommendations, according to the report.
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INTERNACIONAL
Durante julio y agosto de este año Panamá no exportó electricidad hacia los países centroamericanos
Panamá exportó entre 101 y 143 GWh (gigavatio-hora) mensuales al resto del istmo durante el primer semestre de 2026, participación que desapareció en julio y agosto, cuando el informe del Centro Nacional de Despacho (CND) registró exportaciones hacia Centroamérica equivalentes a 0,00% del consumo.
La suspensión respondió a la necesidad de preservar el suministro local en un período de mayor demanda y menor disponibilidad hídrica.
El sistema panameño, se informó, mantenía costos marginales por debajo de varios mercados vecinos, pero las autoridades optaron por resguardar sus reservas ante el riesgo de tensiones internas.
El CND y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) suspendieron hasta 200 MW (megavatio) de exportaciones desde finales de junio.
La medida buscó evitar un escenario de racionamiento o aumentos abruptos en las tarifas nacionales.
La interrupción también modificó el papel de Panamá dentro del Mercado Eléctrico Regional (MER).
El país había aprovechado sus excedentes para vender energía a otras naciones centroamericanas, aunque esa estrategia dependía de la disponibilidad de agua y de la evolución de la demanda doméstica.
El precio regional subió mientras Panamá dejó de vender excedentes
La salida de energía panameña del sistema regional había contribuido a aliviar los precios durante los primeros meses del año.
En agosto, el MER promedió $180,56 por MWh, un aumento de 69,8% frente al mismo mes del año anterior.
Cada mercado denomina de forma distinta al precio de corto plazo. En Panamá se conoce como costo marginal, en Guatemala como precio spot y en Colombia como precio de bolsa, aunque los tres conceptos se refieren al valor necesario para generar el siguiente MWh.
Las metodologías de cálculo también difieren. La cifra colombiana surge de una conversión elaborada por la publicación especializada Nexo a partir de los 942 pesos por kWh publicados por XM para agosto, mientras que el valor panameño se obtuvo mediante un promedio propio de los datos horarios del CND.
En otras series del organismo panameño, el costo marginal llegó a $65,52. El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) registró para México un precio de USD 49,64, por debajo del nivel regional informado para agosto.
La capacidad de Panamá para exportar electricidad se apoyaba en una hidrología favorable y en la disponibilidad de generación térmica. Esa ventaja comenzó a reducirse a medida que descendieron los niveles de los embalses y aumentó la presión sobre el sistema.
La perspectiva de agosto del IMHPA proyectó que el Bayano bajaría hasta 18,93% de su caudal multianual hacia diciembre. El descenso compromete una de las fuentes que permitían al país contar con excedentes para atender las necesidades del mercado regional.
En Honduras, un exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) advirtió que la central hidroeléctrica El Cajón podría operar a la mitad de su capacidad.
El panorama regional mostró que la presión sobre los recursos hídricos no se limitaba al sistema panameño.
La generación hidroeléctrica, eólica y solar había sostenido buena parte de los excedentes disponibles durante los primeros meses del año. La reducción del aporte de los embalses alteró ese equilibrio y reforzó la necesidad de conservar energía para el consumo local.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó una generación bruta total de 7.390,45 GWh durante el primer semestre de 2026. El registro incorporó la producción del Sistema Interconectado Nacional (SIN), los autogeneradores y los sistemas aislados.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contabilizó una oferta total de 3.386.959,1 miles de kWh durante el primer trimestre.
La cifra representó un aumento de 5,2% frente al mismo período de 2025, en un contexto de expansión de la actividad económica y del consumo eléctrico.
La generación renovable alcanzó 2.570.410,9 miles de kWh en ese lapso, con un alza de 9,3% interanual.
La combinación de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares permitió disponer de energía adicional en determinados momentos del día.
Durante el primer trimestre, las exportaciones de electricidad hacia Centroamérica crecieron 79,7% y pasaron de 211.182,4 miles de kWh a 379.409,1 miles de kWh.
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Nayib Bukele transformó el sistema político de El Salvador con una fórmula que combina el combate frontal contra las pandillas, una comunicación digital centrada en su figura y una concentración de poder que despierta cuestionamientos dentro y fuera del país.
El presidente salvadoreño llegó al poder en 2019 como una alternativa a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los dos partidos que dominaron la política nacional desde el final de la guerra civil.
Cinco años después, obtuvo la reelección con el 84.65% de los votos, según consignó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en aquel momento, y ha consolidado a Nuevas Ideas como fuerza dominante.
Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, en una familia de origen palestino. Su padre, Armando Bukele Kattán, fue ingeniero químico y empresario; su madre, Olga Marina Ortez, es católica.
Antes de ingresar en la política, trabajó en el sector publicitario y fundó una empresa del rubro a los 18 años. Esa experiencia contribuyó a definir uno de los rasgos más visibles de su carrera: el manejo de marcas, mensajes breves y redes sociales.
Su primer cargo electivo llegó en 2012, cuando fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán bajo la bandera del FMLN, según consta en diferentes medios nacionales.
Tres años más tarde asumió la alcaldía de San Salvador, desde donde amplió su proyección nacional con una imagen de dirigente joven, alejado de las estructuras tradicionales y activo en plataformas digitales.
La relación con el FMLN se deterioró con rapidez. El partido lo expulsó el 10 de octubre de 2017, de acuerdo con datos publicados por medios digitales e impresos en el país, en medio de disputas con la dirigencia.
Bukele convirtió ese conflicto en el punto de partida de su proyecto propio: el 25 de octubre anunció la creación de Nuevas Ideas, movimiento que más tarde obtuvo reconocimiento legal como partido político.
En las elecciones de 2019 compitió bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), debido a que Nuevas Ideas todavía no podía postularlo. Bukele ganó en primera vuelta con el 53.10% de los votos y asumió el 1 de junio de ese año. Su victoria puso fin a tres décadas de alternancia entre ARENA y el FMLN.
La principal fuente de legitimidad del gobierno de Bukele ha sido su política contra las pandillas. El Ejecutivo articuló esa estrategia a través del Plan Control Territorial, mismo que comprende el despliegue de policías y militares, reformas penales y un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El Gobierno sostiene que estas medidas han permitido reducir de manera drástica los homicidios y recuperar zonas que habían permanecido bajo control de las maras. La percepción de mayor seguridad aparece de forma reiterada como el principal motivo de respaldo al presidente en los sondeos de opinión.
La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se convirtió en uno de los símbolos de esa política. La prisión fue diseñada para alojar a cientos de presuntos integrantes de pandillas y proyectó internacionalmente la imagen de un Estado dispuesto a aplicar un esquema de encarcelamiento masivo.
El modelo, sin embargo, ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y organismos internacionales. Las objeciones se concentran en las detenciones masivas, las dificultades para ejercer la defensa, la ampliación de los plazos de detención y las denuncias sobre arrestos de personas sin vínculos comprobados con estructuras criminales.
El poder político quedó concentrado en torno a su figura
Durante su administración, Bukele ha sido cuestionado por decisiones relacionadas con la reducción de los contrapesos institucionales. En 2021, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.
Sus críticos consideran que esas medidas, junto con la continuidad del régimen de excepción y el control oficialista de la Asamblea, han debilitado la independencia de poderes. Sus seguidores, en cambio, defienden que las reformas han permitido destrabar un sistema que identifican con la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores.
La reelección de 2024 profundizó ese debate. Bukele obtuvo un segundo mandato tras una interpretación constitucional que habilitó su candidatura, pese a que la reelección inmediata había sido históricamente un tema sensible en El Salvador. El presidente inició su actual período el 1 de junio de 2024, con mandato previsto hasta 2029; disposición que cambió tras las últimas reformas electorales, en las cuales se adelantaron los comicios a 2027.
La imagen digital amplificó su liderazgo
La figura de Nayib Bukele está estrechamente asociada al uso directo de redes sociales. Desde esas plataformas anuncia decisiones, responde a opositores, divulga operativos de seguridad y construye una narrativa de ruptura con la política tradicional.
En su perfil de X se definió como “Philosopher King” y, frente a las acusaciones de autoritarismo, llegó a presentarse como el “dictador más cool del mundo”. La ironía es parte de estrategia para neutralizar las críticas y reforzar su imagen de dirigente desafiante ante organismos internacionales, opositores y medios.
Diferentes encuestas han mostrado niveles de aprobación que han oscilaron entre el 80% y el 94% entre 2019 y 2026. La mejora en seguridad explica gran parte de ese respaldo, aunque los estudios también registran inquietudes por la economía, el costo de vida y la percepción de que el Gobierno favorece a los sectores de mayores ingresos.
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INTERNACIONAL
Elecciones en Brasil: la seguridad ciudadana y el Escudo de las Américas se cuelan en el tramo final de la campaña
La seguridad ciudadana se convirtió en un punto clave en el tramo final de la campaña electoral en Brasil, uno de los países más violentos de la región, a cuatro días de los comicios presidenciales de este domingo que pondrán en juego dos modelos ideológicos antagónicos.
El presidente izquierdista Luiz Lula da Silva y su principal rival de la derecha dura, Flávio Bolsonaro, hicieron de la seguridad y el combate al narcotráfico una de las cuestiones prioritarias de su agenda, aunque con enfoques opuestos.
La delincuencia es hoy la principal preocupación de los brasileños. Es un tema que golpea a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más vulnerables y que generó fuertes cortocircuitos entre Lula y Donald Trump después que el presidente estadounidense declaró como organizaciones narcoterroristas a los grupos criminales Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).
La medida, fuertemente cuestionada por Brasilia, se enmarca en el proyecto de Washington conocido como “Escudo de las Américas”, al que se sumó la Argentina y que busca coordinar operativos militares y el intercambio de inteligencia para enfrentar a los carteles del narcotráfico y los grupos criminales de la región.
Bolsonaro respalda la iniciativa y promete sumar a Brasilia a esa coalición que hoy conforman 17 países del área bajo el liderazgo de Estados Unidos.
“Brasil formará parte del Escudo de las Américas a partir del año que viene. Yo voy a colocarlo para que así se una a esos países que combaten el narcoterrorismo”, vaticinó.
Para Lula, se trata de un intento de socavar la soberanía nacional.
Seguridad ciudadana: los distintos enfoques
Si bien las estadísticas marcan un descenso de los crímenes en los últimos años, la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes que tiene Brasil, de 19,2 según la organización independiente Insight Crime, es una de las más altas de la región. En la Argentina es de 3,7.
Una de las últimas imágenes de la violencia fue sin dudas la que dejó el megaoperativo policial del 18 de noviembre de 2025 en dos favelas de Río de Janeiro que causó más de 120 muertos, en lo que fue la mayor operación de la historia de la ciudad contra el narcotráfico. Las fotos de hileras de cuerpos tirados en la calle recorrieron el mundo entero.
Pero la inseguridad también está asociada a otros delitos, como asaltos, robos y hurtos. El Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) reveló en su último informe publicado en mayo que alrededor de 14 millones de personas fueron víctimas del robo de sus teléfonos celulares en los 12 meses anteriores en el país.
El sondeo reveló que el 30% de los brasileños esconden su celular al salir a la calle y tienen a mano “un teléfono (de menor valía) para el ladrón”.
Hoy los dos principales candidatos presidenciales muestran distintas propuestas y enfoques para abordar este flagelo profundamente arraigado en el país.
¿Qué va a pasar con el Escudo de las Américas?
Thiago Rodrígues, académico y politólogo brasileño especializado en crimen organizado, narcotráfico y seguridad pública, dijo a TN que “el tema se internacionalizó con la presión de Estados Unidos sobre el Comando Vermelho y el PCC”.
Se trata de las dos mayores organizaciones criminales de Brasil que dominan el tráfico de drogas y todo tipo de actividades ilegales, como extorsión, secuestro, trata, sicariato y juego clandestino, con ramificaciones en países vecinos.
Silva
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