POLITICA
Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.
La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.
Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.
Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.
En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.
En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.
En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los fundamentos
El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.
Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.
También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.
La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.
El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.
El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.
Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.
Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.
No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.
En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.
Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.
Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.
Los planteos de la Fiscalía y la UIF
El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.
Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.
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LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof declaró ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a León XIV y entregó este viernes la distinción al nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach, en un encuentro realizado en la Nunciatura Apostólica. Se anticipó con este reconocimiento al presidente Javier Milei, celebraban cerca del mandatario
Un mes antes de la visita del Santo Padre a la Argentina, el mandatario justicialista busca mostrarse en sintonía con el pontífice. Kicillof ya destacó en ocasiones anteriores las coincidencias con la posición de la Iglesia sobre la justicia social, los pobres, los vulnerables y las personas con discapacidades, que comparte con el León XIV.
Kicillof, quien canceló un viaje a China para estar presente en la visita de León XIV, firmó un decreto en el que declaró de interés la visita del Santo Padre en el territorio bonaerense y aprobó el uso de recursos para recibir al jefe de Estado del Vaticano.
En ese sentido, mediante el decreto 1103/2026, el presidente Milei ya había declarado “de interés nacional” la visita del Santo Padre, así como las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización.
En el gobierno bonaerense argumentaron que la recorrida que hará León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, y la misa multitudinaria que celebrará en la Basílica de Luján constituyen un acontecimiento internacional.
La provincia habilitó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar contrataciones destinadas al dispositivo “de escala extraordinaria”, en prevención de episodios de violencia de cualquier circunstancia.
Para este operativo, el gobernador autorizó las erogaciones necesarias para el traslado, alojamiento, alimentación del personal afectado, además de la provisión de servicios sanitarios y de servicios de apoyo logístico.
La ley vigente autoriza aportes y gastos por el equivalente a 60.000 unidades de contratación por cada evento extraordinario. Cada unidad de contratación tiene un valor de $1677, por lo que 60.000 unidades de contratación equivalen a $100.620.000.
El Poder Ejecutivo admitió que, de acuerdo a las proyecciones, el importe del operativo excede ese tope, por lo que Kicillof autorizó mayores gastos, sin cuantificar la cifra final, en el mismo decreto en el que declaró de interés provincial la visita del Sumo Pontífice.
Las partidas para apoyar el itinerario papal deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía, a propuesta de las áreas de Gobierno y Seguridad, que coordinan los detalles del operativo en el territorio bonaerense.
En la reunión celebrada en la Nunciatura, Kicillof abordó con monseñor Banach los detalles del viaje apostólico. Juntos repasaron detalles de la seguridad, la asistencia sanitaria y logística de la visita.
Mensaje en sintonía
La visita al Cottolengo Don Orione, situado en el partido de Almirante Brown, es una de las primeras actividades de León XIV en país. Irá el lunes 9 de noviembre, por la mañana.
Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.
Así lo deslizaron a dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.
Kicillof ya comenzó a citar la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.
“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.
“Estamos preparando el dispositivo para la multitudinaria convocatoria en la Basílica de Luján”, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Pero también -agregó- para el traslado al Cottolengo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.
Procesión inédita
Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El gobierno provincial busca que el Papa se traslade siete cuadras en un papamóvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.
“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.
El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.
En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de las personas discapacitadas, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.
En la encíclica Magnifica Humanitas, Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.
El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.
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POLITICA
Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”
Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.
Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.
Qué pide la cautelar
Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.
La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.
Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.
El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.
La salida que propone para el Gobierno
Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.
Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.
“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.
Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.
También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.
“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.
Negociaciones antes del 15 de octubre
De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.
“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.
Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.
“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.
El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.
Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.
“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.
La situación del PRO y el rol de Lacunza
En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.
“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.
El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.
Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.
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POLITICA
Guillermo Montenegro regresará a la intendencia de Mar del Plata tras diez meses en el Senado bonaerense
MAR DEL PLATA.– Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de General Pueyrredón después de diez meses en el Senado bonaerense y completará el mandato para el que fue reelegido en 2023. El dirigente dejará su banca en la Legislatura y retomará el control del municipio en reemplazo de Agustín Neme, que había quedado al frente de la comuna desde diciembre. El regreso se producirá en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y de dificultades en las cuentas municipales.
Durante meses, cada vez que alguien lo presentaba como exintendente, Montenegro hacía una corrección. No era exintendente. Era intendente en uso de licencia. La precisión, que podía parecer apenas jurídica, terminó siendo política.
Montenegro había pedido licencia, y no renunciado, cuando asumió como senador provincial el 10 de diciembre pasado. Esa diferencia le permitió conservar la posibilidad de regresar al cargo para el que había sido reelegido en 2023. Ahora decidió ejercerla.
La decisión se conoció apenas terminó el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres días y reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Montenegro estuvo en la ciudad. Se lo vio en el Sheraton, conversó con empresarios y dirigentes, pero evitó hablar públicamente. Mientras la discusión por su eventual regreso crecía, eligió el silencio.
“Es una decisión personal”, manifestaron fuentes cercanas a Montenegro en diálogo con . “Mar del Plata tuvo una caída en términos de seguridad y no se hubiera perdonado no volver”, agregaron.
La vuelta supone también el final de una experiencia política que duró menos de un año. Montenegro había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y desembarcó en el Senado bonaerense como parte del reordenamiento político que acercó al dirigente del Pro al oficialismo nacional. Neme, su reemplazante en el municipio, deberá regresar ahora al Concejo Deliberante.
Pero Montenegro no vuelve a la misma administración que dejó diez meses atrás.
Las cuentas municipales son una de las primeras señales. Los últimos tres ejercicios cerraron en rojo. El deterioro no comenzó con Neme: atraviesa el final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó en un escenario de menores transferencias y mayores dificultades para financiar el funcionamiento municipal. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados dejó un déficit superior a los $16.000 millones.
El otro problema es bastante más visible.
La inseguridad se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de la agenda marplatense. Cinco homicidios ocurridos en un período de pocas semanas encendieron las alarmas y llevaron a cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la ciudad a reclamar respuestas. Las estadísticas oficiales muestran, además, que la preocupación no nació de una sucesión de episodios aislados.
La discusión llegó esta semana hasta el Coloquio de IDEA. Patricia Bullrich habló allí del problema y contó que había conversado con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El Gobierno prepara un refuerzo de fuerzas federales antes de la temporada de verano. La seguridad, una de las banderas con las que Montenegro construyó su perfil como intendente, vuelve así a esperarlo en el despacho principal del municipio.
Hay una Mar del Plata que permite entender esa preocupación sin necesidad de entrar inmediatamente en las estadísticas. El miércoles por la noche, mientras cientos de ejecutivos cenaban en distintos puntos de la ciudad después de las actividades de IDEA, en la avenida de los Trabajadores, en la zona del puerto, los restaurantes estaban llenos. Afuera, sobre una calle con poca iluminación, los trapitos se distribuían entre los autos estacionados.
Adentro se hablaba de inversiones, reformas y crecimiento. Afuera aparecía otra parte de la ciudad que no entraba en el programa del Coloquio.
Ese contraste acompañó los tres días del encuentro empresario. A pocos kilómetros del Sheraton, donde se discutieron durante horas las condiciones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer, Mar del Plata atravesaba su propia discusión sobre seguridad, recursos y conducción política.
En ese escenario también se deterioró la relación entre Montenegro y Neme. Lo que inicialmente había sido presentado como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la administración municipal y sobre la forma de enfrentar algunos de esos problemas. A medida que avanzó el año, la posibilidad del regreso dejó de ser una hipótesis lejana.
Montenegro nunca cerró esa puerta. Su licencia se convirtió, con el paso de los meses, en una herramienta política: podía seguir en el Senado o volver al municipio. La discusión adquirió todavía más peso porque su mandato como intendente termina en 2027 y porque la sucesión marplatense ya empezó a mezclarse con el armado electoral del próximo año.
La decisión despeja una incógnita, pero abre otras. Montenegro deberá volver a administrar una ciudad con tres ejercicios consecutivos en rojo, una discusión creciente por la inseguridad y una temporada de verano a pocas semanas de comenzar. También tendrá que reconstruir el funcionamiento político de un gobierno municipal que durante diez meses tuvo otro jefe.
En el Coloquio, Montenegro no quiso anticipar nada. Caminó por el Sheraton, habló en privado y evitó las definiciones públicas. Había una razón.
Durante meses, la pregunta en Mar del Plata fue si Montenegro iba a volver.
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