POLITICA
La fiscalía pidió nuevas medidas para comprobar si Adorni concretó las operaciones con las criptomonedas
La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.
El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.
Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.
La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.
En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.
En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.
En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Las nuevas pruebas que pide la fiscalía
Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.
El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.
Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.
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El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.
Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.
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POLITICA
Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.
La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.
Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.
Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.
En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.
En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.
En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los fundamentos
El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.
Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.
También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.
La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.
El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.
El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.
Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.
Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.
No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.
En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.
Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.
Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.
Los planteos de la Fiscalía y la UIF
El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.
Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.
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La Cancillería argentina celebró este viernes el anuncio de la petrolera Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas ni sus alrededores.
“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Halliburton anunció este viernes que comunicó a las autoridades argentinas su decisión de no trabajar en el proyecto petrolero marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas.
El proveedor de servicios petroleros añadió que las autoridades argentinas habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio británico en disputa, consignó la agencia Reuters.
“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.
Y reafirmó que “continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional”.
El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que operan en las islas, lo que podría agravar la tensión con el Reino Unido.
Se estima que el yacimiento petrolero Sea Lion, situado a unas 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, alberga 1.700 millones de barriles de petróleo.
La Argentina se opuso al proyecto desde su descubrimiento en 2010, cuando declaró ilegal la perforación en el yacimiento.
Rechazo de los isleños a los ciudadanos argentinos
En otra arista del conflicto diplomático, un grupo de isleños de las Malvinas solicitó este viernes la prohibición del ingreso de argentinos al archipiélago. Los residentes denunciaron un aumento de esas visitas que, al arribar al territorio, ondean banderas argentinas y carteles donde reclaman que las islas no son británicas.
El reclamo tiene lugar en un momento de alta tensión luego de que la Argentina recrudeciera las sanciones sobre las empresas involucradas en actividades de explotación petrolera en las islas Malvinas.
Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, mencionó los pedidos que realizaron los residentes contra las visitas de argentinos en diálogo con Falkland Islands Television.
“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, explicó.
Y señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas”.
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La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.
La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.
Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber . Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.
Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que Cordero, que entró en marzo de 2024.
“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales.
Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.
Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
Noticia en desarrollo
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Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Gobierno celebró el anuncio de otra petrolera de no prestar servicios en Malvinas
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